Qué y quiénes ganaron en Brasil. Crisis política y perspectivas
Gabriel E.
Merino*
Cefipes /
131018
El contundente
triunfo de Jair Bolsonaro en la primera vuelta de las elecciones presidenciales
en Brasil, que lo deja muy próximo a la presidencia del principal país de
América Latina, generó una conmoción regional y mundial debido a sus discursos
racistas, misóginos, homofóbicos, ultra “punitivistas” y de reivindicación de
la dictadura militar y de la tortura.
Que el gesto
proselitista de sus simpatizantes sea gesticular un arma con la mano simboliza
en buena medida el mensaje que une al candidato con sus electores. En este
sentido, el combate a la inseguridad y a la corrupción fueron los ejes
centrales de su campaña, recogiendo demandas especialmente abrigadas por buena
parte de los sectores que difusamente se denominan capas medias.
El resultado
forma parte de una crisis que se inicia hacia el año 2013 en relación a un conjunto
de escándalos de corrupción, a la agudización de las tensiones entre grupos
sociales y sectores políticos de la propia alianza nacional popular
neodesarrollista encabezada por el PT y, especialmente, a los antagonismos que
genera el programa de gobierno del PT con la mayor parte de grupos económicos
dominantes y del llamado “establishment”, en un contexto de
ralentización del crecimiento económico y crecientes presiones geopolíticas.
Esto se
articula con la aceleración de las tensiones geoestratégicas cristalizadas,
entre otras cuestiones, en el congelamiento de las relaciones con los Estados
Unidos en el 2013 (debido a las escuchas de los servicios de inteligencia
estadounidense sobre la presidenta y sobre Petrobras); la apuesta a la
multipolaridad de Brasil con la construcción de los BRICS y las alianzas con el
Sur global (en Fortaleza en julio del 2014 se lanza un Banco y un Fondo de los
BRICS); y el desarrollo de una forma de regionalismo autónomo suramericano a
través de la UNASUR, que eclipsó instituciones como la Organización de Estados
Americanos (OEA). En otros trabajos ya observamos cómo estas cuestiones son
señaladas en informes oficiales como amenazas para la seguridad nacional de los
Estados Unidos. [i]
La crisis
política se profundiza con el desplazamiento en agosto del 2016 de Dilma
Rousseff y del Partido de los Trabajadores (PT) del poder ejecutivo, a menos de
dos años de un triunfo electoral en segunda vuelta, aunque muy debilitados
desde el inicio del segundo mandato en el 2015, en medio de las contradicciones
descritas. Y se agrava con la ilegitimidad del gobierno de Michel Temer, quien
nunca llega a tener más del 3% de aprobación, y el programa de ajuste
neoliberal surgido del cambio de relaciones de fuerzas a favor de lo que se
conoce como el “establishment”.
Los problemas
de acumulación y las presiones competitivas locales y globales hacen que la
mayor parte de las fracciones de capital dominante, incluso las más
comprometidas en el esquema de gobierno del PT, presionen contra el salario y
derechos laborales y el gasto/inversión del Estado.
El programa de
ajuste –junto con la paralización de buena parte de las inversiones producto
del Lava Jato, el Petrolao y el golpe que ello significó sobre un sector
importante de la burguesía industrial brasileña-, derivó en una profundización
de la recesión que significaron la caída económica más profunda de la historia
de Brasil.
Dicho ciclo
recesivo fue antecedido por un crecimiento del PIB entre el 2002 y el 2014 muy
significativo, que pasó de 0,51 a 2,46 billones de $US a precios actuales
(Banco Mundial), pero en el 2016 cayó a 1,8 billones, disparando el desempleo a
más de dos cifras, deshaciendo parte de las conquistas distributivas durante el
lulismo y afectando también a capas medias de trabajadores profesionales y a la
pequeña y mediana burguesía industrial y rural.
Muchos de estos
sectores –que ven al Estado, el cobro de impuesto y la atención de demandas
populares, como un problema—, se ven seducidos por el discurso de discurso que
esgrime Bolsonaro, focalizado en la corrupción política, la necesidad de
“orden”, la necesidad de achicar el gasto social y dejar de mantener “vagos”
(según esta visión), el problema de la inseguridad y la necesidad de mano dura
para combatirla, en detrimento del discurso de combate a la pobreza y a la
desigualdad.
Por otra parte,
el impedimento judicial a la candidatura de Lula da Silva (incluso a pesar del
pedido de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU), quien aparecía como
ganador en todos los escenarios de primera y segunda vuelta según las
principales encuestas, termina de configurar un escenario electoral amañado,
que profundiza la crisis institucional y polarización político social, pero
posibilita la continuidad programática de las políticas desarrolladas a partir
del desplazamiento del PT en el 2016 –aunque vale señalar que ya en el segundo
mandato de Dilma Rousseff, en medio de las contradicciones descriptas, se había
comenzado con un giro hacia el ajuste.
La ausencia de
un levantamiento popular que rechace la situación de prisión de Lula y la
proscripción a su candidatura, muestra también la debilidad del “lulismo” a
pesar de su fortaleza electoral. La imposibilidad de trasladar todo el caudal
electoral de Lula a Fernando Haddad y la fragmentación de la llamada izquierda,
terminan de dibujar un escenario desfavorable para el PT.
Elecciones y situación política
En este
escenario, triunfa en la primera vuelta Bolsonaro, obteniendo 49 millones de
votos (46%), frente a Haddad con 31 millones (29,3%). Otros candidatos se
repartieron 26 millones de votos, entre los que se destaca Ciro Gomes con 13,3
millones, de tendencia progresista-popular. Y hubo aproximadamente 10 millones
de votos blancos y nulos y 30 millones de personas que no asistieron a sufragar.
El primer dato
de la elección es que expresa con total transparencia las desigualdades y
polaridades del gigante suramericano, articuladas en torno a las clases, el
territorio, el género y la cuestión racial. Por mencionar una de las más
evidentes, Haddad ganó en casi todos los estados que conforman la región del
Nordeste (menos en Ceará donde triunfó Ciro Gomes, ex ministro de Lula) y en el
estado de Pará de la región norte, caracterizados por su pobreza relativa y sus
mayorías negras, y probablemente donde más impactaron las políticas sociales de
los gobiernos del PT. Por su parte, Bolsonaro ganó en el resto de los estados.
El segundo dato
central que se desprende de la elección fue la estrepitosa y brutal caída de
los partidos que expresaban a los grupos dominantes y las llamadas elites
tradicionales, cuya base social eran fundamentalmente las capas medias
tradicionales y distintas expresiones de pequeña burguesía, ideológicamente
ubicados en la “centro-derecha” liberal.
Estos partidos
constituyen el sostén político del gobierno de Michel Temer y están
profundamente involucrados en distintos escándalos de corrupción. Geraldo
Alckmin, perteneciente al PSDB y ex gobernador de San Pablo, obtuvo sólo el
4,76% de los votos. Mientras que Enrique Meirelles –candidato por el MDB de
Temer, ligado a los grupos financieros locales y globales, ex ministro de
economía de Temer y ex presidente del Banco Central (2003-2011)— obtuvo un
ruinoso 1,2%.
En la Cámara
Baja, el PT pasó de 61 a 56 representantes mientras que el PSL de Bolsonaro
subió de 4 a 52, en un total de 513 miembros. En el caso del MDB y el PSDB la
caída de sus representantes fue muy significativa, pasando de 51 y 49 diputados
respectivamente, a tener 33 (MDB) y 34 (PSDB). Es decir, el Bolsonarismo no
creció tanto sobre los electores del PT, sino que creció en detrimento del PSDB
y el MDB. En el caso del senado, la caída fue menos abrupta y más pareja: el PT
pasó de 9 a 6 representantes, el MDB de 18 a 12, el PSDB de 12 a 8 y el PSL de
Bolsonaro de no tener representación a ocupar 4 bancas.
La agudización
de la fragmentación del sistema político fue otro de los datos claves. En la
cámara de diputados devinieron de 25 a 30 los partidos con bancas, y en el
Senado de 15 a 21. Ello es parte también de la crisis y, a su vez, de la
naturaleza del propio sistema político brasileño. Naturaleza que muchos
analistas identifican como una de las causas de la corrupción sistémica, ya que
toda fuerza política que gana el poder ejecutivo, especialmente si es de signo
contrario al régimen político dominante, para tener gobernabilidad debe
negociar amplios acuerdos parlamentarios con fuertes “costos de transacción”.
Ello le sucedió al PT que sólo llegó a tener aproximadamente una quinta parte
de la representación parlamentaria.
La profunda
crisis de los partidos políticos refleja que un conjunto de grupos sociales,
clases y sectores ya no se expresan o no se sienten representados por ciertas
estructuras políticas tradicionales, particularmente las liberales, en sus
distintos matices. El sistema político entró en una crisis de legitimidad,
alimentada tanto por el eje de la corrupción como por la crisis económica y el
discurso “anti-política”. Dicha crisis fortalece a figuras que se presentan
como “outsiders” o anti-sistemas, a pesar de que Bolsonaro sea parte del sistema
político institucional desde hace casi 30 años.
La crisis de la
centro-derecha liberal expresada fundamentalmente en el PSDB, que contenía
tanto alas neoliberales como neodesarrollistas, está en relación al planteo de
Wallerstein acerca de una de las características centrales de la transición
histórica del sistema mundial en la que estamos inmersos: la crisis del centro
liberal, en la polaridad entre el espíritu de “Davos” y el de “Porto Alegre”.
También forma parte de las características de esta transición histórica la
inestabilidad, las fluctuaciones bruscas, la creciente polarización, la crisis
de acumulación y la ruptura de la institucionalidad que cristalizaba una
situación histórica anterior que se derrumba.
Esta situación
se agudiza a partir de la crisis financiera global del 2008, el estancamiento
económico del norte global y de buena parte de la periferia, lo cual exacerba
las luchas competitivas tanto entre capitales de países centrales como al
interior de dichos territorios centrales, como también las tensiones
capital-trabajo (este último el gran perdedor desde la ofensiva neoliberal
desde los años setenta), las tensiones norte-sur y las pujas en el campo
ideológico-cultural. También la lucha mundial entre polos de poder, la puja en
Brasil por sus alineamientos geopolíticos y la tensión entre ser o no un polo
de poder exacerba las contradicciones en el gigante suramericano.
Qué y quiénes ganaron en Brasil
Para entender
qué y quiénes ganaron esta primera vuelta con Bolsonaro hay un primer dato que
resulta bastante gráfico: al siguiente día de la elección, el Bovespa
(principal índice de la bolsa paulista) ganó 4,57%, la mayor subida en dos
años, impulsado principalmente por las acciones de empresas energéticas y
bancos. Además, se negoció el mayor volumen en la historia de ese mercado. En
tanto, el real se fortaleció frente al dólar en 2,35%. Las acciones de
Petrobras, la gigante petrolera suramericana que el referente económico de
Bolsonaro -Paulo Guedes- pretende privatizar, escalaron un 11%.
Paulo Guedes,
es un “chicago boy” formado en la escuela monetarista de Milton Friedman a
fines de los 70’, en plena reacción neoliberal conservadora. También es
banquero y financista. Su misión es profundizar la agenda económica iniciada
con el desplazamiento a Rousseff: privatizaciones, flexibilización laboral,
baja de salarios, intento de reforma previsional, ajuste, etc. De hecho, suben
en la bolsa bancos y energéticas porque se avecina una profundización de la
valorización financiera, un fortalecimiento del capital financiero
transnacional y local, y la privatización y regulación a favor del capital
concentrado del sector energético.
En esta línea,
en el escenario de que triunfe finalmente Bolsonaro, se está armando un equipo
de gobierno protagonizado por CEOs de grandes empresas, entre ellos el CEO para
América Latina del banco estadounidense Bank of America, Alexandre Bettamio;
María Silvia Bastos Marques, CEO de Goldman Sachs en Brasil; el presidente del
consejo de la telefónica TIM, perteneciente a Telecom Italia, João Cox; el
director del banco español Santander, Roberto Campos Neto; el actual titular
del Banco Central, Ilan Goldfajn (ex FMI y ex economista jefe del principal banco
brasileño, Itaú Unibanco); y Sergio Eraldo de Salles Pinto, socio del fondo de
inversiones Bozano, dirigido por el propio Guedes.
Por lo
señalado, a pesar de su pasado vinculado al nacionalismo, Bolsonaro en los
últimos tiempos ha dado un giro importante y ha cedido el programa económico a
representantes de la llamada ortodoxia, vinculados al capital financiero
americano y a grupos neoconservadores, que forman parte del esquema de poder
actual del gobierno de Estados Unidos. Por otro lado, y en contraposición, las
fuerzas financieras globalistas y los medios liberales como The Economist,
el Financial Times y el New York Times son fuertemente críticos
de la figura de Bolsonaro y lo ven como una amenaza.
De esta manera,
se manifiesta también en Brasil la puja entre “globalistas” y “americanistas”
que cruje en el establishment del mundo anglosajón. A su vez, los
sectores “liberales” locales de la burguesía brasilera –como la que expresa el
gigante mediático O Globo— también comparten esta visión, aunque de
forma mucha más solapada y, paradójicamente, hayan contribuido desde su
acérrimo “anti-lulismo” al triunfo de Bolsonaro.
Además, Bolsonaro,
con el giro que produjo a nivel económico, logró canalizar el apoyo de buena
parte de la gran burguesía financiera, agraria e industrial de Brasil, cuyo
principal temor es que un posible retorno del “populismo” del PT frene la
agenda programática neoliberal que intentó llevar adelante Temer. Lo único que
prometió como paliativo de esta agenda y para lograr el apoyo de los grupos
industriales, fue mantener los niveles de proteccionismo arancelario.
Los apoyos
descritos anteriormente, más la importante movilización de gran parte de las
iglesias evangélicas (que influyen en casi el 30% de la población de Brasil),
el de los sectores más conservadores de la Iglesia Católica y el de las fuerzas
armadas, cuyos cuadros integrarían el futuro gabinete, parecería llevarnos a
una fácil comparación con Donald Trump.
Sin embargo,
también puede verse como un espejo periférico, que justamente signifique su
contrario: mientras Trump es un nacionalismo de poder central, que apunta a
“recuperar” el poder de los Estados Unidos frente a las fuerzas globalistas, el
“nuevo” Bolsonaro –neoconservador en lo ideológico y neoliberal en lo
económico— desterró de su agenda las posiciones soberanistas y la defensa al
poder nacional de Brasil, adhiriendo a las premisas históricas del modelo de
capitalismo asociado periférico y dependiente, muy crítico de los lineamientos
nacional desarrollistas.
Esto tiene su
correlato en materia del modelo de integración regional. El MERCOSUR y toda
idea de regionalismo autónomo propia de las visiones nacionalistas y
desarrollistas parecen estar en las antípodas de la visión de Bolsonaro, aunque
tampoco parece homogénea esta posición en el “bolsonarismo”. Al respecto, hace
un año, Bolsonaro afirmó que Brasil tenía que tener otras opciones fuera de las
amarras ideológicas del MERCOSUR. Y, al igual que Trump, afirmó que había que
partir del bilateralismo en pos del desarrollo real del país.
El general
retirado Hamilton Mourão, candidato a vicepresidente de Bolsonaro, refuerza la
presencia de las fuerzas armadas en el armado político de Bolsonaro. También
los anuncios de que varios militares integrarán su gabinete. En este sentido,
¿constituye Bolsonaro una estrategia de poder de las Fuerzas Armadas? Lo es de
por lo menos un importante sector, aunque no se observa homogeneidad. Pero la
pregunta es, qué proyecto estratégico, qué alianzas político-sociales y que
grupos y fracciones están mediando, expresando y queriendo organizar estos
sectores de la burocracia militar.
Ya que lo
militar en sí no define ni deja entrever el contenido dominante de un proyecto
estratégico y, por ejemplo, el bolsonarismo y los militares que lo acompañan se
oponen diametralmente a la experiencia chavista, que tuvo y tiene un gran
protagonismo de las Fuerzas Armadas de Venezuela.
La profunda
reivindicación de la dictadura de 1964-1985 por parte de Bolsonaro y sus apoyos
en las Fuerzas Armadas y en las fuerzas de seguridad, pareciera recuperar la
estrategia “subimperialista” que se dio con el golpe del 1964 (la cual se
modificó en parte durante el período del nacionalista Ernesto Geisel
1974-1979).
Esta consistía
en funcionar como polea de transmisión de los intereses dominantes de Estados
Unidos en el hemisferio occidental –en plena Guerra Fría—, pero a cambio un
relativo margen de maniobra en cuanto al sostenimiento de cierta política
industrial nacional y algún margen de autonomía relativa en materia de Defensa.
En este
sentido, los acuerdos militares que se produjeron entre Estados Unidos y Brasil,
el 22 de marzo del 2017, mediante los cuales se busca “volver a conectarse” y
“estrechar lazos”, avanzan en esa perspectiva, que el “bolsonarismo”
profundizaría. Después de más de seis años de negociaciones, el Ministerio de
Defensa de Brasil y el Departamento de Defensa de Estados Unidos (el Pentágono)
firmaron el Acuerdo Maestro para el Intercambio de Información en el área de
investigación y desarrollo en defensa.
Sin embargo,
también hay que señalar que actualmente existe mucho menor margen para dicha
estrategia. Entre otras cosas, por la contradicción entre la dependencia del
comercio con China y las crecientes inversiones del gigante asiático en Brasil,
frente a la geoestrategia dominante en los Estados Unidos que ve como una
amenaza para sus intereses el avance de China en América Latina, junto a la
crisis/lucha por la acumulación a nivel global que exacerba las necesidades de
centralización y concentración del capital “americano”.
Segunda vuelta
Por último, el
escenario de segunda vuelta es muy favorable a Bolsonaro y las tendencias
dominantes así lo establecen. Sólo una oleada de “voto espanto” podría cambiar
la elección, movilizando votos nulos y en blanco (10 millones) y parte de los
votantes habilitados que no sufragaron (30 millones). Aunque todavía esas
posibilidades no se verifican. Si los votantes de Ciro Gómez, Guilherme Boulos
y Marina Silva –que suman la mitad de los votos en “disputa”— es probable que
se inclinen por Haddad, también es probable que el resto se incline por
Bolsonaro, por lo menos hasta ahora.
Igualmente, es
poco probable que en cualquier resultado se supere la crisis política de Brasil.
Un triunfo de Bolsonaro va a mantener un estado de polarización político-social
muy profundo, con crecientes muestras de violencia política. Un acercamiento de
Haddad hacia el “centro”, renunciando a gran parte de su programa para obtener
el apoyo de al menos una parte de la burguesía y los grupos liberales, puede
generar un distanciamiento con su base social popular, como sucedió al final
del mandato de Rousseff. Obviamente, de cara a la segunda vuelta, ambos
candidatos intentarán seducir ese “centro liberal”, por lo menos lo que queda
de él. La cuestión es qué pasa después.
[i] A ello
podemos agregar el cuestionamiento brasileño del bloqueo estadounidense a Cuba
y la construcción del puerto de Mariel y de una zona económica especial en
dicho país realizada por Odebrecht y 400 pymes brasileras; el impulso
del acuerdo con Irán y Turquía sobre el plan nuclear iraní, participando como
potencia mundial en uno de los conflictos euroasiáticos más sensibles; el
desarrollo del submarino nuclear junto con Francia y el acuerdo con la empresa
rusa Russian Technologies para producir helicópteros y misiles para Brasil; el
incremento en varias veces del presupuesto militar superando los 31.000
millones de dólares en el 2013 (lo que consolidó un presupuesto mayor al
conjunto del resto de los países suramericanos sumados), asociado a la defensa
de recursos naturales y de las fronteras, y al desarrollo del complejo
industrial-militar desde una mirada “soberanista”.
*Dr. en
Ciencias Sociales. Sociólogo docente e investigador de la Universidad Nacional
de la Plata. Coordinador del Centro de Estudios Formación e Investigación en
Economía Política y Sociedad (CEFIPES). Argentina.
Fernando H. Cardoso y su incomprensible neutralidad
www.rebelion.org / 201018
Escribo estas pocas líneas desde el corazón. Sumido en el estupor no alcanzo a comprender cómo quien fuera el maestro de toda una generación de sociólogos, politólogos y economistas de América Latina y el Caribe hoy prefiere mantenerse “neutral” ante la trágica opción que enfrentarán los brasileños el próximo 28 de octubre: restaurar la dictadura, bajo nuevos ropajes, o retomar la larga y dificultosa marcha hacia la democracia. Para justificar su actitud el ex presidente declaró a la prensa que "de Bolsonaro me separa un muro y de Haddad una puerta."
Sorpresa, estupefacción, asombro. Porque,
¿cómo es posible que quien fuera una de las más brillantes mentes de las
ciencias sociales desde comienzos de los años sesentas del siglo pasado pueda
exhibir tal indiferencia cuando lo que está en juego es o bien el retorno
travestido y recargado de la dictadura militar (la misma que luego del golpe de
1964 lo obligó a exiliarse en Chile) o la elección de un político progresista,
heredero de un gobierno que, con todos sus defectos, fue quien más combatió la
pobreza en el Brasil y lo hizo en un marco de irrestrictas libertades civiles y
políticas?
A quienes fuimos sus alumnos en la FLACSO
de Chile, en la segunda mitad de los sesentas, nos deslumbraban sus brillantes
lecciones sobre el método dialéctico de Marx y las enseñanzas de quien a su vez
fuera su maestro, Florestán Fernándes; o cuando disertaba sobre la teoría de la
dependencia mientras escribía su texto fundamental con Enzo Faletto; o cuando
diseccionaba con la sutileza de un eminente cirujano la naturaleza de las
dictaduras en América Latina. Por eso, quienes atesoramos esos recuerdos
estamos sumidos en el más profundo desconcierto ante su atronador silencio en
relación a la que, sin dudas, es una de las coyunturas más críticas de la
historia reciente del Brasil. A los que tuvimos la suerte de enriquecernos
intelectualmente con sus lecciones nos cuesta creer las noticias que nos llegan
hoy de Brasil y que informan de su escandalosa abstención. Y cuando aquellas se
confirman, como ha ocurrido en estos días, lo hacemos con el corazón sangrante
y la mente convulsionada.
¿Cómo olvidar de que fue usted quien en
aquellos años finales de los sesentas nos ayudó a sortear las estériles trampas
de la sociología académica norteamericana y la ciénaga del estructuralismo
althusseriano, moda que estaba haciendo estragos en las juventudes
radicalizadas de Chile?
Después, desde mediados de los setentas y
a lo largo de los ochentas la suya fue la voz de la sensatez y la sensibilidad
histórica que debatía con algunos "transitólogos" deslumbrados por la
ciencia política de la academia estadounidense y a quienes, a fuerza de
argumentos y ejemplos concretos, obligó a revisar sus ingenuas expectativas
sobre las nacientes democracias latinoamericanas.
Recordamos como si fuera hoy sus
advertencias diciéndole a sus colegas que, en Nuestra América, el "modelo
de La Moncloa" -erigido como el arquetipo no sólo único sino también
virtuoso de nuestra todavía inconclusa “transición hacia la democracia”-
enfrentaría enormes dificultades para reproducirse en el continente más injusto
del planeta. Y sus previsiones fueron confirmadas por el inapelable veredicto
de la historia: ahí están nuestras languidecientes democracias, incumpliendo
sus promesas emancipatorias, impotentes para instaurar la justicia distributiva
y cada vez más vulnerables a la acción destructiva del imperio y sus
lugartenientes locales. Democracias, en suma, en rápida transición involutiva
hacia la plutocracia y la sumisión neocolonial.
Fue Cardoso uno de los principales
animadores del Grupo de Trabajo sobre Estado de CLACSO que se creara a
comienzos de los setentas. Su espíritu crítico, combinado con su fina ironía,
orientaron buena parte de las labores de ese pequeño conjunto de colegas. Tanto
en las discusiones sobre la transición a la democracia y la naturaleza de las
dictaduras que asolaron la región usted decía que “sin reformas efectivas del
sistema productivo y de las formas de distribución y de apropiación de riquezas
no habrá Constitución ni estado de derecho capaces de eliminar el olor de farsa
de la política democrática.” 1 Y la historia otra vez le dio la
razón.
Más allá de sus errores y limitaciones la
experiencia de los gobiernos de Lula y Dilma avanzaron, si bien con demasiada
cautela, para tratar de eliminar ese insoportable “olor de farsa” de las
democracias latinoamericanas. ¿Que en esos gobiernos hubo corrupción, que
aumentó la inseguridad ciudadana, o que algunos problemas no fueron encarados
correctamente, o inclusive se agravaron? Es cierto. Pero nada de esto
constituye una novedad en la historia brasileña ni es un producto exclusivo de
los gobiernos del PT, y usted como analista tanto como en su calidad de ex
senador, ex ministro y ex presidente lo sabe muy bien.
Tomar como “chivos expiatorios” de la
tradicional y secular corrupción de la política brasileña a Lula y el PT es un
insulto a la inteligencia de sus conciudadanos además de una maliciosa mentira.
Pero aún si estas críticas fueran ciertas
–cosa sobre lo cual no viene al caso expedirse en estas líneas- ellas son
" peccata minuta " ante el peligro que acecha a Brasil y a toda
América Latina. Y usted, con su inteligencia, a esta altura de su vida no puede
arrojar por la borda todo lo que enseñara a lo largo de tantos años. Usted
escribió páginas imborrables sobre las dictaduras latinoamericanas y en uno de
sus libros denunció con valor la pretensión de “sustraerse de la
responsabilidad política de caracterizar como dictatorial a un régimen que se
afirma sobre la violencia irrestricta y el atropello sistemático de los
derechos humanos.” 2
¿Qué cree que va a hacer Bolsonaro cuando
exalta a los torturadores y rinde loas a la dictadura del 64? Por eso estoy
convencido que de persistir en su actitud neutral cometería usted el mayor y
más imperdonable error de su vida, que arrojaría un ominoso manto de sombra no
sólo sobre su trayectoria como intelectual de Nuestra América sino también
sobre su propia gestión como presidente de Brasil.
¿Qué hay una puerta que lo separa a usted
de Fernando Haddad? Es cierto, pero el candidato petista ya lo invitó a pasar.
Abra esa puerta y entre, porque aquel muro que lo separa de Bolsonaro no sólo
caerá con todos sus horrores encima de las clases y capas populares de Brasil
sino también sobre su cabeza y su renombre. Nadie le pide que apoye
incondicionalmente a lo que hoy, nos guste o no, representa la única opción
democrática que hay en Brasil frente a la monstruosa reinstalación de la
dictadura militar por la vía de un electorado manipulado como jamás antes en la
historia del Brasil.
Que la fórmula petista sea la única opción
democrática en las próximas elecciones no sólo es producto del empecinamiento
de los gobiernos y del liderazgo del PT. Usted fue presidente, por ocho años, y
algo de responsabilidad le cabe también por esta imposibilidad de construir alternativas
políticas más de su agrado. Su delfín, Geraldo Alckmin, tuvo un desempeño
catastrófico en la primera vuelta. Por eso un hombre como usted no puede ni
debe permanecer neutral en esta coyuntura. Sus pasiones y su ostensible
animosidad hacia Lula y todo lo que él representa no pueden jugarle tan mala
pasada y nublar su entendimiento. Usted sabe que la victoria de Bolsonaro dará
luz verde a sus tropas de asalto a la democracia, la justicia, los derechos
humanos, la libertad. Tropelías y aberraciones que, para espanto de la
población, ya prometen y anuncian sin tapujos a través de la prensa y las redes
sociales en Brasil. En este caso su neutralidad se transforma en complicidad.
Ante tan grave encrucijada, ¿cómo puede
usted declararse prescindente en esta batalla crucial entre dictadura y
democracia? A veces la vida nos coloca en estas incómodas encrucijadas, y no
queda hay otro remedio que elegir y actuar. Recuerde que Dante, en La Divina
Comedia, reservó el círculo más ardiente del infierno a quienes en tiempos de
crisis moral optaron por la neutralidad. Usted, por su historia, por lo que
hizo, por su magisterio, por la memoria de sus propios maestros debe oponerse
con todas sus fuerzas a la re-encarnación de la dictadura bajo el mascarón de
proa de un político mediocre, violento y reaccionario que ni bien instalado en
el Palacio de Planalto, será fácil presa de los actores más siniestros del
Brasil.
Su nombre, Fernando Henrique, no debe
quedar inscrito entre los cómplices de la tragedia en ciernes en su país.
Créame si le digo, siendo fiel a sus enseñanzas, que a diferencia de Fidel si
usted persiste en esa actitud, en esa suicida neutralidad, la historia no lo
absolverá, sino que lo condenará y lo atormentará hasta el fin de sus días.
Contribuya con su palabra a que Brasil
sortee el peligro del inicio de un nuevo –y probablemente extenso- ciclo
dictatorial que sólo agravará los problemas que hoy lo atribulan. Y luego,
despejada esa amenaza, discuta sin concesiones como mejorar la democracia en su
país; critique las políticas que proponen Haddad y D’Avila, pero primero
asegure que su pueblo no volverá a caer en los horrores que con tanta fuerza
usted condenó en el pasado.
Su silencio, o su abstención, serán
implacablemente juzgados por los historiadores del futuro, como ya lo son hoy
por sus asombrados contemporáneos que no pueden entender las razones de su
postura. Tiene poco tiempo para evitar tan triste final y evitar que la neutralidad
se convierta en complicidad.
Recuerdo cuando, en medio del furor
causado por el auge de la teoría de la dependencia usted exhortaba a sus
cultores a no apartarse de las enseñanzas de Lenin cuando exigía, antes de
parlotear superficialmente sobre el tema, llevar a cabo “un análisis concreto
de la realidad concreta.” Y remataba esa observación advirtiendo sobre el
peligro de que “el hechizo de las palabras sirva para ocultar la indolencia del
espíritu”. 3
Ojalá que su brillante inteligencia no
haya caído víctima de la indolencia y prevalezca, en esta hora decisiva, sobre
la fuerza de unas incontrolables pasiones que le impiden abrir la puerta que lo
separa de Fernando Haddad y evitar que Brasil se hunda en el basural del
fascismo.
Notas:
1 Cf. “La
democracia en las sociedades contemporáneas”, en Crítica & Utopía, Buenos
Aires, N°6, 1982, y también en “La Democracia en América Latina”, Punto de
Vista, Buenos Aires, Nº 12, abril, 1985.
3 Fernando H.
Cardoso, Ideologías de la burguesía industrial en sociedades dependientes.
Argentina y Brasil, Buenos Aires, Siglo XXI, 1971, p. 60.
Tiempo de incertidumbres, tiempo de esperanzas
Equipo Envío
www.envio.org.ni / septiembre 2018
Es muy incierto aún cómo y cuándo se
“solucionará” el estallido de abril. Dos narrativas sobre el origen de la
crisis y de la escalada represiva, la del régimen y la de la rebelión cívica,
han polarizado al país y parecen irreconciliables. Naciones Unidas ha avalado
la narrativa de la rebelión cívica en un informe que le ha costado su expulsión
del país. ¿Cuánto tiempo falta aún hasta llegar a “la verdad y a la rendición
de cuentas”, como dijo la Oficina de Derechos Humanos de la ONU al abandonar
Nicaragua?
A cinco meses de la insurrección de la
conciencia ciudadana que inició en abril Ortega proclama que el país está
“normalizado” y parece determinado a quedarse en el gobierno hasta 2021. La
población insurreccionada está determinada a impedirlo. El enfrentamiento es
muy desigual. Y sin una pronta salida política, la crisis humanitaria y los
graves problemas económicos y financieros que el conflicto ha provocado tienen
a Nicaragua al borde del abismo. “Nicaragua es hoy una bomba de tiempo”, se
escuchó en el Consejo de Seguridad de la ONU el 5 de septiembre.
“TODO TE DEJAMOS PASAR”
En abril, y aún en mayo, se veía más cercana la solución de la crisis. El desproporcionado uso de la fuerza que el régimen empleó contra las protestas de los estudiantes, segando la vida de tantos, crímenes que no se detuvieron ni un solo día desde el 20 de abril, alimentaron exponencialmente la indignación popular y desataron una escalada represiva.
“Todo te dejamos pasar, pero jamás
hubieras tocado a nuestros chavalos”, decía la pancarta dirigida a Daniel
Ortega que una mujer había escrito a mano y alzaba decidida en la primera
movilización masiva de abril. Esas primeras muertes de jóvenes explican cómo
empezó esto, cuál fue la chispa, el origen de la rebelión: crímenes que aún hoy
el gobierno ni siquiera reconoce que sucedieron. Esa primera chispa encendió un
incendio, “resultado de agravios con profundas raíces”, se lee en el informe de
Naciones Unidas.
El gobierno respondió al incendio
“disparando a matar” como denunció Amnistía Internacional en su informe de mayo.
Resultado: la mayor matanza jamás vista en Nicaragua en tiempos de paz. Hasta
el 24 de agosto, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
han sido 322 las personas muertas como saldo del conflicto y más de 2 mil los
heridos. Entre ellos, hay también muertos y heridos del lado de quienes
defendían al régimen, porque hubo reacciones de legítima defensa y hechos de
violencia en respuesta a la violencia institucional. Lo reconoce la ONU en su
informe. También lo reconoce la CIDH, que ha vuelto a reiterar al concluir
agosto: “La gran mayoría de víctimas fallecieron como resultado de la acción
estatal o de fuerzas parapoliciales al servicio del Estado”.
La gran mayoría perdió la vida ejerciendo el derecho de reclamar derechos, justicia y democracia, otro gobierno, otro país. Los que la perdieron impidiendo ese derecho van a la cuenta del régimen, que los mandó a matar o a morir.
Ésta es la narrativa de quienes se oponen al régimen. La comparten el máximo organismo regional y el máximo organismo internacional de derechos humanos.
“FUE UN GOLPE DE ESTADO TERRORISTA”
La narrativa del régimen niega que hubiera protestas ciudadanas reprimidas con armas de fuego, niega que se haya violentado el derecho a la protesta. Y afirma que lo que hubo fue la respuesta a un golpe de Estado planificado, organizado y financiado desde Estados Unidos, por la CIA o cualquier otra agencia del Norte.
No hay duda de que en este momento tan convulso sería extraño, por decir lo menos, que Estados Unidos no se interesara en participar, sacando alguna ganancia. Recursos y experiencia les sobran. Y, sobre todo, las excelentes relaciones que Ortega mantuvo durante más de una década con Washington, casi les obliga a interesarse en Nicaragua. Sin embargo, son consecuencias de la crisis y no la causa de la insurrección ciudadana.
Que lo ocurrido fuera un golpe de Estado fue una idea plantada por la delegación gubernamental en una de las primeras sesiones del diálogo nacional, cuando la Alianza Cívica, con la mediación de los obispos, propuso como salida a la crisis anticipar las elecciones.
Después, el régimen organizó las “operaciones limpieza” para recuperar el control territorial que centenares de tranques y barricadas le habían quitado. Fue la etapa en la que corrió más sangre en un enfrentamiento extremadamente desigual.
Así describe ese momento el informe de la ONU: “A medida que la crisis se desarrollaba el nivel de violencia contra los manifestantes por parte de la policía y de civiles armados aumentó aún más, y también lo hizo el nivel de resistencia de algunos individuos participando en los tranques. Existe amplia información sobre el uso de medios violentos por algunos manifestantes, incluyendo piedras, morteros, armas improvisadas y armas de fuego (fundamentalmente rifles). Sin embargo, no se encontró evidencia de que estos actos violentos hayan sido coordinados o respondieran a un plan preexistente”.
COMO EN LOS AÑOS 80
Concluida la “limpieza”, el régimen terminó de perfilar su versión de los hechos y concluyó su narrativa: en abril hubo un intento de golpe de Estado. Los tranques nunca fueron cívicos, eran de gente armada. Los golpistas emplearon el terror para imponerse, pero fueron derrotados y están siendo juzgados como lo que son: terroristas y vende patrias.
El 7 de agosto, después de haber estado
presentando cifras dispares sobre las muertes ocurridas en esta etapa, fijó un
número definitivo y una nueva consigna: “Fueron 198. ¡Ellos los mataron! ¡Que
paguen por sus crímenes!”. Todos los muertos los causaron los terroristas,
nadie cayó por disparos del régimen.
La narrativa oficial pretende cohesionar a las bases del partido de gobierno y también convencer a la “izquierda” internacional, asemejándola a la narrativa de los años 80, cuando el gobierno “revolucionario” fue víctima de una agresión armada financiada desde Estados Unidos.
No ha habido en cinco meses variante alguna sobre esta versión de lo ocurrido. Lo que vemos a diario es una persistente “huida hacia delante” que parece no tener vuelta atrás. Es lógico: durante más de una década la pareja gobernante avanzó, sin mayores obstáculos, en un proyecto dinástico para perpetuarse en el poder. Ahora, se resisten a aceptar que un plan tan cuidadosamente acariciado se haya hecho trizas inesperadamente. Del terror que les ha causado el fracaso, ha nacido la política de terror con la que han respondido.
NACIONES UNIDAS: NO HUBO GOLPE DE ESTADO
El informe elaborado por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (OACNUDH), que cubre los sucesos de los primeros cuatro meses de la crisis (18 abril-18 agosto) fue presentado en Ginebra y en Managua el 29 de agosto. (En este número lo reproducimos íntegramente, sólo suprimiendo, por su extensión, las notas a pie de página).
El informe cuestiona la narrativa del régimen: “En lugar de reconocer cualquier responsabilidad por actos ilícitos o indebidos durante la crisis, el gobierno ha culpado a los líderes sociales y de la oposición, a las personas defensoras de los derechos humanos y a los medios de comunicación, por lo que ha denominado “violencia golpista”, así como por el impacto negativo de la crisis política en la economía nacional. Más aún, el gobierno ha atribuido la responsabilidad por todos los actos de violencia a aquellos que participaron en las protestas, incluidas las 197 muertes oficialmente reconocidas hasta el día 25 de julio”.
Al presentar el informe, Guillermo Fernández Maldonado, quien coordinó la misión en Nicaragua de la OACNUDH, dijo: “Desde la primera reunión que estuvimos en Cancillería, la narrativa de un golpe de Estado fue lo que se nos planteó. Lo que nosotros dijimos es que si ésa era la visión, que nos dieran acceso a la información y a los lugares que la ratificaran y si encontrábamos efectivamente los hechos que sostienen esa visión, lo haríamos público. Sin embargo, no nos han respondido ninguna de las solicitudes de información, ni nos han permitido salir de Managua ni ir a ninguno de los lugares que propusimos. La información a la que hemos tenido acceso no apoya esa visión. No hay ningún indicio de golpe de Estado. Por el contrario, desde la perspectiva de derechos humanos lo que hemos encontrado son acciones gubernamentales para responder a una protesta cívica, que están en contra del derecho internacional de los derechos humanos”.
“UN INSTRUMENTO DE LA POLÍTICA DEL TERROR”
El 30 de agosto Daniel Ortega difamó el informe de Naciones Unidas presentado el día anterior. “Cada vez más en el mundo -dijo ante sus seguidores- ya nadie cree en los organismos internacionales porque se convierten en instrumento de los poderosos, de los que imponen sus políticas de muerte sobre los pueblos del planeta Tierra… Estos organismos de Naciones Unidas, en este caso este organismo que tiene que ver con Derechos Humanos, no es más que un instrumento de la política de la muerte, de la política del terror, de la política de la mentira, de la política de la infamia. ¡Son infames, infames!”.
Esa misma noche la Cancillería enviaba al representante de la Oficina de la ONU un mensaje: su estancia en Nicaragua había concluido. Una expulsión de facto.
El informe de la OACNUDH llegó el 5 de septiembre al Consejo Permanente de Naciones Unidas, un gran paso para que las masivas violaciones a los derechos humanos cometidas por el régimen Ortega-Murillo trasciendan el ámbito regional de la OEA y comiencen a ser conocidas en el máximo organismo mundial. Esto inauguró un tiempo de esperanzas en medio de tantas incertidumbres.
OJOS Y OÍDOS INTERNACIONALES
Ha sido el tema de los derechos humanos el que ha abierto los ojos del mundo a lo que pasa en Nicaragua. Y el logro político más significativo arrancado a Ortega por la rebelión cívica ha sido la presencia en Nicaragua de organismos regionales e internacionales de derechos humanos.
El informe sobre derechos humanos que la CIDH presentó a la OEA en junio, la OEA decidió involucrarse en la crisis de Nicaragua. Después, el régimen tuvo que aceptar que la CIDH instalara de forma permanente en nuestro país un Mecanismo de Seguimiento (MESENI) y que vinieran a Nicaragua, por seis meses prorrogables, cuatro profesionales del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), con el mandato de investigar todas las muertes ocurridas entre el 18 de abril y el 30 de mayo. También tuvo el régimen que aceptar en nuestro país al equipo de la OACNUDH, al que ahora expulsó.
ENCONTRARON UNA MURALLA
Por presión de las movilizaciones en las calles y del diálogo nacional el régimen se vio forzado a someterse al escrutinio de los organismos internacionales de derechos humanos. Del lado de la rebelión cívica, las expectativas que despertó la llegada de estos ojos y oídos internacionales fueron enormes. Pensaron que obligarían al gobierno a cambiar, a actuar de otra forma. No fue así. Ojos y oídos se toparon con una muralla.
Las solicitudes del equipo del MESENI para visitar las cárceles o para asistir a los juicios de las personas acusadas de “terrorismo”, para viajar más allá de Managua a algunos puntos “calientes” del país para hablar con la población que ha sido víctima de represión han sido totalmente ignoradas. Todo lo que solicitan deben tramitarlo con la Cancillería y la Cancillería no responde. Las solicitudes del GIEI para acceder a los expedientes forenses, judiciales y policiales de los casos que deben investigar nunca les han sido entregados.
El régimen Ortega-Murillo sabe que el
instrumento internacional más eficaz para colocar a Nicaragua en el radar
internacional ha sido el tema de los derechos humanos. Por eso, para sostener
su narrativa no tuvo más remedio que invitarlos y no tiene más remedio que
levantar una muralla ante quienes los evidencian y difamar a quienes señalan su
responsabilidad.
“LA CIDH CARECE DE TODO RIGOR CIENTÍFICO”
El 18 de agosto, en la tribuna de una de las “contra-marchas” que el régimen viene organizando cada vez con más frecuencia para moralizar a sus bases, el canciller Denis Moncada “agitó” a la concurrencia que llegó a aplaudir a Ortega para que abucheara a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) leyéndoles el texto oficial en que el régimen califica los informes de la Comisión como “cuestionables por su sesgo político y su metodología de trabajo, que carece de todo rigor científico, siendo una de sus fallas más notorias la falta de verificación de la información que recibe y la utilización irresponsable de fuentes sin ninguna credibilidad”.
Los seguidores de Ortega abuchearon a la CIDH, que respondió el 24 de agosto con un comunicado, en el que señala la “extrema rigurosidad metodológica” con la que trabaja. “Esto incluye -dicen- contrastar varias fuentes: testimonios de víctimas, de familiares de víctimas, información que aportan organizaciones de la sociedad civil y medios informativos, así como también fuentes oficiales”.
LA CIDH SEÑALA “INCONSISTENCIAS”
Sobre la narrativa de los 198 fallecidos, todos “matados” por los golpistas, dijo la CIDH: “Las cifras de personas fallecidas aportadas por el Estado son inconsistentes. En notas que el Estado remitió a la CIDH entre junio y julio de 2018 informó sobre 37 personas fallecidas, en su mayoría agentes del Estado o personas afines al gobierno. Posteriormente, en respuesta a las reiteradas solicitudes de información actualizada, en nota del 7 de agosto el Estado reportó una cifra consolidada de 450 personas fallecidas entre el 19 de abril y el 25 de julio. En el desglose de esa cifra, el Estado informó que 197 personas fallecieron como “víctimas del terrorismo golpista” y 253 por “muertes homicidas (actividad delictiva común), accidentes de tránsito y otras causas, que fueron manipuladas por los golpistas y organismos afines para desprestigiar, difamar y dañar la imagen del gobierno de Nicaragua”.
La CIDH señala al gobierno la inconsistencia de no presentar ni nombres ni otros datos de las 197 personas (o 198, según apareció en mantas y afiches) por las que pide “justicia”. Y reitera al Estado “la necesidad urgente de garantizar el acceso a la información detallada sobre todas las personas fallecidas, a fin de que la CIDH pueda cotejar y verificar sus cifras con las que ofrecen las autoridades”.
“NO HAN INVESTIGADO NADA”
También el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes está siendo ignorado por el régimen. El 16 de agosto, los expertos del GIEI, apremiados por el correr del tiempo, decidieron informar a la opinión pública no sobre lo que hacían, sino sobre lo que no les dejan hacer.
En rueda de prensa explicaron que desde el 2 de julio, cuando iniciaron la recopilación de información sobre los fallecidos en el plazo de su mandato, solicitaron “los expedientes de las investigaciones llevadas adelante por las instituciones nacionales, los informes de medicina legal y el listado de personas detenidas, así como el plan de reparación de las víctimas”. Pero no habían recibido un solo papel.
Después de escuchar la diplomática queja
expuesta por los cuatro profesionales que integran el GIEI, la presidenta del
Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), Vilma Núñez, afirmó que el
gobierno no les había entregado nada “porque no han investigado nada”. Y como
prueba, mencionó que en abril y mayo funcionarios del CENIDH acompañaron a unos
30 familiares de víctimas asesinadas, que accedieron a presentarse a la
Fiscalía a poner la denuncia, iniciando con esa gestión la ruta legal para una
investigación. “Pero sólo les recibieron la denuncia, sellaron el papel y nunca
más volvieron a llamar a ninguna de esas personas para preguntarles nada, no
investigaron nada”, dijo Núñez.
A CINCO MESES DE LA REBELIÓN DE ABRIL
Cinco meses después de abril se ha reducido el número de asesinatos. Sin embargo, policías, parapolicías encapuchados o civiles siguen capturando tanto a líderes territoriales de las protestas como a cualquier otra persona que consideren sospechosa. Las llevan a las mazmorras de la cárcel El Chipote, en donde son vejadas, amenazadas, torturadas y, de forma arbitraria, a veces liberadas en horas o en días, a veces retenidas por más tiempo, a veces trasladadas a la Cárcel Modelo, donde son sometidas a juicios viciados de ilegalidades y violaciones a los derechos humanos. Todos son acusados de “terroristas”.
Aunque arrestos y detenciones ocurrieron desde los primeros días de la crisis, como reconoce el informe de la ONU, en la fase actual, de “criminalización de las protestas”, las capturas y las detenciones han arreciado. 340 fueron denunciadas por los familiares en el CENIDH.
En las innumerables violaciones al derecho a la libertad y a la seguridad personal, y en las generalizadas violaciones a las garantías del debido proceso legal es en donde el informe de la ONU ofrece un recuento más detallado y preciso de los patrones de la represión.
La ola represiva incluye también despidos arbitrarios. La Asociación Médica Nicaragüense informa de al menos 300 profesionales de la salud despedidos por haber atendido a heridos durante las protestas o haber expresado críticas a la política oficial. Circulan también listas de abogados que han brindado asesoría legal a las familias de los detenidos, que reciben amenazas. Los recortes al presupuesto por la crisis económica han dado lugar a una “operación limpieza” en las instituciones estatales: los funcionarios no leales están siendo despedidos.
En agosto la narrativa tiene un nuevo eje:
“ya todo está normal”… o se está “normalizando”. Para demostrarlo, el régimen
pretende recuperar el control de las calles, organizando contramarchas,
infiltrando las movilizaciones cívicas con agentes que provocan violencia,
impidiendo, por la fuerza o con la intimidación, cualquier expresión ciudadana
en las calles, sean grandes marchas o plantones, para imponer la imagen de la
“normalidad” y que la población sienta que “ya ganaron”, que “ya pasó todo” y
que “el comandante se queda”.
LA SOLUCIÓN ES POLÍTICA, NO ECONÓMICA
La pregunta acuciante en todas partes es cómo, cuándo, terminará esto, cuál será la solución, ya que es palpable que el conflicto no se ha resuelto ni se resolverá imponiendo o reprimiendo, sea porque la economía le ha puesto severos límites a la pretensión política de Ortega, como demuestra el economista Néstor Avendaño en páginas siguientes, sea porque la mayoría de la población mantiene la determinación de lograr un cambio.
“¿Y cuál es esa solución?”. Y se responde: “Saquen de las cárceles a todos los presos políticos capturados en esta crisis, saquen de las calles a todos los paramilitares encapuchados, comiencen a aplicar la justicia a quienes han matado a nuestra juventud y anticipen las elecciones. Si se da una respuesta a estas demandas, ya podríamos pensar qué se puede hacer desde el Banco Central. Sólo entonces. No necesitamos soluciones de política económica, sino soluciones políticas para que haya tranquilidad económica. Ninguna política económica nos dará tranquilidad en un escenario tan dramático como en el que hoy estamos… Los altos cargos del Poder Ejecutivo argumentan públicamente que el país ya “está normal”. Decir eso es irrespetar a los nicaragüenses. Decirlo genera más desconfianza y aleja la solución política del problema político en el que estamos inmersos”.
EL CONSENSO NACIONAL
Sólo dos sondeos han mostrado hasta ahora el sentir de la gente sobre cuál debe ser la salida al conflicto. El primero lo realizó la empresa encuestadora CID Gallup consultando a nivel nacional a 1,200 personas, entre el 5 y el 14 de mayo, cuando no había pasado ni un mes de la insurrección de abril. El 69% de las personas dijo en esas fechas que quería que Ortega y Murillo “renunciaran” al gobierno. De ese porcentaje, un 30% se declaró sandinista.
Dos meses después, el 17 de julio, en marcha la sangrienta “operación limpieza”, el Grupo Cívico Ética y Transparencia realizó otro sondeo a 1,200 personas a nivel nacional por vía telefónica. El 79% respondió afirmativamente a la aseveración: “Es conveniente realizar elecciones generales prontamente”. Las personas encuestadas se definieron políticamente así: danielistas 8%, sandinistas 23%, opositores 20%, independientes 33%, mientras que un 16% no quiso opinar o dijo que era “secreto”.
No hay mucha diferencia entre las cifras
de uno y otro sondeo. Dos meses después del primero, un porcentaje algo mayor
quería elecciones anticipadas. A la espera de nuevas encuestas, creemos que, a
cinco meses de abril, el consenso mayoritario entre la población, tanto la que
se moviliza en las calles exigiendo justicia y democracia y enfrentando balas,
intimidación y capturas, como la que no lo hace, pero repudia al régimen y
desea que esto tenga un final, es un pronto cambio de gobierno y de forma
cívica: “Que se vayan y que sea sin guerra”.
EL CONSENSO INTERNACIONAL
El consenso internacional, encabezado por la OEA, al que hizo un eco aún tibio la Unión Europea, es que la solución debe ser electoral y cuanto antes, una salida que el régimen deberá negociar en el diálogo nacional.
Esa salida, lo sabemos en Nicaragua y lo
sabe desde hace años la OEA, no sólo significa acordar una fecha concreta para
elecciones anticipadas. El calendario debe incluir otras fechas en las que
realizar cambios indispensables para que el colapsado sistema electoral, que ha
estado preñado de fraudes durante una década, brinde garantías a toda la
población y asegure unos comicios transparentes, competitivos y con
observadores nacionales e internacionales. Estos cambios requieren de tiempo y
hacerlos requiere de la voluntad política de Ortega.
Hasta el momento, en sus discursos ante sus seguidores Daniel Ortega insiste en que las elecciones serán hasta noviembre de 2021 y no hace siquiera mención de los previos cambios profundos que requieren las elecciones, sean cuando sean. La debacle económica y las presiones internacionales hacen difícil que el plan al que se aferra Ortega, permanecer en el gobierno hasta 2021 y si pudiera aún más, se haga realidad.
Tampoco respecto a retomar el diálogo como espacio para una “negociación de buena fe”, como le exige la OEA, ha dado Ortega señales positivas. El 25 de junio fue la última sesión del diálogo nacional. A poco más de un mes de iniciado, sus mediadores y testigos, los obispos, lo suspendieron al comprobar la falta de voluntad del régimen de entrar a discutir la ruta para la democratización del país. Desde entonces, Ortega se ha empeñado, sin éxito, en organizar “otro” diálogo con mediadores, interlocutores y garantes que le aseguren condiciones para lograr un acuerdo que le garantice evadir la justicia y permanecer en el gobierno.
Intentó convencer de esto al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Gutérrez, de que fuera garante del diálogo, pero sólo escuchó de él que el diálogo debía ser “inclusivo”. Intentó nada menos que convencer al Papa Francisco de que apartara del diálogo nacional a los obispos “no ecuánimes”. El canciller Denis Moncada fue enviado al Vaticano para hablar con el pontífice, pero sólo fue escuchado, sin protocolo alguno, por el segundo en la Secretaría de Estado.
¿TODO ESTÁ NORMAL?
No puede negarse que la brutal política del terror ha tenido sus efectos. Ha afectado el ímpetu inicial de las protestas cívicas. Hay cientos de hogares enlutados por los muertos. Hay miles de hogares atendiendo aún a heridos graves. Y otros centenares de hogares desesperados por sus familiares capturados, apresados y enjuiciados como terroristas. Más de 20 mil personas han tenido que huir a Costa Rica buscando salvar sus vidas. El colapso de una economía de por sí frágil ha dejado ya a unas 200 mil personas en el desempleo y está a las puertas una severa crisis financiera, como explica Avendaño.
Y aunque se ha reducido el número de asesinatos -no deja de haberlos y poco se conoce con precisión de lo que ocurre en algunas zonas rurales-, los paramilitares armados siguen controlando zonas de algunos municipios, en total impunidad. Y aunque desde el desmantelamiento por la fuerza de tranques y barricadas se normalizó la circulación, en el país no se ha normalizado ni el consumo en los hogares ni el turismo, ni las universidades ni la vida cotidiana, ni siquiera las conversaciones diarias, a pesar del empeño oficial de imponer que “ya todo pasó”. Seguir secuestrando, capturando, amenazando y llenando las cárceles no normaliza un país cuando su población está indignada.
Tampoco lo normalizan los discursos de Ortega ni los mensajes diarios de Murillo en los medios oficiales. Murillo llama a quienes se manifiestan en las calles “plaga”, “vampiros”, “minúsculos”, “almas tóxicas”, “poquedad”, “chingaste”, “puchos amargados”… Ortega los llama “perros rabiosos”, “satánicos”, “nazis”… Estigmatizar a quienes demandan un cambio no contribuye a la normalidad.
¿VAMOS GANANDO?
Tras cinco meses de rebelión, una de las consignas que más ha pegado en la población es la lanzada todos los días por el analista político Jaime Arellano, que a diario entrevista en el canal de televisión 100% Noticias a personajes de la vida nacional. “Vamos ganando”, reitera apasionadamente Arellano y lo argumenta de forma didáctica.
Cuando le preguntó a Arturo Cruz, ex-embajador de Ortega en Estados Unidos (2007-2009) y muy complaciente con el modelo orteguista hasta ahora, si compartía esa afirmación, Cruz le contestó: “Estratégicamente ya ganaste”. Cruz dijo que la correlación de fuerzas se está dando en estos momentos entre “legitimidad y coerción” -no quiso emplear la palabra represión-, y valorando el peso en ambos platillos de la balanza concluyó que, aunque la coerción puede ganar en el corto plazo, la legitimidad siempre termina ganando a la larga.
La derrota estratégica de Ortega se basa
en su ilegitimidad, una mancha que lo acompaña visiblemente desde su reelección
en 2016, cuando se apropió del gobierno por tercera vez consecutiva en unos
comicios sin oposición, sin observación, ni nacional ni internacional y con
índices de abstención nunca vistos en el país.
REBELIÓN CÍVICA VS. REPRESIÓN BRUTAL
¿Quién va ganando entonces? Aunque no es tiempo aún de hacer balances, Ortega ha “ganado” en el corto plazo por contar con la brutalidad represiva de la Policía y los parapolicías y con la complicidad del Ejército.
El movimiento insurreccional de buena parte del pueblo nicaragüense contra el régimen de Ortega va “ganando” estratégicamente al mantener e insistir, a costa de todo, en el carácter cívico y pacífico de la lucha. El precio que ha pagado ha sido altísimo.
Es ese precio pagado en sangre y en dolor el que ha abierto finalmente los ojos de la comunidad internacional a lo que está pasando en Nicaragua. Eso ha aislado a Ortega, lo ha desenmascarado y lo mantiene acorralado. Y por la ilegitimidad con la que hoy lo mira el mundo, la rebelión cívica va ganando.
Los crasos errores que Ortega y Murillo vienen cometiendo, sin freno ni pudor, han ocupado la atención de la comunidad internacional y han incrementado la preocupación en aportar para resolver la crisis de Nicaragua. El último mes ha sido pródigo en errores. Destacan entre todos ellos, el cerrarle las puertas de Nicaragua al Grupo de Trabajo de doce países creado en agosto en la OEA y la expulsión de facto del país de la misión de Naciones Unidas.
Ortega, quien firmó hace más de un año con la secretaría general de la OEA, que preside Luis Almagro, un “acuerdo de entendimiento” para reformar el sistema electoral, ya no responde a Almagro cuando le plantea el anticipo de las elecciones. Más bien, desafía a la OEA cuestionando a la CIDH y afirmando que “se queda” hasta 2021. Y a pesar de que busca al secretario general de la ONU para que Naciones Unidas actúe como garante del diálogo nacional expulsa a la misión de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU.
De este modo, la errática política internacional seguida por Ortega para encubrir y negar la brutal represión que desató en abril y que fue el comienzo de esta tragedia, no ha dejado de escalar, haciendo de su inverosímil narrativa una fuente de ganancias para la insurrección ciudadana.
UNA JUVENTUD VALIENTE Y UNA NACIÓN MÁS
UNIDA
Otras dos ganancias, estratégicas por ser promesas de un futuro mejor para Nicaragua, tiene en su haber la rebelión cívica.
Una es el despertar de la juventud, que con su valor y decisión abrió el camino para el despertar de muchos. Otra es la incipiente y embrionaria unidad nacional a la que la gravedad de la crisis ha llevado a diversos sectores sociales, a variados intereses y a distintas generaciones para enfrentar juntos a la dictadura.
Después de abril la rebeldía se convirtió en virtud para buena parte de la juventud, que se rebeló contra “el pensamiento único” que trató de imponer el régimen. Mucha de la juventud rebelde tiene raíces sandinistas. La rebelión tiene en su haber el que han quedado más definidas que nunca las fronteras entre sandinismo y orteguismo, ganancia más significativa teniendo en cuenta que en el proyecto dinástico era central transmutar el partido FSLN apartando a los históricos, con trayectoria y memoria histórica, para rehacerlo con jóvenes, sin otro requisito que ser ciegamente incondicionales del culto a la personalidad de Ortega.
NUEVOS HORIZONTES PARA UNA NICARAGUA MEJOR
La crisis ha demostrado que existen en nuestro país sólidos liderazgos nacionales y locales, jóvenes y no tan jóvenes, empresariales y sociales, mujeres y hombres. Contamos con un capital humano a la altura de lo que está exigiendo el presente y coherente con los desafíos que traerá un futuro que, desde este tiempo de tantas incertidumbres, y de tantas esperanzas, ya avizoramos tan complejo.
Aún le falta a la rebeldía cívica mayor organicidad, superar el exceso de horizontalidad de los grupos autoconvocados hasta encontrar un liderazgo colectivo con una dirección estratégica que defina claramente un “horizonte”.
La brújula ya está ahí y el magnetismo está asegurado. Lo garantiza la persistencia de la indignación social y la determinación de continuar reclamando una nación mejor, diferente a la que tenemos hoy, diferente a la que quiso construir Ortega, diferente a la que hemos tenido a lo largo de la historia. Aunque la solución aún no se vea clara en el horizonte, la ruta ya está trazada.
Documentar la lucha indígena por la vida y contra el capitalismo
www.rebelion.org / 21-09-18
Como jurado de la categoría “Indígenas”,
del concurso del X Encuentro Hispanoamericano de Cine y Video Documental
Independiente, que organizó la asociación civil Contra el Silencio Todas las
Voces, tuve la oportunidad de ver 18 documentales que participaron en esta
importante reunión del ámbito cinematográfico.
A partir de los criterios generales en
cuanto a guion, fotografía, sonido, montaje, posproducción y realización, mi
tarea consistió en escoger los trabajos que mejor plasmaran la realidad de los
pueblos originarios en la actual etapa de mundialización capitalista; se debían
distinguir aquellas obras fílmicas que atestiguaran e interpretaran procesos y
luchas de las resistencias étnicas en favor de sus autonomías, autogobiernos,
sistemas socio-culturales y cosmogónicos que refuerzan la sustentabilidad y
defensa de la naturaleza, en el contexto de un proceso de recolonización de los
territorios y la visible y observable crisis civilizatoria que, incluso, pone
en riesgo la sobrevivencia misma de la especie humana.
La mayoría de los documentales presentados
a concurso, procedentes de América Latina y otras regiones del planeta,
resultaron impactantes porque muestran la uniformidad con que el sistema
capitalista lleva su guerra de exterminio contra los pueblos, y, ciertamente,
una buena parte de ellos cumplía con los criterios señalados, por lo que fue
difícil decidir, concurso al fin, primeros lugares. Finalmente, el jurado
integrado por Jaime Kuri, Liliana Cordero Marines y quien escribe emitió un
veredicto de premiación al Mejor Documental del género, distinguiendo, además,
con mención honorífica, a dos películas más.
El documental mexicano El maíz en tiempos de guerra, realizado
por Alberto Cortés, se llevó el primer lugar. Constituye un excelente
testimonio fílmico sobre el maíz y el mundo cultural que resiste y lo defiende
contra los intentos corporativos por desaparecer a los actores socio-étnicos o
pueblos campesinos que viven, trabajan y luchan por su preservación y,
particularmente, en contra de los transgénicos y la apropiación corporativa de
las semillas. “Defender la semilla es defender a todo México. Presenta dos
ejemplos de tierras recuperadas, uno en Chiapas, a partir del levantamiento
zapatista de 1994, y otro, en la región wixárica. La narrativa incluye
testimonios en torno a los esfuerzos de los pueblos en contra del crimen
organizado, otra empresa capitalista más que invade territorios en busca de
materia prima y fuerza de trabajo barata, así como también contra la minería.
Resulta extraordinaria la forma en que se va describiendo todo el ciclo
agrícola del maíz, proceso de preparación de la tierra, tumba, roza y quema,
siembra, cuidado, cosecha y los múltiples usos como bebida y alimento.
Se concedió mención honorífica a un
documental, también de factura nacional, Pies
ligeros, de Juan Nuñch, que, acorde al Acta de Dictaminación, de modo
entrañable y conmovedor muestra la resistencia cultural de los corredores
pertenecientes a uno de los grupos indígenas más marginados, los rarámuris. La
mirada del realizador nos introduce con sensibilidad a su mundo, en donde
correr enormes distancias es parte de los rituales comunitarios.
Otra de las menciones correspondió al
documental brasileño Martirio, producido por Vídeo nas Aldeias. Relata la historia y situación actual del pueblo
guaraní en Matto Groso, Brasil; constituye un trabajo de largo aliento,
impresionante por la integralidad del relato, siempre coherente y fluido, con
base en una larga relación entre el realizador, Vincent Carrelli, y el pueblo
investigado. El documental ofrece en detalle la invasión de los territorios,
las luchas por su recuperación, la constante violencia del Estado, los procesos
de asimilación forzada, incluso formas de esclavitud, las reservaciones o
reducciones, los suicidios colectivos, los asesinatos masivos y selectivos, el
papel de las guardias blancas, aparatos judiciales y de seguridad, en suma, el
genocidio y etnocidio que sufre este pueblo. Paralelamente, se ofrece la
riqueza del patrimonio cultural, cosmogónico y espiritual del pueblo guaraní,
pese a la represión, la invisibilidad de la problemática indígena y el papel
ambivalente de los organismos indigenistas. El filme presenta singulares
escenas en las que se observa el racismo de legisladores y terratenientes
integrados en organizaciones ruralistas, que expresan sin reparo su odio
anti-indígena. Este trabajo ofrece una visión sintética de la conflictiva
relación sociedad, Estado brasileño y pueblos indígenas.
Contra el Silencio Todas las Voces AC
realiza una excelente labor de concientización social al estimular la
producción de documentales que fehacientemente muestran ese otro mundo que
pretenden destruir las corporaciones de la muerte, con la complicidad de
gobiernos neoliberales o neodesarrollistas.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)