Siete
meses del gobierno Bukele
Pandillas,
Fmln y Arena en crisis, optimismo… y agua
Luis Antonio Monterrosa
Mientras el Fmln y Arena continúan en arenas
movedizas y cada paso que dan hunde más a la izquierda y a la derecha
tradicionales, el optimismo por el nuevo gobierno de Nayib Bukele se mantiene.
Las percepciones de la población sobre el futuro del país han cambiado, aun cuando
persisten problemas de difícil solución, como el de las pandillas. Como el del
agua.
El año 2019 cerró y el año 2020 abrió agitando
el escenario político que han ocupado durante tantos años el Fmln y Arena, la
izquierda y la derecha tradicionales. Acusaciones por enriquecimiento ilícito
contra dirigentes de ambos partidos. Acusación por negociaciones ilícitas con
maras y pandillas contra un dirigente de Arena. Y se mantiene la popularidad de
Bukele entre quienes fueron de izquierda o de derecha.
¿DE DÓNDE VIENE LA IZQUIERDA...?
Sigfrido Reyes, dirigente del Fmln, expresidente de la Asamblea Legislativa y,
durante el gobierno de Salvador Sánchez Cerén, director de la Oficina de
Promoción de Exportaciones, con un jugoso salario de 7 mil dólares, fue acusado
por los delitos de peculado, lavado de dinero, estafa agravada y
enriquecimiento ilícito. Se le señala la auto-autorización de viáticos durante
su gestión en el Legislativo y de sospechosas transacciones financieras en
bienes raíces.
El operativo policial de inicios de enero de 2020 logró capturar a su esposa y
a cuatro colaboradores, pero no a Reyes y a su asistente. Se presume que huyó
antes del país y que está en Francia o en Rusia, aunque las redes sociales
especulan humorísticamente que debe estar en la residencia de Mauricio Funes en
Managua…
En el Fmln, las reacciones fueron diversas. Dirigentes como Medardo González o
Lorena Peña salieron en defensa de Reyes, argumentando persecución política.
Óscar Ortiz dejó el caso en manos de la justicia, tratando de deslindar al
partido del prófugo. La pregunta que plantea este caso no es ya hacia dónde va
la izquierda, es de dónde viene...
¿DE DÓNDE VIENE LA DERECHA…?
En el otro extremo del escenario, Norman Quijano, excandidato presidencial de Arena
en 2014, cuando perdió frente a Sánchez Cerén, y quien dejó en octubre de 2019
la presidencia del Legislativo, enfrenta un proceso judicial por la llamada
“Operación Jaque”, que terminó con la condena de un nutrido grupo de
pandilleros, arrastrando a personalidades políticas.
Durante el juicio contra Quijano se presentaron evidencias de que el Fmln y
Arena habían realizado encuentros con pandillas, siendo el más notorio el que
revela el video de una reunión en la que aparece Quijano. Quijano ha sostenido
una y otra vez que jamás ha negociado con pandillas, aunque ha aceptado haberlo
hecho con pastores de iglesias evangélicas que trabajaban con pandilleros en su
rehabilitación.
Y aunque Quijano no es el único indiciado de Arena, y los hay del Fmln, las
acusaciones contra Quijano han causado revuelo porque no se esperaba que el
Fiscal General de la República hiciese la solicitud de antejuicio contra él, protegido
por el fuero legislativo. La pregunta que plantea este caso es la misma: no es
ya hacia dónde va la derecha, es de dónde viene…
Todo esto ocurre en un contexto en el que las más recientes encuestas revelan
optimismo en la población sobre el futuro del país por la percepción de un
clima de mayor seguridad. Esto asegura un buen nivel de confianza en la nueva
administración de Nayib Bukele.
LA TREGUA ENTRE PANDILLAS
El caso que llevó a los tribunales a Norman Quijano exige remontarse al año
2012. Aquel año, durante el gobierno de Mauricio Funes, se registró el mayor
descenso en la tasa de homicidios en el país en el período de postguerra y este
logro se atribuyó a lo que se llamó “Tregua entre pandillas”.
Un equipo auspiciado por el gobierno de Funes construyó condiciones para que
los máximos líderes de las dos principales pandillas en El Salvador, la Mara
Salvatrucha 13 y la Pandilla 18, acordaran una tregua entre ellas, lo que
disminuyó el riesgo de homicidios de “civiles”, entendiendo por civiles a “no
combatientes miembros de maras y pandillas”. La tregua consiguió también una
disminución de las extorsiones.
El equipo promotor de la tregua estuvo bajo el liderazgo de Raúl Mijango,
excoordinador adjunto del Fmln, quien para entonces se había desligado
prácticamente del partido, y del obispo castrense Fabio Colindres, quien no
siempre contó con el respaldo de la Conferencia Episcopal, del arzobispo
Escobar Alas y del ahora cardenal Rosa Chávez.
Este equipo generó espacios de entendimiento en los Centros Penales. Allí
podían contar con interlocutores disponibles de ambos grupos y contaban también
con el ascendiente que los privados de libertad tienen sobre los del resto de
la mara o de la pandilla: se les reconoce un cierto halo de heroísmo al
pandillero genuino, que es el que combate a su rival hasta la muerte o hasta
que termina en prisión.
El equipo logró avances en la tregua y un “mejoramiento” de las condiciones
infernales que los centros penales suelen tener, por la idea prevaleciente en
el sistema de que la cárcel no es un centro de rehabilitación, sino de
retribución: entre peores sean las condiciones, mejor será el sistema punitivo.
ÉXITOS DE LA TREGUA
Tan bien iba el proyecto de la tregua que el presidente Funes presentó la
experiencia en la Asamblea General de Naciones Unidas de 2012, destacando la
reducción de la tasa de homicidios. También se logró que la OEA, entonces con
José Miguel Insulza como secretario general, participara como garante del
proceso.
Si la tregua en El Salvador funcionaba, esto representaba un mecanismo
alternativo para abordar el problema de las pandillas en otros países
latinoamericanos, incluso en Estados Unidos, recolocando el diálogo como
instrumento adecuado para abordar no sólo conflictos políticos, también para
abordar la conflictividad social. Para el Estado salvadoreño este logro
legitimaba del diálogo que llevó a los Acuerdos de 1992 que pusieron fin a la
guerra civil.
En la tregua se involucró toda la maquinaria del Estado y una vez alcanzado el
acuerdo entre las dos pandillas, se decidió llevar bienestar a territorios
priorizados que comenzaron a llamarse Municipios Libres de Violencia, entre
ellos Cuscatancingo, Ilopango y Apopa (centro del país). La idea era que el
Estado hiciese presencia en esos lugares mejorando las escuelas y los servicios
de salud, y haciendo pequeñas obras públicas de gran impacto contratando mano
de obra local.
Los territorios que iban a ser beneficiados comenzaron a publicitar el
acercamiento de autoridades del gobierno central y municipal con diversos
líderes de pandillas y maras, que mostraban su disposición a abandonar la
violencia. Con la tregua, las pandillas, expresiones anómalas de organización
social para protestar por la exclusión, tendrían acceso a servicios públicos.
SE DESMORONA LA TREGUA ENTRE PANDILLAS
Todo parecía ir bien, cuando todo se desmoronó… “Sombras tenebrosas” comenzaron
a cuestionar la transparencia y los propósitos que se estaban empleando en la
tregua. Se comenzó a sospechar, sin que nunca se llegara a probar, que el
Estado habría hecho concesiones ilegales a maras y pandillas, dentro y fuera de
los penales. Y comenzó a correrse el rumor de que todo tenía objetivos
electorales.
Los medios de comunicación diseminaron la idea de un posible pacto del Estado
con “los emisarios del mal”. El verdadero problema, denunciado por los alcaldes
en los territorios, fue que la inversión del Estado para mejorar los servicios
nunca llegó. La prueba decisiva de que no había transparencia la dio la
embajada de Estados Unidos cuestionando el uso que se estaba haciendo de sus
fondos de cooperación para los nuevos programas de atención a maras y
pandillas, a través de proyectos como el Programa de Apoyo Temporal al Ingreso
(PATI) del Fondo de Inversión para el Desarrollo Local (FISDL).
A los cuestionamientos siguieron las retractaciones. Y peor todavía, siguió un
proceso de criminalización del diálogo como medio para abordar los conflictos
provocados por maras y pandillas. El gobierno de Funes comenzó a desmarcarse de
la tregua y a ser gestor de cualquier otra iniciativa en esa dirección porque
el éxito social de la tregua parecía llevarle a un posible fracaso político, no
tanto por sus resultados en el ámbito de la seguridad, sino porque en la visión
general de una sociedad que cree firmemente en el castigo, políticos y gente de
iglesia, dirigentes y dirigidos, vieron en el hecho de dialogar con las
pandillas una concesión demasiada riesgosa. Se debía volver a los métodos más
conocidos y seguros: la represión.
Resultado final de la tregua: amenazas de enjuiciar a cualquiera que promoviera
el diálogo con maras y pandillas y el enjuiciamiento de Raúl Mijango, ya no por
dirigir el esfuerzo, sino por una serie de acusaciones a todas luces infundadas
por las que fue condenado a trece años de cárcel. Hay que recordar que, en 2014,
Mijango -quien venía de las filas del histórico Ejército Revolucionario del
Pueblo (ERP), una de las cinco organizaciones que formaron el FMLN-, había
comenzado a hablar de un nuevo partido de izquierda, que llegó a bautizarse,
sin haber nacido, como Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP). Y hay que
destacar que ni el Ministro de Defensa, general Munguía Payés, ni monseñor
Colindres, que apadrinaron los esfuerzos de la tregua, fueron enjuiciados.
DE LA TREGUA FALLIDAA LA TREGUA HIPÓCRITA
Después de esta crisis fabricada, todos los partidos políticos se dieron a la
tarea de desconocer el diálogo como instrumento de abordaje de las
problemáticas sociales, mientras enarbolaban la bandera de la represión.
En la campaña de las elecciones presidenciales de 2014, seguridad y pandillas
fueron temas priorizados por todos los candidatos. Y mientras los procesos
judiciales habían evidenciado que todo el mundo político condenaba la fallida tregua,
los políticos en campaña prometían resolver el problema de las pandillas para
ganar votos.
Los primeros fueron algunos alcaldes, como los de Apopa o Ilopango,
cuestionados por valerse de la fuerza de las pandillas para sus propios
intereses políticos. El de Apopa fue condenado a prisión, el de Ilopango
falleció antes del proceso judicial. Testimonios de pandilleros judicializados
-algunos aportando como pruebas videos tomados con su propio teléfono-
mostraban a dirigentes políticos participando en reuniones con pandilleros
haciéndoles diversos ofrecimientos a cambio de votos, y en más de algún caso
entregándoles gruesos fajos de billetes. Si estas reuniones privadas no
deberían haber sido el problema, sí llamó la atención que estos dirigentes
practicaban una doble moral condenando a cualquiera que se reuniera con
pandilleros.
POLÍTICOS CON PANDILLEROS
En el contexto electoral de 2014 todo esto sólo podía significar que estas
actividades no tenían otro objetivo que el de favorecer a unos candidatos y el
de perjudicar a los adversarios.
Los políticos del Fmln identificados por participar en estas reuniones o que
supieron de ellas y de las negociaciones con pandilleros son Arístides Valencia,
exministro de Gobernación; Medardo González, exsecretario general del partido,
Benito Lara, exministro de Justicia y José Luis Merino, hombre fuerte de la
ahora decaída Alba Petróleos. Los políticos de Arena identificados en estas
reuniones son, además de Norman Quijano, en ese entonces candidato
presidencial; Ernesto Muyshondt, actual alcalde de San Salvador; y Jorge
Velado, expresidente del partido.
También fueron mencionados el actual ministro de Gobernación, Mario Durán, y el
actual director de la Unidad de Reconstrucción del Tejido Social, Carlos
Marroquín. Aunque el presidente Nayib Bukele se ha rasgado las vestiduras por
los hechos en que estos dirigentes políticos se han visto involucrados,
solicitando su enjuiciamiento, se conoce de un posible nivel de entendimiento
que Bukele mantuvo con pandillas para lograr avanzar el proyecto de
recuperación del Centro Histórico de San Salvador cuando era alcalde de la
capital.
LA “TREGUA MAFIOSA”
Esta “tregua mafiosa”, como la llamaron algunos, entre ellos el sacerdote
pasionista Antonio Rodríguez -quien favorecía el diálogo con las pandillas-,
fue una sublime expresión de la hipocresía de los políticos que, mientras
condenaban acercarse a las pandillas buscando una salida a la violencia, se
acercaron a ellas buscando no sólo votos, también -como en el caso del alcalde
de Apopa- asociarse con estos grupos para favorecer su poder político y
económico por medio del terror que las pandillas provocan. ¿Contribuirá todo
esto al declive final de los partidos tradicionales de izquierda y de derecha,
y con su hundimiento, pondrá fin a un modo de hacer política basado en la
negociación oscura y camandulera?
NAYIB BUKELE Y LAS PANDILLAS
Al llegar Nayib Bukele a la Presidencia priorizó el problema de la seguridad
ciudadana y el de la violencia, partiendo en sus discursos de que los gobiernos
que le precedieron no se habían hecho cargo del problema de forma efectiva y,
de hecho, habían permitido el incremento de las pandillas.
“Debemos ganarnos a los jóvenes antes de que las pandillas se los puedan ganar”
dijo Bukele. El plan de “recuperación de territorios” que propuso y ha
implementado, tratando de responder a la demanda más sentida de la población,
la seguridad, ha sido una versión con rasgos de los previos planes de Mano
Dura.
Unidades de la Policía, con apoyo del Ejército, han realizado operativos en
ciertos territorios considerados prioritarios por la presencia y actividades de
las pandillas y en lugares significativos como en el Centro Histórico de San
Salvador.
A las capturas masivas tras los operativos, siguió un endurecimiento de las
condiciones de los pandilleros en las cárceles, lo que parece haber contribuido
a la disminución del índice de homicidios. “El 80% de las órdenes de homicidios
y extorsiones salen de los penales”, dijo Bukele y ordenó a las empresas de
telecomunicaciones bloquearles la señal telefónica y de internet, algo que los
gobiernos de Arena y los del Fmln nunca tuvieron la intención de hacer o nunca
lo lograron. Bukele también se ha propuesto atacar a quienes financian a las
pandillas, “a los que están arriba”, señalando que en algunos casos son
dirigentes de los partidos políticos.
Los planes gubernamentales incluyen dar “oportunidades” a los jóvenes en
riesgo, creando programas de educación, desarrollo local y capacitaciones en
oficios en los territorios “recuperados” a través de la Dirección de
Reconstrucción del Tejido Social. Para ello, el gobierno ha solicitado a la
Asamblea reorientar créditos y a la comunidad internacional apoyo financiero
con empréstitos o con cooperación financiera. Con todas estas medidas, Bukele
busca terminar con la criminalidad asociada a las pandillas.
ARENA Y EL FMLN EN ARENAS MOVEDIZAS
El anunciado deterioro del gobierno instalado en junio de 2019 no llega aún.
Donde se cultivaron advertencias con el “ya verán cuando llegue el desengaño”,
no florecen.
La tónica política generalizada sigue siendo
que Arena y el Fmln siguen en arenas movedizas y entre más se mueven más se
hunden. Mientras eso ocurre, otros partidos han jugado con más astucia y
continúan flotando. Como Gana, el que sirvió a Bukele como vehículo para su
candidatura presidencial. Y como el PCN -el tradicional partido de los
militares-, que ha dado signos de entendimiento con el Ejecutivo, sobre todo
desde que su dirigente Mario Ponce asumió la presidencia del Legislativo.
También van reviviendo opciones de centro-izquierda como Cambio Democrático
(CD), aunque algunos de sus líderes históricos, como Héctor Dada y Rubén
Zamora, quienes se han mostrado críticos de Bukele, ya se han retirado del
partido. También han aparecido nuevas opciones en la derecha, como el partido
Nuevos Tiempos, fundado por jóvenes disidentes de Arena, al que no hay que
confundir con el partido Nuevas Ideas, impulsado por Bukele.
De no cambiar mucho, este escenario anuncia la victoria de Nuevas Ideas en las
próximas elecciones para diputados y alcaldes (febrero 2021), al menos en el
Legislativo, porque los resultados en los comicios municipales pueden ser muy
diversos. Esto provoca temores ante una deriva del gobierno hacia el
autoritarismo, especialmente por la ausencia de una oposición decente y
honesta, sea de derecha o de izquierda. Pero esa debilidad es imputable a la
oposición y no al actual gobierno, por críticas que se le hagan.
BUKELE: CREÍBLE Y POPULAR
El gobierno de Nayib Bukele continúa gozando de credibilidad. La encuesta del
Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA (Iudop), realizada a fines
de 2019, muestra números favorables a su gestión y una percepción optimista
ante el futuro, especialmente en el ámbito de la seguridad ciudadana. En el año
2014 apenas un 14%, y un porcentaje menor (7.6%) en 2017, decía que el país iba
“a mejor”. Ahora, apenas unos meses después de la llegada de Bukele, el 65% de
la población dice que 2019 fue “mejor que 2018”. Si es o no realidad que el
país va “mejor”, es ésa la percepción mayoritaria. Y ya se sabe que todas las
encuestas lo que revelan son percepciones.
Tal vez haya que preocuparse precisamente por este optimismo que, sin ser
excesivo, puede no sólo ser manipulable por fuerzas políticas y económicas y,
sobre todo, puede conducir a una pasividad de la sociedad civil, la organizada
y la desorganizada, a la hora de reclamar derechos. Durante los diez años de
gobierno del Fmln muchas de las combativas organizaciones sociales salvadoreñas
aparcaron demandas y acciones para no importunar la gestión gubernamental del
partido de izquierda y el resultado no fue nada positivo. Un primer signo de
preocupación es ya el hecho de que en los movimientos sociales no sean
perceptibles ni liderazgos ni agenda.
HAY MÁS SEGURIDAD Y CONTINÚA EL OPTIMISMO
El optimismo tiene su base en una mejoría en la seguridad ciudadana. En la
Encuesta del Iudop de fines de 2019, hecha pública en enero de 2020, casi un
70% de la población dice sentirse más segura y lo atribuye a los planes de
seguridad del gobierno de Bukele. La Presidencia aparece con un índice de
confianza de casi el 50% desbancando a la iglesia católica, a las iglesias
evangélicas y a las fuerzas armadas. Ante esto, hay quienes recuerdan que
Mauricio Funes, hoy prófugo de la justicia salvadoreña y acogido por Daniel
Ortega en Nicaragua, también gozó de esa confianza e inició su mandato en un
ambiente de optimismo.
Aunque en el país se perciba mayor seguridad, es importante el contraste con el
deterioro de la imagen de la Policía Nacional Civil y de las Fuerzas Conjuntas
de patrullaje (Policía-Ejército), cuando han salido a la luz nuevos Grupos de
Exterminio comandados por policías, expresión de las anteriores y persistentes
estrategias de mano dura implementadas para enfrentar el problema de las
pandillas.
DE LA NUEVA POLARIZACIÓN
Un dato importante de la encuesta del IUDOP señala que más de tres cuartas
partes de la población salvadoreña dice no tener simpatía política ni afiliación
a ningún partido político.
En un escenario dominado durante 30 años por Arena
y el Fmln, con veinte años de gobiernos areneros y diez años de gobiernos
efemelenistas, resulta muy llamativa esta respuesta. De ella se desprende una
pregunta: ¿Dónde están los seguidores y los militantes de estos dos partidos?
Evidentemente, muchos, tanto de la derecha como de la izquierda, terminaron
votando por Bukele. Así que dirigentes políticos y analistas tradicionales que
critican al gobierno de Bukele, hígado en mano, deban callarse ante la simpatía
que le tiene la población llana.
Todavía más. De la cuarta parte de la población que afirma que sí tiene
simpatía política, el 70% se identifica con Nuevas Ideas, el partido de Bukele,
mientras Arena y el Fmln gozan de sólo un 11% cada uno. Hoy, los dos poderosos
partidos, representantes indiscutidos de la derecha y la izquierda, han sido
reducidos a su mínima expresión, y no por la fuerza de la imposición política
de Nuevas Ideas, sino por el “negocio” en que ambos convirtieron la política a
lo largo de treinta años.
Si Bukele rompió la polarización tradicional entre Arena y el Fmln, entre
derecha e izquierda, surge la pregunta: ¿Dónde se ubica Nuevas Ideas y Bukele?
Teniendo en cuenta a sus simpatizantes y votantes, también a algunos personajes
públicos, Bukele y su partido se nutren de ambas corrientes. Más allá de esta
evidencia, permanece la pregunta: ¿Se trata de un nuevo modo, honesto o al
menos más honesto, de hacer política o simplemente asistimos al típico inicio
de una nueva gestión que levanta los ánimos y luego se convierte en una
tragedia vestida de corrupción? También salta otra pregunta: ¿No se irá
convirtiendo Bukele en un nuevo imán de polarización: los partidos
tradicionales a un lado y Nuevas Ideas al otro?
AGUA A LA VISTA
Enero de 2020 será recordado por la crisis de abastecimiento de agua potable en
el área metropolitana de San Salvador, que no derivó en el habitual despido de
funcionarios por sus irresponsabilidades en la gestión del recurso hídrico.
El agua comenzó a llegar a las casas de la capital turbia y con mal olor, pero
se siguió considerando potable y la ministra de Salud aconsejó que se hirviera
antes de consumirla. Al parecer, en la principal planta potabilizadora, situada
a unos 50 kilómetros al norte de San Salvador, se había producido una
proliferación de algas, a pesar de que recientemente se le había hecho a la
planta un trabajo de mantenimiento que privó de agua al área metropolitana
durante casi una semana.
Aunque el gobierno se movilizó para abastecer los hogares con agua embotellada,
y aprovechase la ocasión para las típicas fotos de funcionarios participando en
el reparto de agua, nunca terminó el gobierno de presentar un informe cien por
ciento creíble. Afortunadamente, los análisis de potabilidad que la Universidad
Nacional realizó, aunque confirmaron la existencia de algas en el agua,
concluyeron también que los niveles no resultaban dañinos para las personas que
la consumieron.
En el contexto de esta nueva crisis del agua está la subyacente lucha por la
privatización del agua, medida anhelada por personajes vinculados
históricamente al gran capital. El gobierno de Bukele ha repetido en diversas
ocasiones que es partidario de crear un ente regulador de carácter estatal y ha
dicho que es contrario a la privatización. Sin embargo, no está de más
sospechar que la crisis de enero pareciera corresponder a la típica muestra de
ineficacia e ineficiencia gubernamental para después argumentar la
privatización. Siendo el abastecimiento de agua una reivindicación histórica,
especialmente en el área metropolitana, el gobierno central se encontró en el
agua con un imprevisto talón de Aquiles por el cual no termina de deducir
responsabilidades. ¿Cuál será el costo?
PROFESOR DEL DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGÍA Y CIENCIAS POLÍTICAS DE LA UNIVERSIDAD
CENTROAMERICANA JOSÉ SIMEÓN CAÑAS DE EL SALVADOR.
