Vivaldi: Ottone in Villa

Composer: Antonio Vivaldi
Artists: L’Arte dell’Arco, Federico Guglielmo (conductor)

Antonio Vivaldi’s fame as an opera composer is due in now small part to his incredible industry. He composed around 50 operas, and of these around 16 have survived complete – several substantial fragments of others have also survived. However, it is for his instrumental music that he remains one of the major baroque composers – on a par with Handel and J.S. Bach.
However, in the world of opera at the time, only one other composer rivalled Vivaldi in the use of orchestral colour and the way in which the human voice was blended with the accompaniment.

The writing for voice generally is on a very high level. The rival was of course Handel, and Vivaldi also was a considerable impressario as was his German/British colleague.

Ottone in Villa (Otto in the Country) was his first opera, composed and premiered in 1713, when he was already famed as Italy’s foremost violinist and composer of concertos.

The story concerns Cleonilla, the mistress of the Roman emperor Ottone, and a young man Caio who courts her much to the distress and horror of his lover Tullia. The music is sensual and erotic rather than heroic, with lovely depictions of breezes and wild brooks from the orchestra.

https://youtu.be/xtP1ZYnstcw

El negocio del litio, el oro blanco de la nueva era energética

Alejandro Tena

www.publico.es / 201119

El metal blanquecino es imprescindible para la elaboración de baterías y sistemas de almacenamiento de energía en el sector de las renovables. Bolivia presenta una de las mayores reservas del planeta, lo que ha llevado a algunos analistas a señalar a este elemento como uno de los detonantes del golpe de Estado contra Evo Morales. Pero, ¿hasta qué punto una materia vinculada al crecimiento verde puede desestabilizar economías?

En los tiempos modernos, el petróleo se ha erigido como uno de los principales motores de la economía mundial, llegando, incluso, a generar crisis contundentes en el seno de los países desarrollados durante algunos momentos del siglo XX. Sin embargo, ese líquido negro que, entre otras cosas, llena los tanques de los vehículos, parece acercarse a su ocaso. Quizá, porque las reservas mundiales van encaminadas a su agotamiento. Quizá, también, porque la crisis climática ha abierto un espacio de transición energética que transforma los escenarios de inversión tradicionales. En ese sentido, el litio se ha presentado como uno de los elementos más emergentes de los últimos tiempos, ya que su uso es imprescindible para el desarrollo de baterías eléctricas y para la creación de infraestructuras de almacenamiento energético en el sector de las renovables.

No se puede afirmar que el litio sea o vaya a ser un elemento que concentre las mismas disputas geopolíticas que durante décadas han rodeado al petróleo y otros combustibles fósiles como el gas. No obstante, este oro blanquecino sí que es un elemento de interés para multitud de industrias que buscan mantener su estabilidad económica en un escenario de descarbonización y crecimiento verde. El impacto social, medioambiental y económico, en cualquiera de los casos, “depende del lugar donde se extraiga”, expone Gonzalo Escribano, investigador principal y director del programa de Cambio Climático y Energía del Real Instituto Elcano, que enfatiza las diferencias que puede haber entre explotaciones situadas, “por ejemplo, en Mongolia o Australia”. “No es lo mismo la extracción que la construcción de la batería o el reciclaje de la misma. La cadena de valor del litio es muy amplia y compleja”, apostilla el experto.

El impacto ambiental, asimismo, depende del modo en el que se consigue el recurso. Hasta el momento existen dos formas: la excavación en roca, algo más tradicional, y, por otro lado, el proceso de evaporación del agua de las salmueras, que consiste en bombear el agua mineral subterránea hasta la superficie, donde se evapora al sol dejando al descubierto, tras un proceso químico, el carbonato de litio. Esta última modalidad es la más extendida y apenas guarda impactos directos con el entorno, más allá del uso del agua. “La mayoría del litio se encuentra en capas superficiales de la corteza. Se piensa que puede provenir del impacto de meteoritos en la Tierra, por lo que se encuentra en los primeros estratos, aunque de una forma muy dispersa y diseminada”, detalla Antonio Turiel, científico titular del CSIC y autor del blog sobre recursos y energía The Crash Oil.

Elena Solís, responsable de la campaña de minas de Ecologistas en Acción, denuncia el problema que este último tipo de explotaciones guarda en relación a los usos del agua, ya que la producción se lleva buena parte de los recursos, en contra de los intereses de las economías agropecuarias. Esto es algo que se puede ver en el proyecto extractivista que se está planteando en Cáceres (España), que, según la activista medioambientalista, desatará disputas relacionadas con el acceso al agua entre los productores de vino y quesos de la zona. Esto es algo que ya se puede observar en ciertas partes del mundo como Chile, explica Escribano: “En el desierto de Atacama no se han detectado prácticas de explotación infantil, ni vulneración de derechos, pero sí problemas relacionados con el acceso al agua de las poblaciones de la zona y comunidades de pastoreo”, manifiesta Escribano.

Por lo que se refiere a los ritmos industriales, Turiel argumenta que “hay limitaciones en la cantidad de producción de litio al año” debido a la lentitud de su extracción, que requiere de al menos seis meses al sol para su evaporación. Además, el investigador detalla que el tamaño de las reservas no da para fabricar las baterías de todos los coches eléctricos que se desean desde el sector de la automoción. “Si acaso, se podrían crear unos cientos de miles de baterías nuevas, una cifra muy pequeña si se tiene en cuenta que en la actualidad hay cerca de 1.200 millones de coches en el mundo”, advierte.

La lucha por el agua plantea dudas sobre la minería de litio en Chile./ REUTERS

Quién manda sobre el litio

Hoy día, las principales reservas se encuentran en tres países del cono sur americano que conforman un triángulo estratégico, Chile, Bolivia y Argentina, así como en Australia y China. Según los datos del Observatory of Economic Complexity (OEC), Chile es el principal exportador de este recurso, seguido de Argentina y Luxemburgo?. Los principales importadores, por su parte, son China, Japón y Corea del Sur, países con grandes inversiones en la industria tecnológica.

No obstante, las implicaciones geopolíticas que puede tener el litio distan mucho a las que han podido caracterizar al petróleo y el gas. “Aunque la mayor parte se produzca en esos países latinoamericanos, las compañías que los extraen son occidentales. Es decir, no hay un control nacional sobre los recursos que pueda generar grandes conflictos económicos”, opina escribano. Además, “el litio representa un pequeño porcentaje de la masa económica de los materiales en las baterías”, tal y como destaca un trabajo científico de los profesores Luis de la Torre Palacios y J. Antonio Espí.

Para Turiel, otorgar al litio un papel determinante en el conflicto boliviano es “un poco estúpido” (insulto gratuito), ya que el tipo de producción que se halla en el país latinoamericano requiere de procesos químicos de separación de magnesio que no están muy desarrollados a gran escala y que son muy costosos. “El nivel comercial del litio boliviano es muy bajo”, señala el experto del CSIC, que subraya las difíciles condiciones meteorológicas del entorno para su extracción respecto a las de Chile o Argentina.

En cualquier caso, hay personalidades internacionales, como el expresidente de Uruguay, José Mújica, que han señalado de manera frontal al litio como uno de los múltiples detonantes del golpe de Estado contra Evo Morales, que había iniciado un proceso de industrialización de los salares bolivianos a través de acuerdos con empresas alemanas y chinas, pero con una participación mayoritaria del ente público. Si bien es cierto que no se observan injerencias externas directas como las que a lo largo de la historia ha generado el petróleo en Oriente Medio, este material ya ha comenzado a desencadenar fuertes disputas. “Aquel que tenga el control sobre este tipo de materias será quien termine moviendo la batuta”, argumenta Solís, señalando a otros elementos importantes como las denominadas tierras raras.

Cobre y cobalto, igual de esenciales

En esta revolución energética el litio no se presenta como un ente aislado, ni mucho menos. Las producciones dependen de otros elementos como el cobalto o el cobre. Este último, un metal esencial desde la segunda mitad del siglo XX, debido a su poder en la generación, transporte y distribución de electricidad. Apostar todo a estos elementos para una transición plena esconde trabas importantes, debido a que se trata de minerales de unas capacidades limitadas si se interpretan por sí solos.

“Ahora mismo, el problema más gordo es el cobalto”, señala Turiel. Este material, también esencial para la creación de baterías, no tiene concentraciones de gran envergadura, aunque existen pequeñas alternativas a este elemento en la creación de baterías. Además la extracción de este metal suele ir acompañado de vulneración de derechos humanos, ya que “más del 50% de la oferta mundial de cobalto procede de la República Democrática del Congo, un país políticamente inestable y con conflictos internos y donde la minería se ha relacionado con el trabajo infantil”, expone un reciente estudio del Real Instituto Elcano.

El cobre, con sus mayores reservas en Chile, podría ver cómo sus reservas menguan debido a sus diversos fines, en tanto que se utiliza para cableado, pero también para la creación de bobinados, imprescindibles en los alternadores de los sistemas de generación eléctrica.

“A corto y medio plazo, los problemas están situados en las cantidades que se pueden extraer de cobalto y cobre. El litio no va a manifestar problemas en sus reservas de una forma evidente hasta dentro de unos quince años”, zanja Turiel.

Científicos de todo el mundo plantean seis medidas para hacer frente a la crisis climática

Valentina Raffio

www.rebelion.org / 071119

En 1979, la comunidad científica se reunió en la que fue la primera conferencia mundial sobre el clima para alertar sobre el cambio climático. Cuarenta años más tarde, más de 11.000 científicos de todo el mundo han suscrito un manifiesto en el que declaran la emergencia climática y plantean seis medidas urgentes para hacerle frente. La declaración, publicada este martes en la revista 'Bioscience', va acompañada de un análisis científico que recopila datos de a lo largo de más de 40 años en los que se puede corroborar el deterioro de los "signos vitales" del planeta.

"Hemos pasado los últimos 40 años en negociaciones globales sobre este problema y, a pesar de ello, se ha seguido actuando como de costumbre; no se ha hecho nada para abordar esta crisis", exclama William Ripple, ecólogo de la Universidad Estatal de Oregón y uno de los impulsores del manifiesto. "La temperatura global está aumentando, los océanos se están calentando y el nivel del mar sube, aumentan los fenómenos meteorológicos extremos... El cambio climático ha llegado y se está acelerando más rápido de lo que muchos científicos esperaban", añade.

"Los científicos tienen la obligación moral de advertir a la humanidad de cualquier gran amenaza. Y, por lo que indican los datos, está claro que estamos ante una emergencia climática", argumenta Thomas Newsome, investigador de la Universidad de Sidney y uno de los firmantes del documento. Ante esto, la recién publicada declaración defiende que "mitigar y adaptarse al cambio climático significa transformar las formas en que gobernamos, administramos, comemos y obtenemos recursos y energía".

El manifiesto, más allá de constatar la gravedad de este problema, plantea seis medidas urgentes para abordar esta crisis medioambiental.

1. Transición energética

El primer paquete de medidas propuesto por la comunidad científica se centra en la transición energética. Los expertos proponen, entre otras, reemplazar los combustibles fósiles por energías renovables limpias; frenar la extracción de recursos de las reservas de carbón, petróleo y gas natural, eliminar los subsidios a las compañías de combustibles fósiles e imponer tarifas lo suficientemente altas como para restringir el uso de este tipo de fuentes de energía no renovables.

2. Freno a los gases contaminantes

Los científicos también instan a reducir de manera inmediata las emisiones de gases contaminantes como el carbono, el metano y los hidrofluorocarbonos, unos compuestos responsables del efecto invernadero. Esta medida, implementada de manera urgente, podría reducir a la mitad las estimaciones de calentamiento global para las próximas décadas. ¿Cómo?

3. Protección de la naturaleza

Los expertos también reclaman un mayor compromiso con recursos naturales. Entre las medidas propuestas destaca la restauración y protección de ecosistemas como bosques, praderas y humedales. La conservación de estos espacios naturales, además de su valor intrínseco para el mantenimiento de la biodiversidad, contribuiría a la retención de dióxido de carbono atmosférico, un gas clave en el efecto invernadero.

4. Cambios en la alimentación

La comunidad científica, una vez más, se posiciona sobre la necesidad de cambiar los hábitos alimentarios para hacer frente a la crisis climática. Hace unos meses, el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) de la ONU ya propuso reducir el consumo de carne para mitigar la huella ecológica. Ahora, los expertos reclaman una dieta basada principalmente en vegetales y con un menor consumo de productos animales.

Este cambio podría reducir significativamente las emisiones de metano y otros gases de efecto invernadero y, a su vez, liberaría tierras agrícolas para el cultivo de alimentos humanos en lugar de alimentos para el ganado. Asimismo, los científicos piden frenar el desperdicio de alimentos, ya que, según las últimas estimaciones, hasta un tercio de todos los alimentos producidos terminan en la basura.

5. Reforma del sistema económico

El manifiesto también sugiere cambios en la esfera económica. Entre las medidas propuestas destaca reformar la economía basada en los combustibles de carbono; reducir la extracción de materiales y la explotación de los ecosistemas para mantener la sostenibilidad de la biosfera a largo plazo; así como alejar los objetivos de crecimiento del producto interno bruto y la búsqueda de la riqueza e ir hacia un modelo de decrecimiento.

6. Estabilizar la población

El último paquete de medidas propuesto por la comunidad científica intenta hacer frente al problema de la sobrepoblación. Los expertos instan a estabilizar la población mundial, que según las estadísticas aumenta en más de 200.000 personas por día, utilizando enfoques que garanticen la justicia social y económica.

Bolivia: «Es la economía, estúpido»

Fernando Molina

www.nuso.org / sept-oct 2019

Si Evo Morales aún tiene posibilidades de ser reelegido en 2019 –pese a su desgaste político–, ello se debe a la economía. Es allí donde la oposición tiene más dificultades para enfrentar a un gobierno que combinó crecimiento sostenido con baja inflación. Pero ¿en qué consiste el «modelo boliviano»? ¿Cuáles son sus potencialidades y límites?

Mientras corría 2018, pocos apostaban a que Evo Morales podría ganar una tercera reelección. En primer lugar, porque el presidente boliviano venía de una derrota en el referéndum constitucional del 21 de febrero de 2016: 51% de la población había rechazado el cambio a la Constitución que él propuso y que habría levantado la prohibición, contenida en esta, para que se reeligiera una vez más. En segundo lugar, porque acababa de sortear esta derrota a la manera tradicional de los caudillos latinoamericanos: ordenando al Tribunal Constitucional que lo habilitara mediante una «interpretación» de la Constitución que, en los hechos, la cambia al aceptar la posibilidad de la reelección indefinida. Esa habilitación despertó la ira de los sectores medios de la población, donde está más enraizada la ideología liberal –alternancia presidencial e igualdad ante la ley–. De estos sectores había surgido el Movimiento 21-F para rechazar la legitimidad de la candidatura de Morales para las elecciones del 20 de octubre de 2019.

En la segunda mitad de aquel 2018, el presidente aparecía empequeñecido en las encuestas, mientras el ex-presidente Carlos Mesa, que aún no se había postulado, subía sostenidamente y era considerado el «hombre que podía ganarle a Evo». Al mismo tiempo, el movimiento 21-f cometía el error de concentrar sus esfuerzos en tratar de impedir que Morales se convirtiera en candidato, algo que no tenía fuerza suficiente para lograr.

A comienzos de 2019, el mandatario boliviano había logrado adelantar el comienzo del proceso electoral y ocho frentes opositores habían decidido, pese a todo, entrar en las elecciones. En este momento, el movimiento 21-f comenzó su retirada, sumándose a la fragmentación electoral de la oposición. También empezaba una tendencia que duraría toda la campaña: el estancamiento de los números de Mesa, que no avanzaba en las encuestas, mientras Morales subía lentamente, pero con seguridad, desde una posición de empate con el ex-presidente hasta otra que le garantizaba ganarle en la primera vuelta. Este comportamiento no se debía a que todos los decepcionados de Morales retornaran al redil –y por eso el Movimiento al Socialismo (Mas) no obtenía resultados como los de 2014, cuando logró 63%– sino a que muchos «perdonaban» al líder indígena por un conjunto de factores que expondremos a continuación. No hay que olvidar, además, que la derrota en el referéndum fue por escaso margen contra toda la oposición unificada en el «No».

En primer lugar, la mayoría seguía aprobando su gestión de gobierno, aunque por margen estrecho; en segundo lugar, su imagen personal, aunque era más rechazada que en cualquier momento desde que se volvió presidente, seguía siendo más fuerte que la de cualquier otro político boliviano. En parte, estas cifras se debían a un fenómeno de identificación étnica y social: proporcionalmente, el presidente lograba casi el doble de votos en las pequeñas ciudades y en el campo que en las grandes urbes, como La Paz, Cochabamba o Santa Cruz de la Sierra. Mientras más indígena y económicamente más modesto es un elector, más probabilidades existen de que vote por el Mas.

Sin embargo, el factor fundamental del apoyo electoral al Mas sigue siendo aquel que el consultor político James Carville, en la primera campaña de Bill Clinton, refería con una pintoresca y muy conocida frase: «Es la economía, estúpido». Según una encuesta preelectoral de Ciesmori, 36% de los bolivianos piensa que la situación económica del país es hoy «buena» y 27%, que es «regular»¹. Pese a la crisis de Argentina y Brasil y al débil comportamiento de la economía sudamericana en general, el PIB de Bolivia crecerá más de 4% este año, un resultado menos elevado que el de años pasados, pero todavía capaz de despertar ilusiones. 43% de la gente cree que hoy está «un poco mejor» que hace un año (10% mucho mejor; 21%, igual), en agudo contraste con las opiniones de los analistas opositores respecto a la situación, según las cuales esta es crítica por la pérdida de casi 2.000 millones de dólares anuales de reservas como consecuencia del déficit comercial del país, que se debe, sobre todo, a la caída de los precios internacionales del gas².

Se supone que en los próximos años esta pérdida deteriorará el nivel de las reservas de divisas a un punto peligroso para la estabilidad financiera del país, excepto si el nuevo gobierno implementa políticas de «ajuste», es decir, reduce la inversión pública y disminuye las importaciones –en su mayoría, de productos industriales–, lo que ralentizará el crecimiento³. Obviamente, el voto se explica siempre por las percepciones populares y no por las de los expertos de los centros de investigación. Y 40% de los votantes considera que su situación personal y familiar estará «un poco mejor» dentro de un año; 15%, que estará «mucho mejor», y 13%, «igual»⁴.

Las evonomics

¿En qué han consistido hasta ahora las evonomics? Básicamente, en la combinación de estatismo en las «áreas estratégicas» de la economía, como el gas y la electricidad; en una alianza con el sector privado a cargo de las grandes (agro)industrias nacionales, el comercio de gran escala y las finanzas; y en un «pacto de coexistencia pacífica» con la masa de pequeños emprendimientos artesanales y comerciales, que ocupa a más de 60% de la fuerza de trabajo, pero no cumple con las leyes laborales e impositivas del país. Esta es la «economía plural» que promueve la Constitución y que se ha beneficiado en su conjunto del superciclo de las materias primas que benefició a la economía latinoamericana entre 2004 y 2014. Las diferencias con el manejo chavista de Venezuela son, como puede verse, enormes.

Bolivia ha tenido siempre una economía primaria y exportadora, por lo que generalmente ha reaccionado con gran sensibilidad a los cambios del comercio mundial. Adicionalmente, en este periodo de prosperidad, gracias a las políticas nacionalistas del gobierno, una buena parte de la riqueza extraordinaria que el país obtuvo por la venta de gas a Brasil y Argentina, así como por las exportaciones de minerales –alrededor de 100.000 millones de dólares– quedó dentro de las fronteras⁵.

El «modelo boliviano» considera la existencia de dos sectores: uno «generador de excedentes», compuesto por las actividades petrolera, minera y eléctrica, y otro sector «generador de ingresos y empleos», conformado por las manufacturas, la actividad agropecuaria, la construcción, el turismo, etc. El modelo se basa en la toma del primer sector por parte del Estado, que así se convierte en el principal actor de la economía, y luego en la transferencia de los excedentes de este al segundo sector por la vía del gasto público y la redistribución económica, es decir, de la ampliación de la demanda. Se diferencia así de lo que ocurría en los años 90, bajo el neoliberalismo, cuando los excedentes salían de la economía nacional por fuga de capitales y por el pago de las utilidades de los inversionistas extranjeros⁶.

Luego de revertir la orientación del flujo del excedente por medio de la nacionalización, el Estado debe usar este flujo para: a) industrializar las materias primas, b) animar y transformar el sector generador de empleo e ingresos y c) garantizar la igualdad social⁷.

En el periodo de aplicación de este modelo, se incrementaron el consumo y las actividades destinadas a satisfacerlo, así como el bienestar social. La extrema pobreza monetaria (medida en ingresos de menos de dos dólares al día) cayó de 38% a 18% y hoy es de solo 10% en las ciudades. Al mismo tiempo, Bolivia se convirtió en un país de ingresos medios, donde «solo» 30% de la población gana menos de cuatro dólares por día⁸. El shock de liquidez también convirtió a las principales industrias de cerveza, gaseosas, cemento y telecomunicaciones en empresas de porte considerable, mayoritariamente en manos de conglomerados extranjeros.

Asimismo, impulsó enormemente a los bancos nacionales, cuyo patrimonio aumentó 3,6 veces entre 2008 y 2017, de 700 millones a 2.550 millones de dólares, y cuyas utilidades en el mismo periodo se incrementaron 2,7 veces, de 120 millones a 330 millones de dólares anuales⁹.

El «milagro» de la bolivianización

Luis Arce Catacora, ministro de Economía desde el inicio del gobierno de Morales –excepto por una pausa de un año por enfermedad– es el principal artífice de las evonomics. Para Arce, la estabilidad, es decir, el equilibrio macroeconómico, es «un patrimonio del pueblo boliviano» y debe conservarse. No tiene que ser una tarea del Fondo Monetario Internacional (FMI), como ocurría en el pasado, sino de un programa monetario y fiscal aprobado por el Ministerio de Economía y el Banco Central, que defina la cantidad de dinero que pone el Banco Central en la economía, a fin de alentar la actividad económica sin crear presiones inflacionarias¹⁰.

Este programa ha sido facilitado en la pasada década por la abundancia de las reservas internacionales acumuladas durante el boom de ingresos del exterior, pero también por lo que probablemente es el mayor logro financiero de la gestión de Arce: la «bolivianización» de la economía, es decir, la vuelta de los bolivianos a su moneda en detrimento del dólar. Gracias a ambos factores, las políticas monetaria y fiscal han podido ser constantemente expansivas y han alentado un crecimiento continuo del PIB que ha sido el mayor de la historia del país. En 2019, Bolivia vivirá su decimoquinto año continuo de crecimiento, a un promedio anual de algo menos de 5%, el más alto por un tiempo tan prolongado.

En los años 90, en cambio, las autoridades monetarias no podían impulsar el crédito interno, que estaba casi completamente dolarizado. Por esta razón, el nivel de las reservas de divisas internacionales –que en esa época era mejor que en otras previas, pero estaba limitado por la debilidad de las exportaciones– se convirtió en una rienda cuyo largo marcaba la amplitud máxima a la que podía crecer la economía. A comienzos de los 2000, solo 3% de los depósitos del sistema financiero estaba nominado en bolivianos y el resto estaba en dólares. En 2015 era casi al revés: 94% de los depósitos estaban en bolivianos y solo 6% en dólares¹¹. ¿Qué pasó?

El programa de estabilización de la economía que se aplicó en los años 80 había combatido la inflación dolarizando la economía. Había inyectado en el mercado los dólares de los ahorristas, algo que era fundamental para evitar la devaluación del peso boliviano, que, a su vez, era el principal detonante de la inflación. Estos dólares habían pasado a manos de la gente, que los había comprado para defender sus ahorros de la acción combinada de la devaluación del boliviano y la inflación. Eran un recurso clave, pero había que sacarlos al mercado para poder aprovecharlos.

¿Cómo se logró que la gente pusiera sus dólares en movimiento? Se autorizó toda clase de transacciones (depósitos, ahorros, préstamos, compraventas) en la divisa extranjera. Y se liberó a los bancos de cualquier encaje –o reserva– legal en moneda extranjera, es decir, se les permitió convertir el 100% de los dólares que tenían depositados en préstamos. Por supuesto, esto incentivó a las instituciones financieras a trabajar con dólares. En cambio, no existía ningún incentivo para hacerlo en bolivianos. De ahí la dolarización de la economía, que estabilizaba la moneda, pero impedía el crecimiento. En 2002, el Banco Central hizo un intento de cambiar esta situación: trató de separar el precio de venta del precio de compra de los dólares, de modo que comprar divisas se encareciera, pero no consiguió imponer la medida por las protestas del público.

Fue Arce –y el equipo económico de este gobierno– quien cambió estas condiciones de la siguiente manera: primero, la entrada de gran cantidad de dólares por el boom de las exportaciones les permitió revaluar el boliviano (cada dólar comenzó a cambiarse por menos bolivianos), por un tiempo suficientemente largo como para dar la señal de que tener dólares significaba perder dinero. Luego, se estabilizó el tipo de cambio en 6,97 bolivianos, que es el precio fijo del dólar desde 2011. Si se toma en cuenta la inflación, esto significa que con el transcurso del tiempo cada dólar puede comprar cada vez menos cosas en el mercado interno.

Los estímulos cambiarios se complementaron con un mayor encaje bancario en dólares y la transformación del impuesto a las transacciones financieras, a fin de que solo gravara las operaciones en moneda extranjera. Estas medidas, en un contexto de gran confianza en la economía nacional y con una gran cantidad de reservas internacionales de respaldo, obraron el «milagro». Hoy, la moneda que se usa para casi todo, excepto para ahorrar sumas mayores a largo plazo, es el boliviano. Y esto se ha logrado sin prohibir el uso del dólar, lo que probablemente habría sido contraproducente, pues podría haber despertado viejos temores de la población.

La bolivianización ha permitido que las autoridades monetarias mantengan un volumen expansivo de crédito para los actores productivos, incluso desde que las reservas internacionales comenzaron a caer, en 2015 (v. gráfico de la página 12).

Ahora bien, la bolivianización necesita que el tipo de cambio sea de hecho fijo, porque si no fuera así y ocurrieran devaluaciones, estas podrían llevar a las personas, deseosas de no perder su capacidad de compra, a usar nuevamente el dólar. Se ha dicho que tal es el talón de Aquiles de la política monetaria actual, ya que les quita a las autoridades la herramienta de la devaluación como medio para abaratar el costo de las exportaciones y enfrentar escenarios como el actual, en el que los países vecinos han realizado esta maniobra cambiaria y por tanto ponen productos más baratos en los mercados clientes de Bolivia y en el propio mercado nacional. La devaluación también sirve para multiplicar la cantidad de moneda nacional que puede circular con el respaldo de una misma cantidad de divisas extranjeras; al mismo tiempo, tiene efectos negativos, pues incrementa la inflación y aumenta el peso de la deuda de los nacionales en dólares.

Arce no cree que la estrategia devaluatoria funcione en Bolivia. Piensa que la industria local no se beneficia claramente de un boliviano más barato, porque es muy dependiente de maquinarias e insumos importados, y un boliviano barato tiene menos capacidad para importar. Además, teme sus efectos sobre la inflación y la deuda en moneda extranjera. Por esto en los últimos años ha resistido la presión de los exportadores para devaluar el boliviano.

¿Enfermedad holandesa?

Según los historiadores de la economía boliviana, los periodos de prosperidad de la historia nacional respondieron a procesos de ampliación e intensificación del comercio internacional de materias primas, cuando subieron los precios internacionales (plata, estaño, gas) y Bolivia aprovechó la oportunidad que se le presentaba para venderlas a altos precios. La existencia de un vínculo causal entre ambos hechos es, hoy, una teoría generalmente aceptada. En la década de 1990, se pretendía relacionar el crecimiento económico con el ahorro y con la disponibilidad de capital, porque se consideraba que la atracción de inversión extranjera constituía la variable clave. La experiencia nacional en esa misma década y las dos posteriores mostró que a países como Bolivia el capital les llega, sobre todo, a través de booms exportadores, que se acompañan de «shocks de liquidez» y aumentos del nivel de las reservas de divisas.

Durante un auge, la mayor disponibilidad de dólares expande la demanda agregada del país, lo que impulsa sus importaciones legales e ilegales y también sus actividades internas –sobre todo las «no transables», las que pueden eludir la competencia de las importaciones–; ambas dinámicas generan ocupación y bienestar como los experimentados por Bolivia en este tiempo.

Al mismo tiempo, los picos de actividad económica alentados por la inserción exitosa del país en procesos comerciales internacionales están asociados a fenómenos ambiguos: a) la reprimarización de la economía, a causa de la altísima rentabilidad de la exportación de materias primas; b) la insatisfacción de la demanda agregada ampliada por parte de la industria y la agricultura nacionales, lo que presiona sobre las importaciones y –en el campo de las políticas– induce a la adopción de un tipo de cambio fijo, orientado a controlar la inflación.

Otros fenómenos asociados son: c) el crecimiento de las actividades «no transables», tales como la construcción, los servicios financieros, los restaurantes, los viajes, el entretenimiento, etc.; d) la apreciación de la moneda nacional, a causa del drástico ingreso de divisas y de una política cambiaria «plana» y e) la caída de las actividades exportadoras «no tradicionales» o manufactureras, como consecuencia de la apreciación monetaria, que eleva los costos laborales¹².

Tales fenómenos, junto con otros que no vamos a detallar aquí, corresponden a un anatemizado paradigma de crecimiento, que la literatura económica denomina «enfermedad holandesa». Una denominación que debemos manejar con pinzas, ya que implícitamente sugiere la existencia de un modelo de crecimiento «normal», sostenible y autopropulsado, que sería el industrial, frente al cual el crecimiento de los países no industriales con recursos naturales, como Bolivia, representaría la anormalidad y la adversidad propias de una «enfermedad».

Quizá sea tiempo de aceptar que el estilo «holandés» de expansión económica, con todas las características que hemos anotado, es inevitable para economías que, como la boliviana, se basan en la explotación de recursos naturales no renovables. No hay razones para creer que aquello que ha sucedido una y otra vez a lo largo de la historia vaya a cambiar radicalmente en el futuro. Admitir esta realidad y, por tanto, la persistencia de este tipo de crecimiento, ha sido una de las ventajas del gobierno, que explotó la necesidad nacional de «vivir de los recursos naturales» a su favor.

Esta, y no otra, es la principal fortaleza del llamado «Modelo Económico Social Comunitario Productivo». Simultáneamente, la debilidad de este ha sido seguir con docilidad el designio extractivista, sin tratar de aprovechar los recursos que la extracción proporciona para diversificar gradualmente la economía y superar su dependencia, aunque hay que reconocer que este no es un objetivo sencillo de lograr. Sin embargo, no cabe duda de que este modelo, con sus múltiples errores, logró establecer una línea de crecimiento que se extendió al periodo de la «posprosperidad», lo que plantea, sin duda, un desafío a sus críticos.

¿Cómo lo logró? Con una política de impulso del crédito y de continuación de los altos niveles de inversión pública que se habían logrado en el pasado. En 2018, la inversión pública ha sido responsable de todo el déficit fiscal, que este año ascendió a 8% del PIB, algo más que los años anteriores (hay déficits desde 2015). El problema es que esta política, simultáneamente, mantiene altas las importaciones en un contexto en el que las exportaciones no pueden crecer, por la caída de los precios y por diversos problemas productivos que no se mencionan aquí.

Durante el súper ciclo de precios, las importaciones pasaron de 20% a 30% del PIB en los años más exitosos (2013-2014), y ahora se encuentran en 26% del PIB (9.900 millones de dólares)¹³. Esto también implica una fuga de divisas, solo que por otra vía más productiva. Como señalamos, en los últimos cuatro años el país ha comprado del extranjero bienes y servicios por aproximadamente 2.000 millones de dólares más que el valor de los bienes y servicios que ha vendido, déficit que ha generado un deterioro continuo de sus reservas de divisas.

Una de las principales restricciones que limita el crecimiento de los países latinoamericanos es la necesidad de divisas extranjeras –en concreto, de dólares estadounidenses– para comprar en el mercado internacional muchos de los insumos y bienes básicos que necesitan sus aparatos productivos (y para respaldar con una moneda «fuerte» –es decir, convertible internacionalmente– sus propios medios de pago). Junto con los demás países de la región, Bolivia está obligada a comerciar en una moneda que no le pertenece, así que su capacidad internacional de compra depende de su simétrica capacidad de obtener dólares mediante sus exportaciones.

¿Por qué llamar a este obvio condicionamiento una «restricción»? Entre 2016 y 2018, 53,1% de las importaciones bolivianas fueron de suministros industriales y bienes de capital; cada año, más de la mitad de las divisas que se usan para importar se gastan en compras de materias primas y maquinarias destinadas a poner en movimiento y ampliar el aparato productivo nacional, a nutrir la manufactura y la construcción de infraestructura. La causa es obvia: dado el escaso desarrollo industrial del país, estas importaciones no son sustituibles por productos nacionales. De modo que la actividad en las ramas económicas fundamentales, su ampliación cada año y los efectos de este crecimiento sobre la economía dependen de que haya divisas para la importación. Cuando estas divisas no están ampliamente disponibles en la economía, como comienza a ocurrir en la actualidad en Bolivia, esta escasez relativa pesa como una restricción, también relativa, que pone un límite a los procesos productivos internos y, con ello, al crecimiento global.

El país incluso puede verse en la necesidad de detener temporalmente su crecimiento con el propósito de disminuir la necesidad de importar y, así, conservar por más tiempo sus reservas de divisas, de modo que estas cumplan la función financiera, de respaldo monetario, que también cabe que tengan. Sin suficientes divisas, la única salida posible es una devaluación, la cual, como hemos explicado, socavaría la bolivianización y, con ella, todo el modelo de crecimiento actual.

Hace unos días, la fundación liberal Milenio presentó su habitual informe sobre la economía boliviana¹⁴, en el que se afirma que hoy está «sobre el tapete la necesidad de ajustar las importaciones, tanto del sector público como del sector privado, lo cual –inevitablemente– conllevaría un mayor debilitamiento del crecimiento económico»¹⁵.

Esta implicación puede ser aún de mayor alcance si tomamos en cuenta que otros dos componentes fundamentales del proceso productivo también tienen que ser importados, es decir, que se accede a ellos mediante el empleo de divisas: ciertos combustibles y lubricantes (gasolina, diésel y derivados) con los que Bolivia no cuenta o que no puede producir en cantidad suficiente en el último tiempo por la caída general de la actividad hidrocarburífera del país, y el equipo de transporte, que se importa en su totalidad y que, en parte, se destina a labores productivas. Si sumáramos estas importaciones a las otras, podríamos decir que más o menos 81% de las compras nacionales en el extranjero son gastos inflexibles del crecimiento, es decir, gastos que no es posible recortar si al mismo tiempo se desea mantener o mejorar el ritmo de la expansión económica.

Esta es la razón por la que hasta ahora el gobierno no procuró tales recortes, pese a la necesidad de adaptar el nivel de las importaciones al hecho negativo que representó la caída de los ingresos de divisas por exportaciones desde 2015, el año en que comenzó la caída de los precios internacionales de las materias primas.

En el programa que presentó para las elecciones del 20 de octubre, Morales reconoce que el «proceso de cambio» que dirige se ve desafiado por las turbulencias económicas internacionales actuales, en particular por la caída de los precios de las materias primas, y propone medidas que incrementen los ingresos de divisas, como la expansión del turismo y las exportaciones de electricidad, y otras que eviten la salida de divisas, como la «sustitución de importaciones» por parte de empresas estatales. Sin embargo, no está claro cómo se ejecutarían estas ideas con la premura necesaria para evitar una crisis. En principio, si el nuevo gobierno boliviano no tomara ninguna medida, las reservas se reducirían a un nivel peligroso para su papel de respaldo financiero en unos tres años, más o menos. En tal caso, antes podría ocurrir un ataque especulativo que las agotara, generado por la psicología del «escape hacia el dólar» ... Pero es muy improbable que el gobierno no haga nada mientras ve cómo las reservas se consumen.

Le quedan varios recursos por emplear antes de que la situación se descontrole: puede obtener divisas aumentando el endeudamiento externo del país, que todavía es bajo (28% del PIB), lo que parece lo más probable, y también puede tener suerte y encontrar más gas con alguno de los proyectos de exploración que están en marcha y aumentar con ello sus ingresos. Estas soluciones, sin embargo, para ser tales, dependen críticamente del tiempo que demande su ejecución frente al tiempo de conservación de un nivel adecuado de reservas internacionales.

1. Pablo Ortiz: «Casi la mitad de las personas aprueba la gestión de Morales» en El Deber, 23/7/2019.

2. Fundación Milenio: Informe de Milenio sobre la economía 2019, Fundación Milenio / Fundación Pazos Kanki, La Paz, 2019.

3. Ibíd.

4. P. Ortiz: ob. cit.

5. Germán Molina: «¿En qué se gastó el dinero de la bonanza?», Fundación Pazos Kanki, La Paz, 2019 (inédito).

6. Luis Arce Catacora: Modelo Económico Social Comunitario Productivo Boliviano (MESCP), Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, La Paz, 2015.

7. Ibíd.

8. Ministerio de Comunicación: «Mensaje presidencial. Informe 12 años de gestión, 22 de enero de 2018», separata de prensa, La Paz, 1/2018.

9. F. Molina: «La mala salud de hierro de Bolivia» en El País, 16/12/2018.

10. L. Arce Catacora: ob. cit.

11. L. Arce Catacora: ob. cit.

12. Gover Barja, Bernardo X. Fernández y David Zavaleta: Disminución de precios de los commodities y fuga de capitales en un contexto de «enfermedad holandesa» y «bendición/maldición de los recursos naturales»: El caso Bolivia, Universidad Católica Boliviana, La Paz, 2016.

13. Instituto Nacional de Estadística (INE): Resumen estadístico 1/2019.

14. Fundación Milenio: ob. cit.

15. Ibíd.

Crisis de Iraq (III): ‘Big Oil’ contra China

Nazanin Armanian

www.publico.es / 251119

Continúan las protestas de los ciudadanos iraquíes contra la teocracia corrupta e inepta que les gobierna: ¿cómo puede ser que millones de personas vivan en la pobreza absoluta, sin agua potable, electricidad y en chabolas, mientras caminan sobre un mar de oro negro que, entre los años 2003 y 2018, le reportó a las arcas públicas unos ingresos de 850.000 millones de dólares? ¿Qué ha pasado con la segunda reserva de petróleo del mundo después de que EEUU y sus aliados invadieran y ocupasen el país, basándose en siete mentiras para conseguir diez objetivos?

La crisis política de Iraq, además de una dimensión interna y regional, también tiene otra internacional: la batalla por el control de sus cerca de 112.000 millones de barriles de petróleo: 16 años después de 2003, es China, que no EEUU, el primer país en importar el crudo iraquí.

Las dificultades de las Big Oil

EEUU no ha conseguido desnacionalizar la industria petrolífera iraquí, que en 1972 se convirtió en propiedad del Estado. Las Big Oil –grandes compañías privadas que controlan cerca del 15% de la producción del mercado mundial, como BP, Shell, ExxonMobil y Chevron– luchan para que The Really Big Oil, que son los gobiernos de los países productores (la mayoría organizados en la OPEP), dueños del 85% de este recurso, privaticen la industria. Washington ha conseguido que Arabia Saudí subastara en la bolsa aquella parte de su petróleo que pertenecía a la nación: en realidad Standard Oil de California y la compañía petrolera de Texas fueron las que fundaron Aramco (acrónimo de ARabian AMerican Oil Company) en 1933 para explotar sus reservas. En caso de Iraq, su régimen, aunque quisiera, no puede ignorar la fuerza, la memoria y la herencia del movimiento de nacionalismo árabe que gobernó el país durante décadas.

En la subasta convocada en abril de 2018, ningún integrante de Big Oil ganó la licitación y algunas como Exxon, Total, las rusas Zarubezhneft y Lukoil, ni siquiera participaron en ella, quizás para poder alcanzar acuerdos en secreto con los mandatarios corruptos iraquíes. De modo que Iraq otorgó tres bloques de petróleo a Crescent Petroleum, con sede en Emiratos Árabes Unidos, dos a Geo-Jade de China y uno a United Energy Group, con sede en Hong Kong, excluyendo a la italiana Eni y la francesa Total de sus concesiones. Dos bloques ubicados en la frontera con Irán no consiguieron ofertas, tanto por los explosivos en su subsuelo, recuerdos de la guerra irano-iraquí (1980-1988), como por temor a sufrir castigos por EEUU por saltarse las sanciones impuestas contra Irán.

+ La preocupación por la seguridad, la inestabilidad política y la división en la coalición gobernante puede interrumpir, en cualquier momento, la producción y el suministro del petróleo iraquí.

+ Los conflictos entre Bagdad y la Región Autónoma Kurda (RAK) que alberga cerca del 40% del petróleo iraquí y actualmente está exportando medio millón de barriles por día (bpd) a espaldas del gobierno central.

+ La frágil situación de seguridad de país. Decenas de grupos armados, algunos autónomos, siguen controlando los campos de petróleo y sus rutas de transporte.

+ La rebelión popular está teniendo lugar en el puerto de Basora, el centro de la industria petrolera del país, desde donde además Iraq envía el 90% de sus exportaciones del petróleo, unos 3,5 millones de bpd.

+ Infraestructura dañada y obsoleta, como las refinerías, los oleoductos y las instalaciones deficientes del puerto de Basora, que imposibilitan el cumplimiento del objetivo de Iraq de exportar 9 millones de bpd en 2020.

+ Falta de agua, necesaria para inyectar a los yacimientos de petróleo, a causa de la sequía y la mala gestión. La necesidad de este líquido puede provocar un conflicto con Turquía y también con Irán, países que comparten importantes ríos con los iraquíes. A Teherán no le interesa un aumento en la producción iraquí, no sólo porque hará caer los precios, sino también porque ocuparía sus tradicionales mercados.

China, en Iraq

Tres semanas antes del inicio de las protestas del uno de octubre, el primer ministro iraquí Adel Abdul-Mahdi visitó China acompañado por una delegación de 55 miembros, para convertir al país en el primero de la región en firmar un preacuerdo con Beijín para integrarse en el megaproyecto de la Ruta de la Seda.

China, que perdió sus inversiones en Sudán del Sur, la República Democrática del Congo, Zimbabwe, o Libia –de donde tuvo que evacuar a 35.000 trabajadores en la víspera del ataque de la OTAN–, y en Irán por las sanciones impuestas por Trump, rompió el acuerdo para la compra del petróleo iraní durante los próximos 25 años. Ahora China ha regresado a Iraq, asumiendo los grandes riesgos que conlleva enfrentarse con EEUU y también con Irán, el país cuyo régimen ha repetido que “si Trump no nos deja exportar nuestro petróleo, nadie podrá hacerlo en el Golfo Pérsico”.

Iraq no es un país desconocido para China. En los años ochenta, la compañía Petroleum Engineering and Construction Corporation (CPECC), ya operaba en el país, aunque en los noventa tuvo que marcharse debido a las sanciones criminales impuestas por el Consejo de Seguridad de la ONU al pueblo iraquí, ¡con el voto positivo de la propia China!

Tras regresar al país devastado en 2007 tuvo que buscar fórmulas para hacerse un lugar en lo que ya era una colonia de EEUU, y un campo de batalla entre las potencias regionales.

Y vaya si lo consiguió: en 2008, la Corporación Nacional del Petróleo de China (CNPC) fue la primera empresa extranjera en conseguir un contrato petrolífero en Iraq: invirtió 2.101 millones de euros en el campo de Al-Ahdab que alberga unos 100 millones de barriles. Desde 2014, China es el mayor inversor extranjero en Iraq, y ha desplazado a la India como su principal socio comercial. Entonces, el comercio bilateral superó los 30.000 millones de dólares, con el petróleo en el centro de los negocios: China que importa el 70% de los 610 millones de toneladas del crudo que consume, convirtió a Iraq en su cuarto suministrador detrás de Rusia, Arabia Saudí y Angola. En Basora, y sólo el campo de “Machnún” (literalmente “Loco”, por tener una “locura” de reserva: unos 38.000 millones de barriles), China generaría entre ocho y nueve mil millones dólares de beneficio cada año.

Las tácticas empleadas por China

*Perdonar el 80% de los 8.500 millones de dólares de deuda que el régimen de Sadam Husein había contraído con Beijín.

*Unirse a la iniciativa de la ONU del Pacto Internacional con Iraq, prometiendo una subvención de 6.5 millones de dólares para gastos sociales, como la salud pública y educación.

*Integrarse en la Organización Estatal de Comercialización de Petróleo de Iraq (OECPI) con el fin de proteger sus gestiones por todo el país.

*Ofrecer unas condiciones más favorables que las de sus competidores, aceptar unos términos fiscales más estrictos, y renunciar a mayores ganancias a cambio de no perder este mercado.

*Cumplir con las leyes del gobierno central, evitar la injerencia en sus asuntos internos y guiarse por el principio del pragmatismo económico.

*Centrarse en las regiones menos exploradas y más inestables, donde otras compañías no acuden.

*Comprar las adquisiciones de otras compañías: Sinopec, que posee la tercera refinería más grande del mundo, compró la multinacional ADDAX Petroleum, que operaba en la RAK.

*Establecer cooperación energética con otras compañías, con el fin de aumentar sus posibilidades de ganar los proyectos. Así, PetroChina se ha unido a Exxon para llevar adelante proyectos de infraestructuras; CNPC se ha asociado con BP para desarrollar el campo petrolero Rumaila, el más grande de Iraq con 17.000 millones de barriles; CNOOC coopera con Turkish Petroleum Corporation (TPAO), con el fin de controlar el 67% de la participación del bloque petrolero de Missan.

*Ofrecerse como mediador en la disputa entre Bagdad y la RAK por las zonas petrolíferas, y conseguir que la RAK exportase 550.000 bpd de su región y de Kirkuk a través de la OECPI y a cambio, Bagdad asignaría el 17% del presupuesto federal a los kurdos. El reparto de esta riqueza sigue siendo un obstáculo para un acuerdo estable de reparto del poder. ¿Quién debe controlar los ingresos, Bagdad o las regiones? El fracaso de la independencia kurda inclinó la balanza, de forma provisional, en favor del centro.

*Poner en marcha la Iniciativa de la Ruta de la Seda –una suerte de Plan Marshall– con grandes inversiones en la infraestructura de Iraq.

*Proteger a sus cerca de 12.000 trabajadores de los atentados terroristas en campamentos fortificados. De hecho, durante los ataques de Daesh, los chinos en Iraq no sufrieron ninguna baja. Luego, Beijín donó 10 millones de dólares en ayuda humanitaria a los damnificados de este grupo terrorista, aunque lo más seguro es que no les hayan llegado.

Ante la imposibilidad de que los señores feudales islamistas gobernantes repartan la riqueza entre los ciudadanos empobrecidos, y el inevitable choque entre los intereses de la teocracia de Irán en Iraq con el imperialismo estadounidense, -quien ya ha abandonado al gobierno de Bagdad-, parece inevitable la deriva de Iraq hacia el caos para convertirse en otro estado fallido, arrastrado a China.