Fabiola Torres – Ojo Público
www.plazapublica.com.gt/170517
Una investigación trasnacional liderada por Ojo
Público, en alianza con equipos periodísticos de seis países, entre ellos Plaza
Pública, que evidencia los métodos de la industria farmacéutica para prolongar
los monopolios de fabricación y venta de los medicamentos que más ingresos les
reportan en América Latina y que bloquean el acceso a la salud de las
poblaciones más vulnerables. Una serie investigativa para la que se construyó
un comparador de precios de doce medicamentos costosos en la región y el
historial de malas prácticas acumuladas por trece farmacéuticas en el mundo.
El pasado 6 de diciembre, cuando la onda
expansiva del caso Lavajato golpeaba a toda América Latina, uno de los últimos
episodios de la guerra que enfrenta a las farmacéuticas con los Estados y los
pacientes pasó inadvertido en el auditorio de un lujoso hotel de la ciudad de Panamá.
Después de dos años de gestiones, delegados de una coalición de organizaciones
civiles de seis países consiguieron un espacio en una audiencia de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar un problema por el que
está en riesgo la vida de millones de personas: el actual sistema de patentes
como principal obstáculo para el acceso a medicamentos contra enfermedades
graves como el virus del Sida, el cáncer y la hepatitis C. Fue la primera vez
que un grupo de oradores de Perú, Colombia, Argentina, Guatemala, México y
Brasil expuso ante este foro que las reglas de propiedad intelectual permiten a
los grandes laboratorios condiciones de monopolio para disparar los precios de
las medicinas.
“Las multinacionales farmacéuticas tienen el
control de un sistema que impide extender los medicamentos a todos los que los
necesitan”, dice Germán Holguín, director de Misión Salud, la fundación
colombiana que tomó la iniciativa de solicitar la audiencia. “Más de 700 mil
personas mueren al año en la región por causas que pudieron evitarse”, precisa
este abogado y economista caleño que estudia desde hace 15 años el
comportamiento de la industria farmacéutica.
Holguín está convencido de que existen todas las
condiciones para calificar la conducta de los laboratorios que bloquean el
acceso a las medicinas genéricas como un crimen de lesa humanidad juzgable por
la Corte Penal Internacional.
“Estamos frente a un drama de gigantescas
proporciones”, advierte.
Su preocupación coincide con las conclusiones del
panel de alto nivel sobre acceso a medicamentos de las Naciones Unidas, que en
su último reporte de 2016 ubica como un problema central: “las incoherencias
entre las reglas de comercio y de propiedad intelectual con los objetivos de la
salud pública y los derechos humanos”.
En este contexto, Ojo-publico.com ha realizado
una investigación en alianza con periodistas de Argentina, Colombia, Guatemala,
México y Venezuela, que revela las presiones de las compañías farmacéuticas
sobre los Estados para prolongar sus monopolios mediante lobbies diplomáticos,
acciones judiciales, vínculos cuestionables con funcionarios que representan
conflictos de interés, la multiplicación de patentes a través de modificaciones
menores a las medicinas para alargar su exclusividad y hasta denuncias por
colusión entre farmacéuticas con el fin de bloquear la venta de fármacos
similares de menor costo. El resultado ofrece un panorama de prácticas
cuestionadas que explica las dificultades del acceso a las medicinas costosas
para personas vulnerables a lo largo de América Latina.
El dinero o la vida
Uno de los más visibles detractores del
comportamiento de las grandes farmacéuticas es el expresidente colombiano
Ernesto Samper. En 1989, tras sufrir un atentado que casi le cuesta la vida,
Samper fue sometido a una trasfusión de sangre que le contagió la hepatitis C.
Durante un año y medio se sometió al tratamiento convencional, tan agresivo
como una quimioterapia, sin éxito. La cura solo llegó tiempo después por medio
del sofosbuvir, un fármaco del laboratorio estadounidense Gilead Sciences, que
salió al mercado en 2014 con la marca Sovaldi, y por el que su seguro médico
pagó US$84 mil. La experiencia le hizo descubrir en carne propia el drama de
los pacientes que requieren medicinas de alto costo.
“Cuando uno se pone a averiguar cómo un
tratamiento puede valer mil dólares la píldora, si el costo de elaborarla vale
menos de mil, le dan respuestas como: ‘Eso es lo que vale un hígado’. Como
quien dice: ‘Su vida vale US$84 mil”, cuenta el expresidente en una entrevista
para esta investigación. Hasta enero último Samper fue secretario general de la
Unión de Naciones Suramericanas (Unasur). Allí descubrió que el tema era mucho
más complejo.
“Cuando ya estaba curado, llegaron a mi oficina
–en la secretaría de Unasur– los mismos (representantes) del laboratorio Gilead
para proponer un acuerdo que permitiría cubrir el tratamiento completo por
US$6.400”, relata Samper. “Yo dije: ‘Perfecto, pero me van girando los US$78
mil que me robaron’. Porque, ¿cómo pueden rebajar un tratamiento de US$84 mil a
US$6 mil? Tienen que estarlo produciendo más barato”, recuerda el
expresidente.
Precios tan altos como el fijado a Sovaldi son
impuestos al amparo de patentes de 20 años, que a menudo se justifican con la
presunta necesidad de cubrir los costos de investigación y desarrollo. Sin
embargo, Gilead Sciences, la titular de las patentes de sofosbuvir, no inventó
este medicamento: lo compró. Para ser más precisos, adquirió la compañía que lo
había creado: Pharmasset, una pequeña firma biotecnológica con base en New
Jersey (EE.UU). Y por si eso fuera poco, ahora se sabe que el precio de venta
de sofosbuvir supera, en promedio, más de 800 veces el costo de su producción:
un estudio de la Universidad de Liverpool concluyó que el tratamiento de 12
semanas con esta pastilla puede fabricarse a un costo que oscila entre US$68 y
US$136.
El problema está en que pocos gobiernos ponen
contrapeso a los abusos de las farmacéuticas a través de un recurso legal que
tienen a su disposición para proteger la salud pública: las licencias
obligatorias. Se trata de autorizaciones, concedidas a algún laboratorio, para
elaborar productos que de ordinario no podría fabricar por estar protegidos con
patentes. Este mecanismo está reconocido en el propio Acuerdo sobre los
Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio,
vigente desde 1995, y la Declaración de Doha, suscrita en 2001 por los países
miembros de la Organización Mundial del Comercio.
Una base de datos de las licencias obligatorias,
elaborada como parte de la investigación de The Big Pharma Project,
revela que entre 1960 y 2016 solo 14 países recurrieron a este mecanismo que en
44 casos llevó a la reducción de precios de medicamentos bajo monopolio de 12
farmacéuticas. Estos casos involucraron productos de GlaxoSmithKline, Abbott,
Merck Sharp & Dohme, Bristol Myers Squibb, Gilead Sciences y Pfizer. La
amplia mayoría de fármacos liberados de patente corresponde a
antirretrovirales, tratamiento indispensable para mantener con vida a los
pacientes con VIH, pero también hubo licencias para medicinas contra el cáncer,
la artritis reumatoide, la hepatitis B, la diabetes y otras enfermedades.
En la lista de países que otorgaron licencias
obligatorias aparecen solamente dos latinoamericanos: Brasil y Ecuador. El
primero, que cuenta con una sólida industria farmacéutica nacional, usó este
recurso en 2001 para abaratar el costo del antirretroviral Efavirenz, que
estaba bajo el control monopólico de Merck Sharp & Dohme. El segundo ha
concedido diez licencias obligatorias y ha apostado por robustecer su industria
farmacéutica al fundar la compañía pública Enfarma, orientada a la producción
de genéricos. De hecho, en 2009, el mismo año en que se creó Enfarma, el
Gobierno de Ecuador emitió el decreto ejecutivo que declara de interés público
el acceso a los medicamentos empleados para el tratamiento de las enfermedades
que afectan a la población del país.
Ecuador comparte con Indonesia el récord de
licencias obligatorias en el mundo. El gobierno de Rafael Correa liberó de
patentes seis antirretrovirales que estaban en manos de los laboratorios Abbott
y GlaxoSmithKline; dos medicamentos contra la artritis, que monopolizaban Merck
Sharp & Dohme y UCB Pharma; un oncológico de Pfizer y un fármaco usado en
trasplantes renales fabricado por Syntex.
Para sorpresa de muchos, la lista incluye a
Estados Unidos, que en 1960 fue el primer país que concedió una licencia
obligatoria. Ahora se opone a su uso en América Latina para proteger los
intereses comerciales de las farmacéuticas de capitales estadounidenses. Las
licencias obligatorias también han sido otorgadas por Italia (en tres
ocasiones), Eritrea, Ghana, India, Malasia, Mozambique, Tailandia, Zambia y
Zimbabue.
Lo que ha quedado claro es que en ninguno de
estos casos se cumplieron las apocalípticas advertencias de los representantes
diplomáticos de Estados Unidos y de las multinacionales farmacéuticas sobre
inminentes sanciones comerciales o políticas para los países que aplicaran la
medida. No obstante esa evidencia, el lobby diplomático y político que mueve
esta industria acaba de frenar estos procesos en Colombia y Perú con los mismos
argumentos.
Colombia: el decreto que
protege a los laboratorios
Al menos por un tiempo se pensó que el
Ministerio de Salud de Colombia había triunfado sobre el laboratorio Novartis
al conseguir que redujera de US$18 mil a US$10 mil el precio de la terapia con
imatinib para controlar la leucemia mieloide crónica. Sin embargo, el
presidente Juan Manuel Santos acaba de dar un nuevo giro que ratifica el poder
de la industria farmacéutica. El 25 abril pasado, Santos publicó el Decreto
670, promovido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, para cerrar
las puertas a nuevas declaratorias de interés público de medicamentos que
lleven a un control de precios o a procesos de liberación de patentes.
El decreto beneficia a los laboratorios
multinacionales porque modifica la norma que reglamenta el proceso de
aprobación de licencias obligatorias y la nueva conformación del comité técnico
encargado de evaluarlas. Ahora, en vez de ser un equipo dentro del ministerio
correspondiente, será una entidad interinstitucional en la que participarán
representantes del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y de la
Dirección Nacional de Planeamiento.
En 2016, el gobierno colombiano desistió de
impulsar una licencia obligatoria para Glivec, como se conoce al medicamento
imatinib de Novartis, tras continuas presiones de funcionarios de Suiza y
Estados Unidos, que amenazaban con sanciones comerciales y auguraban daños al
clima de inversiones en el país. Por eso, el gobierno solo recurrió a su
sistema de control de precios para abaratar una medicina que declaró de interés
público y de la que dependen cerca de tres mil personas en este país. Sin
embargo, la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y
Desarrollo de Colombia exige ahora la revocación de dicha medida con el
argumento de que puede frustrar la aspiración del país de ingresar a la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
El decreto de abril no solo deja sin respaldo al
ministro de Salud, Alejandro Gaviria, para continuar sus gestiones por la
reducción del costo de las medicinas en Colombia, sino que representa un revés
para la postura del país ante las fuertes presiones internacionales promovidas
por la industria.
En los dos últimos años, Gaviria había resistido
los embates diplomáticos de la secretaria de Estado para Asuntos Económicos de
la Confederación Suiza, Livia Leu, y del presidente de la Cámara de Comercio
Colombo-Suiza, René La Barré, quienes advirtieron que Colombia ingresaría a una
“lista negra” de países que no respetan la propiedad intelectual. El ministro
había capeado también las amenazas de Everett Eissenstat, asesor del senador
estadounidense Orrin Hatch, quien en abril de 2016 se reunió con diplomáticos
de la Embajada de Colombia en Washington y amenazó con represalias comerciales
al país en caso se aprobara una licencia obligatoria para imatinib, como quedó
registrado en un oficio de la delegación diplomática.
Eissenstaat es consejero en jefe en Comercio
Internacional dentro del Comité de Finanzas del Senado, que preside el
republicano Hatch, quien a su vez ha tenido como su segundo mayor aportante de
campaña en los últimos cinco años a la industria farmacéutica, según la
plataforma OpenSecrets.org.
Argentina: el aliado de las
farmacéuticas
Si el camino no es el lobby diplomático o
político, los grandes fabricantes de medicinas se benefician de aliados en
puestos claves del Estado que facilitan la protección de sus intereses. Desde
la llegada del abogado Dámaso Pardo a la presidencia del Instituto Nacional de
Propiedad Industrial de Argentina, a mediados de 2016, las farmacéuticas
multinacionales tienen el camino libre para conseguir la prolongación de sus
patentes e impedir el ingreso de genéricos de bajo costo en este país. Antes de
asumir el cargo, Pardo, un hombre de 58 años con buena reputación en los
círculos empresariales, era miembro del estudio Pagbam -Pérez Alati, Grondona,
Benites, Arnsten & Martínez de Hoz, que asesora a transnacionales en
materia de propiedad intelectual. Ahora, desde su puesto clave, se ha encargado
de aprobar un acuerdo que flexibiliza la entrega de patentes.
El 20 de enero pasado, Dámaso Pardo firmó con la
Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos, un memorando de
entendimiento que “busca dotar de dinamismo al procedimiento de resolución de
expedientes”. El acuerdo –examinado para la investigación de The Big Pharma
Project– establece que se podrán considerar cumplidos los requisitos para
la aprobación de una patente si el solicitante ha obtenido un título
equivalente de una oficina extranjera y sin la necesidad de que las autoridades
argentinas hagan su propio examen al pedido. “Esto es grave y le hemos pedido
al Congreso que informe los alcances sobre este memorando”, dice Lorena
Digiano, abogada y directora ejecutiva de la Fundación Grupo Efecto Positivo,
una de las organizaciones civiles que estuvo en la audiencia de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos en Panamá.
El memorando de entendimiento deja de lado las
pautas vigentes para la inscripción de patentes de medicinas que se aprobaron
durante el gobierno de Cristina Kirchner, pautas que las farmacéuticas
multinacionales consideran restrictivas y por las que emprendieron en bloque
una demanda judicial para anularlas. Esas guías buscaban evitar abusos como el
“evergreening”, una práctica que consiste en introducir cambios menores
en la formulación de los medicamentos para volver a patentarlos como novedades
y reclamar así los derechos de explotación exclusiva.
La incorporación del acuerdo con Estados Unidos
ocurre justo cuando la farmacéutica estadounidense Gilead Sciences, fabricante
del costoso sofosbuvir para la hepatitis C, realiza gestiones en Argentina para
obtener 39 patentes para esta pastilla: algunas por el proceso de producción,
otras por la familia de componentes y algunas más por su combinación con otras
medicinas. Si se aceptaran las patentes, se bloquearía la venta de los
genéricos en este país hasta el año 2028. La industria nacional y
organizaciones civiles están tratando de impedirlo.
Mientras Gilead Sciences carezca de patente para
sofosbuvir en Argentina, el laboratorio nacional Richmond podrá seguir
produciendo su versión genérica, que vende a US$63 por comprimido frente a los
US$1 mil del medicamento de marca. Aun así, el precio resulta tan caro para los
pacientes que no acceden al seguro médico gratuito del Estado, que algunos han
optado por hacerse traer las pastillas desde el extranjero. “Pude conseguir todo
el tratamiento por menos de mil dólares en la India”, cuenta Pablo Víctor
Gaviria, paciente y ahora vicepresidente de la Fundación Grupo Efecto Positivo.
“Me curé y sin los efectos adversos que tenían los otros medicamentos”,
asegura.
El interés de Gilead Sciences por mantener el
monopolio de sofosbuvir se explica por los datos que los investigadores de la
agencia Bloomberg Intelligence calcularon: las ventas de los medicamentos
contra la hepatitis C a nivel global podrían significar ingresos de más de
US$100 mil millones para la industria en una década.
México: el muro de los precios
La presión del poder farmacéutico sobre la salud
pública se evidencia en varias formas de control de las medicinas disponibles
en cada país conforme a lo que resulte más rentable para los laboratorios. Una
prueba está en cómo la trasnacional Merck Sharp & Dohme (MSD) dilató cuatro
años el ingreso en México del potente antirretroviral Atripla, que esta misma
corporación produce desde 2006, para no dejar otra alternativa al Estado que
seguir comprándole un cóctel de medicinas más costosas: los antirretrovirales
efavirenz, emtricitabina y tenofovir. Atripla combina estos tres fármacos en
una sola pastilla y cuesta la cuarta parte de lo que se paga por las formulaciones
por separado.
El mismo año en que empezó a producir el
medicamento, Merck Sharp & Dohme anunció que pondría en marcha un acuerdo
con Gilead Sciences para distribuirlo en México a un costo de US$1.032 anuales
por paciente. “Cuando supimos que Atripla haría más sencillo el tratamiento,
que tendríamos nuestra enfermedad bajo control con menos pastillas y mejoraría
nuestra calidad de vida, la mayoría quiso acceder [a este producto]”, dice una
paciente mexicana de 42 años, entrevistada en reserva para esta investigación.
“Pero su costo hace que no esté garantizado para todos los que la necesitan”,
refiere. En efecto, el precio no se redujo, sino que se elevó hasta ser uno de
los más altos de la región. En la actualidad, el costo del tratamiento con Atripla
ronda los US$10 mil por paciente al año, según los datos analizados para la
investigación The Big Pharma Project.
Algo parecido sucede con Kaletra, un medicamento
de rescate para los enfermos resistentes a los antirretrovirales estándares que
vende el laboratorio estadounidense Abbott. Pese a que en 2009 esta
farmacéutica redujo en 20% el costo de la terapia con este fármaco en México,
su precio sigue siendo bastante más alto que en otros países de América Latina.
Según el análisis que realizamos para este informe, Abbott vende en US$2.161 el
tratamiento anual con Kaletra en México, mientras que en el Perú vale US$650 y
en Colombia US$214.
Desde hace varios años, una coalición de
activistas por el acceso universal a los antirretrovirales, que encabeza Aids
Healthcare Foundation, reclama a MSD y otros laboratorios reducir los costos de
estos medicamentos en el país.
El problema de fondo en México está en que el
80% de la oferta de antirretrovirales son fármacos con patente. Por eso, el
control del VIH en un país con más de 140 mil personas con este diagnóstico y
12 mil nuevos casos al año le cuesta cada vez más dinero al Estado. La crisis
por el acceso a las medicinas puede ser aún peor si se bloquea con candados
legales la producción y fabricación de productos genéricos de bajo costo. La
prueba más cercana está en Guatemala, que también tiene serios problemas para
garantizar el tratamiento con Kaletra a sus pacientes.
Guatemala: barreras contra los
genéricos
Diversos colectivos ciudadanos le han pedido al presidente
de Guatemala, Jimmy Morales, que declare la licencia obligatoria del
antirretroviral Kaletra, cuya venta exclusiva está en manos de Abbott hasta
2026. Su posición de dominio del mercado le permite imponer al Estado un precio
de US$803 el tratamiento por paciente al año. Pero mientras el Gobierno
mantiene en suspenso el pedido de liberar la patente, grandes laboratorios
dominan el mercado de las medicinas apoyados en inverosímiles barreras al
acceso de productos genéricos en el tercer país de Centroamérica con más casos
de VIH, después de Honduras y Belice.
El mejor ejemplo es una resolución de la Corte
de Constitucionalidad de Guatemala –vigente desde fines de 2015– que obliga a
las empresas importadoras a realizar nuevos estudios sobre todos los genéricos
que ingresen al país, como si no estuviera probada su seguridad y eficacia en
el mundo. Esta resolución responde a una acción de amparo presentada por la
corporación J.I.Cohen, principal distribuidora local de los laboratorios
multinacionales Abbott, GlaxoSmithkline, Novartis, Roche, Sanofi Aventis y
Merck Sharp & Dohme.
El argumento del distribuidor para pedir el
amparo fue la supuesta protección de la salud pública ante medicinas de mala
calidad.
La acción legal de J.I.Cohen se inició por la
misma época en que el Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y
la Malaria entró en su última fase de subsidios al Estado guatemalteco para la
compra de antirretrovirales. A partir de 2018, las autoridades locales deberán
asumir la compra de estas medicinas con su propio presupuesto y en ese momento
se toparán con una oferta monopólica con precios altísimos. Esta situación ha
encendido las alarmas de las organizaciones civiles como el Observatorio de
Derechos Humanos y VIH de Guatemala, porque puede acentuar los episodios de
desabastecimientos y poner en riesgo las terapias de casi diez mil pacientes
con esta condición en el país.
Al igual que Kaletra, otros cuatro
antirretrovirales protegidos por patentes (abacavir, lamiduvina, maraviroc y
saquinavir) tienen precios más altos en Guatemala que en otras partes del
mundo.
Solo entre 2008 y marzo de 2017, el Estado
invirtió US$23 millones en estas medicinas. De ese total, US$7,1 millones
fueron destinados a seis tipos de fármacos con proveedores exclusivos, lo que
representó un gasto de más del doble del presupuesto que se hubiera invertido
si se compraban genéricos.
Ante una serie de consultas para esta
investigación, ni el Ministerio de Salud, el Departamento de Patentes del
Registro de la Propiedad Intelectual o el Ministerio de Economía respondieron
con claridad sobre cuál es la entidad competente, el procedimiento y el plazo
para resolver la solicitud de la licencia obligatoria de Kaletra. En realidad,
las expectativas de que el Ejecutivo utilice este mecanismo son pocas, ya que
antes cedió a la presión de Estados Unidos para que no se afecten las patentes
de los grandes laboratorios. Así lo prueban los cables diplomáticos del
Departamento de Estado norteamericano filtrados por el sitio WikiLeaks.
Varios de estos documentos detallan el lobby
del entonces embajador estadounidense John Hamilton con el presidente Óscar
Berger en 2005, para que descarte una ley que promovía el ingreso de medicinas
genéricas. El embajador aseguró que la medida pondría en riesgo el Tratado de
Libre Comercio suscrito por su país con Centroamérica. Entonces Guatemala
renunció a sus pretensiones e incluyó acuerdos adicionales que hicieron más
estrictas las reglas de protección de la propiedad intelectual en el país.
"Ha sido el final de un drama que se ha desarrollado durante años (...).
Nos ha llevado más tiempo que ningún otro asunto en los últimos meses",
relató el diplomático en un cable sobre este caso.
Doce años después de este episodio, las
consecuencias las sufren miles de pacientes: hospitales con desabastecimientos
continuos de medicinas que el Estado demora en comprar por sus altos precios y
falta de
alternativas.
Perú: la batalla llega al
Congreso
Cuando se creía que el Perú había descartado la
posibilidad de liberar la patente de un antirretroviral de Bristol Myers Squibb
que consume el 50% de su presupuesto para medicinas contra el virus del sida,
el proyecto de ley de un congresista llevó hace unos días a los representantes
de la industria, el Ministerio de Salud y organizaciones de pacientes a reabrir
el debate en el Parlamento. Como se detalla en un informe de este especial, la
discusión está centrada ahora en la necesidad de que el Congreso declare de
interés público el medicamento atazanavir para que allane el camino de una
licencia obligatoria que priorice la salud de las personas por encima del
negocio de una farmacéutica.
El costo actual de la terapia con esta medicina
en el Perú es de US$3.832, más de lo que pagan Brasil, Colombia, México,
Argentina y Chile. La diferencia es abismal si se compara con el precio
especial al que lo adquiere el Fondo Estratégico de la Organización
Panamericana de la Salud (OPS) para países de renta baja: US$182 por paciente
al año. Si el Estado comprara la versión genérica de atazanavir en vez de
Reyataz, nombre comercial del fármaco de Bristol-Myers Squibb, ahorraría más de
siete millones de dólares anuales, se lee en un informe del Ministerio de Salud
revisado para The Big Pharma Project.
El alto precio se debe a que Bristol Meyers
Squibb consiguió una patente para atazanavir por su presentación en la forma de
sales que recién vencerá en enero de 2019, según datos recogidos en el
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la
Propiedad Intelectual (Indecopi).
Entre 2014 y 2016, el Ministerio de Salud
(Minsa) sostuvo negociaciones con representantes de Bristol Meyers Squibb en
busca de una reducción significativa de los precios, pero poco se habló sobre
lo que planteó a cambio la farmacéutica estadounidense. Según relató en su
momento el exministro de Salud Aníbal Vásquez, quien participó en las
reuniones, el laboratorio propuso que se ubicara su producto Reyataz en la
primera línea de tratamiento. Es decir, que fuera incluido en el esquema
inicial de la terapia y ya no solo como un fármaco reservado a los pacientes
que hacen resistencia a los antirretrovirales estándares.
Esta propuesta ampliaba la línea de mercado de
Bristol Myers Squibb, pero carecía de sustento científico.
Por el contrario, durante la investigación para The
Big Pharma Project, hallamos que entre los años 2003 y 2004 el laboratorio
realizó estudios clínicos en el Perú sobre la eficacia del atazanavir en
pacientes con VIH sin tratamiento previo, pero nunca reveló sus resultados. Los
reportes de los ensayos clínicos realizados aparecen en el registro del
Instituto Nacional de Salud (INS), la entidad reguladora de los experimentos
médicos con personas en el país.
Como su propuesta del cambio de terapia no tuvo
consenso, Bristol Meyers Squibb consiguió aliados de peso en su postura de que
una licencia obligatoria debilitaría el marco de la propiedad intelectual y no
podía justificarse en la necesidad de generar ahorros. En febrero de 2015, el
ministro consejero de Estados Unidos en el Perú, Lawrence J. Gumbiner, se
reunió con el ministro Velásquez para tratar el tema y poco después la
iniciativa del Ministerio de Salud para quebrar la patente del atazanavir quedó
sin efecto. A fines del gobierno de Ollanta Humala, el Ministerio de Economía y
Finanzas dio por cerrada la discusión: el Estado asumiría el sobrecosto de
adquirir el medicamento en las condiciones vigentes.
Una millonaria concertación
No es el único frente en la batalla para
abaratar los costos de las medicinas en el Perú.
La tarde del 12 de abril pasado, un mes antes de
que fuera llamado a dejar el cargo, el director del Instituto de Evaluación de
Tecnologías Sanitarias de Essalud, Víctor Dongo Zegarra, publicó una resolución
que pasó inadvertida hasta ahora, pero que le ahorrará millones de dólares a
los hospitales del seguro social en el país. En el documento se ordenó el
retiro del petitorio de compras del inyectable contra la ceguera Lucentis, cuya
historia está ensombrecida por los intereses de los laboratorios suizos Roche y
Novartis. Por este producto, Essalud pagó US$1,5 millones anuales en
sobrecostos desde 2011, a pesar de que existe un fármaco equivalente más barato
e igual de eficaz.
El caso tiene como antecedente una investigación
contra Roche y Novartis iniciada hace tres años por las autoridades judiciales
en Italia. En ese país ambas empresas fueron enjuiciadas y multadas tras
comprobarse que se coludieron para impedir que médicos de los hospitales
públicos difundieran y recomendaran una medicina diez veces menos costosa que
Lucentis, pero que ofrecía los mismos resultados.
La ampolla en cuestión se llama bevacizumab,
pero se vende bajo el nombre de Avastin. Es fabricada por Roche para el tratamiento
de diversos tipos de cáncer desde hace más de una década. A pesar de que
investigaciones de la Academia Americana de Oftalmología y de la Agencia
Canadiense para Drogas y Tecnología de la Salud demuestran que este fármaco
también tiene la propiedad de controlar la ceguera, Roche no ha registrado este
uso ante las agencias reguladoras. Por lo tanto, su prescripción no es oficial
y se hace fuera de etiqueta. Para enfermedades oculares, el laboratorio
promueve el más rentable Lucentis.
En el Perú, el principal comprador de Lucentis
era el seguro social, que llegó a pagar un sobrecosto de US$9 millones por este
fármaco en los últimos seis años, según un informe interno y reportes del
sistema nacional de compras públicas. El principal proveedor local fue precisamente
su aliado Novartis.
“Los médicos no prescribían la medicina más
económica, Avastin, porque su uso contra la pérdida de visión no está
registrado de manera formal”, dijo Víctor Dongo entrevistado para esta
investigación. Sin embargo, el panorama cambió en 2015, cuando la Organización
Mundial de la Salud (OMS) rechazó la inclusión de Lucentis en su lista de
medicamentos esenciales contra la ceguera e incorporó Avastin por tener las
mismas propiedades y ser más barato. Este fue el sustento que usó Essalud para
retirarlo de su petitorio este año.
Los negocios entre Roche y Novartis sobre
Lucentis comenzaron en 2006, cuando la Administración de Alimentos y
Medicamentos (FDA), la agencia reguladora estadounidense, aprobó esta
sofisticada ampolla desarrollada por el laboratorio Genentech, de propiedad del
primero. Ese mismo año, Novartis consiguió los derechos comerciales sobre este
fármaco, con excepción del mercado de Estados Unidos, que se mantuvo en manos
de Roche. Para entonces, ambas corporaciones suizas ya conocían que el
medicamento oncológico Avastin también era eficaz para enfermedades oculares,
pero evitaron registrar este uso. Solo así Lucentis se convirtió en uno de sus
productos estrella, como lo prueban sus ventas actuales en el mundo: Novartis
recibe US$2.380 millones anuales y Roche US$1.710 millones por esta medicina.
El escándalo del 1%
Cuando Roche revolucionó el tratamiento del
cáncer de mama con el fármaco trastuzumab, una ampolla que vende con el nombre
de Herceptin, la noticia no fue un alivio para todas las mujeres que la
necesitaban. La terapia se fijó a un precio tan alto que pocos sistemas de
salud del mundo pudieron cubrirla. Aún hoy, 20 años después de que fuera
lanzada al mercado, miles de mujeres de América Latina mueren sin poder tener
acceso a ella. En México, el tratamiento anual de 17 inyecciones cuesta US$37
mil, en el Perú llega a US$36 mil y en Colombia está en US$27 mil.
Estos precios generan al fabricante suizo
US$6.700 millones en ingresos. Por eso Roche busca por varios medios mantener
su monopolio.
En la India, la corporación suiza ha llevado a
juicio a la agencia reguladora de medicamentos por permitir el ingreso de una
medicina similar más barata fabricada por el laboratorio estadounidense Mylan.
Mientras que en el Perú actuó en bloque: la Asociación Nacional de Laboratorios
Farmacéuticos (Alafarpe), de la que Roche es miembro, evitó con una medida
cautelar el ingreso de cualquier fármaco similar que amenazara los intereses de
los llamados productos biotecnológicos de sus agremiados, entre los que figura
Herceptin. La medida cautelar estuvo vigente desde 2015 y recién fue levantada
a comienzos de este año tras denuncias del caso publicadas en Ojo-publico.com.
Los precios de Herceptin varían de un país a otro, pero todos resultan
inmanejables para cualquier sistema de salud, a pesar de que esta terapia puede
ser producida y vendida por US$240. Incluso con este precio, ya estaría
generando un 50% de beneficio para la farmacéutica, según un estudio del
Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria de Argentina difundido en mayo de
2015. Dicha investigación, que abarcó el acceso al tratamiento con el compuesto
original trastuzumab en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Uruguay y
Perú, advierte que su precio debería bajar entre 70% y 95% para estar accesible
a todas las pacientes que lo necesitan.
El problema se repite con la mayoría de fármacos que combaten el cáncer,
que cada año tiene un peso más alto dentro del gasto de los estados.
En enero de 2017, durante el último Congreso Europeo del Cáncer, se dieron
a conocer los resultados de un análisis de los costos de fabricación de los
oncológicos incluidos en la Lista de Medicinas Esenciales de la OMS. Los datos
revelaron que varios tratamientos pueden fabricarse por el 1% de los precios
que se cobra por ellos. “Por ejemplo, el imatinib, usado contra la leucemia
mieloide crónica, puede producirse por US$54 al mes”, expuso la doctora Melissa
Barber, de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres. Sin embargo, el
laboratorio Abbott vende a precios exorbitantes esta terapia en la región:
US$26 mil en México, US$10 mil en Colombia y US$7 mil dólares en Perú.
¿Qué tiene que pasar para que se reforme un sistema de patentes que está
excluyendo a millones de personas del acceso a la salud? El debate se ha
instalado en América Latina y tiene eco en organizaciones civiles y senadores
demócratas de Estados Unidos, cuyo sistema de atención médica tampoco puede
sostener los precios impuestos por los monopolios farmacéuticos. Los casos que
la investigación de The Big Pharma Project evidencian que la lógica de
los grandes laboratorios ha derivado de la investigación científica con fines
de lucro legítimo a esquemas de abuso de las normas de propiedad intelectual,
que incluyen prácticas anticompetitivas y hasta la concertación ilegal entre
empresas. La más clara explicación de este proceso la dio hace tres años el
propio consejero delegado de Bayer, Marijn Dekkers. Durante un foro de la industria
en Londres, el ejecutivo señaló: "Nosotros no desarrollamos medicinas para
los indios, sino para los pacientes occidentales que pueden pagarlos".
*The Big Pharma Project es un proyecto de OjoPúblico en alianza con la
Unidad de Datos del El Tiempo (Colombia), Plaza Pública (Guatemala), El
Universal (México), Armando.info (Venezuela) y la colaboración especial de
Catalina Oquendo en Argentina.
