Roberto
Orozco, investigador y experto en seguridad y crimen organizado, explicó cómo
en las últimas décadas el narcotráfico ha sido una vía empleada, tanto por la
derecha como por la izquierda, para conseguir sus objetivos políticos, en una
charla con Envío que transcribimos.
Roberto Orozco
La presencia del narcotráfico en la
política, y el empleo de palabras que escuchamos cada vez más a menudo para
calificar a algunos gobiernos como “narcogobierno”, “narcoestado”,
“narcodictadura”, han tenido una especial relevancia con la caída del régimen de
Evo Morales en Bolivia. Las acusaciones se dirigen contra los gobiernos del
ALBA y aparecen como un fenómeno relativamente reciente. Pero el narcotráfico,
una de las expresiones del crimen organizado, viene ocupando espacios políticos
y económicos en todos los gobiernos de América Latina desde hace casi medio
siglo.
A los vínculos del narcotráfico con la política, los medios de comunicación
internacionales le están dando cada vez mayor cobertura, con historias que se
actualizan continuamente porque hay ex-policías y ex-agentes de la seguridad
del Estado, miembros de la CIA y del FBI, periodistas independientes y
especializados en la materia que, cada vez con más arrojo, están investigando
este tema. Pero el vínculo del narcotráfico con la política no es nuevo, viene
de atrás. Y, para ponerlo en términos ideológicos, no tiene una relación
exclusivamente con la izquierda. También la derecha se ha beneficiado del
narcotráfico y ha logrado quitar y poner gobiernos con su ayuda. Tampoco la
droga, que hoy nos parece omnipresente, es una realidad nueva. Tiene raíces
antiquísimas.
Analizar las causas que han permitido la
penetración del narcotráfico en la política y, más recientemente, en el sistema
financiero y en la economía global, nos demostrará que hoy el narcotráfico se
ha convertido en una realidad imprescindible para el funcionamiento de todos
los países y de todos los gobiernos. Ningún gobierno, ni en América Latina ni
en ninguna parte del mundo, ha escapado a esos vínculos. A tal punto son
imprescindibles que, basándome en estudios de especialistas de Naciones Unidas
y de muchísimos otros investigadores, me permito afirmar que el narcotráfico llegó
para quedarse.
Las drogas han estado siempre presentes en las sociedades humanas. El uso de
drogas es una práctica humana antiquísima. Al vino, culturas como la romana y
la griega, lo llamaron “elíxir de los dioses”. En todas las culturas humanas encontramos
la costumbre de consumir sustancias tóxicas que afectan el cerebro para alterar
estados emocionales.
De norte a sur de nuestro continente, los chamanes de Norteamérica, de
Mesoamérica y de Suramérica consumieron siempre sustancias estimulantes para
provocar éxtasis religiosos. La modernidad vino a masificar actividades y
experiencias que hasta entonces eran exclusivas de algunos lugares, momentos y
personas. Con la industrialización y el desarrollo del transporte, se masificó
el consumo de las sustancias sicotrópicas. Y la globalización convirtió el
tráfico de las drogas en un gran negocio.
El narcotráfico que hoy conocemos es el resultado de la masificación y de la
globalización. ¿Para qué consumen drogas los jóvenes de Estados Unidos y de
Europa? Para sentirse eufóricos, para alcanzar éxtasis, para aumentar los
niveles de dopamina en su cerebro, para olvidar, para escapar… La consumen por
razones similares a las que tenían los humanos que las consumían hace siglos,
hace milenios.
Lo que ha cambiado es que ahora el consumo
es masivo y que la presencia de la droga es global. También por estas razones
el narcotráfico llegó para quedarse. Y está aquí para quedarse porque otro
resultado de la modernidad y de la globalización es la incrustación del narcotráfico
en los sistemas políticos y económicos de todo el mundo, que hoy no podrían
existir sin el negocio del narcotráfico. Entre la política, la economía y el
narcotráfico existe ya una relación simbiótica.
En un estudio no tan público -por sus obvias implicaciones- que hicieron los
especialistas en crimen organizado y narcotráfico de la ONU en 1995, concluyen:
“Las mafias (se refieren a todas las expresiones del crimen organizado, que son
varias, las más importantes, las del narcotráfico) se han transformado en
importantes y casi imprescindibles actores de la política económica y social de
los gobiernos”. ¿Por qué Naciones Unidas llega a esa conclusión? Porque -dice
el estudio- “los sistemas estatales se han desmoronado bajo el peso de las
crisis financieras”.
Hoy todo el mundo sabe que los gobiernos de América Latina atraviesan
permanentemente crisis financieras, que los presupuestos nacionales se han
convertido en una carga pesada para los gobiernos porque siempre es mayor el
déficit que la recaudación de impuestos. Esto es algo que sucede también en los
países ricos, como Estados Unidos, donde la brecha del déficit se está
ampliando cada vez más.
En las crisis financieras, ahora tan frecuentes, es cuando el crimen organizado
comenzó a jugar un papel dominante e imprescindible en la economía y en la
política de los Estados por las enormes ganancias que genera, especialmente el narcotráfico,
una empresa que, de acuerdo a cálculos hechos por especialistas
internacionales, en base a proyecciones, produce al menos un billón de dólares
anuales, más que todas las expresiones del crimen organizado combinadas (el
tráfico de armas, la trata de personas, la piratería…).
¿Qué hacer con tanto dinero de procedencia ilícita? Legalizarlo, darle
apariencia de ganancia legal, creando empresas de fachada o introduciéndolo en
el sistema financiero legal. De lo que se trata es de enmascarar esas
ganancias. Y en la medida en que se fueron enmascarando se fue estructurando un
sistema económico legal cuya base y fundamento es la economía ilegal.
Todas las expresiones del crimen organizado, incluido el narcotráfico, generan
dos veces, tres veces y hasta diez veces más ganancias que transnacionales como
Microsoft, Google o Facebook. Al absorber tan inmensas ganancias la economía
formal depende cada vez más del narcotráfico. Por eso es que el narcotráfico
llegó para quedarse.
Lógicamente, todos los gobiernos, todos los Estados, las empresas privadas, de
acuerdo a este estudio de la ONU, buscan participar en esas ganancias. Las
necesitan. Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Australia, China, Rusia, todos
los países donde el sistema estatal es fuerte, buscan cómo apoderarse de este
sector de la economía porque eso les permite capitalizar, fortalecer e
incrementar sus economías. Este dato habla por sí solo: cada año el sistema
financiero de Estados Unidos lava 100 mil millones de dólares del narcotráfico.
Otro párrafo del estudio de la ONU señala: “La mayor parte de las ganancias
recaudadas por organizaciones criminales es reciclada mediante canales
perfectamente normales…” Ahí, la delgada línea roja entre lo legal y lo ilegal
se difumina, se vuelve más opaca. Y al cruzar esa línea el dinero ilegal se
recicla -añade el informe- “con la ayuda de otras partes legítimas, llámese gobierno
o llámese empresa privada”. Se establece así entre lo legal y lo ilegal una
relación simbiótica. Por eso el narcotráfico llegó para quedarse.
Esta es otra conclusión del informe: “El dinero sucio y encubierto se deposita
en bancos comerciales y legales, que lo usan para ampliar sus préstamos a
empresas, acciones y bonos gubernamentales…”. Así que los bonos que emiten los
gobiernos para cubrir déficits sirven también para lavar dinero.
Hay varios gobiernos latinoamericanos que tienen venta de bonos estatales… ¿Y
quién es la primera en comprarlos? La banca privada. “A través de esos bonos
-dice el informe- las organizaciones criminales se convierten en acreedoras de
gran parte de la deuda pública y ejercen una influencia táctica y tácita sobre
la política macroeconómica de los gobiernos”. De este informe se deduce
entonces que en los países en donde más crece la deuda pública es donde más
dinero del crimen organizado hay. Cualquier coincidencia es mera casualidad…
Queda claro que los bancos reciben dinero de las diversas expresiones del
crimen organizado y al aceptarlo lo “lavan”, legalizándolo. Y después lo usan
para dar préstamos… Así se recicla el dinero sucio, que por llegar en tan
enormes cantidades se ha convertido en materia imprescindible para el
funcionamiento de todas las economías y de todos los gobiernos.
Nos dicen, y sabemos, que el modelo capitalista ha sido el causante del
incremento de la pobreza en América Latina. Pero, ahora y según el estudio de
la ONU, ya no es el capitalismo, ahora es el crimen organizado el que la
incrementa. “El narcotráfico -dice el estudio- y otras expresiones del crimen
organizado son los causantes de afianzar o de ensanchar la brecha entre ricos y
pobres en nuestro tiempo”.
Este es el contexto en el que, viendo que todas las expresiones del crimen
organizado, incluido el narcotráfico, están ya incrustadas en el sistema
económico y político global, podemos analizar las más recientes crisis
latinoamericanas, que el caso de Bolivia ha colocado en las primeras planas.
Acusaciones no confirmadas indican que en Bolivia se origina una ruta del
narcotráfico que pasa a Venezuela, llega a Cuba y después a Estados Unidos. Se
trata de un tráfico que se origina en la región cocalera del Chapare, en donde
Evo Morales ha sido, y sigue siendo, líder del sindicato de cocaleros. Del
Chapare sale hoja de coca y pasta de cocaína hacia otros países.
En la producción de cocaína, Perú le ha ganado a Colombia en los últimos años.
Lo que sale de Bolivia son los insumos, la hoja de coca o la pasta de coca. La
pasta producida en Bolivia es la más pura, el clorhidrato de cocaína boliviano
tiene casi 100% de pureza. Y es esa pasta la más apreciada porque permite hacer
mayor cantidad de kilos de cocaína.
Las acusaciones que se hacen a Bolivia están siendo investigadas desde hace
tiempo. Ha sido solicitada una investigación multinacional por el tratado de
asistencia recíproca de la OEA. Hay mucha información circulando, pero todavía
falta mucha investigación. Hasta ahora el gobierno de Estados Unidos no ha
presentado ni una sola prueba o evidencia de que los tres gobiernos vinculados
al ALBA, Venezuela, Nicaragua y Bolivia, estén directamente vinculados con el
narcotráfico o se hayan beneficiado del narcotráfico. Un coronel boliviano,
German Cardona, denunció en 2015 cómo, en la región del Chapare, los cocaleros
dirigidos por Evo Morales habían creado un mini-cartel para abastecer de materia
prima a los carteles colombianos y peruanos, y cómo Evo inauguró el aeropuerto
internacional de Chimoré, desde donde salían aviones cargados con cocaína hacia
Venezuela. Es la única información, hasta hoy extraoficial, que existe sobre
esos vínculos, pero aún no constituye evidencia.
Adelantándose a las investigaciones, medios de comunicación y expertos
internacionales ya no hablan de “estados fallidos” en América Latina. Hablan de
narcogobiernos y narcoestados porque, mal que bien, se ha comprobado que entre
el crimen organizado y los estados y gobiernos hay una simbiosis que impide que
“fallen” los estados. Como también se ha comprobado que el crimen organizado
termina gobernando muy bien en las áreas donde no existe ni funciona el Estado.
En estos casos, el crimen organizado es un estado dentro del Estado porque
ejerce las funciones estatales donde domina: garantiza el control social,
regula la economía, da protección y seguridad.
Si el consumo de drogas es una antigua actividad humana, el vínculo entre el
narcotráfico y la política en América Latina tampoco es una novedad. Hay hechos
y escándalos políticos en América Latina desde hace 40, 50 años, que demuestran
que siempre ha habido vínculos, beneficios mutuos, una relación interactiva
entre la política y el narcotráfico, y que esa relación no es exclusiva de la
política de izquierda como se pretende ahora.
También la derecha ha hecho uso del narcotráfico para entronizarse en el poder
político. Por ejemplo, en 1980, en Bolivia, el general de división Luis García
Meza llegó a la Presidencia de la República por un golpe de Estado financiado
por el principal narcotraficante que había entonces a nivel mundial, Roberto
Suárez Gómez, conocido como “el rey de la cocaína”, que fue proveedor de Pablo
Escobar.
García Meza era un hombre de derecha, de doctrina liberal, era un militar
conservador, responsable del asesinato de Marcelo Quiroga y de otros
intelectuales bolivianos. Fue acusado de crímenes de lesa humanidad, cayó preso
por esa razón y murió de un infarto en la cárcel.
Otro caso, ya en la década de los 90, que demuestra los vínculos de los
políticos de derecha con el narcotráfico, es el Proceso 8000, en Colombia. En
ese proceso se investigó y se demostró el financiamiento del cartel de Cali a la
campaña electoral de Ernesto Samper, que compitió por el Partido Liberal y que
ganó la Presidencia en 1994. Samper no es un hombre de izquierda. Por cierto,
Samper visitó Nicaragua en octubre de este 2019 para dar una charla sobre la
paz en la UNAN.
También se enjuició en el Proceso 8000 al Fiscal General de la República, al
Ministro de la Defensa y a casi el 50 por ciento de los diputados del Congreso
colombiano por sus vínculos con el narcotráfico, y todos los enjuiciados eran
políticos de ideología de derecha.
También en México hay ejemplos. Miembros del PRI, un partido de centro-derecha,
cometieron en 1994 una serie de asesinatos políticos, entre los que destaca el
que acabó con la vida del candidato a la Presidencia por el PRI, Luis Donaldo
Colosio, un crimen transmitido en directo por la televisión, donde pudimos ver
al sicario dispararle en la cabeza a Colosio en una actividad de cierre de
campaña. Raúl Salinas de Gortari, hermano de Carlos Salinas de Gortari, quien
estaba en la Presidencia cuando ocurrió el crimen, fue acusado por el asesinato
de Colosio y en el juicio salieron a luz todos los nexos que había entre Raúl,
sus compinches y el narcotráfico.
Y si hay pruebas, ya en los años 80, de los vínculos del narcotráfico con la
derecha, también los hay de sus vínculos con la izquierda. El caso de Pablo
Escobar Gaviria es ilustrativo. Fue diputado de 1982 a 1983 por Alternativa
Liberal, un partido de derecha. Y después de ser separado de ese cargo, se
acercó a las izquierdas. Su paso por Nicaragua y su vínculo con dirigentes de
la revolución nicaragüense en los años 80 está ampliamente documentado.
El punto de inflexión para analizar los vínculos de la izquierda con el
narcotráfico, para entender lo que hoy estamos viendo en otros gobiernos de
nuestra región, hay que buscarlo en las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia). Todo el mundo sabe por historia, por todo lo que ha investigado
el gobierno colombiano y por autores independientes, de las relaciones entre la
guerrilla colombiana y el narcotráfico.
Desde inicios de la década de los 80 del siglo pasado, las FARC recibían hoja
de coca y pasta de coca de Bolivia y custodiaban los alijos y los cargamentos
de droga que Pablo Escobar y otros narcotraficantes colombianos transportaban
hacia Estados Unidos. También hacían las FARC labores de seguridad para
garantizar ese tráfico. Hacer todo esto se lo facilitaba el dominio de los
territorios donde tenían presencia armada.
Así comenzaron, vendiéndoles servicios a los narcotraficantes y obteniendo
recursos por esos servicios. Pero llegó un momento en esos años en que, con la
experiencia adquirida, se dieron cuenta que era más rentable para ellos convertirse
en narcotraficantes que brindarles servicios a otros. Y desde entonces, hasta
que se desmovilizaron con los acuerdos de paz de 2016, se convirtieron en la
principal estructura organizativa del crimen organizado en Colombia, en los
principales vendedores de droga de Colombia, sobrepasando las ventas del cartel
de Medellín y del cartel de Cali. Y aunque no sólo por el narcotráfico se
abastecían de dinero -también lo percibían por secuestros y extorsiones-, el
grueso de sus ingresos provenía de la distribución y el traslado de droga hacia
Norteamérica y Europa. Ya hay muchos jefes de bloques de las FARC denunciados y
requeridos por la justicia estadounidense por el envío a Estados Unidos de
centenares de kilos de droga durante años.
La Fiscalía General de Colombia reveló hace un par de años que, según sus
cálculos y los del Ejército colombiano, la fortuna de las FARC al momento de la
desmovilización era de 21 mil millones de dólares en efectivo. Se dice que las
FARC exportaron parte de ese capital de 21 mil millones de dólares para ser
lavado y disfrazado a través de proyectos de “cooperación”. Se dice, pero no
está comprobado. Pero lo que sí está, y con abundantes pruebas, es que la raíz
de la estrecha vinculación de las izquierdas con el narcotráfico hay que
buscarla en las FARC, en sus relaciones con Venezuela, en sus relaciones con
Cuba y en sus relaciones con los movimientos de izquierda en Latinoamérica.
Por las enormes riquezas que produce, el narcotráfico ha sido visto como un
factor de oportunidad, tanto por las derechas como por las izquierdas de
América Latina, para lograr, unas y otras, sus objetivos políticos, ya sea
alcanzar el poder, ya sea sacar a alguien del poder, o cualquier otro objetivo.
Sin embargo, existe una gran diferencia entre las dos visiones ideológicas, y
esa diferencia es la que explica mejor el fenómeno actual. Mientras que la
derecha vio en el narcotráfico un factor de oportunidad puntual, la izquierda
lo vio como un factor de oportunidades estratégicas. Mientras que para la
derecha el objetivo era coyuntural, para la izquierda el objetivo era
estructural, de largo plazo. Volviendo al ejemplo de García Meza: este militar
ocupó el narcotráfico para alcanzar el poder, y una vez alcanzado, le pagó al
narcotraficante que lo financió, dejándole hacer sus negocios.
La izquierda no ha actuado así, fue siempre más allá. La izquierda se fue
apropiando del narcotráfico, afianzó su poder en el narcotráfico y ha hecho del
narcotráfico su negocio. Lo vio y lo ve como un asunto estratégico.
Esto lo aclaró ya el mismo Carlos Lehder, uno de los tres fundadores del cartel
de Medellín, con Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha, alias “el mexicano”
-después se sumaron a ese cartel los hermanos Ochoa-. Ya en 1985, en una
entrevista con la televisión colombiana, Lehder declaró: “La cocaína es la
bomba atómica de América Latina. Con el mercado que, aparentemente, los
norteamericanos necesitan para funcionar, se están gestando los movimientos
revolucionarios de América Latina”.
Ya entonces Lehder no tenía empacho en revelar que la cocaína estaba siendo
usada para financiar los movimientos de izquierda en América Latina. Así que
desde hace décadas la estrategia de emplear el narcotráfico para buscar el
poder, ganar el poder, hacerse del poder y quedarse en el poder, ya estaba
presente en los movimientos de la izquierda latinoamericana. En este asunto,
como en tantos otros, debemos tener memoria histórica y revisar el pasado.
Porque el pasado define el presente y el presente define el futuro.
Hemos visto ejemplos en México y Suramérica. También hay nexos entre la
política y el narcotráfico en Centroamérica. Abundan los ejemplos. Hace poco se
difundió un documental del Discovery Chanel, que puede ser considerado un
testimonio, sobre la presencia de Pablo Escobar en Nicaragua. Carlos Lehder
también estuvo en Nicaragua. Después de asesinar al Ministro de Justicia de
Colombia, Rodrigo Lara Bonilla, Lehder y otros narcos colombianos vivieron en
Nicaragua en los años de la revolución. Sobran los testimonios que hablan de la
presencia del narcotráfico en la Nicaragua de los años 80, origen y embrión de
la presencia que hoy tiene el narcotráfico en nuestro país.
Tanto la CICIG (Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad) de
Guatemala, como la MACCIH (Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad)
de Honduras, han destapado en estos años los nexos con el narcotráfico de los
gobiernos de estos dos países y de sus élites empresariales.
Hoy el gobierno hondureño enfrenta un grave problema porque el hermano del presidente
Juan Orlando Hernández, que era diputado, ha sido enjuiciado y condenado en
Estados Unidos por delitos de narcotráfico. En El Salvador, el cartel de Texis,
con amplias conexiones en el Ejecutivo, en la Asamblea Nacional y en los
órganos de seguridad de ese país, está siendo investigado por delitos de
narcotráfico.
Todo demuestra que el narcotráfico es parte de la vida política, de la vida
gubernamental y de la vida estatal de los países de Centroamérica y
Latinoamérica. Esa actividad, promovida, o si no permitida, por los gobiernos
de la región, es también la principal amenaza a la seguridad de Estados Unidos.
Quiero señalar que a pesar de las múltiples acusaciones que se han hecho contra
los países del ALBA, en Centroamérica sólo hay una expresión de vínculo con el
crimen organizado que está siendo investigada judicialmente. Sucede eso en el
Juzgado Cuarto de Paz de El Salvador, donde se recibieron acusaciones concretas
basadas en investigaciones provenientes de Estados Unidos. Lo que se investiga
es el vínculo de Alba Petróleos de El Salvador, una empresa a la que se le
señala del supuesto delito de lavado de dinero por un monto de 3,200 millones
de dólares. La acusación podría ser probada en ese proceso judicial ya abierto,
en que el acusado es el secretario general del FMLN, José Luis Merino
-”comandante Ramiro”, durante la guerra civil en ese país-, quien ha sido el
principal administrador de la cooperación venezolana en El Salvador.
El presidente salvadoreño Nayib Bukele tiene ante sí un gran reto. De
enfrentarlo con éxito, podría tener alguna influencia positiva en la política
del resto de gobiernos centroamericanos. El reto es proceder judicialmente
contra quienes en el FMLN actuaron con corrupción los diez años en los que
gobernaron. Bukele está pidiendo la extradición del ex-Presidente Mauricio
Funes, quien tiene pendiente varios juicios por corrupción y vino a refugiarse
en Nicaragua y recibe salario, él y sus hijos, de instituciones estatales, y
hasta le dieron ciudadanía nicaragüense.
Pero es sólo un caso. Para que podamos ver el compromiso que tiene Bukele con
la libertad y la democracia tiene que comenzar a escarbar más y a investigar
más todos los problemas de corrupción que la izquierda dejó en su país.
El narcotráfico está presente hoy en el quehacer político y económico de toda
Centroamérica. Desde hace mucho tiempo, Panamá ha sido un paraíso fiscal donde
lavar dinero. El crecimiento económico experimentado por los países de
Centroamérica se debe en gran medida a la inyección del dinero ilegal del
narcotráfico en varios sectores de la economía: la construcción, el turismo, el
transporte… Son muchas las actividades económicas que dependen hoy de ese
dinero. Todo mundo en Centroamérica conoce a alguien que de repente se hace
millonario y antes era simplemente un hotelero, un transportista… o un
banquero.
Las acusaciones que hoy se están haciendo llamando “narcogobiernos” a los
países del ALBA son muchas. Hay informes secretos que nacen desde adentro de
los propios gobiernos, informaciones que se filtran y que llegan a Estados
Unidos, pero aún no se ha comprobado su veracidad. Quiero ser muy claro: hasta
la fecha de hoy, 26 de noviembre de 2019, no ha sido comprobada la
participación en el narcotráfico de ninguno de estos gobiernos. Lo que hay es
filtración de información, acusaciones en los medios internacionales. En toda
esa maraña de acusaciones y señalamientos contra los países del ALBA, sólo
existe ese proceso iniciado en El Salvador desde mediados de 2019.
Ante las acusaciones y el volumen de las informaciones que circulan
actualmente, los gobiernos de los países “socialistas” señalados como
“narcogobiernos” acusan a Estados Unidos de crear informaciones falsas para
desestabilizarlos. Puede ser cierto. Pero la izquierda viene usando ese mismo
argumento desde los años 70 y 80 para deslegitimar cualquier investigación de
casos reales. A estas alturas nadie puede negar el vínculo que tienen las FARC,
o que tuvieron las FARC, con el narcotráfico en Colombia, y cómo esa guerrilla
se convirtió en el principal cartel del narcotráfico en ese país.
Nadie lo puede negar, es un hecho demostrado con miles de expedientes de
procesos judiciales en contra de sus miembros. En el caso concreto de las FARC
ha quedado claro, con suficientes evidencias, de que no se trata de una
conspiración de la CIA y del gobierno de Estados Unidos que quieren destruir a
los movimientos revolucionarios de izquierda. Está demostrado que es
consecuencia de la estrategia de los movimientos revolucionarios de izquierda
de vincularse al narcotráfico para obtener recursos para sus objetivos
políticos. La responsabilidad la tienen ellos.
Quiero señalar aquí que no conozco ningún planteamiento de intelectuales de la
nueva izquierda, de la izquierda renovada, tan críticos del caudillismo o de la
cooptación de los movimientos sociales de los gobiernos de izquierda, que haya
abordado lo que ha significado para las izquierdas latinoamericanas sus
vínculos con el narcotráfico. No he leído a ningún escritor de izquierda
analizar las consecuencias políticas y éticas de esos vínculos. Tampoco conozco
que hagan propuestas de qué habría que hacer desde la izquierda ante el
fenómeno del narcotráfico.
Una de las justificaciones que a menudo han usado las izquierdas para valerse
de esta estrategia ya la señaló Carlos Lehder cuando dijo que “la cocaína es
nuestra bomba atómica”… En consecuencia, dicen: inundemos Estados Unidos de
drogas, si los gringos se quieren matar, que se mueran ellos… pero nosotros nos
quedamos con el dinero.
Pero no se matan sólo ellos usando la droga. El crimen organizado genera
siempre una gran violencia, una violencia directamente proporcional a la
“densidad criminal”, que se define por el número de organizaciones criminales
que ocupan un territorio específico y que, en la lucha por hegemonizar el
mercado, provocan una enorme violencia. La Organización contra las Drogas y el
Delito de Naciones Unidas elabora mapeos, que hace públicos, de la “densidad
criminal” que hay en México, en Colombia, en Perú, en Bolivia… No sólo mapean
los cultivos y la producción, también las estructuras y las organizaciones.
Hay actualmente muchas corrientes de pensamiento que, para disminuir la
violencia que genera el narcotráfico, consideran que el camino más efectivo
sería legalizar la droga y no prohibirla y combatirla. Esa idea ha sido acuñada
por la Comisión Internacional de la Droga, creada en Bogotá, y de la cual
muchos ex-Presidentes latinoamericanos son miembros. Proponen la legalización
de la droga porque sus gobiernos la combatieron, y al igual que el de Estados
Unidos, no han tenido éxito en ese esfuerzo.
Creo que legalizar la droga podría ser una de las soluciones inmediatas al
problema del narcotráfico y a la violencia que genera. Hay estudios hechos
sobre las consecuencias del fin de la prohibición del licor en Estados Unidos y
su legalización en los años 20 del siglo pasado que pueden ser usados como
antecedentes. Se estudiaron los efectos que causó la legalización del licor en
la seguridad ciudadana, en las familias, en diversos sectores. Esos estudios
pueden servir de base para determinar cuáles podrían ser los efectos de la
legalización de la droga.
Uno de los efectos inmediatos de legalizar la droga ya los conocemos en América
Latina, cuando se legalizó la marihuana en Uruguay. En ese país, la droga
retribuyó al Estado, que cobra ahora nuevos impuestos, como los cobra por la
venta de cigarros. En California y otras partes de Estados Unidos también se
legalizó y la droga paga impuestos. Y en todos estos lugares la legalización no
ha tenido ningún impacto negativo importante en cuanto a la seguridad pública.
Quitarles a los grandes empresarios del narcotráfico la hegemonía de las
ganancias podría ser una solución: que no sólo ganen ellos, sino que también
gane el Estado.
El problema aquí es un conflicto de intereses. Porque la verdad es que la
interdicción de la droga le genera al Estado mucho más dinero que los impuestos
que puede producir la venta legal de la droga. Y es por eso que Estados Unidos
pasó de tener una única agencia antidrogas -cuando creó la política antidrogas-
a tener 72 agencias en la actualidad. Por razones económicas, por ese conflicto
de intereses, muchos Estados se resisten a legalizar la droga. También por eso
afirmo que la droga llegó para quedarse.
Otra de las razones para sustentar que llegó para quedarse es el atractivo que
ejerce en los jóvenes el enriquecimiento rápido que ofrece el narcotráfico. La
oportunidad de un enriquecimiento acelerado convoca a muchas personas comunes y
corrientes. El caso de Pablo Escobar es ilustrativo. Era un campesino que vivía
en una región remota de Colombia. Para mejorar su posición entró primero a la
delincuencia común y después al narcotráfico porque vio en eso la oportunidad
de un enriquecimiento inmediato. En ese camino llegó a ser un potentado que
ofreció pagar toda la deuda externa de Colombia…
Pablo Escobar cayó. Pero su negocio continuó. El narcotráfico ha sido siempre
muy fluido. Los narcotraficantes siempre están rotando, sustituyéndose. Hay
narcotraficantes que sobreviven a la violencia del narcotráfico y que al llegar
a cierta edad se legalizan personalmente, legalizan su economía y sus
propiedades, insertan sus empresas en el sistema legal de la economía y se
retiran bajo la ley de la “omertá”, que significa el compromiso de no revelar
los secretos del negocio. Algunos aprovechan el derrumbe de las estructuras
donde ellos operaban para salirse, decir que se retiran, a veces cumplen alguna
condena con la justicia, pero terminan siendo empresarios, hombres de negocio o
apoderados. Hay muchos que invierten su dinero en la bolsa y que siguen ganando
por ahorro o por inversiones o por préstamos. Pero los que llegan a la vejez y
deciden hacer esto son contados con los dedos de la mano, no son muchos.
Hay otros que se meten de lleno a la violencia, esta se los come y mueren en el
camino. Pero la red del narcotráfico se mantiene muy viva porque siempre hay
quienes sustituyen a los que se legalizan y a los que mueren. Esto convierte al
narcotráfico en un negocio muy dinámico, que siempre se está renovando. Mataron
a Pablo Escobar y desarticularon al cartel de Medellín y nacieron cinco
carteles más. Agarraron a los hermanos Rodríguez Orejuela, los metieron presos,
desarticularon el cartel de Cali y surgieron cinco carteles más. En México,
sólo el cartel de Sinaloa no se ha diseminado. Otros carteles mexicanos, la
Familia Michoacana y el cartel de El Golfo se diseminaron en otros carteles más
pequeños o fueron absorbidos por el cartel de Sinaloa.
¿Y qué pasa si un gobierno decide enfrentar al narcotráfico? El resultado puede
ser peor. El resultado es más violencia. La prueba es México. Después de
Vicente Fox, vino Calderón, y tras una época en la que hubo cierta tolerancia a
las actividades del narcotráfico, por presiones extranjeras, fundamentalmente
del gobierno de Estados Unidos, Calderón inició la “guerra contra el
narcotráfico” y ahí están los resultados. La alianza entre el gobierno y un
solo cartel de la cocaína para que ese cartel combatiera a los otros carteles
hasta exterminarlos, bajo la premisa de que era mejor combatir a un único
enemigo que a cinco o seis, permitió fortalecerse al cartel de Sinaloa hasta
convertirse hoy en la primera potencia mundial del narcotráfico, con presencia
en 152 países del mundo y con narcotraficantes que aparecen en la lista de
multimillonarios que publica la revista Forbes.
En conclusión, tenemos que admitir que es la masificación del narcotráfico
generada por la globalización lo que ha permitido la incrustación de esa
economía ilegal en la economía formal de todo el mundo, hasta hacer que hoy la
economía legal ya no puede existir sin el narcotráfico, porque se ha creado una
simbiosis, una codependencia.
Tenemos también que entender que la masificación del transporte permite que hoy
la droga y el dinero ilegal lleguen muy pronto a cualquier rincón del mundo. No
se trata de un plan maquiavélico de dominación, responde más bien a un factor
de oportunidad que nos permite afirmar que el narcotráfico llegó para quedarse.
Y tenemos que esperar: si hay algo de cierto en el argumento de que las crisis
en los gobiernos de izquierda latinoamericanos son consecuencia de los
esfuerzos desestabilizadores de Estados Unidos, necesitamos un poco más de
tiempo para conocer la verdad. Porque el tiempo lo desenmascara absolutamente
todo.
