"Quórum Teológico" es un blog abierto al desarrollo del pensamiento humano y desea ser un medio que contribuya al diálogo y la discusión de los temas expuestos por los diferentes contribuyentes a la misma. "Quórum Teológico", no se hace responsable del contenido de los artículos expuesto y solo es responsabilidad de sus autores.

Ya puedes traducir esta página a cualquier idioma

Déjanos tu mensaje en este Chat

VALORES EN CRISIS

Miguel Antonio Bernal V.

El Siglo lunes 29 de mayo de 2017

 Hace un año, destacaba a mis lectores que desde la llegada y caida de la dictadura, Panamá mantiene una  crisis de valores que nos impide determinar  qué valores debemos instituir.

Una sociedad sin brújula, dónde las autoridades se recrean practicando y encubriendo la corrupción y venerando la Constitución de 1972, símbolo del autoritarismo y totalitarismo, le está  llegando la hora -quieralo o no- de las definiciones de su presente y de su futuro inmediato.

La partidocracia mantiene su norte de impedir- la libertad y la participación política de la ciudadanía. Estamos hablando de la urgente necesidad de instituir una real, efectiva y transparente libertad política que elimine la interminable cantidad de obstáculos existentes en nuestro medio que impiden el actuar de la voluntad responsable de los ciudadanos.

Apelo, una vez más a Fernando Savater cuando nos enseña que: “Al hablar de libertad no me refiero a nada especialmente místico, sino a la autonomía de los individuos en la colectividad para establecer y revocar leyes, elegir y deponer a los gobernantes, disfrutar de garantías jurídicas y de la posibilidad de explorar por cualquier medio no lesivo para otros la plenitud de su subjetividad”.

Es obligatorio fotalecer los pasos, mecanismos y procedimientos favorables a nuestras libertades políticas.  Hoy más que nunca, debemos emanciparnos de la miseria, de la tiranía de la pobreza establecida, de la desigualdad, de la ignorancia. Para ello no podemos permitir que se continue reduciendo la función de las instituciones y servicios públicos a la defensa y protección de los privilegiados y sus privilegios.

En los  meses por venir la crisis de valores sin duda se acentuará y aumentará el peligro de nuestras libertades políticas. El gobierno está dispuesto a reprimir para salvar su cleptocracia.  Por ello, debemos repudiar seguir siendo una guarida financiera y rescatar nuestra pisoteada dignidad ciudadana  nacional y nuestra identidad nacional.

1er Congreso de Cultura Investigativa en la Educación Superior de Panamá


Profesores, investigadores, administrativos y estudiantes podrán participar en el Congreso de Cultura de Investigación del Instituto de Investigación de AUPPA. 

Pueden acceder al siguiente vínculo para inscripciones: http://idia.org.pa/inscripcion/ 

Pearl Island: Investment in Panama


La exisla Pedro González

Jorge Sarsaneda del Cid
Panamá, 010517

En un reportaje-anuncio de un canal de tv aparece la “maravillosa Pearl Island” (isla Perla, supongo) y se ve una muchacha muy bonita, morena, sirviéndole unos refrescos (¿tragos?) a una pareja de blancos, en una piscina, con un mar turquesa en el fondo. Luego anuncian un proyecto turístico, precioso, paradisíaco, “en un lugar de Panamá”, con una inversión de unos 150 millones de dólares y presentan la inauguración y bendición en marzo 2017. En ningún momento se menciona otros habitantes en la isla. En resumen: ¡una maravilla exclusiva para el turista!

¿De dónde surgió la tal “isla Perla”? ¿No había sido ‘descubierta’? Pues resulta que está en el golfo de Panamá y es la isla Pedro González, según todos los mapas. En ella habitan, desde tiempos coloniales, hermanos panameños de origen africano. Actualmente, hay unas 300 personas que, de golpe y porrazo (o ‘dolarazo’) se han visto asustadas, divididas, engañadas, invadidas, rebautizadas, perseguidas, ‘electrificadas’ y casi expulsadas. Gente que vivía en un paraíso, ahora están en un infierno.

El asunto no viene de hace unos días. La gente que vive en la isla Pedro González (no Pearl Island) alega que, desde 1971 tiene derechos posesorios ahí. Sin embargo, los caminos normales ahora se encuentran con cercas electrificadas (sin avisos), resulta que ‘aparecieron’ personas con “títulos sobre toda la isla” encima de los derechos de ellos. Ha habido protestas en 2009, 2010, 2013, 2014 y 2016. ¿Resultados? Tres heridos, tres presos, varios ‘huidos’, 37 amenazados de arresto, la comunidad dividida, y el “ejército” (ilegal) panameño, llamado –en este caso- Servicio Nacional Aeronaval, disparó y persigue a la gente (¡!!!???) y es percibido como aliado de la empresa (¡obvio!).

Por si fuera poco, la gente perdió un ojo de agua que le servía porque ahí hicieron la pista de aterrizaje (¿??); la empresa sacó arena y piedra de una playa que el pueblo usaba para sus lanchas; ninguno fue consultado sobre la tramitación de “título” por parte de la empresa; para la gente, su pueblo son 1,467 hectáreas, para la empresa, el pueblo sólo posee 9.5 hectáreas (que se las “concedió” la empresa); según las personas del pueblo, el Senan los acusa de cargadores de droga y prostitutas (dice una habitante). Todos estos datos y más, pueden ser consultados en el informe de la Red de Derechos Humanos de Panamá, que realizó una gira de campo hace unos meses (19-20 noviembre 2016).

¿Qué hacer? Dice una señora: “No nos oponemos al turismo, pero la empresa nos quita la tierra”. Otra añade: “Ahora me siento presa aquí, mi esposo no sale porque lo apresan”. “Estamos peleando con un monstruo, tenemos la isla por cárcel”, tercia una señora mayor.

Por lo pronto, hay que hacer una investigación más profunda de esta situación. La Defensoría del Pueblo tiene la obligación de dar continuidad al trabajo hecho por la Red de DDHH y acompañar a la comunidad de la isla Pedro González. Hay que aclarar quién dio títulos sobre esa isla, cuando ahí viven pobladores desde hace muchos años. ¿Qué dicen la Anati, el ministerio de Ambiente, el Inac, el Ministerio Público, sobre todo esto? ¿Por qué el Senan defiende a la empresa? ¿Por qué en una sociedad que se dice cristiana los más pobres tienen tanto problema para defender sus derechos?

Esto tiene que cuestionarnos profundamente.

 

 

 

 

LA RUTA DE LAS COIMAS


Miguel Antonio Bernal

Coimas van y coimas vienen, pero a los coimeados nadie ni nada los detiene. Ello es así dado que estamos ante un "Estado comiero" y no, ante un Estado Constitucional que es lo que debería imperar.

   Los "negocios del Estado" han logrado que la codicia de los factores reales de poder, hayan podido secuestrar los mecanismos de control del poder ciudadano para actuar a sus anchas, en desmedro de las funciones inherentes a los órganos del Estado y sus dependencias.

  Así vemos como, tanto la Contraloría como la Procuraduría, no son más que instrumentos encubridores y no investigadores de los múltiples delitos que se dan en la ruta de las coimas.  Ello ha acrecentado y acelerado la descomposición de nuestra sociedad y la indefensión ciudadana e todos los campos de la vida cotidiana.

  Los implicados que, por acción u omisión, han participado de la orgía de corrupción, se pavonean desde sus lujosos despachos y residencias, confiados cómo están que, aquí, no pasa no pasara nada.

 El megaescándalo impune de la criminal empresa Odebrecht, ha trancado e inmovilizado todas las obligatorias rutas de investigación de todas las entidades llamadas a cumplir y hacer cumplir los Convenios internacionales contra la corrupción, aparte de la Constitución y las Leyes que juraron cumplir sus responsables.

  La ruta de las coimas de Odebrecht, encontró, en nuestro país, más que un camino real, un canal  ampliado para la impune circulación de sus actos ilícitos apadrinados por los cuatro costados de los enquistados.

    Ni la "delación premiada", ni los "acuerdos verbales formales" servirán para sancionar debidamente a todos los que, desde el 2006, se cobijaron con Marcello y Ravello. Sólo una decidida voluntad ciudadana, de exigir y adelantar las transformaciones institucionales, nos permitirá impedir que acaben con la ardiente esperanza de días mejores en nuestra calidad de vida.
 
   La hora de acabar con la ruta de las coimas ha llegado. Si no actuamos, si claudicamos ante los verdugos de nuestras libertades, estamos condenándonos a ser un lugar dónde vive gente.

Qué sentido tiene un paro de transporte mañana en ciudad de Panamá por taxistas y buseros?

Con un no voy para allá, fue el o los recibimientos de varios taxistas un día de lluvia en ciudad de Panamá.

Con el tiempo medido por multiples ocupaciones, tome mi celular y puse la aplicacion Uber, tres minutos demoró en llegar el excelente auto de un ciudadano que le presta un auxilio a otro ciudadano por una modica donacion o viatico por tan excelente servicio en tan elegante auto.

Mientrás haya esa actitud de las mafias del transporte en Panamá qué sentido tiene hacer un paro de transporte en contra de Uber.

Estoy convencido que muchos panameños como yo piensan igual y no apoyaremos esta actividad que va en contra de la libre empresa.

Animo, Uber.

No te pierdas la entrevista al Cardenal José Luis Lacunza en #DimeQuiénEres

Guatemala: Crisis sistémica, dominación imperial y sueños de emancipación

www.alainet.net / 150417
 “Alzad vuestros rostros, tenéis una necesidad imperiosa de esta brillante mañana que amanece para vosotros. La historia, a pesar de su desgarrador dolor no puede borrarse, y si se afronta con valor, no es necesario vivirla de nuevo.” Maya Angelou.

1. La crisis actual revela el contundente fracaso de la gestión política y económica de la clase dominante y sus súbditos

La clase dominante, este entramado de poderes fácticos que ha dirigido los destinos de este país, ha utilizado a lo largo de la historia contemporánea todos los medios a su disposición para evitar que los pueblos que aquí habitan, tengan alguna posibilidad de convertirse en un sujeto colectivo que tome las riendas de este Estado-Nación, construya una sociedad democrática, equitativa, y con justicia social.

Combinando eficazmente represión y cooptación de las masas populares, impuso sus intereses particulares en el andamiaje jurídico-institucional, en los dispositivos de dominación ideológica, control social y territorial. Su modelo de dominación clasista, racista y patriarcal, revela en esencia su forma de entender el mundo y a los seres humanos/as. Conceptos claves de la modernidad como la democracia, los derechos humanos, la igualdad, y el desarrollo incluyente, le son útiles, siempre y cuando, no implique tener que ceder poder, su tasa de ganancia o sacrificar su modelo de dominación.

Sobre los tres pilares TTT, despojo de la tierra, la sobreexplotación de la fuerza de trabajo y no pagar los debidos tributos, han amasado sus enormes riquezas; una y otra vez, ha reordenado el territorio en función del modelo de acumulación vigente. Hoy combinan diversas modalidades basadas en el trabajo forzoso y violatorio de todos los derechos laborales en el campo y la ciudad; el despojo de las tierras, la privatización de los bienes naturales, la ampliación de los monocultivos, la especulación financiera, el lavado de dinero, la corrupción, y la concesión de amplias extensiones del territorio nacional a empresas transnacionales. Están en plena consonancia con las fuerzas más destructivas del capital a nivel global, con quien les une lazos e intereses.

La trama discursiva de las elites siempre se ensañó contra el Estado, las iniciativas democratizadoras y pretendió generar adhesión a sus falsas promesas de desarrollo. El calamitoso estado en que se encuentra el país hoy es de su responsabilidad casi exclusiva. Han tenido 2 éxitos: a) Enriquecerse exponencialmente y b) Crear un muro de contención para que las luchas por crear democracia, equidad y justicia social no fructifican.

El legado de su particular y perversa forma de dominio trasciende las barbáricas relaciones de explotación de clase; hoy, la institucionalidad estatal está al borde de una virtual implosión, de tal manera que los ciudadanos, a modo de ejemplo, no pueden documentarse, ni conseguir pasaportes, el correo dejó de funcionar desde el año pasado, la mora judicial e impunidad se mantienen por encima del 90%, los bienes naturales se están destruyendo a una velocidad difícilmente recuperable, y se registran retrocesos significativos en los indicadores sociales sea en el ámbito de salud, educación, vivienda, trabajo, y la pobreza en vez de reducirse, se incrementa. Según el Informe del PNUD (2016):

A nivel de país se observa que la dimensión con más privaciones es la relativa a los ingresos: un 76% de la población no cuenta con ingresos para una canasta básica de bienes y servicios que permitirían una vida medianamente decorosa. La falta de servicios de salud impacta la dimensión respectiva: un 73% de la población no tiene ningún aseguramiento y las condiciones de saneamiento y de calidad de las viviendas muestran una alta precariedad. Las brechas en la cobertura educativa tienden a cerrarse, pero casi seis de cada 10 adultos no terminó la primaria y uno de cada cinco niños tiene altas probabilidades de no concluirla. La intensidad de las privaciones económicas y de salud sobrepasa el 50%, lo que indica una profundidad extendida de la pobreza.

La mayor parte de los hogares en Guatemala no cuenta con cobertura de seguro médico o seguridad social, incluso las pertenecientes al estrato alto. Al considerar las privaciones agregadas, la proporción de la población en condición de pobreza multidimensional se redujo en los primeros años posteriores a los Acuerdos de Paz de 72 a 58%. Después de 2006, la incidencia se ha incrementado y alcanza a dos terceras partes de la población. Al terminar el plazo para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en 2015, la mayoría de las metas no se cumplieron. Guatemala es el único país de América Latina que no logró reducir la pobreza de ingresos en ese periodo (PNUD:2016;16)

¡Vaya qué éxito tuvieron las políticas neoliberales, los tratados de libre comercio y la conducción de la gestión estatal por parte de la clase dominante guatemalteca! Ah, pero hay más, gracias a su extraordinaria capacidad, inteligencia, superioridad “cultural”, eficacia y gestión, Guatemala se ha convertido en un Protectorado.

El contundente fracaso de la clase dominante para dirigir los asuntos del Estado–Nación es invisibilizado, se esconde intencional o ingenuamente en los análisis parcializados abordados sectorialmente, mediante una fraseología que busca ser políticamente correcta, pero que es corresponsable de ocultar lo que es: el fracaso de la clase dominante guatemalteca -lo que debería tener obvias consecuencias políticas-; la pérdida de legitimidad, demandas jurídicas por la reparación de los daños colectivos causados y su destitución como actor decisivo en los asuntos públicos, lugar que debería estar ocupado por parte de las movimientos, pueblos originarios y fuerzas socio-políticas democráticas de este país.

2. A dos años de las movilizaciones ciudadanas Guatemala se ha convertido en un protectorado

Hace exactamente dos años, se apertura una coyuntura política impulsado por factores externos (EEUU y CICIG como actores principales) que inician de manera sistemática capturas y persecución judicial a través del MP, en contra de quienes configuran el denso tejido de mecanismos de enriquecimiento ilícito sean estos capitales tradicionales, emergentes o mafias, operados a través de partidos políticos, bancos, empresas privadas, funcionarios públicos, empresas de comunicación o las fuerzas armadas.

Más allá de decenas de encarcelados, la destitución del binomio presidencial Pérez Molina/Baldetti, la CICIG/MP han podido demostrar las modalidades del saqueo del Estado por parte de grupos privados, la penetración de capitales mafias en los gobiernos municipales, los tres organismos del Estado así como en el sector privado. La oportunidad política que esto debería abrir, o sea darle impulso a una reforma política para acotar la corrupción y la penetración de los capitales mafias, y retornar a un Estado de derecho burgués relegitimado, hasta el momento ha fracasado.

Previo a la crisis que estalla el 16 de abril del 2015, el sistema político estaba virtualmente cerrado a las demandas sociales y ciudadanas, no se visualizaba disposición alguna por parte de la clase dominante de ceder privilegios, cuotas de poder o abrirse a un diálogo nacional en el que se consulte a la ciudadanía sobre el modelo de país, que se ha impuesto autoritariamente. A dos años de este acontecimiento, esta situación no ha cambiado.

Algunas de las contradicciones sistémicas que dentro del marco de las reglas actuales del sistema no pueden solventarse y propician creciente inconformidad son:
a) El modelo de acumulación por despojo, que impacta sobre la tenencia, uso de la tierra y bienes naturales que afecta especialmente a los pueblos originarios y comunidades campesinas;
b) El racismo estructural y denegación de la autodeterminación de los pueblos originarios;
c) La brecha entre las expectativas que genera el modelo de “desarrollo” actual y su incapacidad para generar bienestar, fuentes de empleo, trabajo decente, y salarios dignos;
d) La persistencia de la desigualdad, el empobrecimiento de la clase media y los obstáculos para el ascenso social de nuevas generaciones; e) La profunda penetración de los capitales ilícitos en todos ámbitos de las estructuras del poder y en la sociedad como tal, lo que agudiza los niveles de violencia, el debilitamiento del tejido social, y la creación de poderes paralelos;
f) Los anhelos democráticos y transformadores de los movimientos y distintas fuerzas sociales que se enfrentan a un sistema político que no se abre a las demandas ciudadanas.

La primera etapa (abril a agosto 2015) coincidió con la emergencia de un importante ciclo de protesta ciudadana, que exigía reformas políticas y la renuncia de los gobernantes. Esta movilización sin embargo se fue apagando paulatinamente.

Las limitadas reformas propuestas no cuentan con la simpatía, ni suficiente respaldo de quienes abogan por un cambio sistémico desde abajo, son desconocidas por el ciudadano común y boicoteadas por los operadores políticos de las mafias aun enquistados en el Estado. La falta de acuerdos y fuerza política para respaldar estas u otras reformas políticas está poniendo en riesgo la actuación de la CICIG/ MP y otorga cada vez más poder de decisión a los EEUU.

El proceso de depuración del Estado es impulsado primordialmente por factores externos, en la que cobra cada vez mayor peso EEUU como administrador del protectorado, reforzado por el Comando Sur y su despliegue de tropas en todas las fronteras de este país. Es pertinente dialogar en torno a las implicaciones políticas de la intervención norteamericano en el contexto actual, sus alcances, límites y riesgos.

¿Permitiremos la eventual instalación de sus bases militares? ¿Estamos de acuerdo en que el Estado de Guatemala se convierta en una pieza de su estrategia de desestabilización de los países del ALBA, como parece ser el caso de la actuación en la OEA contra Venezuela? ¿Quién decide qué es aceptable y qué no es aceptable? ¿Cuál y donde está el posicionamiento político de las fuerzas socio-políticas democráticas?

3. La complejidad del momento actual: ¿Qué hacer?

El proceso de democratización iniciado ya hace tres décadas se agotó, así como los pactos políticos que se suscribieron con la Constitución de la República en 1985 y la Firma de la Paz (1996). No existe una nueva plataforma programática nacional consensuada que permitiría re-direccionar el destino de la nación hacia un futuro distinto, y este vacío constituye un factor que tensa aún más la crisis y pueda configurar reacomodos autoritarios y espurios.

En la historia reciente del país se pueden identificar a lo menos tres momentos en que se pretendía transitar desde un Estado autoritario, hacia un Estado democrático:

a) La Revolución de Octubre 1944-54;
b) La ANC de 1985 y la asunción del gobierno de la DC, 1986;
c) El proceso y firma de la paz 1996.

Si bien el contexto histórico, las fuerzas protagónicas y los alcances de estos procesos fueron muy diferentes, tienen en común la pretensión de ampliar y profundizar derechos ciudadanos, limitar y modificar poderes fácticos, instaurar un proceso sociopolítico con cambios en el marco jurídico e institucional para favorecer la transición hacia un Estado democrático.

La historia nos ha enseñado que los cambios socio-políticos trascendentales son antecedidos por procesos de:
a) acumulación de criticidad con lo existente;
b) de la emergencia de nuevas fuerzas protagónicas que construyen contrahegemonía en el ámbito de los saberes y sus prácticas sociales, pero que aún no logran irrumpir con fuerza;
c) la existencia de una crisis en la forma de ejercer el dominio por parte de las élites, que ya no logran suficiente legitimidad, ni son capaces de imponer unilateralmente las reglas del sistema que ya está en crisis;
d) la intensificación de contradicciones que ya no pueden resolverse con las reglas del juego del sistema existente, iniciándose un proceso de reacomodos;
e) cuando se visibilizan claramente diferentes modelos de Estado- Nación que están en disputa y en torno a los cuales se movilizan distintas fuerzas socio-políticas.

Este es el momento preciso, en que los movimientos sociales, pueblos originarios y fuerzas socio-políticas democráticas deben iniciar un proceso de diálogo entre sí, conformar un amplio frente político y construir acuerdos que permiten accionar de manera conjunta en el actual escenario político, convertirse en interlocutores nacionales frente a los factores de intervención y crear condiciones políticas que conlleven a la convocatoria de una nueva asamblea constituyente originaria para fundar un nuevo Estado.

Esta constituye una tarea política ineludible en el momento actual. Es un proceso complejo, lleno de tensiones y contradicciones, con previsibles traiciones, pero impostergable. Profundamente equivocados están quienes creen que esta crisis se puede solventar dentro del marco del próximo proceso electoral y por ende priorizan actualmente la conformación de nuevos partidos o movimientos socio-políticos. Ambos procesos deberían impulsarse paralelamente.

Los pueblos originarios, el movimiento de mujeres y los movimientos sociales aportan toda una nueva base filosófica-política para este proceso, por ello impulsar una ANC hoy es marcadamente distinta que hace 30 años, dado que no se puede reducir solamente a la discusión de leyes o instituciones. Hoy este debate tiene un nuevo piso político, gracias al enorme legado del pensamiento crítico latinoamericano / caribeño, el feminismo, los pueblos originarios, los ecologistas, la praxis de los movimientos sociales mundiales, las experiencias revolucionarias y emancipatorias de la Patria Grande y del mundo entero.

Se trata de sentar nuevas bases filosóficas –políticas; y “así contribuir a un modelo civilizatorio alternativo basado en el Buen Vivir, El Utzilaj K’aslemal, el Raxnaqil K’aslemal, que se erige en la defensa, reconstitución de la vida como un todo, que promueve la convivencia, complementariedad, libertad y derechos de la naturaleza, la libre determinación de los pueblos, a partir de prácticas que descolonizan, despatriacalizan y desmercantilizan las relaciones humanas[1]

En la declaración política de IV Congreso Guatemala Florecerás (agosto 2014) se plantea que “las relaciones deben estar basadas en el bien común, en el reconocimiento de la corresponsabilidad del cuidado de la vida entre hombres y mujeres y en la necesidad de que las nuevas formas de convivencia armónica desestructuren las relaciones de poder de dominio basadas en la propiedad privada.

Estas relaciones deben potenciar la libertad, la autonomía, los placeres, la autodeterminación de los pueblos, los cuerpos y los territorios para una vida digna y en armonía, lo que implica desestructurar la violencia contra la naturaleza, las mujeres y los pueblos.”

Todos estos importantes aportes que se han construido desde los pueblos se quedarán en el mundo de los sueños irrealizables, si no están acompañados de decisión política para trascender de lo local-regional, sectorial hacia una fuerza política nacional que disputa seriamente el poder de la clase dominante, sustituyéndolo paulatinamente. ¿Estamos a la altura de los retos que el momento histórico actual exige?


[1] Confluencia Nuevo Baqtun, El Utzilaj K’aslemal, el Raxnaqil “K’aslemal, Guatemala, 2014.

El cartel del azúcar de Guatemala

www.plazapublica.com.gt / 270417

El 18 de julio de 2012, un abogado en Panamá y una asistente en ciudad de Guatemala acordaron la creación de tres sociedades opacas para uno de los emporios azucareros del país. Fernando Díaz, de la firma panameña Mossack-Fonseca, escribió a Mercedes Irving-Bell, asistente de María Eugenia Campollo, empresaria guatemalteca dueña de la planta de producción de azúcar, el ingenio Madre Tierra, para cerrar el trato: “Según lo conversado, estaríamos incorporando las compañías Roydon Trading Company, Wellon Sugar Commercial, American Trade Incorporated. Nos confirma y procedemos acordemente”, escribió Díaz. Al día siguiente, Irving-Bell dio la autorización: “Gracias Fernando, me parecen bien los nombres. Sds, M”.

Esa semana, Mossack-Fonseca inscribió cada empresa en un paraíso fiscal distinto. Roydon Trading Company, en Panamá; Wellon Sugar Commercial, en Islas Vírgenes Británicas; American Trade Incorporated, en Bahamas. La actividad de Wellon Sugar Commercial “es el comercio del azúcar”, escribió otra ejecutiva de la empresa en otro correo.

Como ocurriría con las 214,000 sociedades creadas en paraísos fiscales con la ayuda de Mossack-Fonseca, investigada internacionalmente por sus actividades, las empresas vinculadas al Grupo Campollo serían dirigidas por directores de fachada, de nacionalidad panameña. Ellos representarían los intereses de los hermanos Campollo: María Eugenia, Ramón, Ricardo y Rosa María.

Entre 2007 y 2015, el Grupo Campollo, dueño del ingenio Madre Tierra, creó 121 empresas offshore con un capital autorizado total de 282 millones de dólares. 47 sociedades están vinculadas al comercio del azúcar, con un capital que suma 113 millones. Madre Tierra está detrás del 7.2% del total de caña molida producida en Guatemala desde 1983. Es el séptimo productor, de los 12 que hay en Guatemala.

La creación de offshores en paraísos fiscales es legal aunque detrás de la práctica las autoridades sospechan que se busca evadir al fisco de los países en donde se concentra la actividad empresarial de los dueños de las compañías. En el caso del azúcar, que el negocio salga de las fronteras guatemaltecas contradice la identidad que la industria intenta proyectar cuando su logo y eslogan hablan del bienestar nacional. “Desarrollo para todos”, dicen los azucareros, que no tienen problemas en usar sociedades fuera de borda.

Además de las sociedades offshore de los Campollo, esta investigación encontró vínculos de otros 9 ingenios guatemaltecos con sociedades en paraísos fiscales. Los administradores, propietarios o empresas que participan como accionistas de los ingenios aparecen como directivos en empresas offshore. Esta actividad ha llamado la atención de las autoridades pero se declaran incapaces de fiscalizarla por estar fuera de las fronteras guatemaltecas.

Los azucareros son un grupo poderoso, tradicionalmente emparentado con el poder político, en un país con enormes problemas para recaudar impuestos de sus 2,100 mayores contribuyentes. Guatemala es el país con la menor recaudación fiscal de Latinoamérica. La autoridades reconocen que garantizar que “contribuyentes especiales” como la industria azucarera paguen lo que corresponde es, por ahora, imposible.
En Guatemala, hay expertos, exjefes de la Superintendencia de la Administración Tributaria (SAT), empresarios, empleados de ingenios y organismos internacionales como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), de la ONU, que sostienen que la industria azucarera es un cartel a toda regla que se aprovecha de la debilidad estatal, un “oligopolio colusorio” porque varias empresas se comportan como una para tener una posición ventajosa en el mercado.

Desde 1983, siete familias han estado detrás del 88% de la caña molida en Guatemala: Los Herrera (ingenios Pantaleón y Concepción), los Leal (Magdalena), los Botrán (Santa Ana), Los García (La Unión), Los Weissenberg Campollo (El Pilar), los Campollo (Madre Tierra), los González Bauer - Hertzsch (Palo Gordo). Todas estas familias están vinculadas con sociedades en Panamá.

El control del mercado azucarero

Que 10 de los 12 ingenios guatemaltecos estén relacionados directamente con empresas offshore casa a la perfección con el perfil de una industria que también ha financiado campañas de presidentes y diputados, que ha puesto funcionarios en puestos claves de gobierno, bloqueado leyes como la que regula el uso del agua, o promovido otras como una que reducirá el pago de impuestos sobre el azúcar que se exporta y otros productos agrícolas. Y el Estado responde siempre que se declara incapaz para fiscalizar la industria como debería.

"Durante dos meses se buscaron entrevistas con las 12 empresas azucareras para que detallaran sus vínculos con el poder, sus conflictos laborales y medioambientales y el uso que dan sus administradores a empresas offshore. A excepción de Madre Tierra, el resto de ingenios guardó silencio.
La respuesta de Madre Tierra fue tajante: “No tenemos ningún interés en llevar a cabo dicha entrevista, debido a que la empresa es de carácter PRIVADO y como tal sus operaciones tanto comerciales y mercantiles son de su exclusiva CONFIDENCIALIDAD Y COMPETENCIA (sic)”, escribió en un correo electrónico el abogado de la empresa, Marvin Sandoval.

Las offshore de Moncho, Richard, Rosita y Magena

MT Holdings Capital INC, una sociedad en Islas Vírgenes Británicas, ejerce la propiedad sobre el ingenio en una red de empresas que se explica mejor si se tiene en mente a la matrioska, la muñeca rusa que en su interior guarda otra muñeca, que a su vez guarda otra muñeca… Madre Tierra es propiedad de Central Agro Industrial Guatemalteca S.A. (Caigsa). Esta, a su vez, es propiedad de dos empresas panameñas: Gran Flora Internacional S.A. y Perlino Internacional S.A. Y ambas son hijas de MT Holdings Capital INC.

Los hermanos Campollo son accionistas de este holding, según los correos de Mossack-Fonseca. Un documento muestra que el 13 de febrero de 2009, el holding entregó 12.500 acciones a cada uno de los hermanos, a “Moncho”, “Richard”, “Rosita” y “Magena”, como les llama, según los correos, el abogado de la familia, José Buitrón. “Magena” es María Eugenia Campollo, aquella empresaria cuya asistente se comunicaba con el abogado de Mossack-Fonseca para pactar el nacimiento de tres offshore.

MT Holdings Capital INC es la segunda offshore más grande de los Campollo. Tiene un capital autorizado de 55 millones de dólares, según los Panamá Papers, una serie de documentos del bufete panameño Mossack-Fonseca filtrados al diario alemán Süddeutsche Zeitung y analizados por más de 100 medios informativos de todo el mundo, entre ellos El Faro, como parte de una investigación de casi un año coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

Las fundaciones en Panamá, un paraíso fiscal, no tienen un dueño y pueden ser propietarias de cualquier activo y encubren mucho más a sus beneficiarios finales. Por ejemplo, el reglamento de la Fundación Niño Jesús, creada en 2008, tiene como beneficiaria de todos sus activos a María Eugenia Campollo y como sustitutos a sus hijos.

Otro uso que los Campollo dan a sus offshore es la suscripción de préstamos. Gala Assets Corporation, sociedad panameña propiedad de los Campollo, dedicada a la generación de energía y a negocios de azúcar, estaba tramitando un préstamo con el banco guatemalteco GyT Continental por 75 millones de dólares a principios de 2015. Un correo del 5 de febrero de 2015, muestra que la empresa del ingenio Madre Tierra, Central Agro Industrial Guatemalteca y sus dueñas offshore iban a garantizar el 73% del préstamo con su propio capital.

Azúcar marca offshore

Así como los Campollo y su telaraña de 121 sociedades en paraísos fiscales, representantes o administradores de otros 9 ingenios guatemaltecos aparecen vinculados a 31 empresas domiciliadas en Panamá, según lograron documentar eldiario.es y El Faro.

De todas las refinerías de azúcar en Guatemala, las únicas de las que esta investigación no ha encontrado vínculos con paraísos fiscales son los pequeños ingenios de La Sonrisa y Santa Teresa, que desde 1983 sólo han aportado el 0.5% de la molienda de caña, unas 2.2 millones toneladas.

Al otro lado del espectro, dos corporaciones (grupo Pantaleón-Concepción e Ingenio Magdalena) que han controlado alrededor del 47% de la producción de caña en Guatemala en los últimos cinco años son las que tienen más vínculos con paraísos fiscales, según se descubrió. El grupo Pantaleón es un gigante construido hace 147 años y que en 1980 compró al ingenio Concepción; y Magdalena, antes de dedicarse al azúcar en 1983, producía mieles para ron. Los nombres de las offshore relacionadas son similares al de las sociedades en Guatemala: Ingenio Magdalena S.A., The Pantaleon Group INC, Pantaleon Land Holding...

Los dueños de Pantaleón están vinculados a ocho empresas en Panamá y la matriz del grupo está domiciliada en Islas Vírgenes Británicas, según acredita un documento de la Comisión para la Defensa de la Competencia en Honduras. Pantaleón ha sido el máximo moledor de caña de Guatemala en las últimas tres décadas: 91.3 millones de toneladas, el 26% de la molienda total. Entre 2008 y 2010, el ingenio recibió dos préstamos del International Finance Corporation (IFC), entidad del Banco Mundial, a través de su matriz en Islas Vírgenes, Pantaleón Sugar Holdings Company Limited, por 130 millones de dólares. Es decir, el Banco Mundial otorgó un crédito a una sociedad en un paraíso fiscal.

Hay ingenios cuyas offshore sirven para administrar los ingenios en Guatemala. Por ejemplo, el ingenio Trinidad, que se fusionó con la empresa San Diego en 2010, es arrendado por la sociedad Servicios Agropecuarios San Diego, y la dueña de esta, en un 50%, es otra en Panamá, denominada Santa Luisa International Group INC. Ninguna decisión como la suscripción de préstamos, contratos o la autorización para competir en licitaciones puede efectuarse sin aprobación de la offshore.

De los ingenios investigados, sólo se pudo tener detalles de las sociedades creadas para los Campollo, quienes resultaron afectados con la filtración de los correos de Mossack-Fonseca. El resto de familias crearon sus firmas offshore con otros bufetes.

El monstruo que lo aplana todo

Si pudieran juntarse todas las plantaciones de caña en Guatemala, esa gran masa de tierra equivaldría a tres veces la ciudad de Nueva York. Es un monstruo verde de unos 2,687 kilómetros cuadrados, el 10% del área cultivada de Guatemala que supura injusticias sociales y violaciones laborales.

El cultivo de azúcar en Guatemala está poco industrializado. Las plantas de la caña, que pueden alcanzar los cinco metros de altura y consumen altas cantidades de agua, crecen durante aproximadamente seis meses en las fincas. La zafra o cosecha empieza con la quema de las plantaciones para debilitar el tallo de la caña, hacer más eficiente el corte y ahuyentar a los animales.

Tras la quema, miles de trabajadores entran a los terrenos y cortan con machetes las plantas mientras se llenan del hollín producido por el fuego. Cargan la caña y la llevan al punto de recolección, en largas jornadas de trabajo, algunas veces sin acceso a fuentes de agua o servicios sanitarios. La caña es transportada a los ingenios en “jaulas” a bordo de grandes camiones. En los ingenios se procesa la planta y se produce el azúcar y todos sus derivados.

Dos oficinas del gobierno de Estados Unidos califican a Guatemala como un país azucarero “de bajo costo”, lo cual se explica porque los ingenios han “fracasado” en el cumplimiento de las leyes laborales, según la agencia de tratados comerciales de la Casa Blanca. En toda la industria, los sindicatos han desaparecido menos uno en el ingenio Palo Gordo, el octavo productor de caña molida, según datos de 2016.
Las denuncias medioambientales tampoco se hacen esperar. Entre 2012 y 2016, el ministerio de Medio Ambiente recibió 38 denuncias contra nueve ingenios, la mayoría de ellas relacionadas al desvío de ríos para regar sus plantaciones.

El atropello medioambiental es proporcional a los réditos económicos que genera la producción de azúcar, opina Yuri Melini, director del Centro de Acción Legal, Ambiental y Social (Calas). “¿Quién no va a ser competitivo si el Estado le da subsidios indirectos cuando no cobra por el agua que usan? ¿Quién no va a tener esa rentabilidad si no han dejado que tengamos la ley general de aguas?”, cuestiona Melini, excandidato presidencial de un movimiento de izquierda.

El río Madre Vieja, uno de los más grandes de la costa sur de Guatemala es desviado frecuentemente para alimentar las plantaciones caña. Este era el río, cerca de su salida al mar en 2010.

Este es el desvío hecho entre 2011 y 2013 para alimentar una plantación de caña de azúcar.

"La industria azucarera guatemalteca representa el 3% de la economía total, unos 1,900 millones de dólares al año, según los propios azucareros, y eso en una nación en desarrollo no es poca cosa. La economía del azúcar en Guatemala es del mismo tamaño que el PIB total de Belice, su vecino. Hay 25 países con economías más pequeñas que la riqueza producida por el azúcar guatemalteco.

Los responsables de esta economía boyante son 12 ingenios activos que se distribuyen a lo largo de cuatro departamentos de la costa sur. Cogobiernan con un poder paralelo al de medio centenar de municipalidades. A veces sustituye al poder local, por ejemplo, en la salud donde sus clínicas atienden más de 50.000 consultas al año o en la educación donde sus escuelas preparan a más de 10,000 maestros en matemáticas.

Los movimientos del monstruo a veces son grandes y torpes y terminan causando desastres. Cuando eso ocurre, las comunidades se levantan, intentan hacerle frente, pero nunca ganan. La costa sur de Guatemala ha estado salpicada de estallidos sociales en los últimos años. Por el uso del agua, por la contaminación, por daños a la propiedad.

En enero de 2014 una comunidad de la etnia mam, en Nueva Cajolá, Champerico, amenazó con quemar los camiones cañeros que atravesaban y deterioraban la calle comunal. Los camiones eran del ingenio Magdalena, que produjo la cuarta parte de todo el azúcar guatemalteco en la última década. Lo que colmó la paciencia de la gente fue cuando derribaron postes y un cerco con el objetivo de acortar el camino. El intento de revuelta y protesta de los mam fue resuelto sin diálogos, pero con poder. En Guatemala nada detiene a la industria, que ha construido 250,000 kilómetros de calles internas dentro de sus propiedades para evitar a comunidades como la de Nueva Cajolá.

Negocios intocables

Entre 2011 y 2016, los azucareros entregaron en impuestos unos 708 millones de dólares por la producción de azúcar y de productos relacionados como la melaza. Pero el Estado no sabe decir si esa es la cantidad real en impuestos que le corresponde tributar a la industria.

Solo haciéndoles una auditoría se puede saber si los azucareros pagan todos sus impuestos”, dice Abelardo Medina, exjefe de la Superintendencia de la Administración Tributaria (SAT). El actual jefe de la SAT, Juan Francisco Solórzano Foppa lo dice claro: “No tenemos todas las herramientas para controlar la tributación del sector”.

“No me gustaría generalizar en decir que todos nos defraudan porque no es cierto, y tampoco puedo decir todos son los mejores exportadores porque tampoco es cierto”, añade.

Una base de datos de procesos judiciales, creada para esta investigación, muestra que ocho ingenios están involucrados en 78 procesos tributarios. El que tiene más es el ingenio Pantaleón con 25 casos, seguido del ingenio Magdalena, con 15. El acceso al contenido de estos casos es secreto en Guatemala.

Los antecesores de Solórzano Foppa en el cargo y un técnico que conoce del trabajo de los ingenios aseguran que la industria azucarera hace uso de empresas offshore para reducirse el pago de impuestos mediante procedimientos legales.

Los ingenios suelen utilizar las offshore como intermediarias ante el cliente final del lote de azúcar que venderán. De esa manera se abre la oportunidad de reducir el pago de impuestos sobre las rentas gravadas. Esto porque la factura que se reporta al Estado podría tener un monto o precio menor al que se acordó la compraventa de azúcar con el cliente final.

El exsuperintendente tributario Abelardo Medina, señala la posibilidad de elusión: “No es ningún secreto: lo que se utilizan son empresas subsidiarias, matrices, filiales, para disfrazar los negocios de las empresas en el extranjero y evitar el pago de impuestos. Simple”, dice.

Al viceministro de comercio exterior, Eduardo Lacs, se le consultó si la oficina del ministerio de Economía que está destacada permanentemente en las oficinas  de Expogranel tiene una manera de controlar que no se le oculte al Estado los negocios de los exportadores. Expogranel es la empresa creada por los azucareros en los años 90 para tramitar las exportaciones y manejar las bodegas en Puerto Quetzal, el único puerto guatemalteco que exporta azúcar.

“No nos compete el control de precios de transferencia u otros controles con fines fiscales. De esto se encargan las instituciones correspondientes, entre ellas la SAT”, respondió. Este periódico también buscó a Expogranel durante dos meses para una entrevista con el gerente Marcos Chang, pero nunca hubo respuesta.

El jefe de la SAT, Solórzano Foppa, señala en la entrevista, limitantes para investigar:

—Las transacciones comerciales que los azucareros nos reportan se realizan con entidades fueras del país. Ese modelo se puede usar para defraudar y es una de las formas en las que no podemos acceder a la información.

—Si sacamos las facturas por las exportaciones de azúcar, ¿encontraríamos que la mitad de la azúcar se vende a paraísos fiscales en lugar de a los países clientes que dice el ministerio de Economía?

—No dudo que así sea. También la forma de exportación es muy distinta a la dirección de donde va finalmente el producto. Pero insisto, se dan transacciones válidas y hay una razón de ser comercial y financiera de por qué se necesitan offshore y otras herramientas. Que la SAT tenga todas las armas para poderlo controlar no es cierto.

“Un cartel a toda regla”

Depende de a quién se le pregunte, la industria azucarera de Guatemala puede ser un cartel o un oligopolio, o bien nada parecido a eso sino solo una industria con un esquema de negocios sumamente eficiente y rentable.

Quienes sostienen que la industria del azúcar en Guatemala es un cártel son la Comisión Económica para América Latina (Cepal), dos exjefes de la SAT, un director de la Fundación para el Desarrollo Económico (Fundesa), y diversos investigadores y organizaciones como el Instituto de Estudios Agrarios y Rurales, y la Coordinación de ONG y Cooperativas (Congcoop).

Para ellos, se trata de una industria en la que varias empresas actúan como una sola, se ponen de acuerdo para fijar precios  y para otros aspectos del negocio, aprovechándose de una posición de poder en el mercado. La Cepal lo tiene claro desde el año 2006. La institución concluyó que la industria del azúcar es engranaje casi perfecto en el que las partes de la cadena productiva se ponen de acuerdo desde el cultivo hasta la distribución. Y en el que “los ingenios funcionan como un cártel de distribución dentro del cual no hay competencia de precios”, dice el informe.

En Guatemala, pese a que existen 12 ingenios, no hay 12 marcas distintas de azúcar compitiendo en el mercado. Todos los ingenios mandan su grano molido a una única empresa, Máquinas Exactas, S.A., para su empaque y fortificación con vitamina y aquí es donde se distribuye al mercado en envoltorios de media docena de marcas.

“Somos socios para el bien del consumidor. El etiquetado, el peso exacto, todas esas son políticas llevadas de la mano con el ministerio, solicitadas por el ministerio”, justifica el vicepresidente de Asociación de Azucareros de Guatemala (Asazgua), Armando Boesche. Cuando se le quiere hacer preguntas a los voceros de los ingenios, ellos responden que en su nombre solo habla Asazgua, que decide cuánta azúcar le toca producir a cada ingenio, es decir, controla la oferta en el mercado interno y controla el precio.

Boesche lo explica así: “El único control por razón constitucional es la exportación porque el ministerio de Economía y yo, como representante legal de Asazgua, debemos verificar que con cada exportación se esté cumpliendo con el abastecimiento del mercado nacional”, dice, tratando de matizar el poder que tienen para controlar el mercado.

El exjefe de la SAT, Abelardo Medina, tiene otra impresión del mercado del azúcar: “Como en nuestros países no tienen regulación apropiada, no hay una satisfacción del mercado interno porque primero exportan y sus excedentes los venden en el mercado local. Y como tampoco tienen competidor en el mercado, ponen el precio que quieran”.

De las 2.7 millones de toneladas de azúcar producidas entre 2015 y 2016 en Guatemala, el 27% se quedó en el mercado interno, según datos de Cengicaña. Y aquí otra característica del cartel es que el precio interno es sumamente rentable respecto de sus costos. Según la Cepal, los azucareros guatemaltecos compensan con las ventas internas lo que pierden cuando el precio de exportación está abajo. Asazgua se defiende diciendo que en Centroamérica, Guatemala es de los países que vende el azúcar más barato.

Expertos como Abelardo Medina sostienen que por la bonanza en el mercado interno los azucareros protegen la entrada de azúcar de otros países con medidas no arancelarias y la obligación de que todo el azúcar que entre a Guatemala esté fortificada con vitamina A. “Con eso no hay otro productor que pueda meter azúcar en el mercado local”, dice Medina.
Pero la verdadera mina de oro, sostienen todos los consultados para este reportaje, está en la exportación. Alrededor del 70% lo que se produce en Guatemala se envía a otros países. En 2015, los envíos de azúcar al mercado internacional sumaron 851 millones de dólares, según el ministerio de Economía. Esto es aproximadamente el 9% del presupuesto actual del gobierno de Guatemala

Y hasta para exportar, el cartel azucarero también controla quién puede hacerlo y quién no. El requisito indispensable es ser accionista de Expogranel, la empresa de los azucareros que maneja las exportaciones de azúcar. El que no invierte en Expogranel, no exporta en el cuarto país que más exporta azúcar en todo el mundo.

“(Es) un cartel en toda regla, con vía libre en un país donde la legislación de regulación de competencia lleva más de ocho años ‘congelada’ en el Congreso”, zanjaba un informe del Instituto de Estudios Agrarios y Rurales, IDEAR, de 2008. Nueve años después, la ley de competencia sigue siendo una deuda, y aun así, altos cargos del Estado se resisten a llamar al cartel del azúcar por su nombre.

“No tenemos elementos legales o económicos que puedan indicar que este sector es un oligopolio colusorio. En nuestro país existen 15 productores y todos compiten en igualdad de condiciones en el mercado internacional”, respondió vía correo electrónico el viceministro de Comercio Exterior, Eduardo Lacs. En su respuesta Lacs incluía dos ingenios que se han fusionado con otros y un tercero que aún no está en funcionamiento.

Acabar con la competencia

El terrateniente y cultivador de caña José María Rodríguez Briz fue asesinado hace 25 años, el 23 de marzo de 1992 de un tiro en la cabeza, “en una emboscada” en su finca, según tituló el periódico local Prensa Libre. Originario de Cantabria, España, en los meses previos a su muerte enfrentó el rechazo de los ingenios guatemaltecos a su idea de abrir una nueva refinería de azúcar en el país, según contó a sus allegados. Rodríguez Briz proveía de caña a los ingenios de la costa sur y, en un momento, estos decidieron dejar de comprársela porque veían en él un serio y difícil competidor, con muchas tierras en Escuintla, departamento con la mayor área cultivada de caña.

Otras trabas las puso la banca: “José María encontró serias dificultades (…) también dentro del sistema financiero guatemalteco, muy ligado al azucarero, a la hora de obtener financiación para el nuevo negocio”, dice el excónsul honorario de Guatemala en Santander, España, Enrique Sánchez, cercano a la familia de Rodríguez Briz.

Los herederos de Rodríguez Briz, quienes se negaron a brindar una entrevista, se mudaron a Belice donde sí recibieron el apoyo que necesitaban, ahí fundaron Santander Sugar Group. “La familia era consciente de las dificultades para desarrollar el ingenio en Guatemala”, explica Sánchez, quien acompañó a la familia en el puerto de Santander, para el desembarque de 6 mil toneladas de azúcar de Belice en agosto de 2016.

“La industria azucarera en Guatemala está, casi en su totalidad, en manos de unas cuantas familias poderosas y acaudaladas, dominantes en el país, las que no ven con buenos ojos, como es lógico, el tener que repartir este negocio con nuevos ingenios”, dice Sánchez, familiar político de la familia Rodríguez. “La industria del azúcar es un círculo muy cerrado que no tolera, que no quiere que se amplíe con nuevos azucareros, y esos son los problemas que José María encontraba”, agrega.

El crimen nunca se resolvió, y aún hoy se sigue especulando sobre las causas de la muerte. El excónsul Sánchez se niega a señalar culpables, lo que dice sería una irresponsabilidad, pero dice que el rechazo de los ingenios a una nueva planta era el contexto dentro del cual se dio el asesinato de Rodríguez Briz. “Renunció… bueno, no renunció a su ilusión de poner un ingenio en Guatemala, no le dejaron terminar porque lo mataron”, dice.

Los bloqueos contra la competencia se repiten en el tiempo. En 2005, grandes cargamentos de azúcar provenientes de Cuba, acordados por el entonces presidente de Guatemala, Alfonso Portillo (2000-2004) fueron suspendidos cuando los azucareros así lo ordenaron. El vicepresidente de Asazgua, Armando Boesche, es uno de los que mejor puede contar aquella anécdota, ya que fue uno de los que ayudó a que la importación de azúcar cesara.

Los azucareros se oponían a aquella importación porque no habían participado del tratado negociado por el presidente Portillo; porque dicen que el azúcar cubana no venía fortificada con vitamina A, como lo ordena una ley que data de 1992. Esta ley también ordenó que se agregara yodo a la sal, para reducir enfermedades como la ceguera infantil y el bocio.

El azúcar cubana se vendía a un precio más barato de los controlados por Asazgua, además Cuba no pagaba aranceles, mientras que el azúcar que Guatemala enviaba a la isla sí lo hacía. “Pedíamos, como siempre, igualdad de condiciones, eso es todo”, dice Boesche.

Boesche viajó a Cuba a principios de 2005, cuando en Guatemala ya mandaba otro presidente: Óscar Berger Perdomo, quien está emparentado con azucareros. En Cuba, Boesche asegura que se reunió con el presidente del gabinete Ricardo Cabrizas, uno de los hombres más fuertes después de Fidel Castro. Según Boeshe, Cabrizas le confesó que “aquí, un presidente vino y dijo que ustedes (en Guatemala) iban a tener escasez de azúcar y que iban a necesitar importar azúcar. Tú no le puedes negar, si un presidente dice que va a necesitar azúcar, el azúcar al presidente”.

Un empresario guatemalteco que participó de aquella importación de azúcar cubana asegura que las últimas importaciones fueron en tiempos de Berger. “Cuando ganó Berger en las elecciones de noviembre del 2003, recuerdo que esa noche los de Asazgua le subieron 20 quetzales (unos 2.50 dólares) al saco de 50 kilogramos, era la manera de decirnos que el candidato de ellos había ganado, y ya con eso nosotros teníamos que salir del mercado, no podíamos traer un barco arriesgándonos a no poder descargar”, dice.

Este empresario asegura que alejado de cualquier trama de corrupción (Portillo fue condenado en Estados Unidos por un millonario desvío de fondos donados a Guatemala por la república de Taiwán), la idea del expresidente era contrarrestar al cártel del azúcar y beneficiar al consumidor final. “Sabíamos que nos estábamos metiendo con uno de los grupos más poderosos”, dice.

Portillo se negaba a conceder cita a los azucareros y había permitido que el azúcar cubano se vitaminara estando en Guatemala. Pero meses después de que Berger asumiera la presidencia, su ministro de Salud cerró la torre fortificadora ubicada en la almacenadora del ejército, Alsersa. “Fue una decisión política, nada más, no hubo justificación, la voluntad política de importar azúcar de Cuba desapareció con Berger”, se queja el empresario.

Asazgua admite que bloqueó la importación de azúcar de Cuba, pero que lo hizo por salud pública. “Lo que pedíamos es que si va a entrar azúcar, que la fortifiquen, que la empaquen y que tenga un proceso”, dice María Silvia Pineda, de la Fundazúcar, el brazo social de la Asociación de Azucareros con la que impulsan las políticas de responsabilidad empresarial. “¡Si va a entrar azúcar que no deteriore la salud del pueblo”, añade, Boesche, el vicepresidente de Asazgua."

La tierra es para el cartel

Guatemala tiene el 3% de su territorio sembrado con caña. Hay departamentos de la costa sur que han transformado su paisaje por la expansión de la caña. Suchitepéquez, por ejemplo, que en siete años cambió el 40% de sus tierras cultivables para sembrar caña, según un estudio de la socióloga Katja Winkler.

Cuando Guatemala cerró 36 años de guerra con los Acuerdos de Paz de 1996, comenzó la pugna por la distribución de la tierra. Con la constante expansión de los monocultivos como el azúcar, la palma africana, el banano, el melón y el hule, la presión sobre la tierra creció. En 2002, el 1.5% de fincas concentraban el 62.5% de la tierra cultivable, según el censo agropecuario de aquel momento. Para 2008, más de 1,500 conflictos por la tierra se habían registrado en la Procuraduría de Derechos Humanos, y un escuálido Fondo de Tierras de Guatemala, sin dinero suficiente para comprar tierra a buen precio y distribuirla mejor, no ha podido mejorar el panorama.

Cuando campesinos sin tierra han querido tomarse fincas azucareras para vivir, como ocurrió en 2010 en el valle del Polochic, a unas tres horas al norte de la ciudad de Guatemala, la respuesta de los azucareros ha sido llamar a su aliado más poderoso: el Estado.

Uno de los casos más emblemáticos ocurrió entre el 14 y el 19 de marzo de 2011, cuando cerca de 750 familias fueron sacadas de sus viviendas por soldados, policías y guardias privados de seguridad en el valle del Polochic. Hubo quema de chozas, quema de cultivos para consumo doméstico, y el asesinato extrajudicial del campesino Antonio Beb Ac. Detrás del desalojo estaba la familia Widmann, cuyo patriarca Carlos Widmann Lagarde es cuñado del expresidente Berger. Los Widmann querían mover su ingenio Guadalupe de la costa sur al norte, y los campesinos que se habían instalado en esas tierras se los impedían.

El episodio fue sancionado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por no cumplir el protocolo para desalojo de asentamientos, pero a la fecha el Estado guatemalteco no le ha respondido a las víctimas ni ha logrado reubicarlos con acceso a tierra.

La comunidad es de la etnia q’eqchí’, casi nadie habla español pero a través de un traductor explican que siguen esperando por la ayuda del Fondo de Tierras. Hasta ahora solo unas 150 familias, de las 750, han recibido una casa del Estado. Y por eso esta comunidad sin servicios básicos no piensa abandonar el lugar después de seis años del desalojo. No importa el hambre, no importa el frío, que no hay comida… no importa la pobreza. “Nos vamos a quedar aquí porque Antonio (Beb Ac) aquí murió, aquí derramó la sangre, entonces ya está pagada esta tierra por él”, dice José Caal, uno de los líderes de la comunidad.

Los q’eqchí’ se quedarán en esa tierra hasta que los verdaderos dueños lo permitan o hasta que el Estado los reubique de una vez por todas. Esa tierra sigue siendo y seguirá siendo de los Widman, del ingenio SER Chabil Utzaj, de un cartel de 1.900 millones que no se deja vencer por nada ni por nadie.


Siete claves para entender la crisis actual


No es posible entender la crisis actual en Venezuela sin analizar en conjunto los factores que se desarrollan ‘desde adentro’, y que no son explicados en su conjunto por los principales medios de comunicación. Planteamos siete claves de la crisis actual en donde se resalta que no se puede comprender lo que pasa en Venezuela sin tomar en cuenta la intervención foránea y que el concepto de ‘dictadura’ ni explica el caso venezolano ni es una especificidad regional de ese país.

A su vez planteamos que se están desbordando el contrato social, las instituciones y los marcos de la economía formal y que se está canalizando el devenir y las definiciones políticas de la actual situación por la vía de la fuerza y a través de un buen número de mecanismos informales, excepcionales y subterráneos. Proponemos que el horizonte compartido de los dos bloques partidarios de poder es neoliberal, que estamos ante una crisis histórica del capitalismo rentístico venezolano y que comunidades, organizaciones populares y movimientos sociales se enfrentan a un progresivo socavamiento del tejido social.

El trato que se le da a Venezuela en los grandes medios de comunicación internacionales es sin duda especial en todo el mundo. No tenga dudas que hay demasiadas tergiversaciones, demasiado maniqueísmo, demasiados slogans, demasiadas manipulaciones y omisiones.

Más allá de las versiones cretinizantes de la neolengua mediática que interpreta todo lo que ocurre en el país en clave de ‘crisis humanitaria’, ‘dictadura’ o ‘presos políticos’, o bien de la narrativa heroica de la Venezuela del ‘socialismo’ y la ‘revolución’ que interpreta todo lo que ocurre en el país en clave ‘guerra económica’ o ‘ataque imperial’, hay muchos temas, sujetos y procesos que son invisibilizados, que ocurren mar adentro y que esencialmente constituyen el escenario político nacional. No es posible entender la crisis actual en Venezuela sin analizar en conjunto los factores que se desarrollan ‘desde adentro’.

El criterio de acción e interpretación basado en la lógica ‘amigo-enemigo’ responde más a una disputa entre élites de los partidos políticos y grupos económicos que a los intereses fundamentales de las clases trabajadoras y la defensa de los bienes comunes. Es necesario apostar por miradas integrales del proceso de crisis y conflicto nacional, que contribuyan a trazar las coordenadas para trascender o enfrentar la coyuntura actual.

Presentamos 7 claves para su comprensión, analizando no solo la disputa gobierno-oposición, sino también procesos que se están desarrollando en las instituciones políticas, en los tejidos sociales, en las tramas económicas, al tiempo que se resaltan las complejidades sobre el neoliberalismo y los regímenes de gobierno y gobernanza en el país.

I. No es posible comprender lo que pasa en Venezuela sin tomar en cuenta la intervención foránea

El rico y vasto conjunto de los llamados ‘recursos naturales’ del país; su posición geo-estratégica; su desafío inicial a las políticas del Consenso de Washington; su influencia regional para la integración; así como sus alianzas con China, Rusia o Irán; le otorgan un notable significado geopolítico a Venezuela. Sin embargo, hay sectores intelectuales y mediáticos que continuamente buscan obviar las muy fluidas dinámicas internacionales que impactan y determinan el devenir político en el país, donde resalta el persistente accionar intervencionista del Gobierno y los diferentes poderes fácticos de los Estados Unidos.

En este sentido, estos sectores se encargan de ridiculizar la crítica al imperialismo, y presentan al Gobierno Nacional como el único actor de poder en juego en Venezuela, y por ende el único objeto de interpelación política.

Sin embargo, desde la instauración de la Revolución Bolivariana se ha desarrollado un intenso intervencionismo estadounidense hacia Venezuela, el cual se ha recrudecido y tornado más agresivo a partir de la muerte del presidente Chávez (2013) y del contexto de agotamiento del ciclo progresista y restauración conservadora en América Latina. Vale recordar la Orden Ejecutiva firmada por Barack Obama en marzo de 2015 en la cual se declaraba a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional de los EEUU –‘an unusual and extraordinary threat to the national security and foreign policy of the United States’ [1] . Ya sabemos qué le ha ocurrido a los países que son catalogados de esta manera por la potencia del norte.

Actualmente, además de las amenazantes declaraciones del Jefe del Comando Sur, el Almirante Kurt W. Tidd (6 de abril de 2017), planteando que la ‘crisis humanitaria’ en Venezuela podría obligar a llevar adelante una respuesta regional –‘The growing humanitarian crisis in Venezuela could eventually compel a regional response’ [2] –, y de la evidencia de la agresividad de la política exterior de Donald Trump con el reciente bombardeo a Siria, el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, encabeza, junto a varios países de la región, el intento de aplicación de la Carta Democrática para abrir un proceso de ‘restitución de la democracia’ en el país.
Los ideólogos y operadores mediáticos de la restauración conservadora en la región se muestran muy preocupados por la situación de Derechos Humanos (DDHH) en Venezuela, pero no logran explicar en sus análisis por qué extrañamente no se hace ningún esfuerzo supranacional del mismo tipo frente a la espantosa crisis de DDHH en países como México y Colombia. En este sentido parece que la indignación moral es relativa y prefieren callar.

Sea pues, por razones de intencionalidad política o ingenuidad analítica, estos sectores despolitizan el rol de los organismos supranacionales desconociendo las relaciones geopolíticas de poder que los constituyen, que hacen parte de su propia naturaleza. Una cosa es una lectura paranoica de todas las operaciones impulsadas por estos organismos globales y otra muy diferente es una interpretación puramente procedimental de su accionar, obviando los mecanismos de dominación internacional y control de mercados y de recursos naturales que se han canalizado a través de estas instituciones de gobernanza global y regional.

Pero hay algo importante que agregar. Si hablamos de intervención, no podemos solo hablar de los EEUU. En Venezuela hay crecientes formas de intervencionismo chino en la política y las medidas económicas que se han ido tomando, lo que apunta a pérdidas de soberanía, incremento de la dependencia con la potencia asiática y procesos de flexibilización económica.

Una parte de la izquierda ha preferido callar estas dinámicas, dado que parece que la única intervención que merece ser señalada es la estadounidense. Pero ambas vetas de injerencia foránea se están desarrollando para favorecer la acumulación capitalista transnacional, la apropiación de ‘recursos naturales’ y para nada tienen que ver con las reivindicaciones populares.

II. El concepto de ‘dictadura’ no explica el caso venezolano

Casi desde el inicio de la Revolución Bolivariana se ha tildado a Venezuela de ser una ‘dictadura’. Este concepto sigue siendo objeto de amplios debates en la teoría política debido a que ha sido desafiado por las transformaciones y complejización de los regímenes y ejercicios de poder contemporáneos, sobre todo en la actual época globalizada, lo que plantea serios vacíos e imprecisiones en sus definiciones.

La ‘dictadura’ suele estar asociada a regímenes políticos o tipos de gobierno en los cuales todo el poder está concentrado, sin limitaciones, en una sola persona o un grupo de ellas; hay una ausencia de división de poderes; ausencia de libertades individuales, de libertad de partidos, libertad de expresión; e incluso en ocasiones el concepto ha sido vagamente definido como ‘lo opuesto a la democracia’.

El término ‘dictadura’ en Venezuela ha sido utilizado y masificado en la jerga mediática de manera bastante superficial, visceral y de una forma moralizante, prácticamente para plantearlo como una especie de especificidad venezolana, distinguiéndose así de los otros países de la región, donde en teoría sí habría regímenes ‘democráticos’.

El asunto es que en Venezuela en la actualidad difícilmente se puede decir que todo el poder está concentrado sin limitaciones en una sola persona o un grupo de ellas, debido a que en el país estamos ante un mapa de actores, que si bien es jerarquizado, es a la vez fragmentado y volátil –sobre todo después de la muerte del presidente Chávez–, en tanto la existencia de diversos bloques de poder que pueden aliarse o bien estar enfrentados entre ellos y que desborda la dicotomía gobierno-oposición.
Aunque exista un gobierno con un componente militar importante, con crecientes expresiones de autoritarismo y con cierta capacidad de centralización, el escenario es altamente movedizo. No hay dominación total de arriba hacia abajo, y hay cierta paridad entre los grupos de poder en disputa. En cambio el conflicto podría desbordarse, ‘caotizando’ aún más la situación.

El hecho de que la oposición venezolana controle la Asamblea Nacional, la cual ganó contundentemente por la vía electoral, señala además que antes que una pura ausencia de división de poderes, hay en cambio una disputa entre ellos, hasta ahora favorable a la combinación Ejecutivo-Judicial.

Antes pues que hablar de un régimen político homogéneo, estamos ante una amplia y conflictiva red de fuerzas. La metástasis de la corrupción hace que el ejercicio del poder se descentralice aún más, o bien se dificulte su centralización por parte del Poder Constituido.

Lo que sí tiene que ver con el viejo concepto romano de dictadura, es que en este contexto el Gobierno nacional está gobernando por medio de decretos y medidas especiales en el marco de un declarado ‘estado de excepción’, que se oficializa desde principios de 2016. En nombre de la lucha contra la guerra económica, el avance de la delincuencia y del paramilitarismo, y los avances subversivos de la oposición, numerosas mediaciones institucionales y procedimientos democráticos están siendo omitidos.

Destacan por su gravedad políticas de seguridad como la Operación de Liberación del Pueblo (OLP), que representan intervenciones de choque directas de los cuerpos de seguridad del Estado en diferentes territorios del país (rurales, urbanos, barrios periféricos), para "combatir el hampa", los cuales suelen tener polémicos saldos en muertes; la paralización del referéndum revocatorio; la suspensión de las elecciones a gobernación en 2016 sin todavía quedar claro cuando se realizarán; crecientes represiones y excesos policiales ante el descontento social producto de la situación en el país; y un incremento de procesos de militarización, resaltando las zonas fronterizas y las declaradas de ‘recursos naturales estratégicos’.

Este es el mapa político que, junto a las diversas formas de intervención foránea, configuran el escenario de guerra de baja intensidad que atraviesa prácticamente todos los ámbitos de la vida cotidiana de los venezolanos. En este marco se desenvuelven las libertades individuales, la oposición y pluralidad partidaria, la convocatoria y realización de marchas, expresiones de disidencia y críticas en los medios de comunicación, entre otras formas de la llamada democracia en Venezuela.

III. En Venezuela se están desbordando el contrato social, las instituciones y los marcos de la economía formal

Si hay algo que podría definirse como una especificidad del caso venezolano es que su escenario socio-político actual está desgarrado, profundamente corrompido y altamente ‘caotizado’. Hemos sostenido que en el país estamos ante una de las crisis institucionales más severas de toda América Latina [3], haciendo referencia con esto al conjunto de las instituciones jurídicas, sociales, económicas, políticas, entre otras, que conforman la República venezolana.

La crisis histórica del modelo de acumulación rentista petrolero, la metástasis de la corrupción en el país, severas vulneraciones al tejido social desde el ‘período neoliberal’ y en especial desde 2013, y la intensidad de los ataques y disputas políticas, han desbordado en su conjunto los marcos de las instituciones formales de todos los ámbitos de la sociedad, canalizándose muy buena parte de las dinámicas sociales por la vía de mecanismos informales, subterráneos e ilegales.

En el ámbito económico, la corrupción se ha transformado en un mecanismo transversal y ‘motorizador’ de distribución de la renta petrolera, desviando enormes sumas de divisas a discrecionalidad de unos pocos, y socavando las bases de la economía formal rentista. Esto ocurre de manera determinante con PDVSA [4], la principal industria del país, así como con fondos clave como el Fondo Chino-Venezolano o con numerosas empresas nacionalizadas.

El colapso de la economía formal ha hecho de la informalidad prácticamente uno de los ‘motores’ de toda la economía nacional. Las fuentes de oportunidades sociales, sea de ascenso social o de posibilidad de mayores ganancias, se encuentran con frecuencia en el llamado ‘bachaqueo’ de alimentos (el comercio ilegal, a altísimos precios, dirigidos al mercado negro) [5] u otras formas de comercio en los diversos mercados paralelos, sea de divisas, medicinas, gasolina, etc.

En el ámbito político-jurídico, el estado de derecho carece de respeto y reconocimiento por parte de los principales actores políticos, quienes no solo se desconocen mutuamente sino recurren a movidas políticas dispuestos a todo para vencerse el uno al otro. El Gobierno nacional enfrenta a las que considera las ‘fuerzas enemigas’ con medidas de excepción y conmoción, mientras que grupos de la oposición más reaccionarios despliegan operaciones violentas de vandalismo, confrontación y ataque a infraestructuras. En este escenario se ha mermado sobremanera el estado de derecho, haciendo muy vulnerable a la población venezolana.

Cada vez reina una mayor impunidad, la cual se ha expandido a todos los sectores de la población. Esto no solo hace que se enquiste aún más la corrupción, que luce indetenible, sino que implica que la población no espere nada del sistema de justicia, y cada vez más la ejerza con sus propias manos.

El colapso del contrato social genera tendencias de ‘sálvese quien pueda’ en la población. La fragmentación del poder también ha contribuido a que se generen, crezcan y se fortalezcan diversos poderes territoriales, como lo son los llamados ‘sindicatos mineros’ que controlan con armas minas de oro en el estado Bolívar, o bandas criminales que dominan sectores de Caracas como El Cementerio o La Cota 905 [6].

El marco presentado implica nada más y nada menos que el devenir y las definiciones políticas de la actual situación en el país se están desarrollando en muy buena medida por la vía de la fuerza.

IV. La crisis de largo plazo del capitalismo rentístico venezolano (1983-2017)

El hundimiento de los precios internacionales del crudo ha sido determinante en el desarrollo de la crisis venezolana, pero no es el único factor que explica este proceso. Desde la década de los años 80 hay crecientes síntomas de agotamiento del modelo de acumulación basado en el extractivismo petrolero y la distribución de la renta que genera. La actual fase de ‘caotización’ de la economía nacional (2013-hoy) es también producto del devenir económico de los últimos 30 años en el país. ¿Por qué?

Varias razones lo explican. Alrededor del 60% de los crudos venezolanos son pesados y extra-pesados. Estos crudos son económicamente más costosos y requieren mayor uso de energía y el empleo de procesamientos adicionales para su comercialización. La rentabilidad del negocio que alimenta al país va descendiendo con respecto a tiempos anteriores, cuando prevalecían crudos convencionales. Esto ocurre al mismo tiempo que el modelo exige cada vez más ingresos rentísticos y cada vez más inversión social no solo para paliar las crecientes necesidades de una población que sigue en aumento.

La hiper-concentración poblacional en las ciudades (más de 90%) promueve un uso de la renta orientado fundamentalmente en el consumo (de bienes importados) y muy poco en formas productivas. Las épocas de bonanza promueven el fortalecimiento del sector extractivo (primario) –los efectos de la llamada ‘Enfermedad Holandesa’– lo que vulnera notablemente a los ya débiles sectores productivos. Luego de finalizada la bonanza (como ocurrió a fines de los 70 y ahora desde 2014), la economía queda más dependiente y aún más débil para enfrentar una nueva crisis.

La corrupción socio-política del sistema también posibilita fugas y descentralizaciones fraudulentas de la renta, lo que impide el desarrollo de políticas coherentes de distribución para paliar la crisis.

La creciente volatilidad de los precios internacionales del crudo, así como cambios en los balances de poder global en torno al petróleo (como la progresiva pérdida de influencia de la OPEP) tienen también significativos impactos en la economía nacional.

Mientras se desarrollan todos estos vaivenes económicos en el país, los recursos ecológicos se siguen socavando y agotando, lo que amenaza los medios de vida de millones de venezolanos para el presente y futuro.

La actual solución que impulsa el Gobierno nacional ha sido incrementar notablemente el endeudamiento externo, distribuir la renta de manera más regresiva para la población, expandir el extractivismo y favorecer al capital transnacional.

En suma, cualquiera de las élites que gobierne en los próximos años, tendrá que enfrentar, sí o sí, los límites históricos que se han alcanzado con el viejo modelo rentista petrolero. No bastará solo esperar un golpe de suerte para que los precios del petróleo suban. Se vienen trascendentales cambios y habrá que estar preparados para enfrentarlos.

V. ¿Socialismo? En Venezuela se está llevando a cabo un proceso de ajuste y flexibilización económica progresivo

En el país se está desarrollando un proceso de ajuste progresivo y sectorizado de la economía, flexibilizando previas regulaciones y restricciones al capital, y desmantelando paulatinamente los avances sociales alcanzados en tiempos anteriores en la Revolución Bolivariana. Estos cambios aparecen enmascarados en nombre del Socialismo y la Revolución, aunque representan políticas cada vez más rechazadas por la población.

Destacan políticas como la creación de las Zonas Económicas Especiales, las cuales representan liberalizaciones integrales de partes del territorio nacional, una figura que entrega la soberanía a los capitales foráneos que pasarían a administrar prácticamente sin limitaciones dichas regiones. Se trata de una de las medidas más neoliberales desde la Agenda Venezuela implementada por el gobierno de Rafael Caldera en los años 90, bajo las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional.

También resaltan la paulatina flexibilización de los convenios con las corporaciones foráneas en la Faja Petrolífera del Orinoco; liberalización de precios de algunos productos básicos; creciente emisión de bonos soberanos; devaluación de la moneda, creándose un tipo de cambio flotante (Simadi); aceptación de algunos trámites comerciales directamente en dólares, por ejemplo, en el sector turismo; o el fiel cumplimiento de los pagos de deuda externa y los servicios de la misma, lo que implica un recorte en las importaciones y consiguientes problemas de escasez de bienes de consumo básico.

Se está impulsando el relanzamiento de un extractivismo flexibilizado, apuntando fundamentalmente hacia las nuevas fronteras de la extracción, donde destaca el mega-proyecto del Arco Minero del Orinoco, el cual plantea instalar como nunca antes la mega-minería en un territorio de 111.800 kms2 de extensión, amenazando fuentes de vida claves para los venezolanos, en especial para los pueblos indígenas. Estos proyectos suponen además el atornillamiento por largo plazo a los esquemas de dependencia que produce el extractivismo [7].

Cabe destacar que estas reformas se combinan con el mantenimiento de algunas políticas de asistencia social, continuos aumento de los salarios nominales, algunas concesiones a demandas de las organizaciones populares y el uso de una narrativa revolucionaria e antiimperialista. Esto evidentemente tiene como uno de sus principales objetivos el mantenimiento de los apoyos electorales que quedan.

Estamos en presencia de lo que hemos llamado un ‘neoliberalismo mutante’, en la medida en la que se combinan formas de mercantilización, financiarización y desregulación con mecanismos de intervención estatal y asistencia social.

Parte de la izquierda ha estado muy enfocada en evitar la llegada de gobiernos conservadores al poder para así evitar la ‘vuelta del neoliberalismo’. Pero olvidan mencionar cómo gobiernos progresistas también avanzaron en varias medidas selectivas, mutantes e híbridas de perfil neoliberal, que finalmente afectan al pueblo y a la naturaleza [8].

VI. ¿La alternativa? El proyecto de los partidos de la ‘Mesa de la Unidad Democrática’ (MUD) es neoliberal

La derechista ‘Mesa de la Unidad Democrática’ (MUD) es el bloque predominante de la oposición partidista al Gobierno nacional, aunque una oposición de izquierda haya venido creciendo lentamente y es muy factible que lo siga haciendo. Esta izquierda crítica, al menos la más definida, no se identifica con la MUD por lo que no articula políticamente con esta.

La MUD no es un bloque homogéneo, y en cambio existen sectores que van, desde influyentes grupos radicales de extrema derecha –que podríamos llamar ‘uribistas’–, hasta llegar a algunos sectores de conservadurismo light, y de liberalismo elitario con cierta tendencia distribucionista. Estos diversos grupos tienen una relación conflictiva entre ellos y con eventuales careos y desplantes mutuos.

A pesar de sus diferencias, a los diferentes grupos de la MUD los une al menos tres factores fundamentales: su matriz ideológica, las bases de su programa económico y su agenda reaccionaria ante el Gobierno nacional y ante la posibilidad de una profunda transformación de corte popular emancipatorio. Nos referiremos a las dos primeras.

Su matriz ideológica está profundamente determinada por la teoría neoclásica y por el liberalismo conservador, enalteciendo obsesivamente la propiedad privada, el fin de la ‘ideologización’ por parte del Estado y el auge de las libertades empresariales e individuales.
Estos pilares ideológicos son más claros en la programática de este bloque que en sus propios discursos mediáticos, donde la retórica es simplista, superficial y llena de consignas. La síntesis más acabada de su modelo económico se encuentra en los ‘Lineamientos para el Programa de Gobierno de Unidad Nacional (2013-2019)’ [9]. Se trata de una versión neoliberal más ortodoxa del extractivismo petrolero, en relación al proyecto del actual Gobierno venezolano.

Destaca el hecho de que, a pesar de enarbolar la bandera del ‘cambio’ y la ‘Venezuela productiva’, su propuesta plantea llevar la extracción de petróleo en Venezuela hasta 6 millones de barriles diarios, poniendo énfasis en el incremento de las cuotas de la Faja Petrolífera del Orinoco. Aunque se acusen, riñan y señalen públicamente, las propuestas petroleras de Henrique Capriles Radonski (Petróleo para tu Progreso) [10] y Leopoldo López (Petróleo en la Mejor Venezuela [11]) son gemelas, y consensuan con el ‘Plan de la Patria’ 2013-2019 impulsado por el Gobierno nacional. El cambio anunciado no es más que otro atornillamiento con el extractivismo, más rentismo y desarrollismo, y las consecuencias económicas e impactos socio-ambientales y culturales que conlleva este modelo.

VII. La fragmentación del ‘pueblo’ y el progresivo socavamiento del tejido social

En todos estos procesos de guerra de baja intensidad y caos sistémico, el principal afectado es el pueblo trabajador. La potente cohesión socio-política que se configurara en los primeros años de la Revolución Bolivariana ha sufrido no solo un desgaste sino una progresiva desarticulación. Pero estas afectaciones han llegado incluso a la propia médula de los tejidos comunitarios del país.

La precariedad para cubrir las necesidades básicas de la vida cotidiana; los incentivos a la resolución individual y competitiva de los problemas socio-económicos de la población; la metástasis de la corrupción; la canalización de los conflictos y disputas sociales por la vía de la fuerza; la pérdida de referentes ético-políticos y el desgaste de la polarización debido al descrédito de los partidos; la agresión directa a experiencias comunitarias fuertes o importantes y a líderes comunitarios por parte de diversos actores políticos y territoriales; forman parte de este proceso de vulneración de los tejidos sociales que apunta a socavar los verdaderos pilares de un potencial proceso de transformación popular-emancipatorio o de las capacidades de resistencia de la población ante un mayor avance de fuerzas regresivas en el país.

Mientras tanto, diversas organizaciones de base popular y movimientos sociales a lo largo y ancho del país insisten en construir una alternativa desde sus territorios. Los tiempos dirán cuál será su capacidad de resistencia, adaptación y sobre todo su habilidad colectiva para articularse entre ellos y disputar con mayor fortaleza el rumbo del proyecto político nacional.

Si hay una solidaridad irrenunciable que debería impulsarse desde las izquierdas en América Latina y el mundo, debe ser con este pueblo luchador, ese que históricamente ha cargado sobre sus hombros la explotación y los costos de la crisis. Ese que frecuentemente ha desbordado y se ha re-apropiado de las calles buscando que sus demandas sean escuchadas y atendidas. Ese que en la actualidad se enfrenta a los complejos dilemas que suponen los actuales tiempos de reflujo y regresiones. Este pareciera que es el verdadero punto de honor de las izquierdas. El costo de darle la espalda a estas contra-hegemonías populares en nombre de una estrategia de conservación del poder podría ser muy alto.

Caracas, abril de 2017
*Emiliano Terán Mantovani es sociólogo venezolano, ecologista político e investigador en ciencias sociales.