ALIANZA CIUDADANA PRO JUSTICIA Y ASAMBLEA DE ACCIÓN
CIUDADANA
COMUNICADO SOBRE JUSTICIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
El Órgano Judicial, como piedra angular del
Estado Constitucional de Derecho, es la primera institución llamada a luchar
contra la corrupción. Es por ello, que en los casos de mega corrupción que hoy
se investigan en el país -y principalmente el de Odebrecht- lo menos que se
espera es un Órgano Judicial dispuesto a colaborar para que las investigaciones
concluyan en debida forma y que las Instituciones encargadas de investigar este
tipo de delitos de alta complejidad dispongan del tiempo y de las autorizaciones
para el acceso a información bancaria.
La Convención de las Naciones Unidas contra la
Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia
Organizada Transnacional les asignan compromisos a los Estados en la lucha
contra estos flagelos, compromisos que también adquieren los poderes judiciales
de cada país. Ambas convenciones hacen referencia a la cooperación
nacional e internacional que debe existir para perseguir y juzgar estos
delitos.
La Convención contra la Corrupción establece
claramente en su artículo 30 que los poderes judiciales deben -de conformidad
con su derecho interno- asegurarse de garantizar la comparecencia de los
acusados durante todo el proceso, por lo que los jueces de la República deben
revisar la necesidad o conveniencia de cada detención preventiva sin limitar la
investigación. La Convención contra la corrupción también establece que debe
existir cooperación entre los organismos nacionales encargados de investigar y enjuiciar
estos delitos para lograr toda la información necesaria.
No entendemos cómo los jueces de la República
de Panamá y los Tribunales de justicia se niegan a colaborar para que se puedan
realizar las investigaciones de cuentas bancarias de personas vinculadas a
delitos graves de corrupción y blanqueo de capitales y tampoco entendemos cómo
los jueces de la República establecen términos estrictos a la investigación en
el caso de ordenarse una detención, cuando se trata de procesos de alta
complejidad con personas de gran poder adquisitivo que pueden evadirse de la
acción de la justicia.
En estos momentos, varios procesos penales por
mega corrupción han sido afectados por personas que siguen prófugas de la
justicia, como lo son el caso del expresidente de la República y otros de su
círculo cero. Los jueces de la República no pueden desconocer o darle la
espalda a esta realidad que está afectando la investigación y enjuiciamientos
de estos graves delitos.
En Panamá existe la Ley 121 del diciembre de
2013 sobre Crimen organizado y delitos complejos, que establece que ese límite
puede ser mayor y que puede ser revisado cuantas veces sea necesario como
lo contempla el artículo 8 de esta Ley. Por lo tanto, los jueces y
tribunales panameños no pueden tratar casos de tan alta complejidad
fundamentándose en el Código Judicial donde se establece límite de dos meses
luego de la detención provisional para concluir el sumario.
Es inaceptable que en la reciente decisión del
Juzgado duodécimo de circuito penal, en el caso Odebrecht, el juez no quiera
extender el tiempo de una investigación aún a sabiendas que hubo una
acumulación de procesos, lo que hace aún más compleja esta investigación que
llega en este momento a los 300 tomos. Además, no se toma en cuenta que existe
en el mismo proceso un Amparo de Garantías Constitucionales en contra de la
orden de la Fiscalía Especial Anticorrupción donde se solicita información de
cuentas bancarias de los hijos del expresidente Martinelli, que tiene más de
seis meses sin ser resuelto.
Mientras el Órgano Judicial establece límites a
las investigaciones de las Fiscalías especializadas en casos complejos, lo
sorprendente es como pasan los meses y en 17 de los 20 casos de corrupción, a
los que damos seguimiento, se ha concluido la investigación desde hace más de
15 meses y los procesos siguen esperando fecha de audiencia preliminar.
Finalmente, un juez debe ser neutral pero no
indiferente ante la lucha contra la corrupción. Necesitamos jueces conscientes
de la gravedad de los delitos que investigan y del impacto que estos tienen
para la sociedad. El país necesita Fiscales y Jueces de la República que
demuestren un compromiso claro contra la corrupción.
Como lo hemos dicho en otras ocasiones
esperamos que el Ministerio Público actúe con transparencia, informe a la
ciudadanía sobre los avances en las investigaciones e informe al más alto nivel
del Órgano Judicial y la Comisión de Estado por la Justicia los obstáculos y
dificultades normativas que se tienen para la investigación y juzgamiento de
los delitos de corrupción y crimen organizado. No nos parece que las
conferencias de prensa alarmando a la población sea el medio más idóneo y
apropiado.
Frente a la desconfianza ciudadana que existe
en las instituciones de justicia, nuestra petición sigue siendo: “COMISIÓN
INTERNACIONAL CONTRA LA IMPUNIDAD”
Panamá, 31 de octubre de 2017
