Resistencia democrática, unidos por la justicia y paz
Estamos
viviendo tiempos difíciles en el Brasil. Males que pretendíamos haber dejado
atrás nos vuelven a atormentar y hacen sufrir a nuestro pueblo. Pobreza
absoluta, miseria y hambre, desempleo y subempleo, mortalidad infantil,
restricción y empeoramiento de los servicios públicos de educación y salud,
aumento de la violencia urbana y rural son algunas de las plagas que soñábamos
estarían acabando.
Tiempos
moldeados por los intereses del capital financiero y sus principales aliados,
que se aprovechan de los grandes medios de comunicación e intentan ejercer una
hegemonía ideológica sobre el conjunto de la sociedad.
En 2016 ocurrió
un golpe de Estado en el Brasil. Se votó el “impeachment” de la presidenta
Dilma, por argumentos hoy reconocidos como falaces. Después de eso, se implantó
un gobierno sin legitimidad alguna que ha implantado un programa económico que
destruye las políticas sociales y elimina derechos, sirviendo a una agenda
neoliberal, siguiendo plenamente los dictámenes del capital, a contramano del
proyecto aprobado por la población en las elecciones mayoritarias de
2014.
Ese “gobierno”
disminuyó substancialmente la participación de la Petrobras en el Pré-sal,
vinculó los precios de los combustibles al mercado internacional, cortó el
gasto público en inversiones sociales por dos décadas, aprobó la tercerización
de la mano de obra, hizo una reforma laboral a imagen y semejanza de los
intereses patronales, disminuyó drásticamente el número de beneficiarios del
Bolsa Familia, redujo los presupuestos para educación y salud, desmontó la
fiscalización del combate al trabajo esclavo, estancó la demarcación de tierras
indígenas y quilombadas, aniquiló la Reforma Agraria en nuestro país y busca
llevar la compra-venta de tierras para el mercado internacional, inclusive de
tierras de fronteras.
Desde 2016, el
presupuesto federal sufre cortes sustanciales en políticas sociales:
universidades e institutos federales dejados a la deriva; hospitales
universitarios e institutos de encuestas siendo desmontados; reducción
presupuestaria de la CAPES (1), impidiendo la formación continuada de
profesores; la agricultura familiar abandonada, la industria nacional,
especialmente la construcción civil, naval y la petrolera, lanzada al
ocaso.
Los resultados
de ese horror repercutirán en las mayorías sociales. Hubo un gran aumento del
desempleo, precarización del trabajo y la renta media de las familias de los
trabajadores cayó, dejando a millones en el desaliento.
En medio de esa
barbarie social, Itaú-Unibanco, Bradesco y Santander tuvieron en 2017, lucro
líquido de R$ 53,9 billones. Valor concentrado, fundamentalmente, por cuatro
familias, libre de cualquier impuesto o contribución social. O sea, casi dos
veces el valor del Bolsa Familia para todo el año 2018 que atendería a 39
millones de familias beneficiarias.
Además de eso,
está en curso en Brasil un proceso agresivo de transferencia de renta del
Estado hacia sectores, por medio de exoneración de impuestos, de perdón de
deudas y del sistema de deuda pública.
El insaciable
mercado muestra su voracidad infinita dictando reformas que aumentarán aún más
sus escandalosos lucros, sin importarle la escalada de sufrimiento
humano.
El énfasis que
se da al combate a la corrupción se disocia del enfrentamiento a las brutales
desigualdades sociales. Florece un discurso que instrumentaliza esta lucha
contra la corrupción, que se tornó mecanismo para subvertir la agenda pública
nacional de la Constitución de 1988, cuyos objetivos fundamentales son:
construir una sociedad libre, justa y solidaria, garantizar el desarrollo
nacional, erradicar la pobreza y la marginalización y reducir las desigualdades
sociales y regionales.
En este cuadro,
los dueños del poder hacen verdaderos malabarismos jurídicos y políticos con la
intención de hacer perdurar en el tiempo el actual modelo: judicialización de
la política y politización de la justicia cono notoria selectividad y
persecución. El autoritarismo y la parcialidad de nuestro sistema judicial
atropellan el Estado democrático de derecho. Ejemplo de eso es la sustitución
de la voluntad popular por un proceso casuístico que encarceló al ex-presidente
Lula e intenta inviabilizar su candidatura a la Presidencia de la República.
Las elecciones
de 2018 serán una de las más decisivas de la historia brasilera, pues en ellas
se enfrentarán proyectos de país y sociedad, representados por partidos y
candidaturas a los Ejecutivos y a los Legislativos. Por un lado, estarán aquellos
identificados con el actual gobierno buscando legitimarse, por el otro,
aquellos genuinamente portadores de los anhelos más profundos del pueblo
brasilero en su incansable saga por soberanía y derechos universalizados.
En esas
elecciones, otro gran desafío para las fuerzas de la resistencia democrática y
popular es enfrentar las candidaturas con fuerte contenido neofascista.
En este momento
dramático, en que están en riesgo el presente y el futuro de nuestra nación, no
podemos “lavarnos las manos”, omitirnos, ni buscar refugio en la
neutralidad.
El momento
exige solidaridad con los empobrecidos, oprimidos y e marginalizados.
Por tanto,
proponemos construir un programa que sea referencia y orientación para nuestra
gente en las elecciones y que pueda movilizar la espiral de ciudadanía y de
bien común.
Entre esos
puntos, las entidades firmantes proponen:
-Revocación de
los cambios aprobados en la CLT (Consolidación de las Leyes del Trabajo) que
retiran derechos de los trabajadores.
-Reversión de
las privatizaciones ejecutadas y fortalecimiento de las empresas
públicas.
-Revocación de
la Enmienda Constitucional 95, que congela las inversiones sociales por 20 años.
-Realización de
una Auditoría Ciudadana de la Deuda Pública, que consume aproximadamente mitad
de todo el presupuesto público brasilero.
-Realización de
Reforma Tributaria que combata la desigualdad, tasando las grandes fortunas,
las grandes herencias, los dividendos de las grandes empresas y del sistema
financiero.
-Reversión de
las exoneraciones fiscales y del perdón de deudas y cobranza de los impuestos
adeudados por grandes empresas.
-Retomar los
programas sociales en los moldes anteriores a 2016, reforzándolos y
universalizándolos.
-Denuncia de la
partidización y la selectividad del sistema judicial.
-Respeto a la
presunción de la inocencia y a la Constitución que garante que la prisión
solamente debe ocurrir cuando todos los recursos necesarios e instancias se
hayan agotado.
-Movilizar la
sociedad para una amplia Reforma del Estado, que estimule mecanismo de
participación directa, promueva la democratización y la pluralidad de los
medios de comunicación y garanta el pleno respeto a los derechos humanos.
-Implementación
del derecho a la demarcación de tierras indígenas y quilombadas y realización
de una reforma agraria amplia y popular, con incentivos a la producción
agroecológica e agroforestal y la comercialización de alimentos saludables para
toda la población brasilera.
Cáritas
Brasileira
Comissão
Brasileira Justiça e Paz
Comissão
Pastoral da Terra
Conferência dos
Religiosos do Brasil
Conselho
Indigenista Missionário
Conselho
Nacional do Laicato do Brasil
Conselho
Pastoral dos Pescadores
Fórum de Mudanças
Climáticas e Justiça Social
Observatório
Nacional de Justiça Socioambiental Luciano Mendes de Almeida (OLMA)
Pastoral
Carcerária
Pastoral
Operária
Serviço
Pastoral do Migrante
Notas
1) Comunidades
quilombadas o quilombolas, se refiere a diferentes situaciones, por ejemplo:
donaciones de tierras realizadas a partir de la desegregación de
monocultivos; compra de tierras por los propios moradores para liberarse de la
esclavitud; tierras obtenidas a cambio de la prestación de servicios; o tierras
ocupadas en el proceso de resistencia contra el sistema esclavista. En todos
los casos, el territorio es la base de reproducción física, social, económica y
cultural de la colectividad. En 2016 había más de tres mil comunidades en todo
el país. (Redacción Correspondencia de Prensa)
2) Coordinación
de perfeccionamiento de personal de nivel superior (CAPES, por su sigla en
portugués), organismo bajo la dirección del Ministerio de Educación. (Redacción
Correspondencia de Prensa)
Neoindigenismo versus autonomías de los pueblos indígenas
Gilberto López y Rivas
www.jornada.unam.mx / 240818
Si la antropología, como ciencia, nace con
el pecado original de estar estrechamente ligada al colonialismo, y a los
esfuerzos por imponer en el ámbito mundial las relaciones capitalistas, la
disciplina antropológica en México surge de su vínculo fundamental con el
indigenismo. El indigenismo tiene sus orígenes en los años posteriores al
movimiento armado revolucionario de 1910 a 1917, cuando la escuela mexicana de
antropología, encabezada por Manuel Gamio, empieza a elaborar los contextos
conceptuales que darían contenido a la política del Estado para con los pueblos
indígenas.
A partir del primer Congreso Indigenista
Interamericano que tiene lugar en Pátzcuaro, Michoacán, en abril de 1940, el
indigenismo, particularmente integracionista, se extiende a escala
latinoamericana a partir de su influencia en países como Perú, Ecuador,
Guatemala y Bolivia, con la creación de institutos nacionales indigenistas,
cuya función fue idear y poner en práctica la acción indigenista gubernamental.
En rigor, el indigenismo trata de borrar las diversidades étnico-culturales e
incorporar a los indígenas al mercado laboral, en el campo y en la ciudad.
Precisamente, una de las conquistas del
movimiento indígena encabezado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional
y el Congreso Nacional Indígena ha sido identificar en el debate nacional la
naturaleza paternalista, autoritaria y enajenante del indigenismo.
Antagónico a los autogobiernos de pueblos
y comunidades, el indigenismo se desarrolla a partir de contradictorias y complementarias
políticas desde los aparatos estatales y grupos dominantes nacionales y
regionales que –de acuerdo a necesidades y coyunturas económicas y políticas–
afirman un integracionismo asimilacionista de las entidades étnicas
diferenciadas a la nacionalidad mexicana, o establecen un diferencialismo
segregacionista, siendo ambas políticas, negadoras de las culturas y los
pueblos indígenas.
La constatación de esta tesis en el
movimiento indígena y la traición a los Acuerdos de San Andrés provocan una ruptura
con el Estado mexicano que da cauce a procesos autonómicos de profundidad
histórica, como los Municipios Rebeldes-Juntas de Buen Gobierno zapatistas, y
experiencias muy diversas en Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Jalisco, Chihuahua,
entre otras entidades. Con toda razón se consideró que, en el diálogo de San
Andrés, habían tenido lugar los funerales del indigenismo. El reconocimiento a
la libre determinación mediante la autonomía rompe con el cordón umbilical del
indigenismo y con las políticas corporativas del régimen de partido de Estado
que, por muchos años, sometieron política e ideológicamente a los pueblos
originarios.
Los antropólogos contribuyen al desarrollo
teórico y práctico de estas políticas, desde que Gamio definió a la
antropología como la ciencia del buen gobierno, iniciándose una relación
orgánica entre antropólogos y Estado mexicano cuya ruptura inicia con el
movimiento estudiantil-popular de 1968, que creó las condiciones para que las
corrientes críticas antropológicas se manifestaran y denunciarán los procesos
etnocidas contenidos en el indigenismo, definido por el entrañable Rodolfo
Stavenhagen como un “aparato de control burocrático y político de los pueblos
indígenas por parte de las autoridades estatales… (y una) forma de recrear sistemas
jerárquicos, autoritarios, estatificados de clientelismo”.
El desarrollo del indigenismo ha pasado
por diversas fases y sus ideologías se adaptan y persisten en el tiempo; sin
embargo, su especificidad es que se trata de una política de Estado criollo-mestizo
para con los pueblos indígenas y, en consecuencia, en todas sus variantes, ha
sido por naturaleza autoritario y jerárquico y constituye un sistema
teórico-práctico que se impone a los pueblos desde aparatos burocráticos, como
una fuerza objetivamente opresiva, manipuladora y disolvente. El indigenismo se caracteriza por el uso de
una retórica de respeto a las lenguas y costumbres indígenas, con una práctica
de destrucción de las estructuras étnicas de los pueblos indios.
Con el próximo Instituto Nacional de los
Pueblos Indígenas (INPI) y sus 132 coordinaciones regionales, ahora, a cargo de
integrantes de las propias etnias, los viejos fantasmas del indigenismo
regresan como formas de mediación del apoyo asistencialista del Estado,
impuestas desde arriba y desde fuera. Estas coordinaciones dividirán a los
pueblos y difícilmente podrían apoyar las luchas autonómicas contra la
recolonización de sus territorios por parte de las corporaciones capitalistas
petroleras, mineras, eólicas, hídricas y turísticas, dado que jerárquicamente
dependen de un organismo de gobierno.
¿Qué posición tomara el flamante INPI si
tienen lugar movilizaciones en contra de los anunciados megaproyectos del nuevo
gobierno? ¿Se escucharán las voces de los pueblos indígenas o se impondrá el
neoindigenismo de Estado?
Desinflando la “burbuja biomédica”: causas y consecuencias. Apuntes para ministros novatos.
Abel Novoa
Supongo que en esto se diferencian los países
hegemónicos de los que son meras colonias. Hablo naturalmente en el aspecto
intelectual y social. Las colonias van a rebufo, llegan tarde, son incapaces de
sacudirse el yugo de la inercia y, por supuesto, del poder económico. Los países
hegemónicos establecen políticas a largo plazo, estrategias para seguir
liderando el mundo, sobrevivir económicamente y mejorar la calidad de vida de
sus conciudadanos.
La Fundación Nesta acaba de
publicar un impresionante informe en Reino Unido titulado “La
burbuja biomédica: Por qué la investigación y la innovación en Reino Unido
necesita una más amplia diversidad de prioridades, políticas, localizaciones y
personas”
Lo firman dos prestigiosos académicos,
investigadores y gestores de investigación. Richard Jones es profesor de Física
en la Universidad de Sheffield y ha participado como asesor y gestor en
múltiples proyectos y comisiones, además de tener una amplia experiencia como
investigador en materiales y nanotecnologías aplicadas a la biomedicina. James
Wilsdon es profesor de Política de Investigación y Director de Investigación e Innovación
en la Facultad de Ciencias Sociales en la Universidad de Sheffield. Escribió The Metric Tide, una crítica a los
sistemas de evaluación de la productividad de los investigadores.
http://chartsbin.com/view/e1h
Antes de describir la envergadura de este
documento crítico es necesario recordar que el Reino Unido es el segundo país
del mundo con más Premios Nobel en medicina y fisiología (29, tres veces más
que Francia y el doble que Alemania, que son países de igual número de
habitantes y semejante riqueza). Tiene dos de las mejores universidades del
mundo, Oxford y Cambridge, y una estructura de investigación básica en
biomedicina, poderosísima. Dos de las principales multinacionales farmacéuticas
son británicas: AstraZeneca y GlaxoSmithKline.
El Reino Unido es el país de un genio como James
Black, quien no solo desarrolló el betabloqueante propranolol para la empresa
ICI en la década de 1960 y después la cimetidina para Glaxo, consiguiendo que
Reino Unido dominara el mercado mundial farmacéutico en la década de los 80,
sino que puso las bases del paradigma químico en el que se basó toda la
innovación farmacológica en los siguientes 30 años en todo el mundo. Por ello
se le dio el premio Nobel en 1988.
El Reino Unido fue el segundo líder mundial del
Proyecto Genoma Humano tras EE.UU. y en sus laboratorios de investigación
básica, sobre todo en el Laboratorio de Biología Molecular de la Universidad de
Cambridge, se descubrieron mecanismos fisiológicos tan importantes para la
terapéutica antiviral como la interferencia del ácido ribonucleico (ARN)
(Andrew Fire y Craig Mello recibieron el Nobel en 2006). Venki Ramakrishnan,
que compartió el Premio Nobel de Química 2009 con Thomas Steitz y Ada Yonath,
desentrañó los detalles de cómo se construyen y cómo operan los ribosomas en el
mismo laboratorio. Paul Nurse y Tim Hunt, del Imperial Cancer Research Fund, compartieron
el Premio Nobel 2001 de medicina (con Leland Hartwell) por sus descubrimientos
sobre el control del ciclo celular. En 2017 Richard Henderson, también de
Cambridge, recibió el Nobel por el desarrollo de técnicas de microcopia
(cryo-TEM.1)
En Aberdeen, Philip Cohen identificó las redes
de señalización que controlan la respuesta inflamatoria del sistema inmune
innato. Avances para la medicina regenerativa tan importantes como la posibilidad
de reprogramación de las células madre se han producido en laboratorios
británicos (lo que llevó a la concesión del Nobel de 2012 a John Gurdon y
Shinya Yamanaka). O el descubrimiento de los mecanismos por los cuales las
células recuperan el ADN dañado, tan importante para el desarrollo de algunos
antineoplásicos como el olaparib de AstraZeneca (Tomas Lindahl, del Cancer
Research en Clare Hall ganó el Nobel en 2015, compartido con Modrich y Sancar).
En 1975, César Milstein y Georges Köhler
sentaron las bases, de nuevo en Cambridge, de una clase completamente nueva de
medicamentos con su descubrimiento de un método para fabricar anticuerpos
monoclonales (premio Nobel de medicina en 1984 junto con Niels Jerne). La
primera gran empresa de biotecnología del Reino Unido, Celltech, se creó en
1980 para capitalizar el descubrimiento de los anticuerpos monoclonales, con
una participación inicial del 44% en el gobierno del Reino Unido. Greg Winter,
que “humanizó” los anticuerpos monoclonales, en 1989 fundó otra compañía de
biotecnología –Cambridge Antibody Technology– que desarrolló el mítico
Adalimumab (Humira).
En fin, esta larga introducción es para que los
lectores sean conscientes de lo que implica la investigación biomédica básica y
traslacional para el Reino Unido en términos no solo académicos y científicos
sino también económicos y humanos, con su poder de atracción de los mejores
investigadores de todo el mundo y las palancas industriales que existen. España
no llega a ser ni un niño de teta en investigación biomédica básica y
traslacional comparada con la madurez, tamaño y capacidad de retornos
económicos que tiene el Reino Unido.
Pues bien, Richard Jones y James Wilsdon (en
adelante JW) han justificado en este exhaustivo informe, glosado en un
editorial del Lancet, por qué todo esto se acabó: la investigación
biomédica es hoy en día una gran burbuja. JW dicen que el Reino Unido no puede
seguir apostando por la investigación biomédica básica y traslacional porque es
un desperdicio económico que es necesario redirigir: hay que pinchar una
burbuja que está basada en gran medida en la corrupción del sistema científico
y el fracaso del paradigma farmacológico dominante.
Según JW todo el sistema se haya dominado por
unos vectores comerciales, académicos, industriales, políticos, clínicos y
sociales que están contribuyendo a la sobrevaloración de la investigación
biomédica en términos de riqueza económica, salud y progreso social,
produciéndose una burbuja que, en Reino Unido, al parecer, están intentando
desinflar.
Este informe, y el editorial del Lancet, tiene
gran importancia para un país sin investigación básica biomédica competitiva
como España: no hay que seguir apostando por ella si en Reino Unido están
levantando el pie del acelerador. Además, debe ser un toque de atención para
aquellos todavía deslumbrados por la innovación biomédica: es un bluff que nos
está costando muy caro y está evitando que podamos dedicar esfuerzos a otras
áreas de investigación y desarrollo con mayor capacidad para generar retornos,
bienestar y salud.
Los autores aplican la metáfora de la
burbuja a la investigación biomédica en varios sentidos:
+hay una “burbuja especulativa”, por la
sobrevaloración artificial de muchos productos farmacéuticos;
+hay una “burbuja epistémica”, por una
asistencia y una investigación “farmacologizadas” que actúan como tractoras de
los gigantescos presupuestos públicos y privados sin ánimo de lucro que el
Reino Unido ha dedicado al sector (ver imagen arriba);
+una “burbuja valorativa”, porque se sobreestima
la aportación a la salud de los medicamentos;
+hay una “burbuja social”, ya que se crean
“redes de refuerzo y circuitos de retroalimentación más allá de cualquier
racionalidad costo-beneficio”;
+y hay una “burbuja de atención”, ya que se
excluye espacio político, público y de inversión para cualquier apoyo a alternativas.
¿Qué argumentos utilizan estos dos científicos
para determinar que existe una burbuja, es decir, que la investigación biomédica
está sobredimensionada y sobrevalorada en un país con 29 premios Nobel, dos de
las mejores universidades del mundo, dos de las multinacionales farmacéuticas
más poderosas y un secor que da empleo a más de 3 millones de personas y supone
un porcentaje importante de su PIB? Porque hace falta valor y, sobre todo,
madurez cívica para escribir esto. En España, con una investigación biomédica
bastante mediocre, se estarían comiendo a los autores por los pies y
acusándoles de magufos y anticientíficos
Análisis de la burbuja
biomédica
(1) Hay un grave desacoplamiento entre la inversión actual en investigación
y las necesidades en salud de las personas
El informe cita el archiconocido artículo de
Chalmers y Glasziu del Lancet donde señalaban que el 85% de toda la
investigación biomédica está siendo desperdiciada.
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3106713
También citan un
trabajo que señala un desacoplamiento a nivel mundial entre las
necesidades en salud y la producción científica (es especialmente relevante la
inflación científica en áreas como el cáncer, las enfermedades genitourinarias,
las neurológicas y las dermatológicas)
Los autores concluyen:
“Es difícil oponerse a más investigación en
salud. Pero los recursos son limitados. Las políticas públicas tienen que
considerar los costos de oportunidad de las inversiones no realizadas, así como
los resultados de las inversiones que se realizan, y concentrar los esfuerzo
donde se consiguen más beneficios”
Y se preguntan:
“Si el objetivo es mejorar los resultados
generales de salud de nuestros ciudadanos, ¿cuál es el equilibrio entre la
ciencia biomédica que actualmente domina los presupuestos y otros enfoques?”
Su respuesta es que hoy en día los objetivos de
investigación son marcados por las empresas farmacéuticas y no coinciden con
las necesidades sociales:
“…los esfuerzos de investigación de la
industria farmacéutica están en gran parte dirigidos por las condiciones
económicas y de mercado que obviamente no se ajustan a los objetivos sociales.
Más en general, un enfoque en encontrar nuevos medicamentos puede cegarnos o
distraernos de la posibilidad de intervenciones más rentables.”
¿No hacen falta más medicamentos?
(2) No hacen falta más medicamentos sino invertir en mejorar los
cuidados y atender los determinantes sociales de la salud
El Informe repasa, someramente, las evidencias
que hablan de otros condicionantes distintos a la atención sanitaria
farmacológica y tecnológica como determinantes de la salud. Por ejemplo, los
aspectos sociales, nutricionales o de salud pública. También, condicionantes
como la variabilidad de la atención o las inequidades en salud deben ser
atendidos por la investigación. O temas tan relegados como los cuidados, sobre
todo para enfermedades como la demencia, ante la que la biomedicina está dando
respuestas tan deficientes, o la calidad de vida de las personas enfermas. Los
autores escriben:
“La investigación sugiere que tan solo 10 por ciento
de los resultados de salud de la población están determinados por el acceso a
la atención médica: la política o factores sociales, económicos, ambientales y
culturales pueden ser mucho más significativos. Esto sugiere que los problemas
de salud pública que subyacen a estos factores necesitan recibir mucha más atención
de lo que lo hacen actualmente.”
Todos estos aspectos están casi olvidados en las
agendas de investigación debido a la preeminencia de los medicamentos. Pero
desde el punto de vista de la efectividad, dice el Informe, esta hegemonía del
fármaco no está justificada.
(3) Las políticas públicas de apoyo industrial a las empresas
farmacéuticas son ineficientes
El Informe se muestra crítico con las
estrategias políticas que siguen dando preeminencia a las ayudas a la industria
farmacéutica.
¡Atención políticos españoles!
En un país con dos de las más importantes
multinacionales del mundo los expertos piensan que hay que dejar de privilegiar
las políticas públicas de apoyo a este sector industrial. Y allí se investiga
de verdad.
En nuestro país los políticos siguen con una
actitud servil cuando llama a la puerta una multinacional prometiendo más
inversión en I+D, es decir, más ensayos clínicos en los hospitales públicos
(nada de investigación básica o traslacional: esa se queda en Cambridge).
De hecho, la Comisión
Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM) del Ministerio de
Sanidad que evalúa los fármacos y su precio antes de su
comercialización es España puntúa este apartado: si la empresa demuestra una
inversión mínima en I+D en España entonces el sistema nacional le pone más
precio al medicamento. Así.
Los autores del informe británico reclaman más
atención para otros sectores económicos como la asistencia social:
“¿Tenemos el equilibrio correcto entre el apoyo
a la industria farmacéutica y de biotecnología y fomentar la innovación y la
productividad en sectores más amplios relacionados con la salud como la
asistencia social? Nuestra opinión es que esta pregunta aún no ha sido claramente
planteada y mucho menos respondida.”
Este es un claro aviso a navegantes: para
mejorar la salud mediante estrategias industriales y de fomento, “menos farma y
más servicios”. Pues tranquilidad con las farmacéuticas la próxima vez que
llamen a su puerta Sra. Ministra de Sanidad y Sr. Ministro de Ciencia. Son
fanfarrones con pies de arena y han comenzado a moverles el suelo en uno de sus
países maternos.
(4) El modelo de negocio de la industria farmacéutica está roto
La industria cada vez tiene menos productividad
en su inversión: gasta mucho dinero en producir nuevos fármacos, muchos fallan
y los que finalmente introduce en el mercado son bastante malos. Por eso la
industria está tan desesperada; es un animal herido a la que solo le quedan las
estrategias comerciales (que como sabemos están basadas en la investigación
comercial sesgada, la publicidad engañosa y la compra de voluntades) para
seguir colocando sus productos en el mercado.
Esta disminución de la productividad es debida a
dos razones muy importantes y que son destacadas en el informe:
a) Error en el enfoque metodológico: el modelo
clásico ha consistido en la creación de conocimiento básico en biología celular
y genómica que después se traduce en el descubrimiento de nuevos medicamentos.
Este es un modelo defectuoso; es el modelo de la “bala mágica” (un fármaco para
cada enfermedad) que choca con la complejidad de los fenómenos biológicos.
b) Avances cada vez más residuales: los autores
lo resumen en la frase “ya hemos recogido toda la fruta fácil de alcanzar”.
Esta frase describe varios problemas:
+ El problema ‘Mejor que los Beatles’: Un
medicamento nuevo tiene que ser mucho mejor que los medicamentos existentes
(los genéricos cuestan muy poco). El repertorio creciente de medicamentos
existentes (muchos ya genéricos) reduce el valor potencial de las drogas no
descubiertas hasta el punto de que no vale la pena gastar dinero para
desarrollarlos. Esto explica, por ejemplo, el bajo nivel de inversión en
hipertensión, a pesar de su importancia clínica. Las nuevas medicinas tendrían
que desplazar a los genéricos existentes, que son muy baratos y generalmente
efectivos.
+ ¿Hemos curado todas las enfermedades fáciles?
Hay un argumento que defiende que ya hemos curado todas las enfermedades para
las cuales teníamos buenos patrones de detección y tratamiento. Hemos hecho un
buen progreso con enfermedades basadas en defectos genéticos únicos. Pero para
muchas enfermedades multifactoriales, como la mayoría de los cánceres sólidos y
las enfermedades neurológicas como el Alzheimer, el progreso ha sido lento o
inexistente.
+ Los medicamentos no funcionan. Tal vez la
conclusión más trascendente del informe es que la suposición de que hay un
medicamento para curar todas las enfermedades, incluso si aún no se ha
descubierto, es incorrecta. Esta cierta visión pesimista acaba con la antigua
idea del diseño racional de medicamentos que, es posible, haya dado de sí todo
lo que tenía que dar.
El problema es grave: el 81% de los candidatos a
medicamentos fallan, la mayoría en la fase III. Los nuevos medicamentos
sencillamente no funcionan y, si finalmente son aprobados, lo hacen bajo unas
condiciones de fragilidad científica cada vez más cuestionadas (de hecho, la
industria no atrae precisamente las simpatías ni de ciudadanos ni de
profesionales clínicos: en Reino Unido menos de uno de cada cinco ciudadanos
piensa que la industria es confiable o que tiene elevados estándares éticos; el
67 % cree que los ensayos clínicos financiados por la industria están sesgados;
un 82% de médicos generales también piensa que los ensayos clínicos financiados
por la industria son parciales)
Esta crisis de innovación y confianza social está
siendo acusada por el sector farmacéutico que, por ejemplo, en Reino Unido, ha
perdido un 20% de inversión por parte de los mercados desde 2011 (ver tabla):
“La industria farmacéutica está en serios
problemas. Nuestra apuesta política por la investigación biomédica depende en
gran medida de la industria farmacéutica para poder traducir sus resultados en
beneficios clínicos. Pero la capacidad de la industria para cumplir con estos
objetivos es cada vez más dudosa.”
(5) Existe una importante pérdida de credibilidad de la ciencia
biomédica
Este es otro de los argumentos fuerza del
informe. La ciencia biomédica no es creíble porque muchos de sus mecanismos de
auto-regulación no funcionan y sus organismos de producción apuestan por el low-cost.
a) Problemas de reproducibilidad: la ciencia avanza
más rápidamente cuando los investigadores pueden probar y verificar los
resultados de los demás y no desperdician esfuerzos en pistas falsas. En la
última década, ha crecido la preocupación por la gran cantidad de
investigaciones que no se puede reproducir. Este problema es generalizado, pero
es particularmente visible en la ciencia biomédica.
Hay seis prácticas que contribuyen a la
irreproducibilidad: p-hacking (o “torturar la p”), omisión de resultados
negativos (sesgo de publicación), estudios con poca potencia, errores técnicos,
métodos de baja especificación y diseños experimentales débiles.
Los autores piensan que la crisis de
reproducibilidad está haciendo daño a la innovación farmacéutica y podría
explicar en parte su baja productividad. Las soluciones hasta ahora propuestas
no están consiguiendo grandes cambios.
b) Problemas de las estructuras de incentivos y
recompensas a los investigadores
El sistema actual de incentivos y recompensas a
los investigadores está desalineado con las necesidades de la sociedad y
desconectado de la evidencia sobre las causas de la crisis de reproducibilidad.
Para la mayoría de los investigadores mantener fuentes de financiación depende de
poder demostrar un flujo regular de resultados exitosos, a pesar de que la
investigación solo puede evaluarse en el medio y largo plazo. A falta de mejor
información, los financiadores, las instituciones y los legisladores a menudo
buscan métricas disponibles pero inadecuadas: el factor de impacto de una
revista en la que se publica una investigación o el historial previo de un
solicitante de fondos, son usados como aproximaciones de la calidad de la
investigación y su potencial futuro. Estos incentivos alientan a los
científicos a buscar el “éxito a corto plazo”.
c) Excesivo número de investigadores
Todo el sistema funciona bajo una premisa falsa:
la innovación biomédica va ser capaz de expandir el mercado constantemente.
Según los autores esto ha creado una inflación de investigadores (hay tantos
que la mayoría tiene trabajos muy precarios) y de instituciones de
investigación que pelean por la financiación en una atmósfera hipercompetitiva,
imponiendo continuas restricciones presupuestarias para mejorar la eficiencia.
El sistema biomédico se ha vuelto extremadamente ineficiente y está asumiendo
las premisas del low cost lo cual va
claramente contra la fiabilidad de sus resultados.
d) Problemas de sostenibilidad financiera de las instituciones de
investigación
Además de las demandas competitivas que impone a
los investigadores, el tamaño y la escala de las instituciones de investigación
que han crecido bajo la premisa de la expansión sin límites ahora es
insostenible. Son los problemas que tienen las burbujas.
Propuestas de soluciones
(1) Participación ciudadana en el
establecimiento de las agendas de investigación públicas, advirtiendo del
peligro del sesgo de los expertos
(2) Redirigir fondos hasta ahora dedicados a la
investigación biomédica básica y traslacional con el sesgo farmacológico hacia
la generación de conocimiento para mejorar la atención sanitaria, especialmente
ante el reto del envejecimiento, y determinar las mejores vías para que los
aspectos sociales impacten en el bienestar y la salud de las comunidades:
“La innovación en salud en el futuro vendrá
tanto del ámbito de las ciencias físicas lo físico, lo digital, lo social y lo
ambiental como de lo biomédico”
(3) Aceptar que un fuerte sector farmacéutico es
importante para la economía del Reino Unido, pero va en contra de las
necesidades reales del país y sus prioridades en salud.
Curiosamente en este aspecto todas las
esperanzas de los autores están en que no sea posible reformar el irracional
sistema norteamericano de precios de medicamentos, su principal mercado. Asumen
que gran parte de estos fármacos no se venderán en el Reino Unido gracias a su
NICE.
Mientras haya americanos pagando tantos dólares
por esta porquería de ciencia habrá negocio, vienen a decir. Para
tranquilizarlos hemos de decir que, no se preocupen, que también habrá españoles
comprando sus moléculas basura.
(4) Apostar por la innovación en la atención
sanitaria y social:
“Cada vez más, la innovación que importa no será
biomédica: será digital, física, social, ambiental y conductual.”
Habrá nuevos dispositivos y tecnologías
digitales que obligarán a reorganizar la atención sanitaria y social.
La clave de esta estrategia industrial debe ser el uso del poder adquisitivo de los sistemas públicos de salud para crear y nutrir mercados que impulsen el desarrollo de estos nuevos productos, sistemas y servicios. Esto implica la necesidad de claridad sobre el impacto que se está buscando y logrando, la evidencia que se necesita y transparencia en la toma de decisiones.
El poder, para el sistema de salud y el sistema
social:
“Los “dueños de los problemas” son el NHS y las
autoridades locales responsables de la asistencia social. La selección del
problema a solucionar mediante innovación debe venir de clínicos, grupos de
pacientes y cuidadores. Las empresas son importantes, tanto como potenciales
proveedores de soluciones como de beneficiarios de nuevas oportunidades de
negocio que las innovaciones deberían generar, pero no pueden señalar los
problemas que son relevantes, como tampoco lo pueden hacer los investigadores
académicos.”
Apuntes para ministros novatos
No nos atrevemos a dar consejos, pero sí a hacer
unos apuntes / reflexiones para los ministros recientemente nombrados:
(1) La investigación biomédica ya no mejora la
salud: que la investigación mejoraba la salud era el mantra de la
industria y de las políticas de apoyo a las farmacéuticas. Pues este informe lo
desmiente. Hoy por hoy nos encontramos ante los límites epistémicos, sociales e
industriales del paradigma biomédico de investigación centrado en los fármacos
y la tecnología. No da más de sí. A otra cosa por favor.
(2) La innovación debe centrarse en las
necesidades de los profesionales asistenciales (sanitarios y sociales) y las
personas. El reto es cómo mejorar la atención sanitaria y social mediante
estrategias no farmacológicas o tecnológicas sino educativas, sociales,
medioambientales, nutricionales, laborales, residenciales, etc.
(3) Si tienes un sector biomédico flojito, como
tenemos en España, no te empeñes en potenciarlo (tampoco sabotearlo, por supuesto):
es tirar el dinero e impedir utilizarlo en investigación e innovación dirigida
a la asistencia y los determinantes sociales
(4) Hacer muchos ensayos clínicos no es hacer
investigación sino alquilar a bajo precio nuestros hospitales y pagar a clínicos
para que convenzan a sus enfermos para que participen de manera altruista en
investigaciones con ánimo de lucro que pueden o no ser publicadas (según salgan
los resultados, oiga)
(5) Es estúpido financiar públicamente todo
nuevo fármaco introducido en el mercado. Las actuales condiciones de la
investigación biomédica y clínica y el elevado nivel de corrupción
institucional de agencias reguladoras y sociedades científicas hacen que,
cuanto más apoyado este por los expertos más probable es que un nuevo producto
sea caro, inútil y peligroso. Si hay mucha presión Ministra, es que no vale.
Los fármacos buenos no necesitan lobbies.
(6) La industria farmacéutica está desesperada y
cada vez más basa sus ventas en la distorsión de la ciencia y la corrupción
institucional. Los profesionales sanitarios y sus instituciones profesionales y
científicas no pueden seguir apoyando e ignorando una burbuja biomédica que va
contra la salud y los presupuestos públicos. Es necesaria una revolución cívica
o democrática entre los profesionales sanitarios y sus instituciones para
colaborar en el establecimiento de otra agenda para el sistema.
(7) Hay que hablar claro a los ciudadanos y para
eso se necesita la colaboración de profesionales, académicos, políticos y
organizaciones civiles. Hay que desinflar la burbuja biomédica porque es un bluff basado en mala ciencia y en
corrupción institucional y porque se está llevando por delante la posibilidad
de invertir la riqueza del país en las cosas que verdaderamente pueden hacer
mejorar las vidas de las personas: mejor asistencia (sanitaria y social) y
avances en los determinantes sociales de la salud (educación, medio ambiente,
pobreza, trabajo, viviendas, nutrición, cultura, etc.)
Abel Novoa es presidente de NoGracias
Anarquía al volante: ¡vamos de mal en peor!
Jorge L. Prosperi
www.elblogdejorgeprosperi.com / 08-08-18
Luego de más de tres años de estar
escribiendo sobre el tema de la seguridad vial y la anarquía al volante en nuestras calles,
observo con tristeza que “vamos de mal en peor”. Sigue imperando la ley del más
fuerte, la desconsideración, la irresponsabilidad, el juega vivo impune que nos
caracteriza a la mayoría de los panameños en nuestro quehacer cotidiano. Y
también persiste la muy limitada presencia de las autoridades de policía,
quienes en su mayoría optan por no detener a los infractores y ponerles su
merecida boleta, pues no hay suficientes efectivos de la policía, y si se
interrumpen para discutir con cualquier conductor, se forma el despelote en el
semáforo o donde sea que estén parados. Tampoco parece que las autoridades de
salud hayan tomado conciencia efectiva de este grave problema que muestra una
clara tendencia al ascenso y provoca más de 15,000 heridos y más de 400 vidas
cada año.
Situación
nacional
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censo, durante el año 2017
se registraron 56,847 accidentes de tránsito, provocando 16,273 heridos y 422
defunciones. El 94.3% de los accidentes de tránsito fueron colisiones, seguido
de los atropellos y los vuelcos que representaron el 5%. La mayor parte de
estos ocurrió entre viernes y lunes. Por tal razón, los días con mayor riesgo
de suceder un accidente fatal son los fines de semana, especialmente los
viernes. Todos los accidentes muestran una clara tendencia al aumento.
Con respecto a las víctimas, las cifras
registraron un total de 16,273 de heridos (¡37 por día!), de los cuales 12,581 correspondieron
a colisiones, 1,447 a atropellos y 1,469 a vuelcos. En este caso las cifras
también evidencian una clara tendencia al aumento.
En el período comprendido entre 2012 al
2017 un total de 2,533 personas perdieron la vida en un accidente de tránsito
(¡una persona fallecida cada día!). El 44% correspondieron a atropellos, 43% a
colisiones y 13% a vuelcos. Estas cifras, que también muestran una tendencia al
aumento, son el más descarnado reflejo de la anarquía en la calle de nuestra
ciudad. De hecho, a excepción de los domingos, no hay un día ni una hora, en la
cual no estemos en riesgo de ser atropellados o participar en una colisión.
A pesar de las leyes y reglamentos, siguen
siendo las principales causas de accidentes y muertes: el exceso de velocidad,
las distracciones como chatear frente al volante, el estrés cotidiano, manejar
bajo los efectos del alcohol, la impericia y el incumplimiento de los
reglamentos de tránsito, como el no usar el cinturón de seguridad o, en el caso
de los motociclistas, no usar casco. Muy preocupante es el hecho de que el año
pasado, las muertes por atropello y fuga se incrementaron en el país un 20 por
ciento, lo que implica, además de lo anterior, una falta de solidaridad y
humanidad. Esta situación constituye un grave problema que es prevenible y debe
evitarse. Estamos obligados, sociedad y gobierno a tomar conciencia y detener
esta espiral de sufrimiento nacional.
En el mismo período la cantidad de
vehículos en circulación registrados en la república pasó de 616,854 a 900,000,
lo cual implica casi un millón de conductores cuya capacidad, responsabilidad,
pericia, educación, y solidaridad humana debe ser garantizada por ellos mismos
recuperando los valores cívicos, éticos y morales que hemos perdido. Y por las
autoridades nacionales, exigiendo el cumplimiento de todos los requisitos para
la circulación de vehículos en excelente estado y para obtener una licencia de
conducir, sin contribuir a la anarquía al volante.
Finalmente, es importante subrayar que de
acuerdo al Plan Nacional Para el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020
de la República de Panamá, los costos de la atención de un paciente proveniente
de un accidente de tránsito (heridos) le cuesta al Estado Panameño
aproximadamente 9,800 balboas y un tiempo promedio de recuperación de 43 días.
Por lo tanto, la atención de 15,000 heridos anuales nos cuesta alrededor de 150
millones de balboas anuales. Eso sin contar los gastos de las familias, el
costo de 43 días de recuperación y el costo de las reparaciones y pagos de
seguros de los vehículos accidentados.
¿Existe
anarquía al volante en América Latina y el Caribe?
De acuerdo con el informe de la OPS
titulado La seguridad vial en la Región de las Américas, “los
traumatismos causados por el tránsito en la región de las Américas se cobran la
vida de unas 154.089 personas al año y representan un 12% de las muertes
ocasionadas por el tránsito a escala mundial. La legislación es fundamental
para las iniciativas destinadas a mejorar el comportamiento de los usuarios de
las vías de tránsito y disminuir el número de víctimas. La mayoría de los
países de la Región tienen que aprobar leyes más estrictas para abordar los
factores de riesgo y los de protección relacionados con la seguridad vial, a
fin de armonizarlas con las mejores prácticas internacionales”.
El informe, cuya lectura completa recomiendo,
presenta información actual de seguridad vial de 31 Estados miembros (Panamá
entre ellos). Incluye la tasa regional, así como información específica por
país sobre el manejo de la seguridad vial. El documento también proporciona un
análisis legislativo de los factores prioritarios: “conducción bajo los efectos
del alcohol, velocidad, uso del casco, uso de cinturón de seguridad y sistema
de retención infantil”.
Datos más relevantes que nos proporciona
el documento para ALC, complementado con comentarios sobre nuestra situación.
La tasa de mortalidad debida al tránsito
en toda la región es de 15,9 por 100.000 habitantes, cifra inferior a la tasa
mundial de 17,4. Sin embargo, tras este promedio regional se ocultan marcadas
diferencias de un país a otro, ya que las tasas nacionales varían mucho, desde
una cifra baja (6,0) en el Canadá a una muy alta (29,3) en la República
Dominicana. En Panamá fue de 10.55 en 2017.
Del total de defunciones ocasionadas por
el tránsito en la región, un 45% correspondió a peatones, ciclistas y
motociclistas, considerados como usuarios vulnerables de las vías de tránsito.
Las defunciones de motociclistas aumentaron en 5% entre el 2010 (15%) y el 2013
(20%), lo que destaca la necesidad de proteger aún más a estos usuarios de las
vías de tránsito. Similar situación a la nacional.
La legislación es fundamental para las
iniciativas destinadas a mejorar el comportamiento de los usuarios de las vías
de tránsito y disminuir el número de víctimas. La mayoría de los países de la región
tienen que aprobar leyes más estrictas para abordar los factores de riesgo y
los de protección relacionados con la seguridad vial, a fin de armonizarlas con
las mejores prácticas internacionales.
La legislación en materia de seguridad
vial es eficaz solo cuando se acompaña del cumplimiento eficaz; de acuerdo con
los informes presentados por los países, es necesario mejorar el cumplimiento
de estas leyes. Aquí tenemos leyes, pero muchas no se aplican igual para todos,
pues, como es del dominio público, nuestra justicia además de ciega es muchas
veces selectiva.
Las normas relativas a los vehículos
representan una parte importante de la seguridad vial. Sin embargo, actualmente
solo siete de los países de la región aplican alguna de las siete normas internacionales
prioritarias sobre la seguridad de los vehículos recomendadas por las Naciones
Unidas y ninguno aplica las siete. En el país circulan muchos vehículos en mal
estado, ya sea particulares, taxis y buses piratas. Eso sí, todos con su
revisado del año.
Doce países (39%) informan de que disponen
de políticas nacionales para separar a los usuarios vulnerables de las vías de
tránsito de gran velocidad. Hacen falta pasos peatonales y policías que hagan
cumplir la
Dieciséis países han aprobado políticas
que incentivan a las personas a caminar o andar en bicicleta. Estas políticas
pueden aportar otros beneficios para la salud y son compatibles con las
actividades destinadas a luchar contra la obesidad y reducir las enfermedades
no transmisibles, como las cardiopatías y la diabetes. No existe tal política,
mucho menos los espacios apropiados para ir en bicicleta. Es un riesgo que pone
en peligro la vida de los ciclistas.
El mejoramiento de la infraestructura de
las vías de tránsito es un mecanismo eficaz para reducir los traumatismos
causados por el tránsito; 23 países exigen inspecciones para verificar la
seguridad de las vías de tránsito nuevas y 20 evalúan regularmente las vías
existentes. Sim comentarios…
Ciertas medidas, como poner a disposición un
número centralizado de acceso para situaciones de emergencia, pueden mejorar la
atención médica recibida tras una colisión y ayudar a reducir el número de
muertes y traumatismos causados por el tránsito. Actualmente, 25 países de la región
han establecido un número de acceso para situaciones de emergencia. Sin
comentarios…
Las muertes causadas por el tránsito han
aumentado levemente en la región. Los países tienen que acelerar el ritmo de
aplicación de medidas eficaces de seguridad vial para lograr el objetivo de
desarrollo sostenible adoptado recientemente en materia de seguridad vial, a
saber, reducir a la mitad las muertes y los traumatismos causados por el
tránsito a nivel mundial para el 2020. Sin comentarios…
Y eso es todo, como he señalado en casi
todas mis publicaciones previas, reitero ahora que, los panameños
tenemos que comprometernos con revertir esta tendencia, comenzando por la recuperación
de nuestros valores cívicos y morales, y cuando nos subamos a un vehículo o
seamos peatones; tomemos
conciencia de los factores de riesgo que influyen en la posibilidad
de un accidente y en la gravedad del mismo. Cumplamos con las leyes y
normativas de tránsito, y seamos responsables, cuidándonos y protegiendo las
vidas de los demás conductores y peatones.
Por su parte el gobierno debe honrar su
compromiso, desarrollar una política real de prevención vial y fortalecer el la
aplicación efectiva de las intervenciones propuestas en nuestro Plan Nacional para el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020,
el cual lanzamos con bombos y platillos, confirmando nuestro compromiso
nacional con el Plan Mundial de Naciones Unidas para el Decenio de Acción para la
Seguridad Vial 2011-2020.
El desarrollo exitoso del plan requiere
que gobierno y sociedad construyamos una cultura de trabajo intersectorial,
para que la participación de los sectores gubernamental, la sociedad civil y
privado se consolide y profundice.
Nos toca a los panameños superar la
anarquía al volante y cuidar nuestras vidas en las carreteras, ¡Hagámoslo!
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