"Quórum Teológico" es un blog abierto al desarrollo del pensamiento humano y desea ser un medio que contribuya al diálogo y la discusión de los temas expuestos por los diferentes contribuyentes a la misma. "Quórum Teológico", no se hace responsable del contenido de los artículos expuesto y solo es responsabilidad de sus autores.

Ya puedes traducir esta página a cualquier idioma

Déjanos tu mensaje en este Chat

Perdió el control…

Jorge Sarsaneda del Cid

Ayer, soportando las noticias de televisión (porque no nos informan, nos torturan con pocas noticias plagadas de mal lenguaje, desinformación e intereses ocultos) escuché SEIS veces la frase “perdió el control”; hoy la escuché cuatro veces. Ni siquiera son creativos, la repiten tal cual.

¿Qué están tratando de “informar”? Que hubo accidentes, que hubo heridos y que hubo muertos (los “periodistas” dicen “que hubieron muertos”). Pero, ¿qué hubo realmente? Me parece que lo que deberían decir las ‘informaciones’ es que los conductores “hicieron todo lo posible por perder el control”. ¿Qué significa esto?

1) Drogarse con drogas legales (licor) o ilegales y manejar. Esto, a todas luces, es criminal e intento de asesinato y como tal debe ser castigado.
2) Ir manejando y hablando por teléfono o, peor aún, ir “chateando”. Esto es criminal también.
3) Manejar a mayor velocidad de la permitida. Esto provoca múltiples peligros y obvia “pérdida de control”, por tanto, es criminal.
4) Manejar queriendo ser “más vivo” que todos y, por tanto, hacerlo en desorden, con agresividad, en el ‘filo’ del peligro y la “pérdida del control”. Igualmente criminal.
5) Andar falto de sueño y, aun así, manejar a velocidad. Esto trae consecuencias también y provoca accidentes y muerte.

Por tanto, no se trata de decir simplemente “perdí el control”, porque las consecuencias son de vida o muerte. No podemos seguir el mal ejemplo del expresidente anterior que –con todo el descaro del mundo- fue a decirle a la viuda de uno de los asesinados por el gobierno en Bocas del Toro (2011), que lo disculpara “si se les había ido la mano en pollo”. Los muertos quedan muertos; los lisiados y heridos ahí quedan, las pérdidas materiales se dan. Son miles y miles de balboas que se pierden por las “distracciones” de algunos tontos que creen que las licencias son permisos, no para conducir, sino para matar.

Supongo que la ATTT tiene buenos asesores, pero les ofrezco estas sugerencias de forma gratuita:
+ Quien “perdió el control” y causa la muerte de alguien, no sólo debe ir preso sino que no debe tener licencia, nunca más. Una vida humana perdida no se paga con nada. No vale el cuento de “se me fueron los frenos”, “me dormí”…
+ Quien es detenido manejando bajo los efectos de drogas legales (alcohol) o ilegales, no sólo paga la multa, sino que se le suspende la licencia por tres años. Si reincide, la pierde de por vida, si es que no ha muerto antes en accidente.
+ Si se le detiene a alguien hablando por teléfono o manejando desordenadamente, se le pone la multa y se le suspende la licencia por dos años; si reincide, se le quita por cinco años; si reincide, la pierde.
Son sugerencias que –ciertamente- hacen más estrictas las normas actuales, pero no se puede seguir transigiendo.


Realmente da miedo salir manejando por las calles del país, quizás con estas medidas hasta disminuye el tranque. Eso sí, hay una condición sin la cual estas propuestas son palabras tontas y tiempo perdido: no debe haber corrupción, a ningún nivel (ni policías, ni ATTT, ni juzgados), para que se puedan poner los correctivos propuestos. ¿Será posible? ¿Tan iluso soy? ¿Vivo en Marte?

OTRA MARCHA CIUDADANA

Miguel Antonio Bernal V.

Tempranamente, la marcha ciudadana contra  la corrupción y la impunidad, celebrada el pasado miercoles 21 de junio, se vió ultra silenciada gracias a  la iniciativa de quienes  la adversaron, los unos cegados por sus envidias y miopias, los otros para seguir encubriendo sus delitos.

 Pese a ello,  los ciudadanos que marchamos desde la Iglesia del Carmen hasta la Plaza Porras, volvimos a darle al país, el calor de la iniciativa, la creatividad y la espontaneidad ciudadana que se requiere en nuestras calles.

  Convocada para reafirmar el rechazo de la ciudadanía a la impunidad y la exigencia de cárcel para los corruptos, así como la renuncia de la Procuradora y el Contralor por incumplimeinto de su juramento constitucional, los ciudadanos se hicieron presentes con sus propias pancartas. Las consignas, ya conocidas: “Queremos la verdad, no más imunidad”,“Si Odebrecht no se va, Varela pagará”, “Queremos procuradora, no una encbridora”, “Queremos Contralor, no un encubridor”, “Que lo sepan los diputados, este pueblo está cabreado”, “Que devuelvan el dinero, la partida de coimeros

  Panamá y los panameños, requerimos con urgencia notoria, un nuevo compromiso con el decoro, la dignidad y la decencia, de parte de todos los actores del proceso de participación ciudadana, para poder construir y reconstruir el tejido social entre administración pública (instituciones) y ciudadanía (participación). Para ello, el libre acceso a la información y la transparencia y rendición de cuentas son tan importantes como la ausente independencia judicial.

Por ello, cabe destacar aquí que, flaco favor le hace al país el cierre constante de la Universidad de Panamá por parte del Rector Flores. Hoy, más que antes, la Univesidad debe abrir sus puertas al debate. Cerrarla es una contribución a la corrupción.

Urge entonces, castigar ejemplar y debidamente a los responsables directos e indirectos del atraco al erario y de las graves violaciones a los Derechos Humanos, para empezar a salir del tunel. Urge redoblar nuestros compromisos ciudadanos y preparar nuevas acciones ciudadanas, le pese a quien le pese…

Regenerar, recrear, revalorizar…

Regenerar, recrear, revalorizar…
Por: Manning Maxie Suárez
Sacerdote

Tres palabras que tienen mucho valor hoy día son Las palabras “Regenerar”(1) que significa, según la Real Academia de la Lengua Española, “Dar nuevo ser a algo que degeneró, restablecerlo o mejorarlo.”; Otra definición que va con lo que creo deseo comunicar es: “Hacer que alguien abandone una conducta o unos hábitos reprobables para llevar una vida moral y físicamente ordenada.”  La Palabra “Recrear”(2) del latín “recreāre,” debemos entenderla como “Crear o producir de nuevo algo.”  Y Revalorizar(3) es: “Devolver a algo el valor o estimación que había perdido.” Por supuesto dándole un nuevo valor a lo revalorizado.

La regeneración es un concepto poco conocido en el argot del lenguaje popular, sin embargo, es apreciado por el mismo cuando inicia este proceso en la vida de alguien o de alguna institución sea cual sea su naturaleza.  Muchas veces entendemos el término, claramente expresado cuando las personas señalan a alguien y dicen “Se está regenerando el pobrecito.”  La regeneración es el inicio de un cambio de vida significativa, es un proceso de transformación que va de menor a mejor.  Esto normalmente se dá, cuando el individuo hace una “Catarsis”, que es la transformación interior del individuo suscitadas por una experiencia vital profunda e impactante en su vida y su entorno.  Esto le invita a reflexionar interior y profundamente y reconoce en su conciencia interior que lo actuado hasta el momento no es lo que a él o ella, le hubiese gustado que le pasara en esta vida.  De ahí, que muy afectado por este proceso, toma decisiones y normalmente es para cambiar su vida y su entorno.  Tengo que señalar que no todas las Catarsis tiene el mismo final otras son más lamentables.

Al purificarnos y comenzar a liberarnos interiormente, de situaciones no constructiva, podemos tener la oportunidad iniciar a recrearnos, a recrear todo aquello que podamos en beneficio propio y de los que amamos y protegemos incluyendo el planeta donde vivimos.  Se puede recrear nuestras relaciones con las personas y con el mundo que nos rodea.  Se crea “una conciencia ética del entorno”, se comienza a pensar distinto, positivo, se fomenta la creatividad, se es proactivo y se va poco a poco tomando compromiso con la regeneración personal y con la regeneración de todo lo que nos rodea.  Es un proceso doloroso, no es fácil, muchas veces necesita ayuda de otros que hayan pasado por lo mismo pero no es imposible de iniciar y de llevarlo a cabo.

Aceptar la regeneración e iniciar el proceso nos permite tener una mente abierta a la Revalorización de la Vida… ¿Qué necesidad intrínseca tenemos de darle el valor original a las cosas que hemos perdido?  A nivel humano, darle el valor que perdió la familia en este país; darle el valor que se ha ido perdiendo del compromiso matrimonial y del respeto a los compromisos con el mismo, que siempre ha sido la base donde se sustenta nuestra sociedad; darle el valor al trato justo a los hijos de manera que se promueva el respeto a los padres y madres de este país.  Darle el valor único y necesario a nuestra tierra hermosa que nos vió nacer y que hoy, de una manera desmedida hemos abusado de ella y hemos sido malos administradores del mayor bien que tenemos como es el agua, los bosques, la calidad del aire que respiramos, la calidad de la tierra que labramos y que pisamos, nuestra gran biodiversidad existente en nuestro ecosistema y que hemos puesto en peligro causando la extinción de muchas especies.

Regenerar, recrear, revalorizar creo que es un tema de Estado y no de Religión alguna, es un tema que debe estar en los manuales de escuelas y universidades, no se trata de catequizar y mucho menos de ser parte de una secta religiosa.  Creo que esto pasó a la historia ya.  Se trata de promover entre todos los seres la Ética, con todo lo que tenemos de responsabilidad como seres de un mismo planeta. Se trata del bien común entre los Seres humanos en armonía con el planeta.

Cuando leo las noticias que se generan todos los días en nuestro hermoso país, veo que el futuro no puede ser construido sobre el “juega vivo” de unos pocos que buscan enriquecerse de todo y de todos a cualquier costo.  El nombre de Panamá, ha sido mancillado de manera descarada por políticos, empresarios, religiosos, y demás por el “maldito dinero”.  Ojalá que no sea tarde para que todos los que vivimos en este país, podamos Regenerarnos, recrearnos, revalorizarnos y enrumbar este nación por los caminos del verdadero progreso que es levantarnos como verdaderos seres humanos con altos valores éticos.

Impunidad en el Caso Buko Millonario

Impunidad en el Caso Buko Millonario

Luego de 17 meses de haber iniciado la investigación llevada a cabo por la Fiscalía de descarga Anticorrupción por los delitos contra la fe pública en la modalidad de falsificación de documentos en el caso Buko Millonario,  en el que fueron investigados los señores Frank de Lima, Giselle Brea y Luis Felipe de Icaza, el Juez Decimoquinto de circuito penal, Leslie Loaiza,  los sobreseyó provisionalmente sin haber realizado  audiencia preliminar.   

La denuncia penal por el caso Buko Millonario, presentada por la empresa afectada con el resultado de esta licitación, logró completar un expediente de 8 tomos, donde se pretendía demostrar que estos exfuncionarios, al no cumplir con sus obligaciones de fiscalizar y supervisar la explotación de juegos de suerte y azar  y al ocultar información,  produjeron una concesión otorgada en violación a  la Ley e infringiendo normas penales. Lo escandaloso y que todo el país conoció por los medios de comunicación fue que  el grupo Martinelli tenía el 55% de las acciones de la empresa que obtuvo la licitación y que en nueve meses lograron recaudar 12.5 millones en ganancias según fue ampliamente divulgado en medios de circulación nacional. Dicha concesión fue cuestionada por la ciudadanía y la investigación subsecuente debió generar un juicio que permitiera a la justicia examinar y llegar al fondo de este caso.

El sobreseimiento provisional dictado por el Juez de circuito penal sin haber realizado audiencia preliminar,  negando a  la Fiscalía de Descarga Anticorrupción la posibilidad de presentar en una audiencia los resultados de su investigación y sustentar la acusación en el  caso,   es sumamente preocupante y decepcionante para la ciudadanía que espera justicia en estos casos que escandalizaron a la opinión pública. 

La preocupación es mayor cuando nos percatamos que este mismo juzgado fue el que dictó sobreseimiento definitivo para tres funcionarios en el caso de comida deshidratada, que aún se encuentra en apelación, y será el juez que tiene en sus manos los casos de bolsas de comida, compraventa de granos, piso techo, mochilas escolares y alquiler de aeronaves que están esperando desde hace más de un año audiencias preliminares. 

La corrupción en este país proliferó porque hubo funcionarios que se prestaron para realizar licitaciones dudosas que buscaban favorecer a los amigos del círculo cercano al gobierno de turno, lo que causa un gran daño al entorno social y empresarial del país y una lesión patrimonial al estado panameño que se estima en más de 670 millones de dólares, sin contar el caso Odebrecht. 

Nuestro sistema de justicia delega el rol de imputación de cargos e investigación al Ministerio Público y de valoración y juzgamiento al Órgano Judicial, mal puede llegarse a la Justicia si una de las dos instituciones no cumple su misión.  Quedamos pendiente de la apelación ante el Segundo Tribunal Superior. 

Exigimos jueces probos que actúen con independencia, respeto al debido proceso y que con sus fallos envíen un mensaje claro a la sociedad de que la corrupción no paga y que la impunidad no es una opción. 

 ¡Alto a la impunidad!     ¡Comisión Internacional contra la impunidad! 

Panamá, 15 de junio de 2017

ASAMBLEA DE ACCIÓN CIUDADANA

ALIANZA CIUDADANA PRO JUSTICIA

FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA LIBERTAD CIUDADANA-CAPITULO PANAMEÑO DE TRANSPARENCIA INTERNACIONAL

MOVIMIENTO INSTITUCIONALIDAD Y JUSTICIA

CENTRAL GENERAL AUTONOMA DE TRABAJADORES DE PANAMA (CGTP

CENTRO DE ESTUDIOS Y ACCIÓN SOCIAL PANAMEÑO

MOVIMIENTO DEMOCRÁTICO POPULAR

ASOCIACION DEVECINOS DE COCO DEL MAR Y VIÑA DEL MAR

MESA DE ANALISIS DE LEYES Y POLITICAS PÚBLICAS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

ESPACIO ENCUENTRO DE MUJERES

FRENTE POR LA DEFENSA DE LA DEMOCRACIA

ASOCIACIÓN DE COMUNIDADES DE AREAS DEL CANAL

SINDICATO DE PERIODISTAS DE PANAMÁ


Procesos dolorosos de la Educación Panameña

Por: Rev. Pbro. Manning Maxie Suárez
Teólogo

Recientemente ví, por uno de los canales de televisión de nuestro país, unas entrevistas que realizaban a una serie de estudiantes de diferentes Universidades de Panamá, tanto oficiales como privadas, las entrevistas eran sobre diferentes temas de la historia y geografía de Panamá.  Las respuestas, de los entrevistados a dichas preguntas fueron diversas, pero sobre todo “catastróficas” lo que resulta doloroso para los panameños ver tanta ignorancia o despreocupación cuando se trata de uno de los temas más importante para una nación, que es el conocimiento de su historia patria.

La verdad de todo, es que nuestra juventud, está desanimada, deprimida, desalentada y muy golpeada por muchas razones, una de las más importantes razones es la desintegración sistemática de la familia, apoyada por el incesante golpeo de los medios de comunicación que no son coherentes con sus programaciones televisivas en la promoción de los valores, la queja ciudadana al respecto es generalizada.  Otra razón es la falta de trabajo, ya de todos es sabido que Panamá es el tercer país de América Latina y el Caribe con la tasa de desocupación más alta 16.1% superado solamente por Argentina y Colombia; Otro factor es la pésima economía panameña, a pesar de que el MEF ha anunciado que la economía panameña crecerá a un 5.8% basado en el impulso de la construcción, la minería, la intermediación financiera y el suministro de electricidad, gas y agua, la realidad es que no todos los panameños trabajan en la construcción, ni en las minas, ni en el sector financiero y mucho menos en el sector de electricidad, gas y agua.  Ese crecimiento económico de que hablan los político de gobierno no baja a los bolsillos de las personas más humildes de Panamá y por lo tanto no se siente y no es creíble para el común de los mortales.

Existe todo un bombardeo incesante de malas noticias, muy mal llevada mediáticamente en todos los canales televisivos y de radio, referente a los descarados y multimillonarios robos que se realiza por parte de empresarios panameños y extranjeros deshonestos y políticos “rateros” termino este muy conocidos en el argot panameño.  La ciudadanía ve con muy malos ojos por otro lado, como la Procuraduría de la Nación y el Sistema de Justicia de Panamá está manejando los casos, “armando un circo romano” para después de un tiempo perentorio, dejar en libertad a los imputados, haciendo con ello una burla a la esperanza de Justicia del Pueblo Panameño. “Tienen país por cárcel” dicen los fiscales pero bueno, así nos sentimos la mayoría de los panameños secuestrados por los malos líderes y corruptos de este país.

Tenemos que señalar que los Antivalores están presentes y permean todas las capas de nuestra sociedad por estos malos ejemplos de vida.  Nunca en mis 58 años de edad había visto el saqueo que le han hecho al heraldo público, y ese sentimiento es compartido en todos los estratos de la sociedad panameña.  La desesperanza se acrecienta cada día más haciendo que ese dicho panameño “El Crimen si paga” sea cada día una opción para muchos que ven en sus líderes un mal ejemplo a seguir.  Eso es lo que sucede cuando la Institución llamada familia decae precipitadamente y cuando el sistema educativo e instituciones consideradas como sacro santas como las Iglesias entran en crisis profundas… No hay más explicaciones.

Y… ¿Cómo podemos descifrar la solución a situaciones tan complejas? 
Existen en Panamá, personas y organizaciones que han tomado para sí, el rescate de los valores en Panamá, con la finalidad de que exista una “Luz en el camino” y todos con sus ejemplos volvamos a tomar el rumbo de la nación.  He de señalar algunos solamente que sé personalmente han estado haciendo cambios sustanciales en la vida de la nación.  Les señalo algunos para que los profundicen, imiten y hasta se unan a los esfuerzos de estos panameños o, creen sus organizaciones en cada pueblito de Panamá para fortalecer los valores y construir un Panamá mejor para todos, organizaciones como La Fundación de Valores Cívicos y Morales de los Clubes Cívicos de Panamá; La Fundación Valórate; Jóvenes Unidos Por La Educación; Excelencia Educativa; Fundación por los Niños de Natá.  En el sector gubernamental para citar algunos: Aprende al Máximo del Meduca; Educa Panamá del Meduca; Panamá Bilingüe del Meduca; Compromiso por la Educación Panameña esfuerzo del gobierno y la sociedad civil.

Grandes esfuerzos de estas organizaciones y personas se están haciendo, como si se tratara de una cirugía especializada hecha por muchos personas para salvar la dignidad de una nación que le hace falta un norte a seguir.

Algunas personas señalan que el acceso a la educación es la salida conveniente para enfrentar la pobreza y otras situaciones que vivimos, yo no comparto mucho esa opinión pues lo que han estado robándole al heraldo público la gran mayoría han tenido una excelente oportunidad educativa en el exterior y vean los resultados.  Se trata de algo más profundo, de un sentido de Ética y no tanto de moral, pues ya se nos ha hecho costumbre (moral) lo de robarle al Estado.  Se trata de explorar una educación humanista con altos valores éticos que permiten el compromiso con el bienestar común.

Tendremos que esperar finalmente, el trabajo de la Comisión del Compromiso por la Educación Panameña, de los procesos de Mejoramiento de la Educación a nivel superior y que su sistema vive una crisis de años y de inconformidades, tendremos que esperar que los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia se hagan una autoevaluación sincera y ética para mejorar los procesos y combatir la corrupción en todas sus facetas; tendremos que esperar que los políticos que se reúnen todos los días en la Asamblea Nacional de Panamá, se pongan la mano en el pecho y entiendan profundamente que es la Política.  En fin, tendremos que esperar que el Papa Francisco venga a Panamá a decirnos, de un argentino a un panameño, que hágamos el compromiso con la Verdad y vivamos en paz unos con otros.

Dios nos proteja a todos los que vivimos en este país, de los procesos dolorosos que diariamente nos hacen vivir los insensibles, los poco importa, los indiferentes, los aprovechados, los evadidores de impuestos, los ladrones y rateros, los malos e ineptos políticos.  En fin, que nos libre de los procesos dolorosos que generan el egoísmo de pensar en sí mismo y no en lo grande que podemos ser como nación haciendo nuestra aquella expresión “Pro Mundi Beneficio”.


Reciclado de materiales plásticos

Superando la dicotomía entre humanidades y ciencias: de las narrativas míticas a la difusión científica a través de la cultura del agua

 


Compartir en facebook
4 de junio de 2017Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad. Dossier Volumen 12, Número 35
El denominador común de los artículos que se presentan en este dossier es que fueron presentados en el marco delI Congreso de Memorias del Agua, celebrado en la Universidad de Sevilla el 23 y 24 de marzo de 2017, coincidiendo con la efemérides del Día Mundial del Agua. El número ha sido coordinado por Eloy Martos Núñez, Mar Campos Fernández Figares y Aurora Martínez Ezquerro de la Red Internacional de Universidades Lectoras.


* Eloy Martos Núñez: Universidad de Extremadura, España. Director de la Red Internacional de Universidades Lectoras (más información en: http://universidadeslectoras.org/). Mar Campos Fernández Figares: Universidad de Almería, España. Aurora Martínez Ezquerro: Universidad de La Rioja, España.

Nuevos Paradigmas | Universidad Siglo 21

What is the Future of Particle Accelerators

Judith Sutz Calidad y relevancia en la investigación de la I+D

Novena edición del Premio Iberoamericano en Ciencias Sociales


La fecha límite de recepción de trabajos por correo electrónico es el 16 de Junio de 2017, a las 14:30 horas. 
Con objeto de promover y fomentar el desarrollo de las Ciencias Sociales en el ámbito iberoamericano, así como la producción de investigaciones que contribuyan sustantivamente al conocimiento de lo social, el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, con el apoyo de la Organización de Estados Iberoamericanos para su difusión, convoca a los investigadores de Ciencias Sociales en instituciones de América Latina, España y Portugal, a la novena edición del PREMIO IBEROAMERICANO EN CIENCIAS SOCIALES el cual se otorga cada dos años de acuerdo con las siguientes BASES

Link: http://www.oei.es/historico/divulgacioncientifica/?Novena-edicion-del-Premio-Iberoamericano-en-Ciencias-Sociales 

La vida tiene precio: farmacéuticas multinacionales deciden el acceso a la salud en América Latina

Fabiola Torres – Ojo Público
www.plazapublica.com.gt/170517

Una investigación trasnacional liderada por Ojo Público, en alianza con equipos periodísticos de seis países, entre ellos Plaza Pública, que evidencia los métodos de la industria farmacéutica para prolongar los monopolios de fabricación y venta de los medicamentos que más ingresos les reportan en América Latina y que bloquean el acceso a la salud de las poblaciones más vulnerables. Una serie investigativa para la que se construyó un comparador de precios de doce medicamentos costosos en la región y el historial de malas prácticas acumuladas por trece farmacéuticas en el mundo.

El pasado 6 de diciembre, cuando la onda expansiva del caso Lavajato golpeaba a toda América Latina, uno de los últimos episodios de la guerra que enfrenta a las farmacéuticas con los Estados y los pacientes pasó inadvertido en el auditorio de un lujoso hotel de la ciudad de Panamá. Después de dos años de gestiones, delegados de una coalición de organizaciones civiles de seis países consiguieron un espacio en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar un problema por el que está en riesgo la vida de millones de personas: el actual sistema de patentes como principal obstáculo para el acceso a medicamentos contra enfermedades graves como el virus del Sida, el cáncer y la hepatitis C. Fue la primera vez que un grupo de oradores de Perú, Colombia, Argentina, Guatemala, México y Brasil expuso ante este foro que las reglas de propiedad intelectual permiten a los grandes laboratorios condiciones de monopolio para disparar los precios de las medicinas.
“Las multinacionales farmacéuticas tienen el control de un sistema que impide extender los medicamentos a todos los que los necesitan”, dice Germán Holguín, director de Misión Salud, la fundación colombiana que tomó la iniciativa de solicitar la audiencia. “Más de 700 mil personas mueren al año en la región por causas que pudieron evitarse”, precisa este abogado y economista caleño que estudia desde hace 15 años el comportamiento de la industria farmacéutica.
Holguín está convencido de que existen todas las condiciones para calificar la conducta de los laboratorios que bloquean el acceso a las medicinas genéricas como un crimen de lesa humanidad juzgable por la Corte Penal Internacional.

“Estamos frente a un drama de gigantescas proporciones”, advierte.
Su preocupación coincide con las conclusiones del panel de alto nivel sobre acceso a medicamentos de las Naciones Unidas, que en su último reporte de 2016 ubica como un problema central: “las incoherencias entre las reglas de comercio y de propiedad intelectual con los objetivos de la salud pública y los derechos humanos”.

En este contexto, Ojo-publico.com ha realizado una investigación en alianza con periodistas de Argentina, Colombia, Guatemala, México y Venezuela, que revela las presiones de las compañías farmacéuticas sobre los Estados para prolongar sus monopolios mediante lobbies diplomáticos, acciones judiciales, vínculos cuestionables con funcionarios que representan conflictos de interés, la multiplicación de patentes a través de modificaciones menores a las medicinas para alargar su exclusividad y hasta denuncias por colusión entre farmacéuticas con el fin de bloquear la venta de fármacos similares de menor costo. El resultado ofrece un panorama de prácticas cuestionadas que explica las dificultades del acceso a las medicinas costosas para personas vulnerables a lo largo de América Latina.
El dinero o la vida
Uno de los más visibles detractores del comportamiento de las grandes farmacéuticas es el expresidente colombiano Ernesto Samper. En 1989, tras sufrir un atentado que casi le cuesta la vida, Samper fue sometido a una trasfusión de sangre que le contagió la hepatitis C. Durante un año y medio se sometió al tratamiento convencional, tan agresivo como una quimioterapia, sin éxito. La cura solo llegó tiempo después por medio del sofosbuvir, un fármaco del laboratorio estadounidense Gilead Sciences, que salió al mercado en 2014 con la marca Sovaldi, y por el que su seguro médico pagó US$84 mil. La experiencia le hizo descubrir en carne propia el drama de los pacientes que requieren medicinas de alto costo.
“Cuando uno se pone a averiguar cómo un tratamiento puede valer mil dólares la píldora, si el costo de elaborarla vale menos de mil, le dan respuestas como: ‘Eso es lo que vale un hígado’. Como quien dice: ‘Su vida vale US$84 mil”, cuenta el expresidente en una entrevista para esta investigación. Hasta enero último Samper fue secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur). Allí descubrió que el tema era mucho más complejo.
“Cuando ya estaba curado, llegaron a mi oficina –en la secretaría de Unasur– los mismos (representantes) del laboratorio Gilead para proponer un acuerdo que permitiría cubrir el tratamiento completo por US$6.400”, relata Samper. “Yo dije: ‘Perfecto, pero me van girando los US$78 mil que me robaron’. Porque, ¿cómo pueden rebajar un tratamiento de US$84 mil a US$6 mil? Tienen que estarlo produciendo más barato”, recuerda el expresidente. 
Precios tan altos como el fijado a Sovaldi son impuestos al amparo de patentes de 20 años, que a menudo se justifican con la presunta necesidad de cubrir los costos de investigación y desarrollo. Sin embargo, Gilead Sciences, la titular de las patentes de sofosbuvir, no inventó este medicamento: lo compró. Para ser más precisos, adquirió la compañía que lo había creado: Pharmasset, una pequeña firma biotecnológica con base en New Jersey (EE.UU). Y por si eso fuera poco, ahora se sabe que el precio de venta de sofosbuvir supera, en promedio, más de 800 veces el costo de su producción: un estudio de la Universidad de Liverpool concluyó que el tratamiento de 12 semanas con esta pastilla puede fabricarse a un costo que oscila entre US$68 y US$136.
El problema está en que pocos gobiernos ponen contrapeso a los abusos de las farmacéuticas a través de un recurso legal que tienen a su disposición para proteger la salud pública: las licencias obligatorias. Se trata de autorizaciones, concedidas a algún laboratorio, para elaborar productos que de ordinario no podría fabricar por estar protegidos con patentes. Este mecanismo está reconocido en el propio Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, vigente desde 1995, y la Declaración de Doha, suscrita en 2001 por los países miembros de la Organización Mundial del Comercio.
Una base de datos de las licencias obligatorias, elaborada como parte de la investigación de The Big Pharma Project, revela que entre 1960 y 2016 solo 14 países recurrieron a este mecanismo que en 44 casos llevó a la reducción de precios de medicamentos bajo monopolio de 12 farmacéuticas. Estos casos involucraron productos de GlaxoSmithKline, Abbott, Merck Sharp & Dohme, Bristol Myers Squibb, Gilead Sciences y Pfizer. La amplia mayoría de fármacos liberados de patente corresponde a antirretrovirales, tratamiento indispensable para mantener con vida a los pacientes con VIH, pero también hubo licencias para medicinas contra el cáncer, la artritis reumatoide, la hepatitis B, la diabetes y otras enfermedades.
En la lista de países que otorgaron licencias obligatorias aparecen solamente dos latinoamericanos: Brasil y Ecuador. El primero, que cuenta con una sólida industria farmacéutica nacional, usó este recurso en 2001 para abaratar el costo del antirretroviral Efavirenz, que estaba bajo el control monopólico de Merck Sharp & Dohme. El segundo ha concedido diez licencias obligatorias y ha apostado por robustecer su industria farmacéutica al fundar la compañía pública Enfarma, orientada a la producción de genéricos. De hecho, en 2009, el mismo año en que se creó Enfarma, el Gobierno de Ecuador emitió el decreto ejecutivo que declara de interés público el acceso a los medicamentos empleados para el tratamiento de las enfermedades que afectan a la población del país.
Ecuador comparte con Indonesia el récord de licencias obligatorias en el mundo. El gobierno de Rafael Correa liberó de patentes seis antirretrovirales que estaban en manos de los laboratorios Abbott y GlaxoSmithKline; dos medicamentos contra la artritis, que monopolizaban Merck Sharp & Dohme y UCB Pharma; un oncológico de Pfizer y un fármaco usado en trasplantes renales fabricado por Syntex.
Para sorpresa de muchos, la lista incluye a Estados Unidos, que en 1960 fue el primer país que concedió una licencia obligatoria. Ahora se opone a su uso en América Latina para proteger los intereses comerciales de las farmacéuticas de capitales estadounidenses. Las licencias obligatorias también han sido otorgadas por Italia (en tres ocasiones), Eritrea, Ghana, India, Malasia, Mozambique, Tailandia, Zambia y Zimbabue.
Lo que ha quedado claro es que en ninguno de estos casos se cumplieron las apocalípticas advertencias de los representantes diplomáticos de Estados Unidos y de las multinacionales farmacéuticas sobre inminentes sanciones comerciales o políticas para los países que aplicaran la medida. No obstante esa evidencia, el lobby diplomático y político que mueve esta industria acaba de frenar estos procesos en Colombia y Perú con los mismos argumentos.
Colombia: el decreto que protege a los laboratorios
Al menos por un tiempo se pensó que el Ministerio de Salud de Colombia había triunfado sobre el laboratorio Novartis al conseguir que redujera de US$18 mil a US$10 mil el precio de la terapia con imatinib para controlar la leucemia mieloide crónica. Sin embargo, el presidente Juan Manuel Santos acaba de dar un nuevo giro que ratifica el poder de la industria farmacéutica. El 25 abril pasado, Santos publicó el Decreto 670, promovido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, para cerrar las puertas a nuevas declaratorias de interés público de medicamentos que lleven a un control de precios o a procesos de liberación de patentes.
El decreto beneficia a los laboratorios multinacionales porque modifica la norma que reglamenta el proceso de aprobación de licencias obligatorias y la nueva conformación del comité técnico encargado de evaluarlas. Ahora, en vez de ser un equipo dentro del ministerio correspondiente, será una entidad interinstitucional en la que participarán representantes del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y de la Dirección Nacional de Planeamiento.
En 2016, el gobierno colombiano desistió de impulsar una licencia obligatoria para Glivec, como se conoce al medicamento imatinib de Novartis, tras continuas presiones de funcionarios de Suiza y Estados Unidos, que amenazaban con sanciones comerciales y auguraban daños al clima de inversiones en el país. Por eso, el gobierno solo recurrió a su sistema de control de precios para abaratar una medicina que declaró de interés público y de la que dependen cerca de tres mil personas en este país. Sin embargo, la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo de Colombia exige ahora la revocación de dicha medida con el argumento de que puede frustrar la aspiración del país de ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
El decreto de abril no solo deja sin respaldo al ministro de Salud, Alejandro Gaviria, para continuar sus gestiones por la reducción del costo de las medicinas en Colombia, sino que representa un revés para la postura del país ante las fuertes presiones internacionales promovidas por la industria.
En los dos últimos años, Gaviria había resistido los embates diplomáticos de la secretaria de Estado para Asuntos Económicos de la Confederación Suiza, Livia Leu, y del presidente de la Cámara de Comercio Colombo-Suiza, René La Barré, quienes advirtieron que Colombia ingresaría a una “lista negra” de países que no respetan la propiedad intelectual. El ministro había capeado también las amenazas de Everett Eissenstat, asesor del senador estadounidense Orrin Hatch, quien en abril de 2016 se reunió con diplomáticos de la Embajada de Colombia en Washington y amenazó con represalias comerciales al país en caso se aprobara una licencia obligatoria para imatinib, como quedó registrado en un oficio de la delegación diplomática.
Eissenstaat es consejero en jefe en Comercio Internacional dentro del Comité de Finanzas del Senado, que preside el republicano Hatch, quien a su vez ha tenido como su segundo mayor aportante de campaña en los últimos cinco años a la industria farmacéutica, según la plataforma OpenSecrets.org.
Argentina: el aliado de las farmacéuticas
Si el camino no es el lobby diplomático o político, los grandes fabricantes de medicinas se benefician de aliados en puestos claves del Estado que facilitan la protección de sus intereses. Desde la llegada del abogado Dámaso Pardo a la presidencia del Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Argentina, a mediados de 2016, las farmacéuticas multinacionales tienen el camino libre para conseguir la prolongación de sus patentes e impedir el ingreso de genéricos de bajo costo en este país. Antes de asumir el cargo, Pardo, un hombre de 58 años con buena reputación en los círculos empresariales, era miembro del estudio Pagbam -Pérez Alati, Grondona, Benites, Arnsten & Martínez de Hoz, que asesora a transnacionales en materia de propiedad intelectual. Ahora, desde su puesto clave, se ha encargado de aprobar un acuerdo que flexibiliza la entrega de patentes.
El 20 de enero pasado, Dámaso Pardo firmó con la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos, un memorando de entendimiento que “busca dotar de dinamismo al procedimiento de resolución de expedientes”. El acuerdo –examinado para la investigación de The Big Pharma Project– establece que se podrán considerar cumplidos los requisitos para la aprobación de una patente si el solicitante ha obtenido un título equivalente de una oficina extranjera y sin la necesidad de que las autoridades argentinas hagan su propio examen al pedido. “Esto es grave y le hemos pedido al Congreso que informe los alcances sobre este memorando”, dice Lorena Digiano, abogada y directora ejecutiva de la Fundación Grupo Efecto Positivo, una de las organizaciones civiles que estuvo en la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Panamá.
El memorando de entendimiento deja de lado las pautas vigentes para la inscripción de patentes de medicinas que se aprobaron durante el gobierno de Cristina Kirchner, pautas que las farmacéuticas multinacionales consideran restrictivas y por las que emprendieron en bloque una demanda judicial para anularlas. Esas guías buscaban evitar abusos como el “evergreening”, una práctica que consiste en introducir cambios menores en la formulación de los medicamentos para volver a patentarlos como novedades y reclamar así los derechos de explotación exclusiva.
La incorporación del acuerdo con Estados Unidos ocurre justo cuando la farmacéutica estadounidense Gilead Sciences, fabricante del costoso sofosbuvir para la hepatitis C, realiza gestiones en Argentina para obtener 39 patentes para esta pastilla: algunas por el proceso de producción, otras por la familia de componentes y algunas más por su combinación con otras medicinas. Si se aceptaran las patentes, se bloquearía la venta de los genéricos en este país hasta el año 2028. La industria nacional y organizaciones civiles están tratando de impedirlo.
Mientras Gilead Sciences carezca de patente para sofosbuvir en Argentina, el laboratorio nacional Richmond podrá seguir produciendo su versión genérica, que vende a US$63 por comprimido frente a los US$1 mil del medicamento de marca. Aun así, el precio resulta tan caro para los pacientes que no acceden al seguro médico gratuito del Estado, que algunos han optado por hacerse traer las pastillas desde el extranjero. “Pude conseguir todo el tratamiento por menos de mil dólares en la India”, cuenta Pablo Víctor Gaviria, paciente y ahora vicepresidente de la Fundación Grupo Efecto Positivo. “Me curé y sin los efectos adversos que tenían los otros medicamentos”, asegura.
El interés de Gilead Sciences por mantener el monopolio de sofosbuvir se explica por los datos que los investigadores de la agencia Bloomberg Intelligence calcularon: las ventas de los medicamentos contra la hepatitis C a nivel global podrían significar ingresos de más de US$100 mil millones para la industria en una década.   
México: el muro de los precios
La presión del poder farmacéutico sobre la salud pública se evidencia en varias formas de control de las medicinas disponibles en cada país conforme a lo que resulte más rentable para los laboratorios. Una prueba está en cómo la trasnacional Merck Sharp & Dohme (MSD) dilató cuatro años el ingreso en México del potente antirretroviral Atripla, que esta misma corporación produce desde 2006, para no dejar otra alternativa al Estado que seguir comprándole un cóctel de medicinas más costosas: los antirretrovirales efavirenz, emtricitabina y tenofovir. Atripla combina estos tres fármacos en una sola pastilla y cuesta la cuarta parte de lo que se paga por las formulaciones por separado.
El mismo año en que empezó a producir el medicamento, Merck Sharp & Dohme anunció que pondría en marcha un acuerdo con Gilead Sciences para distribuirlo en México a un costo de US$1.032 anuales por paciente. “Cuando supimos que Atripla haría más sencillo el tratamiento, que tendríamos nuestra enfermedad bajo control con menos pastillas y mejoraría nuestra calidad de vida, la mayoría quiso acceder [a este producto]”, dice una paciente mexicana de 42 años, entrevistada en reserva para esta investigación. “Pero su costo hace que no esté garantizado para todos los que la necesitan”, refiere. En efecto, el precio no se redujo, sino que se elevó hasta ser uno de los más altos de la región. En la actualidad, el costo del tratamiento con Atripla ronda los US$10 mil por paciente al año, según los datos analizados para la investigación The Big Pharma Project.
Algo parecido sucede con Kaletra, un medicamento de rescate para los enfermos resistentes a los antirretrovirales estándares que vende el laboratorio estadounidense Abbott. Pese a que en 2009 esta farmacéutica redujo en 20% el costo de la terapia con este fármaco en México, su precio sigue siendo bastante más alto que en otros países de América Latina. Según el análisis que realizamos para este informe, Abbott vende en US$2.161 el tratamiento anual con Kaletra en México, mientras que en el Perú vale US$650 y en Colombia US$214.
Desde hace varios años, una coalición de activistas por el acceso universal a los antirretrovirales, que encabeza Aids Healthcare Foundation, reclama a MSD y otros laboratorios reducir los costos de estos medicamentos en el país.
El problema de fondo en México está en que el 80% de la oferta de antirretrovirales son fármacos con patente. Por eso, el control del VIH en un país con más de 140 mil personas con este diagnóstico y 12 mil nuevos casos al año le cuesta cada vez más dinero al Estado. La crisis por el acceso a las medicinas puede ser aún peor si se bloquea con candados legales la producción y fabricación de productos genéricos de bajo costo. La prueba más cercana está en Guatemala, que también tiene serios problemas para garantizar el tratamiento con Kaletra a sus pacientes.
Guatemala: barreras contra los genéricos
Diversos colectivos ciudadanos le han pedido al presidente de Guatemala, Jimmy Morales, que declare la licencia obligatoria del antirretroviral Kaletra, cuya venta exclusiva está en manos de Abbott hasta 2026. Su posición de dominio del mercado le permite imponer al Estado un precio de US$803 el tratamiento por paciente al año. Pero mientras el Gobierno mantiene en suspenso el pedido de liberar la patente, grandes laboratorios dominan el mercado de las medicinas apoyados en inverosímiles barreras al acceso de productos genéricos en el tercer país de Centroamérica con más casos de VIH, después de Honduras y Belice.
El mejor ejemplo es una resolución de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala –vigente desde fines de 2015– que obliga a las empresas importadoras a realizar nuevos estudios sobre todos los genéricos que ingresen al país, como si no estuviera probada su seguridad y eficacia en el mundo. Esta resolución responde a una acción de amparo presentada por la corporación J.I.Cohen, principal distribuidora local de los laboratorios multinacionales Abbott, GlaxoSmithkline, Novartis, Roche, Sanofi Aventis y Merck Sharp & Dohme.
El argumento del distribuidor para pedir el amparo fue la supuesta protección de la salud pública ante medicinas de mala calidad.
La acción legal de J.I.Cohen se inició por la misma época en que el Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria entró en su última fase de subsidios al Estado guatemalteco para la compra de antirretrovirales. A partir de 2018, las autoridades locales deberán asumir la compra de estas medicinas con su propio presupuesto y en ese momento se toparán con una oferta monopólica con precios altísimos. Esta situación ha encendido las alarmas de las organizaciones civiles como el Observatorio de Derechos Humanos y VIH de Guatemala, porque puede acentuar los episodios de desabastecimientos y poner en riesgo las terapias de casi diez mil pacientes con esta condición en el país.
Al igual que Kaletra, otros cuatro antirretrovirales protegidos por patentes (abacavir, lamiduvina, maraviroc y saquinavir) tienen precios más altos en Guatemala que en otras partes del mundo.
Solo entre 2008 y marzo de 2017, el Estado invirtió US$23 millones en estas medicinas. De ese total, US$7,1 millones fueron destinados a seis tipos de fármacos con proveedores exclusivos, lo que representó un gasto de más del doble del presupuesto que se hubiera invertido si se compraban genéricos.
Ante una serie de consultas para esta investigación, ni el Ministerio de Salud, el Departamento de Patentes del Registro de la Propiedad Intelectual o el Ministerio de Economía respondieron con claridad sobre cuál es la entidad competente, el procedimiento y el plazo para resolver la solicitud de la licencia obligatoria de Kaletra. En realidad, las expectativas de que el Ejecutivo utilice este mecanismo son pocas, ya que antes cedió a la presión de Estados Unidos para que no se afecten las patentes de los grandes laboratorios. Así lo prueban los cables diplomáticos del Departamento de Estado norteamericano filtrados por el sitio WikiLeaks.
Varios de estos documentos detallan el lobby del entonces embajador estadounidense John Hamilton con el presidente Óscar Berger en 2005, para que descarte una ley que promovía el ingreso de medicinas genéricas. El embajador aseguró que la medida pondría en riesgo el Tratado de Libre Comercio suscrito por su país con Centroamérica. Entonces Guatemala renunció a sus pretensiones e incluyó acuerdos adicionales que hicieron más estrictas las reglas de protección de la propiedad intelectual en el país. "Ha sido el final de un drama que se ha desarrollado durante años (...). Nos ha llevado más tiempo que ningún otro asunto en los últimos meses", relató el diplomático en un cable sobre este caso.
Doce años después de este episodio, las consecuencias las sufren miles de pacientes: hospitales con desabastecimientos continuos de medicinas que el Estado demora en comprar por sus altos precios y falta de alternativas.          
Perú: la batalla llega al Congreso
Cuando se creía que el Perú había descartado la posibilidad de liberar la patente de un antirretroviral de Bristol Myers Squibb que consume el 50% de su presupuesto para medicinas contra el virus del sida, el proyecto de ley de un congresista llevó hace unos días a los representantes de la industria, el Ministerio de Salud y organizaciones de pacientes a reabrir el debate en el Parlamento. Como se detalla en un informe de este especial, la discusión está centrada ahora en la necesidad de que el Congreso declare de interés público el medicamento atazanavir para que allane el camino de una licencia obligatoria que priorice la salud de las personas por encima del negocio de una farmacéutica.
El costo actual de la terapia con esta medicina en el Perú es de US$3.832, más de lo que pagan Brasil, Colombia, México, Argentina y Chile. La diferencia es abismal si se compara con el precio especial al que lo adquiere el Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para países de renta baja: US$182 por paciente al año. Si el Estado comprara la versión genérica de atazanavir en vez de Reyataz, nombre comercial del fármaco de Bristol-Myers Squibb, ahorraría más de siete millones de dólares anuales, se lee en un informe del Ministerio de Salud revisado para The Big Pharma Project.
El alto precio se debe a que Bristol Meyers Squibb consiguió una patente para atazanavir por su presentación en la forma de sales que recién vencerá en enero de 2019, según datos recogidos en el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).
Entre 2014 y 2016, el Ministerio de Salud (Minsa) sostuvo negociaciones con representantes de Bristol Meyers Squibb en busca de una reducción significativa de los precios, pero poco se habló sobre lo que planteó a cambio la farmacéutica estadounidense. Según relató en su momento el exministro de Salud Aníbal Vásquez, quien participó en las reuniones, el laboratorio propuso que se ubicara su producto Reyataz en la primera línea de tratamiento. Es decir, que fuera incluido en el esquema inicial de la terapia y ya no solo como un fármaco reservado a los pacientes que hacen resistencia a los antirretrovirales estándares.
Esta propuesta ampliaba la línea de mercado de Bristol Myers Squibb, pero carecía de sustento científico.
Por el contrario, durante la investigación para The Big Pharma Project, hallamos que entre los años 2003 y 2004 el laboratorio realizó estudios clínicos en el Perú sobre la eficacia del atazanavir en pacientes con VIH sin tratamiento previo, pero nunca reveló sus resultados. Los reportes de los ensayos clínicos realizados aparecen en el registro del Instituto Nacional de Salud (INS), la entidad reguladora de los experimentos médicos con personas en el país.
Como su propuesta del cambio de terapia no tuvo consenso, Bristol Meyers Squibb consiguió aliados de peso en su postura de que una licencia obligatoria debilitaría el marco de la propiedad intelectual y no podía justificarse en la necesidad de generar ahorros. En febrero de 2015, el ministro consejero de Estados Unidos en el Perú, Lawrence J. Gumbiner, se reunió con el ministro Velásquez para tratar el tema y poco después la iniciativa del Ministerio de Salud para quebrar la patente del atazanavir quedó sin efecto. A fines del gobierno de Ollanta Humala, el Ministerio de Economía y Finanzas dio por cerrada la discusión: el Estado asumiría el sobrecosto de adquirir el medicamento en las condiciones vigentes.
Una millonaria concertación
No es el único frente en la batalla para abaratar los costos de las medicinas en el Perú.
La tarde del 12 de abril pasado, un mes antes de que fuera llamado a dejar el cargo, el director del Instituto de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Essalud, Víctor Dongo Zegarra, publicó una resolución que pasó inadvertida hasta ahora, pero que le ahorrará millones de dólares a los hospitales del seguro social en el país. En el documento se ordenó el retiro del petitorio de compras del inyectable contra la ceguera Lucentis, cuya historia está ensombrecida por los intereses de los laboratorios suizos Roche y Novartis. Por este producto, Essalud pagó US$1,5 millones anuales en sobrecostos desde 2011, a pesar de que existe un fármaco equivalente más barato e igual de eficaz.
El caso tiene como antecedente una investigación contra Roche y Novartis iniciada hace tres años por las autoridades judiciales en Italia. En ese país ambas empresas fueron enjuiciadas y multadas tras comprobarse que se coludieron para impedir que médicos de los hospitales públicos difundieran y recomendaran una medicina diez veces menos costosa que Lucentis, pero que ofrecía los mismos resultados.
La ampolla en cuestión se llama bevacizumab, pero se vende bajo el nombre de Avastin. Es fabricada por Roche para el tratamiento de diversos tipos de cáncer desde hace más de una década. A pesar de que investigaciones de la Academia Americana de Oftalmología y de la Agencia Canadiense para Drogas y Tecnología de la Salud demuestran que este fármaco también tiene la propiedad de controlar la ceguera, Roche no ha registrado este uso ante las agencias reguladoras. Por lo tanto, su prescripción no es oficial y se hace fuera de etiqueta. Para enfermedades oculares, el laboratorio promueve el más rentable Lucentis.
En el Perú, el principal comprador de Lucentis era el seguro social, que llegó a pagar un sobrecosto de US$9 millones por este fármaco en los últimos seis años, según un informe interno y reportes del sistema nacional de compras públicas. El principal proveedor local fue precisamente su aliado Novartis.
“Los médicos no prescribían la medicina más económica, Avastin, porque su uso contra la pérdida de visión no está registrado de manera formal”, dijo Víctor Dongo entrevistado para esta investigación. Sin embargo, el panorama cambió en 2015, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) rechazó la inclusión de Lucentis en su lista de medicamentos esenciales contra la ceguera e incorporó Avastin por tener las mismas propiedades y ser más barato. Este fue el sustento que usó Essalud para retirarlo de su petitorio este año. 
Los negocios entre Roche y Novartis sobre Lucentis comenzaron en 2006, cuando la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), la agencia reguladora estadounidense, aprobó esta sofisticada ampolla desarrollada por el laboratorio Genentech, de propiedad del primero. Ese mismo año, Novartis consiguió los derechos comerciales sobre este fármaco, con excepción del mercado de Estados Unidos, que se mantuvo en manos de Roche. Para entonces, ambas corporaciones suizas ya conocían que el medicamento oncológico Avastin también era eficaz para enfermedades oculares, pero evitaron registrar este uso. Solo así Lucentis se convirtió en uno de sus productos estrella, como lo prueban sus ventas actuales en el mundo: Novartis recibe US$2.380 millones anuales y Roche US$1.710 millones por esta medicina.
El escándalo del 1%
Cuando Roche revolucionó el tratamiento del cáncer de mama con el fármaco trastuzumab, una ampolla que vende con el nombre de Herceptin, la noticia no fue un alivio para todas las mujeres que la necesitaban. La terapia se fijó a un precio tan alto que pocos sistemas de salud del mundo pudieron cubrirla. Aún hoy, 20 años después de que fuera lanzada al mercado, miles de mujeres de América Latina mueren sin poder tener acceso a ella. En México, el tratamiento anual de 17 inyecciones cuesta US$37 mil, en el Perú llega a US$36 mil y en Colombia está en US$27 mil.
Estos precios generan al fabricante suizo US$6.700 millones en ingresos. Por eso Roche busca por varios medios mantener su monopolio.
En la India, la corporación suiza ha llevado a juicio a la agencia reguladora de medicamentos por permitir el ingreso de una medicina similar más barata fabricada por el laboratorio estadounidense Mylan. Mientras que en el Perú actuó en bloque: la Asociación Nacional de Laboratorios Farmacéuticos (Alafarpe), de la que Roche es miembro, evitó con una medida cautelar el ingreso de cualquier fármaco similar que amenazara los intereses de los llamados productos biotecnológicos de sus agremiados, entre los que figura Herceptin. La medida cautelar estuvo vigente desde 2015 y recién fue levantada a comienzos de este año tras denuncias del caso publicadas en Ojo-publico.com.
Los precios de Herceptin varían de un país a otro, pero todos resultan inmanejables para cualquier sistema de salud, a pesar de que esta terapia puede ser producida y vendida por US$240. Incluso con este precio, ya estaría generando un 50% de beneficio para la farmacéutica, según un estudio del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria de Argentina difundido en mayo de 2015. Dicha investigación, que abarcó el acceso al tratamiento con el compuesto original trastuzumab en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Uruguay y Perú, advierte que su precio debería bajar entre 70% y 95% para estar accesible a todas las pacientes que lo necesitan.
El problema se repite con la mayoría de fármacos que combaten el cáncer, que cada año tiene un peso más alto dentro del gasto de los estados.
En enero de 2017, durante el último Congreso Europeo del Cáncer, se dieron a conocer los resultados de un análisis de los costos de fabricación de los oncológicos incluidos en la Lista de Medicinas Esenciales de la OMS. Los datos revelaron que varios tratamientos pueden fabricarse por el 1% de los precios que se cobra por ellos. “Por ejemplo, el imatinib, usado contra la leucemia mieloide crónica, puede producirse por US$54 al mes”, expuso la doctora Melissa Barber, de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres. Sin embargo, el laboratorio Abbott vende a precios exorbitantes esta terapia en la región: US$26 mil en México, US$10 mil en Colombia y US$7 mil dólares en Perú.
¿Qué tiene que pasar para que se reforme un sistema de patentes que está excluyendo a millones de personas del acceso a la salud? El debate se ha instalado en América Latina y tiene eco en organizaciones civiles y senadores demócratas de Estados Unidos, cuyo sistema de atención médica tampoco puede sostener los precios impuestos por los monopolios farmacéuticos. Los casos que la investigación de The Big Pharma Project evidencian que la lógica de los grandes laboratorios ha derivado de la investigación científica con fines de lucro legítimo a esquemas de abuso de las normas de propiedad intelectual, que incluyen prácticas anticompetitivas y hasta la concertación ilegal entre empresas. La más clara explicación de este proceso la dio hace tres años el propio consejero delegado de Bayer, Marijn Dekkers. Durante un foro de la industria en Londres, el ejecutivo señaló: "Nosotros no desarrollamos medicinas para los indios, sino para los pacientes occidentales que pueden pagarlos".

*The Big Pharma Project es un proyecto de OjoPúblico en alianza con la Unidad de Datos del El Tiempo (Colombia), Plaza Pública (Guatemala), El Universal (México), Armando.info (Venezuela) y la colaboración especial de Catalina Oquendo en Argentina. 





¿Un modelo alternativo de desarrollo o atrapados en el extractivismo?

Frédéric Thomas
www.envio.org.ni / abril 2017

El fundamento ideológico que tuvieron todos los gobiernos progresistas de América del Sur fue el “consenso de los commodities”. Todos fueron extractivistas, explotando y exportando masivamente recursos naturales. Todos aprovecharon el “boom” de las materias primas y la emergencia de China en la economía mundial demandándolas. Todos argumentaron a favor del extractivismo para luchar contra la pobreza. ¿Qué ha dejado esta voracidad extractiva?

La ola de cambios gubernamentales iniciada en 1999 tras la llegada al poder de Hugo Chávez en Venezuela, seguida en 2003 por el triunfo de Lula en Brasil y de los Kirchner en Argentina, y luego -en orden cronológico- por la victoria en las urnas de Tabaré Vásquez en Uruguay (2004), de Evo Morales en Bolivia (2006) y de Rafael Correa en Ecuador (2007), ha chocado estos últimos años con una realidad: el debilitamiento de estos gobiernos. ¿Se debe esa debilidad únicamente a la caída de los precios de las materias primas en el mercado internacional?

A pesar de las especificidades de diferentes contextos nacionales, los gobiernos resultantes del “giro a la izquierda” en América del Sur pueden ser calificados de regímenes post-neoliberales, a pesar de que se trata, de un “giro de geometría variable, parcial, atípico, múltiple, coyuntural, limitado, reversible, pero de todos modos un giro efectivo e inédito”, como lo describe Bernard Duterme.



COINCIDIERON CON EL AUGE DE CHINA

Todos estos gobiernos intentaron pasar la página de la hegemonía neoliberal imperante en el continente desde la década de los años 80. Todos priorizaron la lucha contra la pobreza y el acceso a los servicios públicos, especialmente a la salud y a la educación y eso dio como resultado el regreso del papel del Estado y la proyección diplomática de estos países en la escena regional, incluso en la escena mundial, reafirmando la soberanía nacional, a menudo articulada con un enfoque en la cooperación Sur-Sur.

Ese “giro a la izquierda” operó y se desarrolló en una coyuntura muy particular: el boom de las materias primas y la emergencia de China en el mercado mundial catalizándolo. Años después, la desaceleración de la economía mundial, sumada a la caída de los precios de las materias primas, parece haber conducido al final del ciclo de los gobiernos progresistas. La finalización de este ciclo económico, coincidente con la crisis política que ha sacudido al Brasil y a Venezuela, que siguió gestándose en Ecuador y en Bolivia y que ha significado el regreso de la derecha al gobierno en Argentina, hace pertinente la pregunta de si estamos presenciando el final de una fase histórica.

La respuesta es objeto de intensos debates en América Latina y más allá del continente. Se trata de una discusión que mezcla un análisis sobre el balance que dejan estas experiencias y sobre las perspectivas que surgen para el futuro.

Nos concentraremos en los cuatro casos más emblemáticos del giro post-neoliberal: Venezuela, Brasil, Bolivia y Ecuador.


SIGUIERON LA LÓGICA TRADICIONAL: EXPLOTAR Y EXPORTAR MATERIAS PRIMAS

Según los trabajos de Eduardo Gudynas, entendemos por extractivismo un modelo de acumulación basado en la sobreexplotación de recursos naturales no transformados o ligeramente transformados que son destinados principalmente a la exportación: extracción minera, producción de petróleo y de gas, monocultivos de soja…

El desarrollo histórico del continente latinoamericano y su inserción en la economía mundial ha seguido siempre la lógica tradicional del modelo exportador de materias primas. Desde el comienzo del nuevo milenio, y a lo largo de unos diez años, independientemente del color político de los gobiernos, todos los países de la región participaron en el boom de las explotaciones, y de las exportaciones, de materias primas.

En los países que giraron a la izquierda se consolidó el extractivismo en una forma “progresista”, caracterizada por el rol central que jugaba el Estado ejerciendo un mayor control en el proceso -nacionalización del petróleo y el gas en Venezuela, Bolivia y Ecuador- apropiándose de una mayor cantidad de los dividendos y reorientando las ganancias hacia programas sociales y políticas de lucha contra la pobreza. Actuando así, América Latina -y en particular, América del Sur- acrecentó su dependencia de los commodities, las materias primas.

Las materias primas, que a inicios de los años 80 significaban el 27% de las exportaciones del continente, alcanzaron el 40% en 2009 y llegaron a ser el 42% en 2013. Ese año, el 73% de las exportaciones se dirigían a China, ya convertida en el segundo socio comercial del continente. Esas tendencias se vieron más acentuadas en América del Sur: en 2012-2013 el 75% de todas las exportaciones de América del Sur eran ya materias primas.

China es la primera fuente de las importaciones que recibe Brasil, como también es el primer destino de las exportaciones de Brasil y de Bolivia, y es el segundo destino de las exportaciones de Ecuador y Venezuela. Y el 69% de todo lo que el continente importa del resto del mundo son productos manufacturados. Ese porcentaje aumenta hasta un 91% con respecto a las importaciones que llegan procedentes de China. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) habla de un proceso de “re-primarización” del sector exportador de América Latina y el Caribe, en el que China no es la causa, sino el catalizador.

Venezuela, Brasil, Bolivia y Ecuador están particularmente envueltos en este proceso. Según datos de 2015 (de 2013 para Venezuela), el gas y los minerales representaban cerca de dos tercios de todas las exportaciones de Bolivia. El petróleo era el 36% de las de Ecuador y algo más del 85% de las de Venezuela. En Brasil la concentración de las exportaciones en materias primas era menor: la soja, los minerales y el petróleo representaban un 25% del total de sus exportaciones.

Entre 2011 y 2015, los precios internacionales de los metales y de la energía (petróleo, gas y carbón) cayeron un 50%. En 2015 los precios del hierro (7.5% de las exportaciones brasileñas), del cobre y del zinc (10.6% de las exportaciones bolivianas) cayeron un 30%. Teniendo en cuenta que los recursos procedentes de la explotación y exportación de estas materias primas constituyen segmentos tan importantes en los presupuestos de estos países, es fácil imaginar la afectación que sufrieron. Esto es particularmente válido para Ecuador y para Venezuela, donde el rédito de los hidrocarburos representaba en 2014 alrededor de un 40% de los ingresos de ambos Estados.

REPITIERON LA MATRIZ EXTRACTIVISTA

Esta matriz extractivista, característica histórica de los países latinoamericanos, plantea importantes problemas. Los hace dependientes de algunos recursos naturales que experimentan serias fluctuaciones de sus precios internacionales, sobre los que tienen poco o ningún control.

Más problemático resulta que los programas sociales que lanzaron estos gobiernos estaban ampliamente financiados por la explotación y exportación de esos recursos naturales. Además, la matriz extractivista adoptada se convirtió en un obstáculo para la industrialización y la diversificación productiva, tendiendo a atraparlos en una economía rentista y encerrando a todo el continente en un papel subordinado en una división internacional del trabajo que reproduce el modelo colonial, convirtiéndolos en meros proveedores de recursos naturales baratos para el Norte y para China, a cambio de recibir de China y del Norte productos manufacturados.

¿Por qué estos países acentuaron ese modelo tan tradicional de comercio? ¿Por qué estos gobiernos post-neoliberales, que se proclamaron impulsados por un profundo deseo de cambio, que tradujeron en una retórica radical y en reformas legislativas -incluso constitucionales-, con incentivos tan destacados en esa transición como conceptos tan originales como el Buen Vivir, los Derechos de la Naturaleza o la economía social y solidaria, no sólo no transformaron la matriz extractivista, sino que la reforzaron? Las respuestas a esta pregunta se pueden agrupar en dos bloques: las que lo justifican como “una etapa” y las que hablan de “una transición”.
LO HICIERON PARA LUCHAR CONTRA LA POBREZA

Independientemente de sus diferencias y sus retóricas más o menos radicales o reformistas, los gobiernos de Ecuador, Bolivia, Brasil y Venezuela presentan el extractivismo como “una etapa”. Resaltan una priorización de objetivos y una vía particular para conseguirlos y denuncian los juegos de poder que esconden los cuestionamientos a este modelo de desarrollo. Parten de la premisa de que su prioridad como gobiernos es, antes que cualquier otra, reducir los niveles de la pobreza, sacar a millones de personas de la miseria y eso implica, necesariamente, crecimiento y desarrollo, confundiendo o vinculando ambos conceptos y metas.

Consideran que el principal motor para cumplir con la prioridad definida es el extractivismo. Así aparece en la declaración de los Jefes de Estado de la Alianza Bolivariana para los pueblos de Nuestra América–Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), del 30 de julio de 2013, que integra a Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua y a las islas caribeñas Antigua y Barbuda, Dominica, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas. Se sintetizan en el texto las líneas gruesas de esta visión cuando leemos sobre “el derecho y la necesidad” de que estos países se beneficien de sus recursos naturales no renovables, que constituyen “una importante fuente para financiar el desarrollo económico, la justicia social y, en definitiva, el bienestar de nuestros pueblos, teniendo claro que el principal imperativo social de nuestro tiempo -y de nuestra región- es combatir la pobreza y la miseria”.

Ciertamente, después de años de neoliberalismo, y dada la emergencia social que representan los altos niveles de pobreza, ¿no es prioritario luchar para erradicarla? ¿Y no es cierto también que todo lo que no esté directamente relacionado con esa lucha, es un lujo? ¿Y pueden estos gobiernos permitirse ese lujo aquí y ahora? Estos gobiernos llegaron al poder por las urnas con programas que prometían terminar o reducir de manera drástica la pobreza. ¿No era ésa la primera cláusula del contrato que los comprometió con sus ciudadanos y que exigía ser verificada y evaluada en el tiempo corto de los plazos electorales, más que en el tiempo estratégico de un cambio de modelo?

¿Y no se cumplió esta promesa? Según la CEPAL, entre los años 2000 y 2011 el porcentaje de la población pobre pasó del 34.9% al 5.7% en Argentina. Del 37.5% al 20.9% en Brasil. Del 49% al 32.4% en Ecuador. Del 48.6% al 29.5% en Venezuela. Y del 62.4% al 22.4% en Bolivia, entre 2002 y 2010. En total, entre 2002 y 2011, 54 millones de personas salieron de la pobreza en América del Sur.

¿CÓMO RESPONDEN DEFENSIVAMENTE ANTE EL EXTRACTIVISMO?

Siguiendo esta secuencia lógica, de los éxitos en la lucha contra la pobreza se verifica la exactitud de la ecuación: extractivismo
®crecimiento ®desarrollo, y también la legitimidad de las políticas extractivas. Por eso, el extractivismo visto como “una etapa” se justifica con análisis defensivos y programáticos.

El énfasis de quienes justifican a la defensiva el modelo extractivista como una etapa está en la dualidad contradictoria entre temporalidad y oportunidades. Los gobiernos progresistas deberían haber modificado sus matrices productivas… pero no pudieron hacerlo.

En la entrevista que a fines de 2006 realizó la revista “Iris” a Christophe Ventura, él ofrece una buena síntesis de este tipo de análisis. A la pregunta sobre si la emergencia brasileña habría debido / podido traducirse en un cambio de modelo económico, responde: “Debido sí, y los acontecimientos actuales están ahí para recordarlo de manera dolorosa. El problema de Brasil es el mismo de todos los demás países latinoamericanos… Podido es diferente. Al igual que los otros gobiernos progresistas, el gobierno brasileño intentó responder a la urgencia social. Era su mandato imperativo. Para eso fue elegido y respetó ese mandato”.

Sería utópico cambiar en tan sólo diez años el legado de cinco siglos. Además, estos gobiernos se enfrentaban a oposiciones, tanto nacionales -incluso dentro de su mismo seno- como internacionales, además de a trabas estructurales que no les permitían responder a todo lo que tenían pendiente. Insisten sobre los límites. En Brasil, el PT representaba, en el mejor de los casos, un tercio de la fuerza dentro de las coaliciones con las que gobernó. El imperialismo norteamericano no desapareció por arte de magia durante el gobierno del PT. Era necesario forjar compromisos, incluso alianzas, con las burguesías locales y con los actores transnacionales…

La justificación defensiva nos recuerda que, aunque el proceso que llevó a estos gobiernos al poder fue innovador y participativo, no fue una revolución. En consecuencia, las opciones estratégicas estaban sujetas a una red de instituciones económicas y políticas ya establecidas previamente, que condicionaban, e incluso bloqueaban, cambios más profundos. Era necesario enfrentar a fuerzas ya presentes en el escenario y lograr un margen de maniobra para llegar a un consenso -aunque fuera parcial- hasta encontrar acuerdos. La justificación defensiva del extractivismo como “una etapa” es un recordatorio de lo que es la realpolitik y es también una lección de estrategia.

“USAMOS TEMPORALMENTE EL EXTRACTIVISMO”

La justificación defensiva del modelo extractivista viene acompañada de razones más programáticas: se afirma que se trata de una etapa transitoria. Desde esta perspectiva, conviene pasar por una etapa extractivista para después llegar a una etapa post-extractivista. Quien mejor ha explicado esta lógica ha sido el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera.

Durante una reunión internacional en Quito, a fines de septiembre de 2015, García Linera dijo: “¿Tenemos que salir del extractivismo? Sí, tenemos que salir. Pero no se sale congelando las condiciones de producción ni regresando a la edad de piedra. Se sale del extractivismo utilizando temporalmente el extractivismo. Hay que acabar con el extractivismo sí, pero simultáneamente hay que acabar con la miseria… ¿Cómo nos piden a nosotros acabar en cinco años lo que ha durado quinientos años?

Necesitamos un período de transición, un puente que cree las condiciones técnicas, materiales y culturales de una nueva generación capaz de superar el extractivismo. Vamos a seguir, porque hay que satisfacer las necesidades materiales de la gente. Pero a la vez iremos creando las condiciones para un reencuentro con la naturaleza, rescatando la tradición indígena… Extractivismo sí, temporalmente y sí necesariamente. Hasta crear la nueva sociedad del conocimiento y de la cultura”.

Desde esta óptica, el modelo extractivista terminaría al final de un camino más o menos largo. Y mientras, se materializaría la paradójica dialéctica de que la intensificación del extractivismo daría paso a una sociedad post-extractivista. El desacuerdo se reduce a una cuestión de temporalidad y de medios, de estrategia y de más o menos paciencia hasta llegar a un objetivo común y compartido…

DESCALIFICAN LOS CUESTIONAMIENTOS

Dentro del tipo de justificaciones que se dan al extractivismo como una etapa está también la descalificación pura y simple de todo cuestionamiento que se le haga. En el mejor de los casos, las críticas son consideradas incongruentes o son prueba de un izquierdismo o un ecologismo o un indigenismo infantil. Es lo que ha repetido en Ecuador Rafael Correa. En el peor de los casos, las críticas son prueba de un “ambientalismo colonial”, según García Linera en la misma reunión internacional. En cualquier caso, las críticas vendrían de dos campos: el de quienes se oponen al desarrollo y el de la oposición con una agenda oculta.

Aquí entra la famosa anécdota de “la rana enemiga del desarrollo”, que tanto le gustaba repetir a Lula durante su presidencia. Una especie de rana en peligro de extinción se había descubierto cuando se construía un túnel y ese hallazgo interrumpió la obra... La moraleja que Lula señalaba era que resulta de mínima importancia todo lo que dificulta, obstaculiza y retrasa el desarrollo, que él identificaba con los megaproyectos gubernamentales que hubo durante su gestión: presas, carreteras y otras infraestructuras de lo que fue el plan estratégico y emblemático de su gobierno, el PAC (Programa de Aceleración del Crecimiento).

En su relato, en defensa de la rana estaban los ecologistas ingenuos y los burócratas que ejercen un control ambiental meticuloso. Y al lado de esos dos grupos, los pueblos indígenas. Las moralejas de esos discursos y la falta de comprensión de Lula de la cultura indígena fueron denunciadas muy acertadamente por Saulo Ferreira Feitosa, secretario adjunto del CIMI (Consejo Indígena Misionero) en el texto “Lula, los indios y las ranas”.

“ESTÁN CONTRA EL DESARROLLO”

Descalificar las críticas al extractivismo en nombre del desarrollo no ha sucedido sólo en Brasil. Es un reflejo de la visión modernizadora y productivista de la izquierda latinoamericana en su conjunto, como demuestra Maristella Svampa. Donde la descalificación ha tendido a ser más violenta es en Ecuador, donde el ex-presidente Correa declaró el 1 de diciembre de 2008: “No crean a los ambientalistas románticos. Todo el que se opone al desarrollo del país es un terrorista”.

El terrorismo que denunciaba englobaba a varios sectores: a quienes se oponen al interés nacional y estratégico que significa el desarrollo, a quienes son instrumentalizados políticamente por la oposición de derecha y/o por el imperialismo, y a quienes tienen una agenda oculta de oposición, en la que el medioambiente no es más que un pretexto.

Los puntos de vista favorables al extractivismo no dejan de incluir la importancia de preservar el medioambiente, pero insisten en que la agenda ambiental debe estar subordinada a la lucha contra la pobreza y a la convicción de que para vencer en esa lucha la prioridad es el desarrollo.

En el Día Mundial del Medio Ambiente de 2009 Lula decía: “Queremos preservar la Amazonía, pero también tenemos que cuidar de 25 millones de seres humanos que viven ahí, que quieren un auto, un refrigerador, un televisor, que quieren tener las cosas que todo el mundo desea tener”. Un año después, regresando de la reunión de Copenhague sobre el cambio climático, Lula aseguró que los países ricos no estaban interesados en aplicar el Protocolo de Kyoto. “Lo que quieren -dijo- es impedir que los países en vías de desarrollo alcancemos las mismas metas que ellos”.

Lula reiteró que no aceptaría ningún obstáculo al desarrollo de Brasil. Y repudió las críticas de los países del norte al consumismo del sur, recordando que el norte se desarrolló “a espaldas” del medioambiente mundial y del medioambiente de los países del sur. Y confirmó la opción neo-desarrollista de Brasil, compartida ya por otros gobiernos “progresistas” vecinos, eliminando así la posibilidad de un debate y simplificando así la cuestión: en el sur están quienes quieren el desarrollo, tener auto, refrigerador y televisor y en el norte está la hipocresía ecologista.

Si criticar el desarrollo significa detener la lucha contra la pobreza y boicotear los intereses nacionales, es legítimo rechazar esa crítica por absurda o por ser un caballo de Troya del enemigo interno, las derechas conservadoras o neoliberales, que si regresaran al gobierno destruirían el medioambiente a una escala mayor, o por estar al servicio del enemigo externo, el imperialismo. ¿Una visión tan simplificadora no justifica la represión y la criminalización de quienes se oponen al desarrollo..?

POR UNA TRANSICIÓN POST-EXTRACTIVISTA

Quienes consideran el extractivismo “una transición” tienen la intención de tomar en serio los nuevos conceptos:

-Buen Vivir, Derechos de la Naturaleza y otros- que surgieron de las luchas de estos últimos años y que fueron apoyados¬ por los movimientos sociales bolivianos y ecuatorianos y que hasta fueron incluidos en la Constitución de ambos países.

Más allá de lo específico de sus posturas, quienes así ven las cosas (Alberto Acosta, Eduardo Gudynas, Maristella Svampa) comparten una crítica doble al extractivismo y al desarrollo, proponen volver a integrar la dimensión económica en las relaciones sociales y medioambientales y plantean revalorizar y redinamizar los conocimientos locales, principalmente los de los pueblos indígenas. Abren así una alternativa: su propuesta es una transición post-desarrollo y/o post-extractivista.

El documento “Propuestas para transitar al post-extractivismo” a nivel regional, hecho público en Lima en 2015 representa una buena síntesis de las medidas propuestas para lograr esa transición. A falta de espacio para discutirlas, baste recordar, para distanciarnos de la caricatura que han hecho los gobiernos extractivistas de estas propuestas, que los defensores de la transición no son ni utopistas desconectados de las realidades concretas ni románticos desfasados “anti-minería” y “anti-petróleo”.

Lo que proponen es adoptar medidas transitorias tanto urgentes como de mediano plazo, diferenciando la extracción depredadora de la extracción sensible y prohibiendo la depredadora. Proponen comenzar ya desde ahora la transición, confiando firmemente en la capacidad de los movimientos sociales, confiriendo un rol más importante al Estado y reorientando la matriz productiva de los países.

Es falso que los movimientos indígenas se opusieron a los gobiernos progresistas por priorizar el desarrollo por la vía extractivista. Al igual que todos los movimientos sociales y de izquierda están divididos con relación a este tema.

Además, si bien los indígenas están habitualmente en la primera línea de las movilizaciones -entre 2010 y 2013 se produjeron 226 conflictos socio-ambientales relacionados con la oposición a proyectos mineros y de hidrocarburos en tierras indígenas- estos pueblos no están solos. En la lucha contra el neo-desarrollismo, los indígenas van junto a los movimientos campesinos, a las mujeres, a los afrodescendientes, y, de manera más general, van con el conjunto de actores que han introducido en la lucha social lo que Svampa llama “el giro eco-territorial”.

Aun teniendo en cuenta tiempos, medios y estrategias, la realidad es que se trata de dos visiones, de dos lógicas que se confrontan. Quienes defienden “una transición” se basan en un balance más crítico de la experiencia de los gobiernos post-neoliberales y en un cuestionamiento de la lógica del paso obligado por “una etapa” extractivista. Aunque reconocen muchos logros en estos gobiernos, ponen en duda la durabilidad y el impacto que tengan, y hacen hincapié en los costos no visibles del modelo y en la oportunidad perdida para transformarlo.

¿FRACASÓ LA LUCHA CONTRA LA POBREZA?

Al extractivismo concebido como “una etapa” quienes hablan de una “transición” oponen argumentos coyunturales, estructurales y estratégicos.

La lucha contra la pobreza, el logro más evidente y el más emblemático de los gobiernos post-neoliberales, debe ser cuestionado. La reducción de la pobreza, si bien fue más marcada en los países que hicieron el “giro a la izquierda”, ha sido una tendencia general en todo el continente, en países con gobiernos que no dieron ese “giro”. Según datos de la CEPAL, entre 2002 y 2011 en Colombia la población que vive en pobreza se redujo de 49.7% a 34.2%. En Chile bajó de 20.2% a 11%. En Paraguay, de 61% a 49.6%.

Otro dato. Si entre 2002 y 2011, fueron 54 millones las personas que salieron de la pobreza en el continente, entre 2011 y 2014 no superaron los 4 millones. En Venezuela, el porcentaje de pobreza y de indigencia ha aumentado desde 2012. En Brasil, la caída de la tasa de pobreza coincidió con el aumento de la tasa de indigencia. Este descenso en los logros está directamente relacionado con el cambio en la coyuntura económica mundial y, particularmente, con la caída de los precios internacionales de las materias primas, lo que demuestra la fragilidad de las bases en las que se sustentó la lucha contra la pobreza, su carácter insuficientemente estructural y su dependencia de las fluctuaciones del mercado mundial.

NO TOCARON EL SISTEMA DE IMPUESTOS

Estos datos cuestionan las decisiones políticas que tomaron los gobiernos progresistas y ponen de relieve las que no tomaron. En América Latina los sistemas fiscales han sido tradicionalmente inequitativos y la recaudación de impuestos ha tenido reducidos resultados en la distribución de la riqueza. Los gobiernos de América del Sur que giraron a la izquierda apenas tocaron el sistema fiscal. Y en vez de asegurar una redistribución más equitativa de las riquezas del país con una justa captación de impuestos, buscaron financiar la lucha contra la pobreza con otros recursos, los que obtenían de la explotación y exportación de materias primas.

En este sentido, se puede afirmar que la elección de acentuar el extractivismo se hizo a expensas de eludir una reforma del sistema fiscal y así evitar una confrontación directa con las oligarquías tradicionales, las que no pagan los impuestos que deberían pagar. Esa decisión política permitió a los gobiernos progresistas “servir a Dios y al diablo”, mantener pactos, explícitos o implícitos, con la oligarquía y garantizarse así estabilidad. El caso de Venezuela es el más particular, porque desde el gobierno se creó una “boliburguesía” (burguesía bolivariana), en competencia con la oligarquía tradicional.

A MÁS EXTRACTIVISMO, MENOS DEMOCRACIA

Las decisiones políticas de los gobiernos progresistas dieron lugar a una reconfiguración de la alianza con los movimientos sociales que los habían llevado al poder. Y cuando los logros comenzaron a disminuir, cuando cayeron los precios de las materias primas, se hizo evidente la fragilidad del modelo. Lo demostró lo ocurrido en Brasil cuando la oligarquía, viendo sus intereses amenazados, rompió repentinamente los pactos que había hecho con el PT.

Los resultados del modelo extractivista deben ser evaluados también desde perspectivas que no aparecen en los balances: daños al medioambiente, dependencia externa, conflictos sociales… Cuando el medioambiente no es tenido en cuenta como se debe, el costo económico y social de su destrucción resulta infravalorado sistemáticamente. ¿Cómo valorar el impacto negativo del extractivismo en la salud humana? ¿Cómo valorar adecuadamente el confinamiento de los países que apostaron por el extractivismo en una división internacional del trabajo que les dificulta su diversificación económica?

Los conflictos socioambientales, los relacionados con el uso, el control o el destino de la tierra y de sus recursos naturales, se han multiplicado y se han intensificado hoy en todo el continente. Además del costo inconmensurable de la pérdida de los territorios de los pueblos indígenas, el extractivismo ha agudizado el incremento de la inseguridad alimentaria y la des-ruralización de los países.

En el corazón de este balance existe un círculo vicioso, que en última instancia, condena el modelo extractivista: es el endeudamiento. La caída de los precios de las materias primas, agravada por el deterioro de la balanza de pagos (las exportaciones captan menos divisas, mientras las importaciones de bienes manufacturados mantienen su costo o incluso lo elevan), incrementó el extractivismo: explotar y exportar más para compensar la caída de los precios. Y así, aunque la rentabilidad financiera del extractivismo disminuyó, el volumen de recursos naturales exportados aumentó, provocando más conflictos y conflictos cada vez más diversos. Es un auténtico círculo vicioso. Svampa lo sintetizó en esta ecuación: “A más extractivismo menos democracia”.

¿ROMPIERON CON EL NEOLIBERALISMO?

El balance del modelo extractivista de estos gobiernos no es positivo. Por su dependencia, parcial y sesgada, del mercado internacional y de la oligarquía local, por no tomar en cuenta todos los “costos ocultos” y todos los efectos negativos del modelo que hacen que el costo-beneficio sea más problemático, y por su concepción distorsionada del desarrollo, que presenta este modelo como el único posible, han puesto en peligro las reformas agrarias, la soberanía alimentaria, la redistribución de las riquezas, la construcción de otro proyecto de sociedad más viable.

Por eso, algunos análisis de lo sucedido afirman que en estos gobiernos progresistas el retorno del papel del Estado no ha significado otra cosa que ajustar ese papel con el fin de atraer inversión extranjera. Y en ese sentido, no han hecho ninguna ruptura con el neoliberalismo, apenas lo han reorientado.

El vicepresidente de Bolivia, García Linera, pretendió reducir conceptualmente el sentido del extractivismo a una “relación técnica con la naturaleza”, olvidando, como recuerda Edgardo Lander, que el extractivismo no sólo produce riquezas. Produce también relaciones sociales, un tipo particular de Estado, caracterizado por posiciones autoritarias y rentistas. Produce un imaginario colectivo y un modelo de sociedad. Por consiguiente, no se puede dejar así nomás el extractivismo como se deja una herramienta, porque el extractivismo configura políticas, influye en la relación entre el Estado y la sociedad y también influye en el proyecto de sociedad.

Resulta paradójico que estos gobiernos, con el clima económico favorable que significó el importante aumento de los precios de las materias primas, con un clima político tan positivo como fue el amplio apoyo popular que los llevó al poder, y con un clima internacional tan novedoso como tuvieron con el fortalecimiento de la imagen de la región, no iniciaran al menos la transición hacia otro proyecto de sociedad. Si, a pesar de todos estas circunstancias positivas, no les fue posible romper con el modelo extractivista tradicional, ¿cuándo y cómo, en qué circunstancias y con qué condiciones, más favorables y duraderas, sería posible el cambio? ¿Será que es imposible la transición, relegada siempre a un “después” hipotético?

¿REALMENTE QUISIERON HACERLO?

Maristella Svampa definió el “consenso de los commodities” como el fundamento ideológico común que tuvieron los gobiernos latinoamericanos, hayan o no realizado el “giro a la izquierda”. Ese consenso consiste en apostar por el desarrollo ampliando el extractivismo. Las diferencias entre los distintos gobiernos, sean post-neoliberales o sean neoliberales, no aparecen si miramos la común voracidad extractiva.

A posteriori se ven diferencias: ¿Cómo ha evolucionado la política fiscal? ¿La renta generada por la explotación de los recursos naturales a quiénes ha beneficiado, a qué sectores? Según las respuestas, y sin subestimar la resistencia y las limitaciones que enfrentan los gobiernos progresistas se puede decir si ha habido éxito o fracaso en la transición. El dilema se plantea más en términos del poder que del querer.

¿No pudieron o no quisieron? Pareciera que fue el “consenso de los commodities”, del que nunca se desprendieron por completo, el que atrapó a todos los gobiernos. ¿Hasta qué punto creyeron poder hacer esta transición… o realmente quisieron hacerla?
Hay que luchar contra la pobreza y también contra la dependencia. Los gobiernos post-neoliberales prometieron algunas políticas que quedaron en el camino. ¿Qué decir de lo incoherente y contradictorio de sus acciones comparándolas con sus declaraciones iniciales, con las Constituciones que ellos mismos, junto con la sociedad civil, reelaboraron? En la práctica, la negación de los Derechos de la Naturaleza y del Buen Vivir, reduciéndolos a mera retórica para usar en foros nacionales e internacionales, causa confusión, arriesga esas alternativas y la confianza que en ellas pusieron los movimientos sociales.

NO DEBEMOS ENGAÑARNOS

Este análisis, demasiado sintético, merece más matices según los países y según las fases que ha atravesado cada gobierno. Cada país que ha enfrentado un conflicto emblemático (Belo Monte en Brasil, Tipnis en Bolivia, Yasuní en Ecuador) pone en evidencia las contradicciones entre las pretensiones y las prácticas. Mientras, el neo-extractivismo continúa actuando como una oleada estructural en todos esos países. A la hora del balance y del debate sobre futuras perspectivas, hay que formular una doble pregunta: ¿qué actores? ¿cuáles cambios?

Hoy, los actores que llevaron a los gobiernos progresistas al poder aparecen divididos y debilitados, atrapados con frecuencia en la red de la subordinación o de la autocensura. La alianza, implícita o explícita, de los gobiernos progresistas con las grandes empresas agroindustriales, con la oligarquía y con los actores transnacionales, reconfiguraron las relaciones de poder dentro del poder empresarial, escondiendo así los antagonismos bajo el discurso desarrollista, o incluso bajo el discurso “pachamamista”, el que prometía un desarrollo alternativo o una alternativa al desarrollo.

Los movimientos sociales que llevaron al poder a estos gobiernos están ante un importante dilema. Dependiendo del caso, del país, de las circunstancias, podrían configurarse alianzas concretas, estratégicas y defensivas entre los gobiernos post-neoliberales y los movimientos sociales. Actualmente no existe una alternativa electoral a los gobiernos progresistas y “lo que se viene” marca el regreso de la extrema derecha neoliberal, aliada del neocolonialismo.

A pesar de ese peligro, los movimientos sociales no deben engañarse sobre las contradicciones que vieron en estos años de gobiernos progresistas. Más allá de que estas alianzas sean viables o no, es importante un trabajo teórico y práctico sobre la reconfiguración de las fuerzas sociales de estos países al margen y más allá de los gobiernos. En el centro de los problemas que se han generado estos años están en juego la autonomía y el fortalecimiento de los movimientos sociales, su capacidad en convertirse en verdaderos contrapesos del poder, y su capacidad de forjar una nueva dinámica institucional y estatal. Para enfrentar este juego hay que mover el cursor y colocarlo de nuevo en la emancipación.



POLITÓLOGO DEL CENTRO TRICONTINENTAL (CETRI).