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Estudio sobre violencia en Latinoamérica: No matarás

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En el mundo mueren por año casi 7 personas cada 100 mil habitantes víctimas de homicidios intencionales. Centroamérica encabeza el ranking con 41 muertes anuales cada 100 mil personas. El continente americano ubica a 9 países entre las 15 naciones de mayor violencia. De las 50 ciudades más violentas, 41 se ubican en América Latina. La principal causa de homicidios en la región es el delito organizado, principalmente los crímenes vinculados al tráfico de drogas.
Hijos huérfanos, padres sin hijos, amigos consolando a los familiares de víctimas y familias sin consuelo. Latinoamérica se desangra con sociedades que no son capaces de ponerle freno a la violencia y Estados incapaces de contener la ola de homicidios, definidos como aquellas muertes ilícitas intencionalmente infligidas por una persona a otra.

Según una investigación de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), en el año 2010 se registraron 466.078 homicidios intencionales en todo el mundo, equivalente a una tasa global de 6,9 personas asesinadas. El continente americano está bien arriba en ese registro, pues con 144.648 homicidios, llegó a una tasa de 15,4 muertes cada 100 mil personas. Por regiones, Centroamérica encabeza el ranking mundial con 41 muertes cada 100 mil habitantes, mientras que América del Sur promedia 20, Caribe 16,9 y Norteamérica 10,2.

Nueve de los quince países más violentos se encuentran en el continente americano: quien encabeza el ranking es Honduras, con 91,6 homicidios cada 100 mil personas. La siguen Venezuela (3°) con 53,7 muertes; Jamaica (4°), 41,2; Virgin Islands (5°), 39,2; El Salvador (6°) 39,1; Belice (7°) 39,0; Guatemala (8°), 38,5; Saint Kitts and Nevis (9°), 38,2 y Bahamas (11°) con 36,6.

La seguridad humana

Si consideramos las muertes por homicidio registradas en cada país en 2010, el sangriento podio lo integran en primer lugar Brasil con 42.785 crímenes y en el tercer sitio se ubica México con 27.199 casos, ubicándose en el segundo lugar India, donde se registraron 40.752 muertes. Al ser países superpoblados, la tasa de homicidios cada 100 mil habitantes se difuma y los quita de los primeros lugares del ranking, pero en hechos concretos, aportan entre las tres naciones casi el 25% de los homicidios que se registran en el planeta.

La plena vigencia de todos los derechos humanos reconocidos internacionalmente configuran la matriz de lo que, en un Estado de Derecho, debe ser el enfoque primordial de la seguridad: la seguridad humana. Este enfoque, que ya cuenta con un par de décadas de desarrollo promovidos por las Naciones Unidas (más precisamente por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD), sigue siendo la mejor guía a la hora de diseñar políticas preventivas de la violencia y una de las maneras claves (como lo demuestra el caso de Medellín) de ofrecer oportunidades reales de formación, de atención básica y de empleo dignos para miles de jóvenes que, si carecen de ellas, terminan siendo caldo de cultivo para las crecientes redes mafiosas que socavan la gobernabilidad democrática –y que, a su manera, compiten con la provisión de bienes y servicios desde la ilegalidad.

Seguridad humana centrada en las personas, que no desdeña políticas punitivas que cuenten con el respaldo de un sistema judicial que garantiza el respeto de los derechos humanos para víctimas y victimarios. Solamente apelar a políticas represivas como mecanismo estatal para frenar los niveles de violencia reducirá drásticamente las chances de resolver el fondo del problema; y, además, seguirá alimentando una cultura política favorable a lógicas de castigo sin institucionalidad democrática. América Latina, y en particular sus ciudades, tienen numerosas marcas dolorosas de lo que significa profundizar ese camino, y el sensible tema de la seguridad es una de las herramientas claves para superarlas.

La ciudad como bien público

En cuanto al ranking de las ciudades más violentas, considerando la cantidad de homicidios en relación a la cantidad de habitantes, lo encabezó San Pedro Sula (Honduras) con 187 homicidios cada 100 mil habitantes, Caracas (Venezuela) con 134, y Acapulco (México) con 112. Si tomamos la variable de cantidad de muertes anuales, es Caracas quien ocupa ese sitial con 4.364 homicidios al año, seguida de dos ciudades brasileñas, Fortaleza con 2.754 y Salvador 2.234. De las 50 ciudades más violentas del mundo, 46 se ubican en el continente americano y dentro de ese total, 41 son ciudades latinoamericanas. Quien encabeza el ranking de ciudades por país es Brasil con 16 dentro de las 50 urbes más violentas, seguido de México con 9, Colombia con 6 y Venezuela con 5.

La ciudad como bien público supone una ciudad democrática, gobernada para el bien común y no en beneficio de sectores. En este sentido es necesario profundizar los procesos iniciados por ciudadanos que vienen transformando la manera como se construye y gestiona la ciudad en Latinoamérica, apoyando la construcción de arquitecturas democráticas innovadoras que permitan que nuestras instituciones y prácticas democráticas sean más sustantivas. Así, se busca potenciar los actuales procesos de empoderamiento ciudadano, que van de la mano de mejores herramientas para el control ciudadano sobre la gestión pública, para la participación ciudadana en la construcción de la ciudad y para el incremento de información de calidad para la incidencia.

Las arquitecturas sociales hoy abarcan todas las agendas, incluidas la seguridad. Por ejemplo, la entidad social La Alameda, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, organiza a los vecinos de los diferentes barrios para elaborar “el mapa del delito”, un relevamiento que indica los lugares donde se venden drogas, donde hay trabajo esclavo, prostitución con explotación de personas, venta de armas, zonas liberadas por la policía y todo tipo de ilícitos. Esta información, geo-referenciada y debidamente editada, se entrega a las autoridades de la zona y a los medios de comunicación para que la difundan. A partir de allí, los propios vecinos comienzan a dar seguimiento a la actuación policial en los mismos focos del delito organizado.