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Brasil: Se clausura la ruta democrática


Atilio Borón / Página12

Lo que antes requería la intervención de las fuerzas armadas hoy lo hacen nuevos actores, convenientemente adoctrinados y entrenados por diversas agencias del gobierno de Estados Unidos con sus programas de “buenas prácticas”. Estos seleccionan jueces, fiscales, legisladores y periodistas y les ofrecen cursos especializados sobre los temas de su incumbencia.

Uno de esos jueces es precisamente Moro, que sin prueba alguna condenó a Lula a 9 años y seis meses de cárcel, lo cual quiere decir que aprendió muy bien las lecciones que le dieron en el país del norte. El brasileño es tal vez el más famoso de los muchos jueces y fiscales latinoamericanos que participan en estos cursos de “buenas prácticas”.

En su caso asistió al programa para instrucción de abogados ofrecido por la Harvard Law School y también en un workshop sobre lavado de dinero organizado por el Departamento de Estado, pese a que en Estados Unidos hay cuatro estados –Delaware, Nevada, Wyoming y Dakota del Sur– en donde se lava dinero de forma abierta y descarada. Moro aprendió que es una “buena práctica” condenar a un acusado aunque no haya evidencias del delito. Lo mismo había pasado antes con la pandilla de maleantes y corruptos que se adueñó del Congreso brasileño, que sin prueba alguna condenó a Dilma Rousseff por corrupción para luego destituirla en un proceso escandaloso que hundió a los legisladores de ese país en la cloaca más maloliente de la política internacional.

Pero no basta con jueces y fiscales para concretar los planes destituyentes del imperio. También se necesitan periodistas que aprendan y apliquen las malas artes de la mentira sistemática, la desinformación, la fabricación amañada de consensos, pergeñar y manipular a la opinión pública con vistosas “pos-verdades” y blindar mediáticamente a los gobernantes y políticos amigos y para linchar mediáticamente a los indeseables.

No es casual que las opiniones vertidas por las oligarquías mediáticas sean insólitamente tomadas como “pruebas” por esos jueces o fiscales cuyos cerebros fueron prolijamente lavados en Estados Unidos. Por algo el ex presidente Rafael Correa señala que el obstáculo principal que se interpuso a todos sus planes de gobierno fueron los medios de comunicación, controlados a voluntad por la oligarquía financiera y sus aliados.

En el caso argentino el blindaje de los gobernantes y políticos amigos es impresionante. Por ejemplo, el tema de los Panamá Papers ha desaparecido por completo como también lo hizo el incendio intencional de Iron Mountain en donde perdieron la vida diez bomberos y se convirtieron en humo documentos y testimonios de suma importancia.

En Brasil, actor principalísimo de la condena a Lula y la destitución de Dilma fue la Red O Globo, violando como casi todos sus congéneres en toda América Latina las reglas de una nobilísima profesión. En lugar de periodismo lo que hay, salvo honrosas excepciones, son dispositivos de propaganda sólo interesados en promover determinados intereses económicos y políticos y encubrir los delitos de sus aliados. Pero no basta con jueces y periodistas corruptos: se precisa también contar con legisladores inescrupulosos dispuestos a lo que sea “si el precio es el correcto”.

Estas categorías sociales han sido entrenadas por décadas por el gobierno de Estados Unidos en lo que sería el sustituto funcional de la tenebrosa Escuela de las Américas. El imperialismo incorporó a sus dispositivos de dominación el mal llamado “golpe blando”, que en los hechos es una estrategia de destitución de gobiernos progresistas –incluso aquellos que son tan sólo díscolos antes las órdenes de la Casa Blanca– que provoca poco después un verdadero baño de sangre.

Para quien tenga dudas basta observar lo ocurrido en Honduras o lo que viene ocurriendo en Paraguay o en Brasil, con Río de Janeiro completamente militarizada, y con víctimas como Mariella Franco, crimen escandaloso que no se pudo tapar como sí se hizo con el asesinato de Paulo Henrique Dourado, concejal de la populosa barriada carioca de la Baixada Fluminense ocurrido apenas una semana después del crimen perpetrado contra Mariella.

Al pisotear los preceptos constitucionales el Superior Tribunal Federal deslegitima la democracia y arroja a Brasil a los brazos de la violencia. Demuestra que de ahora en más nuestros pueblos tendrán que idear otras estrategias de conquista del poder, porque la ruta de la democracia parece desembocar fatalmente en la venganza reaccionaria con la bendición del imperio. No hay muchos dispuestos a tolerar este resultado.

La corrupción suprema: Sergio Moro


Enrique Dussel*

El sistema inmunológico en un cuerpo vivo es el conjunto de medios que posee el organismo para defenderse de las enfermedades que puedan atacarlo. Si el sistema inmunológico se enferma, es decir, si es atacado él mismo por una enfermedad (como el sida en el organismo viviente humano), dicho organismo queda desvalido, ya que ha perdido la capacidad de autodefenderse. Se ha corrompido el sistema que impide la corrupción: es la corrupción suprema.

La corrupción económica, entre otros aspectos, es apropiarse de bienes ajenos por engaño, violencia u otra causa que sea ilegal o injusta. La corrupción política es el arrogarse de un funcionario (es decir, el responsable del ejercicio de una institución de la sociedad política) ser sede de la soberanía, que en último término sólo reside en el pueblo.

Por su parte, en el campo político es el sistema del derecho el analogado al sistema inmunológico del organismo vivo; defiende al sistema político de la corrupción de todo tipo. Si el sistema del derecho se corrompe deja al sistema político desvalido ante todo tipo de corrupción. En el sistema del derecho cuando se corrompe el juez, es decir, cuando no opera conforme a la justicia y a la ley que debe defender, la corrupción del juez es la corrupción suprema, porque es al juez al que se le encomienda el ejercicio de la ley con justicia (siendo una corrupción mayor que toda otra corrupción, tales como la del sistema económico, educativo, de género, etcétera). Tal es el caso del juez Sergio Moro hoy en el caso de Brasil.

La cuestión que ocupa nuestra atención ya fue contemplada por Hammurabi (1730-1688 aC), hace unos 3 mil 700 años en el llamado Código de Hammurabi, cuando decretó que para acusar a alguien hay que tener pruebas (§ 2), de no tenerlas el acusador se transformaría en acusado, y hasta podría recibir la pena de muerte (§ 2 y § 7), y “si un juez ha juzgado una causa [… y] a continuación cambia su decisión […] se lo hará levantar de su asiento de justicia y no lo volverá a ocupar jamás” (§ 6).

Por ello, lo que me mueve a realizar estas reflexiones no es sólo la tradición milenaria del derecho, sino la oportuna exhortación de Cuauhtémoc Cárdenas (quien fue despojado injustamente, y la historia así lo recordará, de la Presidencia mexicana habiéndola ganado de buena ley ante el fraude de Carlos Salinas de Gortari) que lanza un llamado a la conciencia de todo luchador por la justicia (La Jornada, 8/4/18).

El tema es la corrupción del ejercicio del sistema del derecho y de los jueces en América Latina.

Está hoy claro que la motivación de la destitución de la presidenta del Brasil, Dilma Rousseff, tenía como objetivo político (y no jurídico) impedir la posibilidad de que Lula da Silva fuera electo nuevamente Presidente de la República. Y esto se prueba por la premura en que se perpetró y no cumpliendo muchas exigencias jurídicas del proceso debido en el caso de la condenación de Lula.

De manera que lo dictado por el juez Sergio Moro, condenando al acusado sin pruebas (proponiendo como fundamento del juicio suposiciones subjetivas del juez), lo transforman a él mismo de acusador en acusado (según lo contenido en el milenario Código de Hammurabi, en los fundamentos del derecho vigente y en el sentido común cotidiano).
Pero lo más grave no es solamente la injusticia e ilegalidad del mismo juez, sino el que se manifieste la corrupción de todo el sistema del derecho, ya que queda involucrado el mismo Tribunal Supremo de Justicia, con miembros que cambian su opinión debido a presiones externas a dicho tribunal.

Todo esto nos recuerda el tema tan actual en la filosofía del derecho tratado de manera tan autorizada por Giorgio Agamben, especialista del derecho romano y filósofo actual del derecho.

Cuando el juez es injusto se levanta la crítica de Sócrates que acepta la ley, pero condena a los jueces injustos que decretan su muerte. Pero cuando se corrompe la totalidad del sistema de la ley, la crítica se endereza contra el fundamento de la legalidad misma, ya que se descubre de pronto la ilegitimidad de la legalidad y de los jueces mismos. Es el pueblo, como sede última de la soberanía que exclama en el estado de rebelión (más allá del estado de excepción schmittiano): ¡Que se vayan todos! los representantes y las instituciones corrompidas que se han tornado autorreferentes o que creen ser la sede del poder, de la soberanía, de la potencia.

Es el pueblo brasileño el que se levanta clamando: ¡Han juzgado como culpable sin pruebas al líder de un pueblo oprimido! ¡A ese Estado, a esa institución del sistema del derecho, a ese juez corrupto llamado Sergio Moro, le exigimos que se vayan! Es el clamor del consenso del pueblo (el consensu populi de Bartolomé de Las Casas en el siglo XVI) fundamento de la legitimidad, que es por su parte el fundamento de la legalidad justa y no corrupta, la última instancia de la justicia (que funda la legitimidad y la legalidad no corrompidas).

El pueblo brasileño tendría toda razón (fundamento) en no cumplir el juicio de Sergio Moro, juez corrupto que opera desde una legalidad ya no legítima (legítima sería si estuviera fundada en la voluntad del pueblo que Moro teme, y por ello encamina sus juicios políticos, no jurídicos, contra la posibilidad de que Lula da Silva sea elegido presidente). Por ello mismo, la lucha del pueblo brasileño, el resto, indicado por Agamben, para liberar a Lula es de derecho; de derecho fundado en la legitimidad (en el consenso del mismo pueblo) de liberar al que le ha servido con honestidad y justicia, y por ello el pueblo lo necesita.

La situación involucra a toda América Latina, porque en Argentina, en México y en otros países hermanos, no sólo en Brasil, el sistema del derecho y los jueces corrompidos se han transformado y usado como dispositivos de dominación, juzgando procesos políticos fraudulentos como de derecho y condenando a los pocos políticos honestos, como en el caso del desafuero, lo que permite golpes de Estado efectuados con camisas y guantes blancos, no ya manchados de sangre como cuando actuaban los militares en nombre del Departamento de Estado en tiempos de Henry Kissinger. Por ello Cuauhtémoc Cárdenas levantó con todo derecho la voz, porque fue también objeto de un golpe de Estado con guantes blancos.

La corrupción del derecho es parte de la dictadura perfecta que se nos pretende seguir imponiendo con nuevos dispositivos, diría M. Foucault.

¡Es necesario que Lula da Silva no sea víctima (encarcelada) ni mártir (muerto) sino vivo y presidente!

*Filosofo

"¿Somos pelagianos sin saberlo?"


José M. Castillo S.

El papa Francisco, en su reciente Exhortación Apostólica "Gaudete et Exultate", nos hace caer en la cuenta de que, quizá sin ser conscientes de lo que nos ocurre a muchos cristianos, en realidad estamos viviendo nuestro cristianismo a costa de recuperar y dar nueva vida a errores (y herejías), que fueron rechazados por la Iglesia, hace siglos. Pero resulta que ahora, aquellos errores de antaño se están rehabilitando, como si fueran las soluciones que necesitamos.

Por eso el Papa nos habla ahora del "pelagianismo actual". Cualquier cristiano, medianamente cultivado, sabe muy bien que el pelagianismo es una herejía, que difundió el monje Pelagio, en el s. V. En pocas palabras, lo que enseñaba Pelagio es que no existe el pecado original y negaba la necesidad de la gracia de Dios. Porque el monje Pelagio entendía que la voluntad humana tiene un poder y una autonomía que le basta. De ahí que los pelagianos relativizaban o incluso negaban la necesidad de recibir sacramentos o de observar prácticas religiosas.

Justamente lo que ahora piensa y hace mucha gente. Son los que no rezan ni van a misa. Porque ellos están persuadidos de que tienen voluntad y libertad para ser ciudadanos ejemplares. Otra cosa es que lo sean. Porque escandalosos y corruptos, los tenemos en abundancia.
Frente a estas ideas, el papa Francisco insiste, con toda razón, en que los pelagianos (antiguos y modernos) "en el fondo solo confían en sus propias fuerzas y se sienten superiores a los demás". Con lo que, a mi modo de ver, los que piensan y viven así, cumplen al pie de la letra lo que dice el Papa. Ellos son los que tienen "la idea de que todo se puede con la voluntad humana". Esto es lo que piensan y dicen. Pero ¿lo hacen?

Sabemos de sobra que la Iglesia ha ido cambiando en muchas cosas. Pero casi siempre con retraso. Y porque no ha tenido más remedio que cambiar. Por ejemplo, no hace mucho, el conocido historiador Frederic Lenoir nos recordaba que la Inquisición se abolió en el siglo XVIII, pero ¿por qué? ¿Acaso porque la institución tomó conciencia de su abominable comportamiento y decidió enmendarse? No. Simplemente porque ya no tenía los medios que necesitaba su voluntad de dominación. Porque la separación de la Iglesia y el Estado privó a la Iglesia del "brazo secular" en el que se apoyaba para quitarles la vida a los herejes ("El Cristo filósofo", Madrid, Ariel, 29).

Pues algo parecido es lo que está ocurriendo ahora con esto del "pelagianismo actual". Me explico. Mucha gente no ha pensado lo que sabiamente ha dicho Peter Sloterdijk: "sin una crítica de la verticalidad no podemos avanzar". El "sistema vertical" ya no se sostiene. ¿Por qué? Mucha gente no ha caído en la cuenta del cambio seguramente más profundo que estamos viviendo. Un hecho que está cambiado la vida de la gente y que consiste en que el "poder opresor" está siendo sustituido por el "poder seductor" (Byung-Chul Han). Cuando yo veo la cantidad de gente que, por todas partes y a todas horas, va enganchada a la pantallita del móvil, y a eso le hacen más caso que a cualquier amenaza, me digo a mí mismo: ¡Esto es más serio y más determinante de lo que imaginamos!

La religión fue determinante mientras el poder opresor (el pecado, la culpa, el infierno...) tuvo la fuerza suficiente para influir en la vida de los creyentes. Ese poder y esa fuerza se han debilitado y cada día interesan menos y pueden menos. ¿Qué queda en pie? El poder seductor de lo que nos impresiona y nos atrae.
¿Por qué el papa Francisco atrae a tanta gente que ni tiene creencias religiosas? Por una razón muy sencilla. Porque tiene poder seductor. Es verdad que este papa tiene enemigos, sobre todo en los ambientes clericales y tradicionales. Por la sencilla razón de que esos ambientes han vivido, en gran medida, del poder opresor (de Dios, del obispo, del párroco, del pecado y del infierno). En la medida en que los "clericales" y "tradicionales" se quedan sin "poder opresor", en esa misma medida se ven desarmados y tienen la impresión de que se hunden.

Por el contrario, si leemos y releemos las páginas de los evangelios, lo que allí se palpa es que Jesús tuvo un "poder seductor" irresistible. Lo más claro, en este sentido, es el poder que, en el Evangelio, tiene el "seguimiento" de Jesús. Basta una palabra, "sígueme". Eso es todo. Ni un programa de vida, ni un motivo, ni un ideal. Nada (D. Bonhoeffer). Y sabemos que, por la fuerza de esa palabra, la gente dejaba sus casas, sus familias, se olvidaba de comer, perdía toda seguridad.... La fuerza de la seducción era irresistible. Como insoportable fue, para los sumos sacerdotes y "hombres de la religión", el poder seductor de Jesús. Hasta que decidieron matarlo (Jn 11, 47-53).

¿Pelagianismo actual? Como exactamente concluye Francisco, mientras "en cada hermano, especialmente en el más pequeño, frágil, indefenso y necesitado veamos presente la imagen misma de Dios", y les tratemos en consecuencia, el futuro estará cada día más despejado. Una religión así, tiene y tendrá un poder irresistible.


Frankestein contra el heredero de Stroessner


www.rebelion.org / 210418

El oficialista hijo del secretario del dictador Stroessner, y el líder de una alianza de liberales y partidos de izquierda –que hasta hace poco se odiaban, pero ahora buscan encarnar el cambio– son los principales candidatos que disputan la presidencia guaraní este domingo. Ambos tienen un discurso marcadamente conservador.

Su nombre es Mario Abdo Benítez, tal como se llamaba su padre, quien fue el secretario privado del dictador paraguayo Alfredo Stroessner y avaló sus atrocidades. Tiene 46 años, se hace llamar “Marito”, es el candidato presidencial del oficialista Partido Colorado o Asociación Nacional Republicana (ANR), que sostuvo a la tiranía paraguaya durante 35 años (1954-1979).

Mantiene un discurso moderno y de defensa de la democracia, aunque reivindica “las buenas obras” del viejo general –para los todavía muchos nostálgicos de aquella época– y resucita sus clásicos símbolos, como el uso del pañuelo colorado partidario en el cuello de los ministros, la intención de reactivar el servicio militar obligatorio y de rechazar tajantemente cualquier proyecto de ley que busque aprobar el aborto o el matrimonio igualitario. Varias encuestas lo señalan como el favorito a ganar las elecciones de este domingo.

Su principal contrincante es el abogado Efraín Alegre, de 55 años, del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), la mayor fuerza de oposición, quien fue ministro de Obras Públicas durante los primeros años del gobierno del ex obispo católico y líder de izquierda Fernando Lugo (2008-2012), aunque en 2011 el entonces mandatario lo destituyó para intentar frenar su solapada campaña hacia la presidencia.

Desde ese momento, Alegre pasó a ser un abierto opositor a Lugo y fue uno de los que votó en el juicio político o golpe parlamentario para desalojarlo del poder, en junio de 2012, tras la matanza de campesinos y policías por un conflicto de tierras en Curuguaty. En 2017 estuvieron nuevamente enfrentados, cuando insólitamente Lugo acompañó al actual presidente, Horacio Cartes, en su intento de violar la Constitución e imponer por la fuerza la posible reelección de ambos. En esa coyuntura, Alegre se había aliado a su actual contrincante Marito para impedir la reelección de Cartes y de Lugo, algo que finalmente lograron en marzo y abril de 2017, tras graves incidentes de represión policial contra manifestantes, que acabaron con la quema del edificio del Congreso y el asesinato por la Policía de un joven militante liberal.

Ahora, aunque a muchos les resulte difícil creer, Alegre y Lugo dejaron atrás sus peleas y de nuevo aparecen abrazados en las campañas del frente electoral Gran Alianza Nacional Renovada (Ganar), que, además del conservador Partido Liberal y del izquierdista Frente Guasu, aglutina a otras organizaciones del centro y de la izquierda, como el Partido Revolucionario Febrerista (PRF), el Partido Democrático Progresista (PDP), el Partido Encuentro Nacional (PEN), el frente Avancemos País (AP) y el Partido del Movimiento al Socialismo (P-Mas). Lugo es el principal sostén político de Alegre y lo acompaña activamente como primer candidato a senador por el Frente Guasu, tratando de trasmitirle la alta preferencia electoral que el ex obispo aún conserva.

La heterogénea formación, presentada oficialmente en febrero de 2018, ha sido bautizada por algunos analistas como “la oposición Frankestein”, recordando al célebre monstruo de la clásica novela de Mary Shelley, creado con retazos diferentes de otros entes humanos.

Dura pelea política

Desde la caída de la dictadura del general Alfredo Stroessner, en febrero de 1989, esta será la séptima vez que los paraguayos acuden a las urnas en elecciones generales para elegir presidente, vicepresidente, senadores, diputados, gobernadores, juntas departamentales y representantes al Parlasur. Las elecciones municipales se realizan en fechas distintas, con tres años de diferencia.

Para los comicios de este domingo están habilitados 4.241.507 electores y existen 15.597 candidatos inscriptos para ocupar los 782 cargos en pugna. Compiten 23 partidos políticos, 17 movimientos, 17 alianzas electorales y cuatro concertaciones. El 57 por ciento del electorado está compuesto por jóvenes.

En este diverso abanico, la mayor parte de la atención electoral está concentrada solamente en los dos principales candidatos a la presidencia, repitiendo una vez más el clásico juego del bipartidismo que ha tenido en jaque a la historia política paraguaya desde que sus dos mayores partidos, el Colorado (representado por el color rojo) y el Liberal (por el color azul), fueran creados en el mismo año, 1887 –luego de la Guerra de la Triple Alianza contra Brasil, Argentina y Uruguay (1864-1870)–. Han llegado al poder principalmente a través de conspiraciones y golpes de Estado, con muy pocas experiencias de elecciones democráticas, hasta la dictadura de Stroessner.

Con una síntesis de modernismo y caudillismo tradicional, Marito es considerado un líder emergente en el Partido Colorado, luego de haber logrado derrotar en las elecciones internas a la lista promovida por el multimillonario empresario y actual presidente, Horacio Cartes, quien apadrinaba al economista Santiago Peña como su eventual sucesor.

La inesperada caída de Cartes cortó el proyecto hegemónico de un sector empresarial ligado a los grandes negociados con las obras públicas y el contrabando de cigarrillos a Brasil, pero el actual presidente logró recuperarse del golpe, tejer una alianza con Marito y apostar sus fichas a ser elegido como primer senador del Partido Colorado, por más que la Constitución paraguaya prohíbe que los ex presidentes sean senadores activos y sólo les reserva la función de senadores vitalicios, con voz pero sin voto, y sin dieta parlamentaria.

Demostrando una vez más la gran influencia de sus millonarios recursos sobre el corrupto Poder Judicial paraguayo, Horacio Cartes logró que la Corte Suprema de Justicia emitiera una resolución especial el pasado 11 de abril, habilitando las candidaturas a senador de él mismo (Cartes), del ex presidente colorado Nicanor Duarte Frutos y del actual vicepresidente, Juan Afara, para que todos puedan ser electos con presunta legalidad, aunque la Constitución lo prohíba.

La mayor parte de los legisladores de la oposición, incluyendo al actual presidente del Congreso, Fernando Lugo, han prometido que tras las elecciones no los dejarán jurar en sus cargos (como ya ocurrió hace dos períodos con el ex presidente Duarte Frutos, quien fue electo senador, pero a quien nunca le dejaron asumir y ejercer), lo cual demuestra que la dura batalla política que había desencadenado el intento de reelección de Cartes y Lugo hace un año todavía no se ha acabado.

La analista política Estela Ruiz Díaz señaló (Última Hora, 15-IV-18) que “esta decisión (de la Corte Suprema de Justicia) alteró la última semana de la campaña. Cartes está testeando el clima electoral para decidir si renuncia en junio o cumple su mandato y asume la senaduría activa el 16 de agosto. El domingo se aclarará el panorama. Si la ANR (Partido Colorado) y sus satélites logran una mayoría cómoda en el Senado para permitir su juramento, irá hasta el final de su mandato, pero si se cumplen los vaticinios de las encuestas que anuncian pérdida de bancas del partido de gobierno, renunciará al cargo para jurar el 30 de junio con los otros 44 (senadores de la Cámara alta). Sin embargo, esto tampoco será fácil, ya que Fernando Lugo, presidente del Senado y ante quien deben jurar los electos, anunció que no tomará juramento a Cartes, Afara y Nicanor”.

Una vez más, el panorama de la política paraguaya no dependerá tanto de lo que dicen las leyes, sino de cómo se las interpreta según la conveniencia de los grupos dominantes, y cuál será la reacción que esto provoque en la ciudadanía, que en vísperas de los comicios permanece muy apática.

Cambios monocromos

“Es la campaña más triste que he visto. No hay ningún entusiasmo, parece que el 22 de abril no vamos a votar; vamos a ir al doctor, a una visita obligatoria a un análisis rectal y tenemos que hacerla. Nos va a molestar, pero lo tenemos que hacer”, comentó el analista político Marcello Lacchi en una columna del diario paraguayo Abc Color al retratar la poca pasión que han despertado las diversas candidaturas.

El columnista político e investigador de derechos humanos Alfredo Boccia coincidió con su colega (Última Hora, 7-IV-18): “Los dos candidatos principales no se caracterizan por ser magnéticamente carismáticos o por deslumbrar con una oratoria envolvente. Se han difuminado las polarizaciones. Hay tanta policromía entre los corruptos y mentecatos, tanta amnesia entre los desleales de ayer y los aliados de hoy, tanto desencanto entre aquellos que parecían confiables y defraudaron, que no sorprende la apatía ciudadana. Da la impresión de que el 22 de abril, el sillón (presidencial) de los López cambiará de inquilino, pero el poder no cambiará de dueño. La supremacía fáctica nacional –los grupos empresariales enriquecidos gracias a sus negocios con el Estado, la oligarquía ganadera y sojera, y los zares del tráfico fronterizo- está contenta”.

En la confrontación de los principales candidatos parece haber, de nuevo, simplemente dos colores: colorado versus azul, aunque en las filas de la oposición se intente mostrar una imagen de arco iris.

Más aun, Marito y Alegre han evitado ir a debates televisados que impliquen alguna confrontación de ideas o algo parecido que los arranque del libreto estrictamente preparado por sus asesores. El único gran debate mediático en el que aceptaron confrontar fue en el promovido el domingo 15 de abril por el grupo empresarial Desarrollo en Democracia, en donde no se admitieron posibilidades de interpelarse unos a otros, ni se pudieron profundizar temas candentes, como la reforma agraria, el narcotráfico, el crimen organizado, la discriminación hacia la comunidad Lgtbi, entre otras cuestiones. Se notaron las grandes carencias programáticas y la falta de capacidad para improvisar sin libreto, principalmente del candidato colorado.

Prohibido girar a la izquierda

Si hay algo que distingue a ambos contendientes es el discurso marcadamente de derecha en que acabaron coincidiendo, para ponerse a tono con la fuerte ola de conservadurismo que ha impregnado a una gran mayoría de la sociedad paraguaya, luego del derrocamiento del gobierno de Lugo, cuando se empezaron a borrar los pocos avances que se habían logrado, tras incorporar nuevos conceptos de educación sexual y actitudes contra la discriminación en los programas pedagógicos.

La ofensiva conservadora de los llamados grupos “provida”, capitaneados por sectores de la aún influyente Iglesia Católica, condiciona fuertemente a los actuales candidatos. Los grupos de presión habían obligado al gobierno de Cartes a borrar la palabra “género” de los textos del Ministerio de Educación y estuvieron a punto de hacer desaparecer al propio Ministerio de la Mujer por su afán de utilizar dicha palabra.

A pesar de provenir de una familia “disfuncional”, en que su padre tuvo varias uniones de hecho, y de que él mismo se divorció y volvió a casarse, el candidato colorado asumió desde un primer momento una fuerte defensa de la familia monógama y repitió incontables veces que vetará cualquier proyecto de ley a favor del aborto y del matrimonio igualitario.

Su adversario, Efraín Alegre, aunque siempre se manifestó en contra de la unión de personas del mismo sexo, intentó marcar una diferencia en diciembre último, cuando expresó en un posteo en su cuenta de Twitter: “Yo creo en el matrimonio entre el hombre y la mujer, como lo dice nuestra Constitución, pero eso no significa que desconozca una realidad, y me comprometo en crear una solución para encontrar una figura jurídica que proteja el patrimonio de las parejas”.

Eso fue suficiente para que los sectores conservadores lo catalogaran de “progay” y “proaborto” con tanta virulencia que el candidato Alegre, temeroso de perder los votos conservadores, se vio obligado a firmar una declaración pública en la que se comprometió –en el caso de ser electo presidente– a “respetar, proteger, defender y promocionar la vida, desde la concepción hasta la muerte; la familia, conformada por el hombre, la mujer y los hijos…”, marcando una ruptura con sus aliados de izquierda, celosos defensores del aborto y el matrimonio igualitario.

“No se sabe si (Alegre) recuperó la confianza de algunos votantes, lo claro es que se alejó de una postura histórica del Frente Guasu y de los votantes progresistas”, indicó Ruiz Díaz.

Con respecto a las promesas electorales del candidato colorado, la analista sostuvo que Abdo Benítez “no planteó novedades ni propuestas disruptivas, dando a entender que seguirá la senda marcada por Horacio Cartes y otros gobiernos colorados. En la campaña interna fue más abierto, con un fuerte mensaje sobre la institucionalidad y la lucha contra la corrupción, pero apenas ganó se metió en el caparazón partidario y su mensaje apunta solamente al electorado republicano”.

Diez candidatos y ninguna mujer

Aunque Marito y Alegre polarizan las opciones electorales, en realidad son diez los candidatos que disputan la presidencia de la República, sólo que los ocho restantes ni siquiera aparecen en las encuestas. En su mayoría provienen de movimientos y partidos no tradicionales, creados en los últimos meses tan sólo para sostener candidaturas principalmente personalistas, entre ellas las de un militar retirado, un viejo caudillo stronista que ahora fundó un partido verde, un músico cantautor popular, un economista veterano y hasta un odontólogo barrial. Lo llamativo es que todos son hombres y entre ellos no hay ninguna mujer, en un momento en que se discute en el Congreso paraguayo un proyecto de ley de paridad que establece que las listas electorales deban incluir mitad hombres y mitad mujeres.
La mayoría de los partidos que en su momento se disputaron la posibilidad de ser la tercera fuerza política en el país no han presentado candidaturas a la presidencia, aunque sí a los demás cargos electivos.

Algunos grupos de izquierda que no forman parte de la alianza Ganar, como la plataforma feminista Kuña Pyrenda, han decidido presentar sus propias candidaturas al Congreso. Su principal referente, la líder feminista Lilian Soto, ex ministra de la Función Pública, apunta a llegar por primera vez al Senado.

Otra fuerza de consideración, el partido Paraguay Pyahura, brazo político de la poderosa Federación Nacional Campesina, ha decidido una vez más no presentarse a elecciones, por considerar que en estos comicios no existen verdaderas opciones que favorezcan al sector popular, y llama a sus afiliados y simpatizantes a anular su voto.

Un país “demasiado igual”

Gane quien gane el domingo, el próximo gobierno seguirá siendo marcadamente conservador y sin muchas sorpresas, aunque una eventual victoria de Efraín Alegre le daría al devaluado proceso democrático paraguayo la necesaria alternancia que hasta ahora casi no se ha dado durante cerca de un siglo de historia.

Desde que el Partido Colorado llegó al gobierno en 1947, solamente en una oportunidad pudo ser desalojado del poder, en 2008, tras la victoria electoral del ex obispo Fernando Lugo, al frente de una alianza entre el Partido Liberal y los partidos de izquierda, pero no pudo llegar a concluir su mandato debido a que los liberales le retiraron su apoyo y se aliaron con los colorados para hacerle un juicio político, también considerado golpe parlamentario, en junio de 2012. El período tuvo que ser completado por el vicepresidente, el liberal Federico Franco, con un período de gran inestabilidad y con muchas denuncias de corrupción, posibilitando el retorno del Partido Colorado al gobierno, de la mano del magnate Horacio Cartes, en 2013.

En su análisis sobre el largo proceso de la transición tras el stronismo, que desemboca en estas elecciones, Alfredo Boccia sostuvo que a los controladores del poder “el sistema democrático paraguayo les resultó más funcional que la dictadura. Han logrado disciplinar a un electorado desquiciado por la desesperanza que, en masoquistas y resignadas filas, marchará a votar por aquellos que les han negado siempre la plena calidad humana. Los que siempre los han dejado sin hospitales, escuelas ni sueños. Vislumbro un país demasiado igual. Lo que paraguayamente significa demasiado desigual”.


La muerte y la impunidad llegan juntas



“Lo más importante para nosotros es que Ríos Montt se murió en manos de la justicia, o sea, huyendo de la justicia. Y logramos la sentencia y la desclasificación de los documentos militares y ese es un paso muy importante”, afirma Antonio Caba, sobreviviente de la masacre de la aldea Ilom, en Chajul, Quiché. Tenía once años cuando el Ejército arrasó con todo. Años más tarde, encontró en una exhumación los restos de sus familiares. Vio sus huesos, reconoció la ropa, recordó el dolor del pasado y cuando los volvió a enterrar sintió la necesidad de justicia. Sus palabras contrastan con las de Zury Ríos, la hija del general, que afirma a voz en grito: “Murió libre y está libre”.

El general por antonomasia se marcha sin honores de Estado, en un acto íntimo, aunque acompañado por una amplia representación militar, que se celebra en el cementerio de La Villa Guadalupe, en la zona 14 de la capital de Guatemala. Sus familiares declinaron trasladar el cuerpo al Palacio Legislativo “para evitar todo tipo de confrontación”, según su abogado, Jaime Hernández, que repite una idea: “no fue declarado genocida”.

“Que todos recuerden que se fue libre y que está libre”. La frase de Zury Ríos es la más aplaudida durante el sepelio del General. Viene acompañada de un “amén” en coro. Aplausos y más aplausos. El mensaje será repetido por compañeros de armas y fieles, reunidos para darle sepultura. Aun pronunciada por una hija en duelo, la frase tiene mucho de declaración política y reivindicación de un legado.

El deceso de Efraín Ríos Montt, exjefe de facto de 1982 a 1983, era algo que temían las víctimas del conflicto armado: el final indeseado para un proceso penal que empezó en 2012, y desembocó en una condena a 80 años de prisión en contra del ex militar, anulada poco después por la Corte de Constitucionalidad, que ordenó repetir el proceso.

Hubo que esperar cuatro años para que se reiniciaran las audiencias.
Desde que en 2015 lo declararan mentalmente incapaz, se preveía que el juicio por genocidio al pueblo ixil y el inicio del debate por la masacre de 178 pobladores, niños y adultos, en la aldea Dos Erres, en La Libertad Petén, no iban a llegar a sentencia firme. El primer proceso avanzaba a cuenta gotas. En octubre pasado, los testigos que sobrevivieron al retraso judicial empezaron a viajar desde el triángulo ixil hasta la capital para rendir testimonio. Pero ya no estaba Ríos Montt para escuchar los relatos. El juicio era en ausencia del acusado. En el segundo caso, los recursos legales bloquearon el avance.

El Código Penal establece que la persecución penal se extingue con la muerte del acusado. El consuelo en el que se refugian algunas víctimas, es que a Ríos Montt la muerte lo encontró en manos de la justicia. La casa en la que falleció era su prisión desde hace cinco años. Ahí se recluyó cuando la Corte de Constitucionalidad anuló su condena y lo rescató. Oculto, enfermo, alejado, y procesado.

La sentencia que no se puede borrar

El 10 de mayo de 2013 es una fecha imborrable para quienes buscan justicia por los hechos cometidos en el conflicto armado interno. Ese día a Efraín Ríos Montt se le sentenció por la muerte de 1,700 mayas ixiles, habitantes de Nebaj, Cotzal y Chajul, municipios que sufrieron la embestida militar en contra de la guerrilla.
“Fueron considerados como enemigos”, repetían los peritos, los fiscales, los querellantes. Población civil, pobre, reprimida, obligada a reubicarse en aldeas modelo o a ser perseguidos como guerrilleros. La muerte no les llegó solo por las armas, porque el enfrentamiento no solo ocurrió en combate. Los registros indican que además de ataques directos, adultos y niños murieron por hambre y enfermedades en su intento de huída.

Antonio Caba fue parte del grupo –liderado por Rigoberta Menchú– que acudió a la Audiencia Nacional Española en 2000 para buscar justicia, porque en Guatemala Ríos Montt era poderoso. Fue presidente del Congreso de 2000 a 2004. Fue diputado hasta 2012, cuando perdió la inmunidad y pudo ser enjuiciado.

A Caba le sabe amarga la muerte de Ríos Montt. “Esto significa mantener la impunidad en Guatemala, porque como sabemos los poderes económicos y políticos y la jerarquía militar son dueños del sistema de justicia. La justicia no es del pueblo", asevera, "sino es de un grupo”.
Víctimas del conflicto armado celebraban en 2013 la condena




 / Fotografía Archivo

Aunque ya no podrán ver cómo se juzga a Ríos Montt, continúa el juicio en contra de José Rodríguez Sánchez, el exjefe de inteligencia militar durante el gobierno de facto de Ríos Montt. Contra él pesan los mismos cargos, aunque en 2013 fue absuelto de los señalamientos.
Rodríguez Sánchez pasó casi desapercibido en aquella oportunidad, porque el foco de atención fue Ríos Montt. Sin embargo, ahora que su proceso se lleva por separado, de forma oral y pública, la fiscalía ha reenfocado su estrategia de acusación. Con la lectura de los documentos militares (Victoria 82, Firmeza 83 y el Plan Sofía) tratan de evidenciar la teoría de que la información que trasladaba este general retirado fue fundamental para que el Ejército planificara su estrategia de ataque a la población civil.

El fiscal Erick de León, jefe de la fiscalía que conoce los delitos ocurridos durante el conflicto armado interno, explica que el caso por genocidio es un capítulo de la historia que queda abierto.

Aunque ellos se enfocaron en juzgar sólo a la alta jerarquía militar que gobernó durante los años en que ocurrieron las masacres, queda mucho por investigar. “Habría que ver quiénes quedan vivos. Hay comandantes de las fuerzas de tarea, jefes de las zonas militares, autores materiales”, describe. Una lista de personas que van desde Ríos Montt hacia abajo, incluso quien disparó el arma. Pero abrir un nuevo proceso no es tarea sencilla. La fiscalía está enfocada ahora en el actual. Un nuevo caso no se vislumbra en el futuro inmediato.

Haydeé Valey, asesora legal de Impunity Watch, recuerda que Ríos Montt no es el único alto mando del Ejército en librarse de las acusaciones. Antes fallecieron Héctor Mario López Fuentes, quien fungió como Jefe del Estado Mayor General del Ejército; y Óscar Humberto Mejía Víctores, quien ocupó el cargo de Ministro de la Defensa. Solo queda pendiente Luis Enrique Mendoza, encargado de operaciones militares, que está prófugo.

“En el proceso actual ya no se puede vincular a otra persona, a menos que se inicie un nuevo juicio”, explica.

La abogada Valey, sin embargo, hace una reflexión jurídica en relación a lo que ocurrió con Ríos Montt. “Lo que se atacó (por la defensa de Ríos Montt ante la CC) fue la forma del proceso, no el fondo. Con la sentencia (de 2013) está probado que había una responsabilidad. El fondo sigue siendo mismo, lo que se esperaba es que este (nuevo juicio) culminara nuevamente con una sentencia condenatoria y bajo esa claridad ellos (las víctimas) estaban dispuestas a testificar las veces que fuera para que su verdad se escuchara”. Ante la falta de una nueva sentencia, para ellos, asegura Valey, la de 2013 es la que persiste.

Un funeral express

Mientras allegados y uniformados loaban la vida del General con su cuerpo en un ataúd cubierto por la bandera de Guatemala, decenas de personas, llamadas por la asociación H.I.J.O.S. de familiares de detenidos y desaparecidos, se concentraban en el parque central de la capital reivindicando que “sí hubo genocidio” y que el finado fue uno de sus principales responsables.

“Da mucha rabia el hecho de que este personaje que ya fue condenado por genocidio haya muerto plácidamente en su casa, beneficiado por la impunidad que impera en este país. Se sigue permitiendo que los militares sigan gozando de medidas sustitutivas. Mientras Ríos Montt fue enterrado por sus familiares, existen miles de personas y comunidades que siguen buscando a sus muertos”, dice Raúl Nájera, integrante de H.I.J.O.S.

En la misma línea habla Paulo René Estrada Velásquez, hijo de Otto René Estrada Illescas, desaparecido en 1984, cuando Ríos Montt ya había sido depuesto por Óscar Humberto Mejía Vítores. No conoció a su padre, ya que tenía apenas un año cuando los militares lo capturaron. “Es muy injusto que se le pretenda poner como el gran líder, el gran santo”, dice. “El ejército mantiene pensamientos y acciones contrainsurgentes, a pesar de que no hay guerra”.


/ Fotografía Simone Dalmasso

El general falleció a las 6 de la mañana, en su cama, a causa de un infarto, según su médico, Mario Bolaño. Para el mediodía el cuerpo era velado por allegados e incondicionales. Poca gente hablaba en el exterior del domicilio de Ríos Montt. Luis Rosales, abogado de la familia, aseguraba que murió con la “conciencia sana” y negando la existencia de un genocidio; su letrado, Jaime Hernández, exaltaba sus virtudes militares y reivindicaba que “nunca fue derrotado por la izquierda”; su médico, que se limitaba a explicar los pormenores del deceso, y Ricardo Méndez Ruiz, presidente de la Fundación Contra el Terrorismo, que describía al militar como un “líder irrepetible” que permitió a Guatemala hacer frente a “una agresión marxista dirigida desde el extranjero”.

No todos conocían la noticia del fallecimiento del exdictador. Los propios vecinos de Ríos Montt se enteraban al ver al grupo de periodistas apostado junto a su casa. Javier González es uno de ellos. Vivía casi pared con pared con el exmilitar, aunque se mudó recientemente, por lo que no tenía relación. “Se fue una de las grandes personas de Guatemala”, dice. “Ya no le podrán hacer juicio”, dice con una sonrisa entre dientes, para añadir, al ser preguntado por los crímenes que se imputaban al militar, que “una guerra es una guerra”, y que “nadie ha juzgado a la izquierda”.

A las 15:12 exactamente se escuchan aplausos desde el interior del domicilio. El carro fúnebre que trasladará los restos del dictador ya se encuentra dentro de la vivienda. Seis policías motorizados de la Municipalidad aguardan para abrir paso a la comitiva.

El traslado del cuerpo desde el domicilio familiar al cementerio La Villa de Guadalupe simboliza las prisas con las que Ríos Montt tuvo sus exequias. Por delante, los agentes permitiendo saltarse los semáforos en rojo. Por detrás, una comitiva formada, en su mayor parte, por periodistas, que trataban de no atropellarse unos a otros mientras tomaban las imágenes del vehículo. Al paso del carro fúnebre lo saluda, como mucho, una decena de personas dispersas por el camino.

En el cementerio la presencia militar evidencia que los uniformados despedían a uno de los suyos, y con honores. “General de generales”, lo calificará su hija. En el trayecto que une la entrada al camposanto con el lugar donde se ubica el nicho en el que Ríos Montt será enterrado, hileras de soldados se forman para dar un último adiós castrense. Realizando el saludo militar, hacen el pasillo miembros de la primera y tercera Compañía y de la Compañía de Reconocimiento. También integrantes de la Policía Nacional Civil y de la Policía Militar. Entre ellos pasará el ataúd, entre gritos de “¡viva el General Ríos Montt!” y “¡gracias, General!”

Frente al nicho se ha colocado un toldo y unas sillas para los familiares. El perímetro lo vigilan policías militares. No habrá más de 200 personas.

Lo que viene a continuación es una sucesión de discursos de reivindicación de su papel político y militar. Alabanzas al golpe de Estado de 1983. Defensa a ultranza de todo su mandato y un toque religioso, muy del gusto del militar fallecido, que se caracterizó por la ostentación de su credo evangélico. No faltaron las referencias al domingo de Resurrección, fecha en el que el cristianismo celebra la ascensión de Jesucristo a los cielos y, precisamente, el día en el que el General falleció. También, y esto es importante, declaraciones destinadas a exculparle de las acusaciones de genocidio.

Además de Zury Ríos, hablarán varios compañeros de armas y fieles a la obra del dictador. Estas fueron algunas de las frases escuchadas:
“Gracias a Dios, el general se hizo cargo de la estrategia política, económica y militar. Será ejemplo de no haber dejado entrar al comunismo. En Guatemala amamos a Dios, estamos en contra de las teorías que no aman a Dios”.

“Yo de él nunca recibí una instrucción fuera de la Constitución”. “Si hubiese habido más tiempo, todo esto estaría lleno, vendrían del Oriente, del interior, porque saben lo que hizo por el país”.

Turno para las salvas. Primer batallón. Segundo batallón. Tercer batallón.  El sonido metálico de los fusiles.

“Cuando Ríos Montt cobró el primer cheque de presidente me dijo que no vino a cobrar salarios sino a servir y lo entregó al fondo común. A 36 años del movimiento del 23 de marzo recordamos que dignificó el país, recuperó las instituciones y la dignidad, que estaban a punto de ser tomadas por la guerrilla comunista. No eran solo 60.000 combatientes, también millón y medio de civiles, de fuerzas irregulares. ¿Por qué la guerrilla no tomó el país? Porque ustedes, los oficiales jóvenes, dieron el golpe de Estado y pusieron al general Ríos Montt”.

Terminan las exequias.

“Ni en la muerte lo vencieron”, grita alguien. Los asistentes desfilan ante la familia y le dan el pésame. Zury Ríos recibe la bandera de Guatemala que cubría el ataúd de su padre. Solo están los más allegados. Nada de grandes pompas fúnebres características de los antiguos jefes de Estado. “Querían evitar cualquier tipo de confrontación”, reitera Jaime Hernández, su abogado.

Gracias a un golpe de Estado Ríos Montt gobernó Guatemala durante 17 meses y, como resultado de los crímenes de guerra cometidos bajo su mando, encaró dos procesos por genocidio que se extendieron casi cuatro veces la duración de su ejercicio como jefe de Estado. Doce horas después de morir, el General de generales, como le llamó su hija, ya había sido enterrado.

La Ciudad en la nueva economía


Por: Guillermo Castro H.

La nueva economía, nos decía Manuel Castells en el año 2000 es aquella que emerge la transformación tecnológica y organizativa. La estructura fundamental de esa economía consiste en una red planetaria de ciudades que articulan regiones económicas estrechamente vinculadas entre sí mediante flujos constantes de inversiones, bienes, servicios y personas. [1]

Para Castells, esa economía se caracteriza por tres rasgos fundamentales. Primero, es una economía “centrada en el conocimiento y en la información” como bases de producción, de productividad y de la competitividad, “tanto para empresas como para regiones, ciudades y países.” Enseguida, “es una economía global”, cuyas actividades “funcionan cómo una unidad en tiempo real” en la producción y la gestión de bienes y servicios “a nivel planetario”. Por último, se trata de una economía que funciona “en redes descentralizadas dentro de la empresa, en redes entre empresas, y en redes entre las empresas y sus redes de pequeñas y medias empresas subsidiarias”, lo cual le proporciona “una extraordinaria flexibilidad y adaptabilidad.”

     En esa perspectiva, dice Castells, Internet no es una tecnología sino “una forma de organización de la actividad. El equivalente de Internet en la era industrial es la fábrica: lo que era la fábrica en la gran organización en la era industrial, es Internet en la Era de la Información.” Por eso, la nueva economía es la de las empresas que organizan su actividad en el marco de la red de relaciones que Internet hace posible. Y en esa economía, las ciudades desempeñan un papel decisivo.

Ellas, en efecto, acogen los nuevos procesos de generación de riqueza, y proveen la capacidad social de corregir los efectos desintegradores de una economía de redes sin referencia a valores sociales como la conservación de la naturaleza o la identidad cultural. En esta economía, las ciudades se constituyen en medios de innovación tecnológica y empresarial por la sinergia que generan, y su capacidad para atraer los dos elementos claves del sistema de innovación: capital de riesgo, y personas con conocimiento, ideas e iniciativa.

Contar con personas así demanda una educación capaz de producir gente con autonomía de pensamiento, iniciativa y capacidad de aprender a lo largo de sus vidas. Requiere además servicios públicos que funcionen, y sobre todo la calidad de vida que atrae y retiene a la gente adecuada. A eso aspira, justamente, la Ciudad.

De este modo, concluye Castells, en la Era de la Información las ciudades son “medios productores de innovación y de riqueza”, capaces de “integrar la tecnología, la sociedad y la calidad de vida en un sistema interactivo,… que produzca un círculo virtuoso de mejora, no sólo de la economía y de la tecnología, sino de la sociedad y de la cultura.” Esa conclusión coincidió, en el año 2000, con el punto de partida de la Ciudad. Pocas coincidencias han sido tan poco casuales, ni tan afortunadas.

Ciudad del Saber, Panamá, 4 de mayo de 2018





[1] “La ciudad de la nueva economía”, www.lafactoriaweb.com


¡NO A LA REELECCION!

Por Miguel Antonio Bernal
23 de abril de 2018 El Siglo 

El país nacional, especialmente entre los jóvenes, parece despertar para su combate cívico contra el país secuestrado por la politiquería y las cúpulas de la partidocracia.

Ese despertar viene dado por una serie de acciones ciudadanas que han comenzado a dar los primeros pasos para tener como común denominador el rechazo rotundo a cualquier pretensión reeleccionista, venga de donde venga.

El NO A LA REELECCIÓN comienza a cobrar fuerza como una herramienta ciudadana, para combatir una práctica que ha destruído el funcionamiento normal y democrático de las instituciones. Gracias a la reelección -de diputados, alcaldes y representantes de corregimiento-, la corrupción, el autoritarismo y la impunidad se han elevado a alturas impensables que impiden a nuestra sociedad cumplir con las tareas básicas para echar los cimientos de un Estado Constitucional Democrático.

Los partidos políticos se esclerosan, más y más. No han sido capaces de ajustarse a los transformaciones del mundo moderno y han preferido refugiarse en el gatopardismo: el cambio para que nada cambie. El Tribunal Electoral, por su parte, a través de sus magistrados, convertidos en perros guardianes de la partidocracia y enemigos declarados de la participación ciudadana en los espacios electorales, ha montado toda toda una telaraña y laberintos para que le reelección sea aceptada como un logro de la democracia.

La Universidad de Panamá, dónde se debia aquilatar el cultivo del conocimiento y de la inteligencia, la tenemos como ejemplo vivo de las nefastas consecuencias de la reelección de sus autoridades, Y, aún así, no faltan quienes buscan en otros claustros universitarios introducir el ese síndrome de deficiencia académica, que acarrea la reelección.

La ciudadanía, desconocedora de sus derechos y responsabilidades como poder ciudadano, balbucea -con temor aún- su sentimiento de la necesidad de un cambio, de una transformación, de un revolcón que le ponga un alto a la reelección y a su corrupción.

Retomemos el aliento ciudadano y avancemos hacia un movimiento antireelecconista, cómo un preámbulo vivo de un proceso constituyente para el empoderamiento de los ciudadanos. Con dignidad y con visión: No hay que permitir la reelección!