Guatemala: Crisis sistémica, dominación imperial y sueños de emancipación
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“Alzad vuestros rostros, tenéis una necesidad
imperiosa de esta brillante mañana que amanece para vosotros. La historia, a
pesar de su desgarrador dolor no puede borrarse, y si se afronta con valor, no
es necesario vivirla de nuevo.” Maya Angelou.
1. La crisis actual revela el contundente fracaso de
la gestión política y económica de la clase dominante y sus súbditos
La clase
dominante, este entramado de poderes fácticos que ha dirigido los destinos de
este país, ha utilizado a lo largo de la historia contemporánea todos los
medios a su disposición para evitar que los pueblos que aquí habitan, tengan
alguna posibilidad de convertirse en un sujeto colectivo que tome las riendas
de este Estado-Nación, construya una sociedad democrática, equitativa, y con justicia
social.
Combinando
eficazmente represión y cooptación de las masas populares, impuso sus intereses
particulares en el andamiaje jurídico-institucional, en los dispositivos de
dominación ideológica, control social y territorial. Su modelo de dominación
clasista, racista y patriarcal, revela en esencia su forma de entender el mundo
y a los seres humanos/as. Conceptos claves de la modernidad como la democracia,
los derechos humanos, la igualdad, y el desarrollo incluyente, le son útiles,
siempre y cuando, no implique tener que ceder poder, su tasa de ganancia o
sacrificar su modelo de dominación.
Sobre los
tres pilares TTT, despojo de la tierra, la sobreexplotación de la fuerza de
trabajo y no pagar los debidos tributos, han amasado sus enormes riquezas; una
y otra vez, ha reordenado el territorio en función del modelo de acumulación
vigente. Hoy combinan diversas modalidades basadas en el trabajo forzoso y
violatorio de todos los derechos laborales en el campo y la ciudad; el despojo
de las tierras, la privatización de los bienes naturales, la ampliación de los
monocultivos, la especulación financiera, el lavado de dinero, la corrupción, y
la concesión de amplias extensiones del territorio nacional a empresas
transnacionales. Están en plena consonancia con las fuerzas más destructivas
del capital a nivel global, con quien les une lazos e intereses.
La trama
discursiva de las elites siempre se ensañó contra el Estado, las iniciativas
democratizadoras y pretendió generar adhesión a sus falsas promesas de
desarrollo. El calamitoso estado en que se encuentra el país hoy es de su
responsabilidad casi exclusiva. Han tenido 2 éxitos: a) Enriquecerse
exponencialmente y b) Crear un muro de contención para que las luchas por crear
democracia, equidad y justicia social no fructifican.
El legado de
su particular y perversa forma de dominio trasciende las barbáricas relaciones
de explotación de clase; hoy, la institucionalidad estatal está al borde de una
virtual implosión, de tal manera que los ciudadanos, a modo de ejemplo, no
pueden documentarse, ni conseguir pasaportes, el correo dejó de funcionar desde
el año pasado, la mora judicial e impunidad se mantienen por encima del 90%,
los bienes naturales se están destruyendo a una velocidad difícilmente
recuperable, y se registran retrocesos significativos en los indicadores
sociales sea en el ámbito de salud, educación, vivienda, trabajo, y la pobreza
en vez de reducirse, se incrementa. Según el Informe del PNUD (2016):
A nivel de
país se observa que la dimensión con más privaciones es la relativa a los
ingresos: un 76% de la población no cuenta con ingresos para una canasta básica
de bienes y servicios que permitirían una vida medianamente decorosa. La falta
de servicios de salud impacta la dimensión respectiva: un 73% de la población
no tiene ningún aseguramiento y las condiciones de saneamiento y de calidad de
las viviendas muestran una alta precariedad. Las brechas en la cobertura
educativa tienden a cerrarse, pero casi seis de cada 10 adultos no terminó la primaria
y uno de cada cinco niños tiene altas probabilidades de no concluirla. La
intensidad de las privaciones económicas y de salud sobrepasa el 50%, lo que
indica una profundidad extendida de la pobreza.
La mayor
parte de los hogares en Guatemala no cuenta con cobertura de seguro médico o
seguridad social, incluso las pertenecientes al estrato alto. Al considerar las
privaciones agregadas, la proporción de la población en condición de pobreza
multidimensional se redujo en los primeros años posteriores a los Acuerdos de
Paz de 72 a 58%. Después de 2006, la incidencia se ha incrementado y alcanza a
dos terceras partes de la población. Al terminar el plazo para el cumplimiento
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en 2015, la mayoría de las metas no
se cumplieron. Guatemala es el único país de América Latina que no logró
reducir la pobreza de ingresos en ese periodo (PNUD:2016;16)
¡Vaya qué
éxito tuvieron las políticas neoliberales, los tratados de libre comercio y la
conducción de la gestión estatal por parte de la clase dominante guatemalteca!
Ah, pero hay más, gracias a su extraordinaria capacidad, inteligencia,
superioridad “cultural”, eficacia y gestión, Guatemala se ha convertido en un Protectorado.
El
contundente fracaso de la clase dominante para dirigir los asuntos del Estado–Nación
es invisibilizado, se esconde intencional o ingenuamente en los análisis
parcializados abordados sectorialmente, mediante una fraseología que busca ser
políticamente correcta, pero que es corresponsable de ocultar lo que es: el
fracaso de la clase dominante guatemalteca -lo que debería tener obvias
consecuencias políticas-; la pérdida de legitimidad, demandas jurídicas por la
reparación de los daños colectivos causados y su destitución como actor
decisivo en los asuntos públicos, lugar que debería estar ocupado por parte de
las movimientos, pueblos originarios y fuerzas socio-políticas democráticas de
este país.
2. A dos años de las movilizaciones ciudadanas
Guatemala se ha convertido en un protectorado
Hace
exactamente dos años, se apertura una coyuntura política impulsado por factores
externos (EEUU y CICIG como actores principales) que inician de manera
sistemática capturas y persecución judicial a través del MP, en contra de
quienes configuran el denso tejido de mecanismos de enriquecimiento ilícito
sean estos capitales tradicionales, emergentes o mafias, operados a través de
partidos políticos, bancos, empresas privadas, funcionarios públicos, empresas
de comunicación o las fuerzas armadas.
Más allá de
decenas de encarcelados, la destitución del binomio presidencial Pérez Molina/Baldetti,
la CICIG/MP han podido demostrar las modalidades del saqueo del Estado por
parte de grupos privados, la penetración de capitales mafias en los gobiernos
municipales, los tres organismos del Estado así como en el sector privado. La oportunidad
política que esto debería abrir, o sea darle impulso a una reforma política
para acotar la corrupción y la penetración de los capitales mafias, y retornar
a un Estado de derecho burgués relegitimado, hasta el momento ha fracasado.
Previo a la crisis
que estalla el 16 de abril del 2015, el sistema político estaba virtualmente
cerrado a las demandas sociales y ciudadanas, no se visualizaba disposición
alguna por parte de la clase dominante de ceder privilegios, cuotas de poder o
abrirse a un diálogo nacional en el que se consulte a la ciudadanía sobre el
modelo de país, que se ha impuesto autoritariamente. A dos años de este acontecimiento, esta situación no ha cambiado.
Algunas de
las contradicciones sistémicas que dentro del marco de las reglas actuales del
sistema no pueden solventarse y propician creciente inconformidad son:
a) El modelo
de acumulación por despojo, que impacta sobre la tenencia, uso de la tierra y
bienes naturales que afecta especialmente a los pueblos originarios y comunidades
campesinas;
b) El
racismo estructural y denegación de la autodeterminación de los pueblos
originarios;
c) La brecha
entre las expectativas que genera el modelo de “desarrollo” actual y su
incapacidad para generar bienestar, fuentes de empleo, trabajo decente, y
salarios dignos;
d) La persistencia
de la desigualdad, el empobrecimiento de la clase media y los obstáculos para
el ascenso social de nuevas generaciones; e) La profunda penetración de los
capitales ilícitos en todos ámbitos de las estructuras del poder y en la
sociedad como tal, lo que agudiza los niveles de violencia, el debilitamiento
del tejido social, y la creación de poderes paralelos;
f) Los anhelos
democráticos y transformadores de los movimientos y distintas fuerzas sociales
que se enfrentan a un sistema político que no se abre a las demandas
ciudadanas.
La primera
etapa (abril a agosto 2015) coincidió con la emergencia de un importante ciclo
de protesta ciudadana, que exigía reformas políticas y la renuncia de los
gobernantes. Esta movilización sin embargo se fue apagando paulatinamente.
Las
limitadas reformas propuestas no cuentan con la simpatía, ni suficiente
respaldo de quienes abogan por un cambio sistémico desde abajo, son
desconocidas por el ciudadano común y boicoteadas por los operadores políticos
de las mafias aun enquistados en el Estado. La falta de acuerdos y fuerza
política para respaldar estas u otras reformas políticas está poniendo en
riesgo la actuación de la CICIG/ MP y otorga cada vez más poder de decisión a
los EEUU.
El proceso
de depuración del Estado es impulsado primordialmente por factores externos, en
la que cobra cada vez mayor peso EEUU como administrador del protectorado,
reforzado por el Comando Sur y su despliegue de tropas en todas las fronteras
de este país. Es pertinente dialogar en torno a las implicaciones políticas de
la intervención norteamericano en el contexto actual, sus alcances, límites y
riesgos.
¿Permitiremos
la eventual instalación de sus bases militares? ¿Estamos de acuerdo en que el
Estado de Guatemala se convierta en una pieza de su estrategia de
desestabilización de los países del ALBA, como parece ser el caso de la
actuación en la OEA contra Venezuela? ¿Quién decide qué es aceptable y qué no
es aceptable? ¿Cuál y donde está el posicionamiento político de las fuerzas
socio-políticas democráticas?
3. La complejidad del momento actual: ¿Qué hacer?
El proceso
de democratización iniciado ya hace tres décadas se agotó, así como los pactos
políticos que se suscribieron con la Constitución de la República en 1985 y la
Firma de la Paz (1996). No existe una nueva plataforma programática nacional
consensuada que permitiría re-direccionar el destino de la nación hacia un
futuro distinto, y este vacío constituye un factor que tensa aún más la crisis
y pueda configurar reacomodos autoritarios y espurios.
En la
historia reciente del país se pueden identificar a lo menos tres momentos en
que se pretendía transitar desde un Estado autoritario, hacia un Estado
democrático:
a) La
Revolución de Octubre 1944-54;
b) La ANC de
1985 y la asunción del gobierno de la DC, 1986;
c) El
proceso y firma de la paz 1996.
Si bien el
contexto histórico, las fuerzas protagónicas y los alcances de estos procesos
fueron muy diferentes, tienen en común la pretensión de ampliar y profundizar
derechos ciudadanos, limitar y modificar poderes fácticos, instaurar un proceso
sociopolítico con cambios en el marco jurídico e institucional para favorecer
la transición hacia un Estado democrático.
La historia
nos ha enseñado que los cambios socio-políticos trascendentales son antecedidos
por procesos de:
a) acumulación
de criticidad con lo existente;
b) de la
emergencia de nuevas fuerzas protagónicas que construyen contrahegemonía en el
ámbito de los saberes y sus prácticas sociales, pero que aún no logran irrumpir
con fuerza;
c) la
existencia de una crisis en la forma de ejercer el dominio por parte de las
élites, que ya no logran suficiente legitimidad, ni son capaces de imponer
unilateralmente las reglas del sistema que ya está en crisis;
d) la
intensificación de contradicciones que ya no pueden resolverse con las reglas
del juego del sistema existente, iniciándose un proceso de reacomodos;
e) cuando se
visibilizan claramente diferentes modelos de Estado- Nación que están en
disputa y en torno a los cuales se movilizan distintas fuerzas socio-políticas.
Este es el momento preciso, en que los
movimientos sociales, pueblos originarios y fuerzas socio-políticas democráticas
deben iniciar un proceso de diálogo entre sí, conformar un amplio frente
político y construir acuerdos que permiten accionar de manera conjunta en el
actual escenario político, convertirse en interlocutores nacionales frente a
los factores de intervención y crear condiciones políticas que conlleven a la
convocatoria de una nueva asamblea constituyente originaria para fundar un
nuevo Estado.
Esta constituye una tarea política ineludible
en el momento actual. Es un proceso complejo, lleno de tensiones y
contradicciones, con previsibles traiciones, pero impostergable. Profundamente
equivocados están quienes creen que esta crisis se puede solventar dentro del
marco del próximo proceso electoral y por ende priorizan actualmente la
conformación de nuevos partidos o movimientos socio-políticos. Ambos procesos
deberían impulsarse paralelamente.
Los pueblos
originarios, el movimiento de mujeres y los movimientos sociales aportan toda
una nueva base filosófica-política para este proceso, por ello impulsar una ANC
hoy es marcadamente distinta que hace 30 años, dado que no se puede reducir
solamente a la discusión de leyes o instituciones. Hoy este debate tiene un
nuevo piso político, gracias al enorme legado del pensamiento crítico
latinoamericano / caribeño, el feminismo, los pueblos originarios, los
ecologistas, la praxis de los movimientos sociales mundiales, las experiencias
revolucionarias y emancipatorias de la Patria Grande y del mundo entero.
Se trata de
sentar nuevas bases filosóficas –políticas; y “así contribuir a un modelo
civilizatorio alternativo basado en el Buen Vivir, El Utzilaj K’aslemal, el
Raxnaqil K’aslemal, que se erige en la defensa, reconstitución de la vida como
un todo, que promueve la convivencia, complementariedad, libertad y derechos de
la naturaleza, la libre determinación de los pueblos, a partir de prácticas que
descolonizan, despatriacalizan y desmercantilizan las
relaciones humanas[1]
En la
declaración política de IV Congreso Guatemala Florecerás (agosto 2014) se
plantea que “las relaciones deben estar basadas en el bien común, en el
reconocimiento de la corresponsabilidad del cuidado de la vida entre hombres y
mujeres y en la necesidad de que las nuevas formas de convivencia armónica
desestructuren las relaciones de poder de dominio basadas en la propiedad
privada.
Estas
relaciones deben potenciar la libertad, la autonomía, los placeres, la
autodeterminación de los pueblos, los cuerpos y los territorios para una vida
digna y en armonía, lo que implica desestructurar la violencia contra la
naturaleza, las mujeres y los pueblos.”
Todos estos
importantes aportes que se han construido desde los pueblos se quedarán en el
mundo de los sueños irrealizables, si no están acompañados de decisión política
para trascender de lo local-regional, sectorial hacia una fuerza política
nacional que disputa seriamente el poder de la clase dominante, sustituyéndolo
paulatinamente. ¿Estamos a la altura de los retos que el momento histórico
actual exige?
[1] Confluencia Nuevo Baqtun, El
Utzilaj K’aslemal, el Raxnaqil “K’aslemal, Guatemala, 2014.
El cartel del azúcar de Guatemala
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El 18 de julio de 2012,
un abogado en Panamá y una asistente en ciudad de Guatemala acordaron la creación
de tres sociedades opacas para uno de los emporios azucareros del país.
Fernando Díaz, de la firma panameña Mossack-Fonseca, escribió a Mercedes
Irving-Bell, asistente de María Eugenia Campollo, empresaria guatemalteca dueña
de la planta de producción de azúcar, el ingenio Madre Tierra, para cerrar el
trato: “Según lo conversado, estaríamos incorporando las compañías Roydon
Trading Company, Wellon Sugar Commercial, American Trade Incorporated. Nos
confirma y procedemos acordemente”, escribió Díaz. Al día siguiente,
Irving-Bell dio la autorización: “Gracias Fernando, me parecen bien los
nombres. Sds, M”.
Esa semana, Mossack-Fonseca
inscribió cada empresa en un paraíso fiscal distinto. Roydon Trading Company,
en Panamá; Wellon Sugar Commercial, en Islas Vírgenes Británicas; American
Trade Incorporated, en Bahamas. La actividad de Wellon Sugar Commercial “es el
comercio del azúcar”, escribió otra ejecutiva de la empresa en otro correo.
Como ocurriría con las
214,000 sociedades creadas en paraísos fiscales con la ayuda de Mossack-Fonseca,
investigada internacionalmente por sus actividades, las empresas vinculadas al
Grupo Campollo serían dirigidas por directores de fachada, de nacionalidad
panameña. Ellos representarían los intereses de los hermanos Campollo: María
Eugenia, Ramón, Ricardo y Rosa María.
Entre 2007 y 2015, el
Grupo Campollo, dueño del ingenio Madre Tierra, creó 121 empresas offshore con
un capital autorizado total de 282 millones de dólares. 47 sociedades están
vinculadas al comercio del azúcar, con un capital que suma 113 millones. Madre
Tierra está detrás del 7.2% del total de caña molida producida en Guatemala
desde 1983. Es el séptimo productor, de los 12 que hay en Guatemala.
La creación de
offshores en paraísos fiscales es legal aunque detrás de la práctica las
autoridades sospechan que se busca evadir al fisco de los países en donde se
concentra la actividad empresarial de los dueños de las compañías. En el caso
del azúcar, que el negocio salga de las fronteras guatemaltecas contradice la
identidad que la industria intenta proyectar cuando su logo y eslogan hablan
del bienestar nacional. “Desarrollo para todos”, dicen los azucareros, que no
tienen problemas en usar sociedades fuera de borda.
Además de las
sociedades offshore de los Campollo, esta investigación encontró vínculos de
otros 9 ingenios guatemaltecos con sociedades en paraísos fiscales. Los
administradores, propietarios o empresas que participan como accionistas de los
ingenios aparecen como directivos en empresas offshore. Esta actividad ha
llamado la atención de las autoridades pero se declaran incapaces de
fiscalizarla por estar fuera de las fronteras guatemaltecas.
Los azucareros son un
grupo poderoso, tradicionalmente emparentado con el poder político, en un país
con enormes problemas para recaudar impuestos de sus 2,100 mayores
contribuyentes. Guatemala es el país con la menor recaudación fiscal de
Latinoamérica. La autoridades reconocen que garantizar que “contribuyentes
especiales” como la industria azucarera paguen lo que corresponde es, por
ahora, imposible.
En Guatemala, hay
expertos, exjefes de la Superintendencia de la Administración Tributaria (SAT),
empresarios, empleados de ingenios y organismos internacionales como la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), de la ONU, que
sostienen que la industria azucarera es un cartel a toda regla que se aprovecha
de la debilidad estatal, un “oligopolio colusorio” porque varias empresas se
comportan como una para tener una posición ventajosa en el mercado.
Desde 1983, siete
familias han estado detrás del 88% de la caña molida en Guatemala: Los Herrera
(ingenios Pantaleón y Concepción), los Leal (Magdalena), los Botrán (Santa
Ana), Los García (La Unión), Los Weissenberg Campollo (El Pilar), los Campollo
(Madre Tierra), los González Bauer - Hertzsch (Palo Gordo). Todas estas
familias están vinculadas con sociedades en Panamá.
El
control del mercado azucarero
Que 10 de los 12
ingenios guatemaltecos estén relacionados directamente con empresas offshore
casa a la perfección con el perfil de una industria que también ha financiado
campañas de presidentes y diputados, que ha puesto funcionarios en puestos
claves de gobierno, bloqueado leyes como la que regula el uso del agua, o
promovido otras como una que reducirá el pago de impuestos sobre el azúcar que
se exporta y otros productos agrícolas. Y el Estado responde siempre que se
declara incapaz para fiscalizar la industria como debería.
"Durante dos meses se buscaron entrevistas con las 12 empresas azucareras para que detallaran sus vínculos con el poder, sus conflictos laborales y medioambientales y el uso que dan sus administradores a empresas offshore. A excepción de Madre Tierra, el resto de ingenios guardó silencio.
La respuesta de Madre
Tierra fue tajante: “No tenemos ningún interés en llevar a cabo dicha
entrevista, debido a que la empresa es de carácter PRIVADO y como tal sus
operaciones tanto comerciales y mercantiles son de su exclusiva
CONFIDENCIALIDAD Y COMPETENCIA (sic)”, escribió en un correo electrónico el
abogado de la empresa, Marvin Sandoval.
Las
offshore de Moncho, Richard, Rosita y Magena
MT Holdings Capital INC, una sociedad en Islas
Vírgenes Británicas, ejerce la propiedad sobre el ingenio en una red de
empresas que se explica mejor si se tiene en mente a la matrioska, la muñeca
rusa que en su interior guarda otra muñeca, que a su vez guarda otra muñeca…
Madre Tierra es propiedad de Central Agro Industrial Guatemalteca S.A.
(Caigsa). Esta, a su vez, es propiedad de dos empresas panameñas: Gran Flora
Internacional S.A. y Perlino Internacional S.A. Y ambas son hijas de MT
Holdings Capital INC.
Los hermanos Campollo son accionistas de este
holding, según los correos de Mossack-Fonseca. Un documento muestra que el 13
de febrero de 2009, el holding entregó 12.500 acciones a cada uno de los
hermanos, a “Moncho”, “Richard”, “Rosita” y “Magena”, como les llama, según los
correos, el abogado de la familia, José Buitrón. “Magena” es María Eugenia
Campollo, aquella empresaria cuya asistente se comunicaba con el abogado de
Mossack-Fonseca para pactar el nacimiento de tres offshore.
MT Holdings Capital INC es la segunda offshore más
grande de los Campollo. Tiene un capital autorizado de 55 millones de dólares,
según los Panamá Papers, una serie de documentos del bufete panameño Mossack-Fonseca
filtrados al diario alemán Süddeutsche Zeitung y analizados por más de 100
medios informativos de todo el mundo, entre ellos El Faro, como parte de una
investigación de casi un año coordinada por el Consorcio Internacional de
Periodistas de Investigación (ICIJ).
Las fundaciones en Panamá, un paraíso fiscal, no
tienen un dueño y pueden ser propietarias de cualquier activo y encubren mucho
más a sus beneficiarios finales. Por ejemplo, el reglamento de la Fundación
Niño Jesús, creada en 2008, tiene como beneficiaria de todos sus activos a
María Eugenia Campollo y como sustitutos a sus hijos.
Otro uso que los
Campollo dan a sus offshore es la suscripción de préstamos. Gala Assets
Corporation, sociedad panameña propiedad de los Campollo, dedicada a la
generación de energía y a negocios de azúcar, estaba tramitando un préstamo con
el banco guatemalteco GyT Continental por 75 millones de dólares a principios
de 2015. Un correo del 5 de febrero de 2015, muestra que la empresa del ingenio
Madre Tierra, Central Agro Industrial Guatemalteca y sus dueñas offshore iban a
garantizar el 73% del préstamo con su propio capital.
Azúcar
marca offshore
Así como los Campollo y su telaraña de 121 sociedades en paraísos fiscales, representantes o administradores de otros 9 ingenios guatemaltecos aparecen vinculados a 31 empresas domiciliadas en Panamá, según lograron documentar eldiario.es y El Faro.
De todas las refinerías
de azúcar en Guatemala, las únicas de las que esta investigación no ha
encontrado vínculos con paraísos fiscales son los pequeños ingenios de La
Sonrisa y Santa Teresa, que desde 1983 sólo han aportado el 0.5% de la molienda
de caña, unas 2.2 millones toneladas.
Al otro lado del
espectro, dos corporaciones (grupo Pantaleón-Concepción e Ingenio Magdalena)
que han controlado alrededor del 47% de la producción de caña en Guatemala en
los últimos cinco años son las que tienen más vínculos con paraísos fiscales,
según se descubrió. El grupo Pantaleón es un gigante construido hace 147 años y
que en 1980 compró al ingenio Concepción; y Magdalena, antes de dedicarse al
azúcar en 1983, producía mieles para ron. Los nombres de las offshore
relacionadas son similares al de las sociedades en Guatemala: Ingenio Magdalena
S.A., The Pantaleon Group INC, Pantaleon Land Holding...
Los dueños de Pantaleón
están vinculados a ocho empresas en Panamá y la matriz del grupo está
domiciliada en Islas Vírgenes Británicas, según acredita un documento de la
Comisión para la Defensa de la Competencia en Honduras. Pantaleón ha sido el
máximo moledor de caña de Guatemala en las últimas tres décadas: 91.3 millones
de toneladas, el 26% de la molienda total. Entre 2008 y 2010, el ingenio
recibió dos préstamos del International Finance Corporation (IFC), entidad del
Banco Mundial, a través de su matriz en Islas Vírgenes, Pantaleón Sugar
Holdings Company Limited, por 130 millones de dólares. Es decir, el Banco
Mundial otorgó un crédito a una sociedad en un paraíso fiscal.
Hay ingenios cuyas
offshore sirven para administrar los ingenios en Guatemala. Por ejemplo, el
ingenio Trinidad, que se fusionó con la empresa San Diego en 2010, es arrendado
por la sociedad Servicios Agropecuarios San Diego, y la dueña de esta, en un
50%, es otra en Panamá, denominada Santa Luisa International Group INC. Ninguna
decisión como la suscripción de préstamos, contratos o la autorización para
competir en licitaciones puede efectuarse sin aprobación de la offshore.
De los ingenios
investigados, sólo se pudo tener detalles de las sociedades creadas para los
Campollo, quienes resultaron afectados con la filtración de los correos de
Mossack-Fonseca. El resto de familias crearon sus firmas offshore con otros
bufetes.
El
monstruo que lo aplana todo
Si pudieran juntarse
todas las plantaciones de caña en Guatemala, esa gran masa de tierra
equivaldría a tres veces la ciudad de Nueva York. Es un monstruo verde de unos
2,687 kilómetros cuadrados, el 10% del área cultivada de Guatemala que supura
injusticias sociales y violaciones laborales.
El cultivo de azúcar en
Guatemala está poco industrializado. Las plantas de la caña, que pueden
alcanzar los cinco metros de altura y consumen altas cantidades de agua, crecen
durante aproximadamente seis meses en las fincas. La zafra o cosecha empieza
con la quema de las plantaciones para debilitar el tallo de la caña, hacer más
eficiente el corte y ahuyentar a los animales.
Tras la quema, miles de
trabajadores entran a los terrenos y cortan con machetes las plantas mientras
se llenan del hollín producido por el fuego. Cargan la caña y la llevan al
punto de recolección, en largas jornadas de trabajo, algunas veces sin acceso a
fuentes de agua o servicios sanitarios. La caña es transportada a los ingenios
en “jaulas” a bordo de grandes camiones. En los ingenios se procesa la planta y
se produce el azúcar y todos sus derivados.
Dos oficinas del
gobierno de Estados Unidos califican a Guatemala como un país azucarero “de
bajo costo”, lo cual se explica porque los ingenios han “fracasado” en el
cumplimiento de las leyes laborales, según la agencia de tratados comerciales
de la Casa Blanca. En toda la industria, los sindicatos han desaparecido menos
uno en el ingenio Palo Gordo, el octavo productor de caña molida, según datos
de 2016.
Las denuncias
medioambientales tampoco se hacen esperar. Entre 2012 y 2016, el ministerio de
Medio Ambiente recibió 38 denuncias contra nueve ingenios, la mayoría de ellas
relacionadas al desvío de ríos para regar sus plantaciones.
El atropello
medioambiental es proporcional a los réditos económicos que genera la
producción de azúcar, opina Yuri Melini, director del Centro de Acción Legal,
Ambiental y Social (Calas). “¿Quién no va a ser competitivo si el Estado le da
subsidios indirectos cuando no cobra por el agua que usan? ¿Quién no va a tener
esa rentabilidad si no han dejado que tengamos la ley general de aguas?”,
cuestiona Melini, excandidato presidencial de un movimiento de izquierda.
El río Madre Vieja, uno
de los más grandes de la costa sur de Guatemala es desviado frecuentemente para
alimentar las plantaciones caña. Este era el río, cerca de su salida al mar en
2010.
Este es el desvío hecho
entre 2011 y 2013 para alimentar una plantación de caña de azúcar.
"La industria azucarera guatemalteca representa el 3% de la economía total, unos 1,900 millones de dólares al año, según los propios azucareros, y eso en una nación en desarrollo no es poca cosa. La economía del azúcar en Guatemala es del mismo tamaño que el PIB total de Belice, su vecino. Hay 25 países con economías más pequeñas que la riqueza producida por el azúcar guatemalteco.
Los responsables de esta economía boyante son 12
ingenios activos que se distribuyen a lo largo de cuatro departamentos de la
costa sur. Cogobiernan con un poder paralelo al de medio centenar de
municipalidades. A veces sustituye al poder local, por ejemplo, en la salud
donde sus clínicas atienden más de 50.000 consultas al año o en la educación
donde sus escuelas preparan a más de 10,000 maestros en matemáticas.
Los movimientos del monstruo a veces son grandes y
torpes y terminan causando desastres. Cuando eso ocurre, las comunidades se
levantan, intentan hacerle frente, pero nunca ganan. La costa sur de Guatemala
ha estado salpicada de estallidos sociales en los últimos años. Por el uso del
agua, por la contaminación, por daños a la propiedad.
En enero de 2014 una comunidad de la etnia mam, en
Nueva Cajolá, Champerico, amenazó con quemar los camiones cañeros que
atravesaban y deterioraban la calle comunal. Los camiones eran del ingenio
Magdalena, que produjo la cuarta parte de todo el azúcar guatemalteco en la
última década. Lo que colmó la paciencia de la gente fue cuando derribaron
postes y un cerco con el objetivo de acortar el camino. El intento de revuelta
y protesta de los mam fue resuelto sin diálogos, pero con poder. En Guatemala
nada detiene a la industria, que ha construido 250,000 kilómetros de calles
internas dentro de sus propiedades para evitar a comunidades como la de Nueva
Cajolá.
Negocios
intocables
Entre 2011 y 2016, los
azucareros entregaron en impuestos unos 708 millones de dólares por la
producción de azúcar y de productos relacionados como la melaza. Pero el Estado
no sabe decir si esa es la cantidad real en impuestos que le corresponde
tributar a la industria.
Solo haciéndoles una
auditoría se puede saber si los azucareros pagan todos sus impuestos”, dice
Abelardo Medina, exjefe de la Superintendencia de la Administración Tributaria
(SAT). El actual jefe de la SAT, Juan Francisco Solórzano Foppa lo dice claro:
“No tenemos todas las herramientas para controlar la tributación del sector”.
“No me gustaría
generalizar en decir que todos nos defraudan porque no es cierto, y tampoco
puedo decir todos son los mejores exportadores porque tampoco es cierto”,
añade.
Una base de datos de procesos judiciales, creada para esta investigación, muestra que ocho ingenios están involucrados en 78 procesos tributarios. El que tiene más es el ingenio Pantaleón con 25 casos, seguido del ingenio Magdalena, con 15. El acceso al contenido de estos casos es secreto en Guatemala.
Los antecesores de
Solórzano Foppa en el cargo y un técnico que conoce del trabajo de los ingenios
aseguran que la industria azucarera hace uso de empresas offshore para
reducirse el pago de impuestos mediante procedimientos legales.
Los ingenios suelen
utilizar las offshore como intermediarias ante el cliente final del lote de
azúcar que venderán. De esa manera se abre la oportunidad de reducir el pago de
impuestos sobre las rentas gravadas. Esto porque la factura que se reporta al
Estado podría tener un monto o precio menor al que se acordó la compraventa de
azúcar con el cliente final.
El exsuperintendente
tributario Abelardo Medina, señala la posibilidad de elusión: “No es ningún
secreto: lo que se utilizan son empresas subsidiarias, matrices, filiales, para
disfrazar los negocios de las empresas en el extranjero y evitar el pago de
impuestos. Simple”, dice.
Al viceministro de
comercio exterior, Eduardo Lacs, se le consultó si la oficina del ministerio de
Economía que está destacada permanentemente en las oficinas de Expogranel
tiene una manera de controlar que no se le oculte al Estado los negocios de los
exportadores. Expogranel es la empresa creada por los azucareros en los años 90
para tramitar las exportaciones y manejar las bodegas en Puerto Quetzal, el
único puerto guatemalteco que exporta azúcar.
“No nos compete el
control de precios de transferencia u otros controles con fines fiscales. De
esto se encargan las instituciones correspondientes, entre ellas la SAT”,
respondió. Este periódico también buscó a Expogranel durante dos meses para una
entrevista con el gerente Marcos Chang, pero nunca hubo respuesta.
El jefe de la SAT,
Solórzano Foppa, señala en la entrevista, limitantes para investigar:
—Las transacciones
comerciales que los azucareros nos reportan se realizan con entidades fueras
del país. Ese modelo se puede usar para defraudar y es una de las formas en las
que no podemos acceder a la información.
—Si sacamos las
facturas por las exportaciones de azúcar, ¿encontraríamos que la mitad de la
azúcar se vende a paraísos fiscales en lugar de a los países clientes que dice
el ministerio de Economía?
—No dudo que así sea.
También la forma de exportación es muy distinta a la dirección de donde va
finalmente el producto. Pero insisto, se dan transacciones válidas y hay una
razón de ser comercial y financiera de por qué se necesitan offshore y otras
herramientas. Que la SAT tenga todas las armas para poderlo controlar no es
cierto.
“Un
cartel a toda regla”
Depende de a quién se
le pregunte, la industria azucarera de Guatemala puede ser un cartel o un
oligopolio, o bien nada parecido a eso sino solo una industria con un esquema
de negocios sumamente eficiente y rentable.
Quienes sostienen que
la industria del azúcar en Guatemala es un cártel son la Comisión Económica
para América Latina (Cepal), dos exjefes de la SAT, un director de la Fundación
para el Desarrollo Económico (Fundesa), y diversos investigadores y
organizaciones como el Instituto de Estudios Agrarios y Rurales, y la
Coordinación de ONG y Cooperativas (Congcoop).
Para ellos, se trata de
una industria en la que varias empresas actúan como una sola, se ponen de
acuerdo para fijar precios y para otros aspectos del negocio, aprovechándose
de una posición de poder en el mercado. La Cepal lo tiene claro desde el año
2006. La institución concluyó que la industria del azúcar es engranaje casi
perfecto en el que las partes de la cadena productiva se ponen de acuerdo desde
el cultivo hasta la distribución. Y en el que “los ingenios funcionan como un
cártel de distribución dentro del cual no hay competencia de precios”, dice el
informe.
En Guatemala, pese a
que existen 12 ingenios, no hay 12 marcas distintas de azúcar compitiendo en el
mercado. Todos los ingenios mandan su grano molido a una única empresa,
Máquinas Exactas, S.A., para su empaque y fortificación con vitamina y aquí es
donde se distribuye al mercado en envoltorios de media docena de marcas.
“Somos socios para el
bien del consumidor. El etiquetado, el peso exacto, todas esas son políticas
llevadas de la mano con el ministerio, solicitadas por el ministerio”,
justifica el vicepresidente de Asociación de Azucareros de Guatemala (Asazgua),
Armando Boesche. Cuando se le quiere hacer preguntas a los voceros de los
ingenios, ellos responden que en su nombre solo habla Asazgua, que decide
cuánta azúcar le toca producir a cada ingenio, es decir, controla la oferta en
el mercado interno y controla el precio.
Boesche lo explica así:
“El único control por razón constitucional es la exportación porque el
ministerio de Economía y yo, como representante legal de Asazgua, debemos
verificar que con cada exportación se esté cumpliendo con el abastecimiento del
mercado nacional”, dice, tratando de matizar el poder que tienen para controlar
el mercado.
El exjefe de la SAT,
Abelardo Medina, tiene otra impresión del mercado del azúcar: “Como en nuestros
países no tienen regulación apropiada, no hay una satisfacción del mercado interno
porque primero exportan y sus excedentes los venden en el mercado local. Y como
tampoco tienen competidor en el mercado, ponen el precio que quieran”.
De las 2.7 millones de
toneladas de azúcar producidas entre 2015 y 2016 en Guatemala, el 27% se quedó
en el mercado interno, según datos de Cengicaña. Y aquí otra característica del
cartel es que el precio interno es sumamente rentable respecto de sus costos.
Según la Cepal, los azucareros guatemaltecos compensan con las ventas internas
lo que pierden cuando el precio de exportación está abajo. Asazgua se defiende
diciendo que en Centroamérica, Guatemala es de los países que vende el azúcar
más barato.
Expertos como Abelardo
Medina sostienen que por la bonanza en el mercado interno los azucareros protegen
la entrada de azúcar de otros países con medidas no arancelarias y la
obligación de que todo el azúcar que entre a Guatemala esté fortificada con
vitamina A. “Con eso no hay otro productor que pueda meter azúcar en el mercado
local”, dice Medina.
Pero la verdadera mina
de oro, sostienen todos los consultados para este reportaje, está en la
exportación. Alrededor del 70% lo que se produce en Guatemala se envía a otros
países. En 2015, los envíos de azúcar al mercado internacional sumaron 851
millones de dólares, según el ministerio de Economía. Esto es aproximadamente
el 9% del presupuesto actual del gobierno de Guatemala
Y hasta para exportar,
el cartel azucarero también controla quién puede hacerlo y quién no. El
requisito indispensable es ser accionista de Expogranel, la empresa de los
azucareros que maneja las exportaciones de azúcar. El que no invierte en
Expogranel, no exporta en el cuarto país que más exporta azúcar en todo el
mundo.
“(Es) un cartel en toda
regla, con vía libre en un país donde la legislación de regulación de
competencia lleva más de ocho años ‘congelada’ en el Congreso”, zanjaba un
informe del Instituto de Estudios Agrarios y Rurales, IDEAR, de 2008. Nueve
años después, la ley de competencia sigue siendo una deuda, y aun así, altos
cargos del Estado se resisten a llamar al cartel del azúcar por su nombre.
“No tenemos elementos
legales o económicos que puedan indicar que este sector es un oligopolio
colusorio. En nuestro país existen 15 productores y todos compiten en igualdad
de condiciones en el mercado internacional”, respondió vía correo electrónico
el viceministro de Comercio Exterior, Eduardo Lacs. En su respuesta Lacs
incluía dos ingenios que se han fusionado con otros y un tercero que aún no
está en funcionamiento.
Acabar
con la competencia
El terrateniente y
cultivador de caña José María Rodríguez Briz fue asesinado hace 25 años, el 23
de marzo de 1992 de un tiro en la cabeza, “en una emboscada” en su finca, según
tituló el periódico local Prensa Libre. Originario de Cantabria, España, en los
meses previos a su muerte enfrentó el rechazo de los ingenios guatemaltecos a
su idea de abrir una nueva refinería de azúcar en el país, según contó a sus
allegados. Rodríguez Briz proveía de caña a los ingenios de la costa sur y, en
un momento, estos decidieron dejar de comprársela porque veían en él un serio y
difícil competidor, con muchas tierras en Escuintla, departamento con la mayor
área cultivada de caña.
Otras trabas las puso
la banca: “José María encontró serias dificultades (…) también dentro del
sistema financiero guatemalteco, muy ligado al azucarero, a la hora de obtener
financiación para el nuevo negocio”, dice el excónsul honorario de Guatemala en
Santander, España, Enrique Sánchez, cercano a la familia de Rodríguez Briz.
Los herederos de
Rodríguez Briz, quienes se negaron a brindar una entrevista, se mudaron a
Belice donde sí recibieron el apoyo que necesitaban, ahí fundaron Santander
Sugar Group. “La familia era consciente de las dificultades para desarrollar el
ingenio en Guatemala”, explica Sánchez, quien acompañó a la familia en el
puerto de Santander, para el desembarque de 6 mil toneladas de azúcar de Belice
en agosto de 2016.
“La industria azucarera
en Guatemala está, casi en su totalidad, en manos de unas cuantas familias
poderosas y acaudaladas, dominantes en el país, las que no ven con buenos ojos,
como es lógico, el tener que repartir este negocio con nuevos ingenios”, dice
Sánchez, familiar político de la familia Rodríguez. “La industria del azúcar es
un círculo muy cerrado que no tolera, que no quiere que se amplíe con nuevos
azucareros, y esos son los problemas que José María encontraba”, agrega.
El crimen nunca se
resolvió, y aún hoy se sigue especulando sobre las causas de la muerte. El
excónsul Sánchez se niega a señalar culpables, lo que dice sería una
irresponsabilidad, pero dice que el rechazo de los ingenios a una nueva planta
era el contexto dentro del cual se dio el asesinato de Rodríguez Briz.
“Renunció… bueno, no renunció a su ilusión de poner un ingenio en Guatemala, no
le dejaron terminar porque lo mataron”, dice.
Los bloqueos contra la
competencia se repiten en el tiempo. En 2005, grandes cargamentos de azúcar
provenientes de Cuba, acordados por el entonces presidente de Guatemala,
Alfonso Portillo (2000-2004) fueron suspendidos cuando los azucareros así lo
ordenaron. El vicepresidente de Asazgua, Armando Boesche, es uno de los que
mejor puede contar aquella anécdota, ya que fue uno de los que ayudó a que la
importación de azúcar cesara.
Los azucareros se
oponían a aquella importación porque no habían participado del tratado
negociado por el presidente Portillo; porque dicen que el azúcar cubana no
venía fortificada con vitamina A, como lo ordena una ley que data de 1992. Esta
ley también ordenó que se agregara yodo a la sal, para reducir enfermedades
como la ceguera infantil y el bocio.
El azúcar cubana se
vendía a un precio más barato de los controlados por Asazgua, además Cuba no pagaba
aranceles, mientras que el azúcar que Guatemala enviaba a la isla sí lo hacía.
“Pedíamos, como siempre, igualdad de condiciones, eso es todo”, dice Boesche.
Boesche viajó a Cuba a
principios de 2005, cuando en Guatemala ya mandaba otro presidente: Óscar
Berger Perdomo, quien está emparentado con azucareros. En Cuba, Boesche asegura
que se reunió con el presidente del gabinete Ricardo Cabrizas, uno de los
hombres más fuertes después de Fidel Castro. Según Boeshe, Cabrizas le confesó
que “aquí, un presidente vino y dijo que ustedes (en Guatemala) iban a tener
escasez de azúcar y que iban a necesitar importar azúcar. Tú no le puedes
negar, si un presidente dice que va a necesitar azúcar, el azúcar al
presidente”.
Un empresario guatemalteco que participó de aquella importación de azúcar cubana asegura que las últimas importaciones fueron en tiempos de Berger. “Cuando ganó Berger en las elecciones de noviembre del 2003, recuerdo que esa noche los de Asazgua le subieron 20 quetzales (unos 2.50 dólares) al saco de 50 kilogramos, era la manera de decirnos que el candidato de ellos había ganado, y ya con eso nosotros teníamos que salir del mercado, no podíamos traer un barco arriesgándonos a no poder descargar”, dice.
Este empresario asegura
que alejado de cualquier trama de corrupción (Portillo fue condenado en Estados
Unidos por un millonario desvío de fondos donados a Guatemala por la república
de Taiwán), la idea del expresidente era contrarrestar al cártel del azúcar y
beneficiar al consumidor final. “Sabíamos que nos estábamos metiendo con uno de
los grupos más poderosos”, dice.
Portillo se negaba a conceder cita a los azucareros y había permitido que el azúcar cubano se vitaminara estando en Guatemala. Pero meses después de que Berger asumiera la presidencia, su ministro de Salud cerró la torre fortificadora ubicada en la almacenadora del ejército, Alsersa. “Fue una decisión política, nada más, no hubo justificación, la voluntad política de importar azúcar de Cuba desapareció con Berger”, se queja el empresario.
Asazgua admite que bloqueó la importación de azúcar de Cuba, pero que lo hizo por salud pública. “Lo que pedíamos es que si va a entrar azúcar, que la fortifiquen, que la empaquen y que tenga un proceso”, dice María Silvia Pineda, de la Fundazúcar, el brazo social de la Asociación de Azucareros con la que impulsan las políticas de responsabilidad empresarial. “¡Si va a entrar azúcar que no deteriore la salud del pueblo”, añade, Boesche, el vicepresidente de Asazgua."
La
tierra es para el cartel
Guatemala tiene el 3%
de su territorio sembrado con caña. Hay departamentos de la costa sur que han
transformado su paisaje por la expansión de la caña. Suchitepéquez, por
ejemplo, que en siete años cambió el 40% de sus tierras cultivables para
sembrar caña, según un estudio de la socióloga Katja Winkler.
Cuando Guatemala cerró
36 años de guerra con los Acuerdos de Paz de 1996, comenzó la pugna por la
distribución de la tierra. Con la constante expansión de los monocultivos como
el azúcar, la palma africana, el banano, el melón y el hule, la presión sobre
la tierra creció. En 2002, el 1.5% de fincas concentraban el 62.5% de la tierra
cultivable, según el censo agropecuario de aquel momento. Para 2008, más de
1,500 conflictos por la tierra se habían registrado en la Procuraduría de
Derechos Humanos, y un escuálido Fondo de Tierras de Guatemala, sin dinero
suficiente para comprar tierra a buen precio y distribuirla mejor, no ha podido
mejorar el panorama.
Cuando campesinos sin
tierra han querido tomarse fincas azucareras para vivir, como ocurrió en 2010
en el valle del Polochic, a unas tres horas al norte de la ciudad de Guatemala,
la respuesta de los azucareros ha sido llamar a su aliado más poderoso: el
Estado.
Uno de los casos más
emblemáticos ocurrió entre el 14 y el 19 de marzo de 2011, cuando cerca de 750
familias fueron sacadas de sus viviendas por soldados, policías y guardias
privados de seguridad en el valle del Polochic. Hubo quema de chozas, quema de
cultivos para consumo doméstico, y el asesinato extrajudicial del campesino
Antonio Beb Ac. Detrás del desalojo estaba la familia Widmann, cuyo patriarca
Carlos Widmann Lagarde es cuñado del expresidente Berger. Los Widmann querían
mover su ingenio Guadalupe de la costa sur al norte, y los campesinos que se
habían instalado en esas tierras se los impedían.
El episodio fue
sancionado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por no cumplir el
protocolo para desalojo de asentamientos, pero a la fecha el Estado
guatemalteco no le ha respondido a las víctimas ni ha logrado reubicarlos con
acceso a tierra.
La comunidad es de la
etnia q’eqchí’, casi nadie habla español pero a través de un traductor explican
que siguen esperando por la ayuda del Fondo de Tierras. Hasta ahora solo unas
150 familias, de las 750, han recibido una casa del Estado. Y por eso esta
comunidad sin servicios básicos no piensa abandonar el lugar después de seis
años del desalojo. No importa el hambre, no importa el frío, que no hay comida…
no importa la pobreza. “Nos vamos a quedar aquí porque Antonio (Beb Ac) aquí
murió, aquí derramó la sangre, entonces ya está pagada esta tierra por él”,
dice José Caal, uno de los líderes de la comunidad.
Los q’eqchí’ se
quedarán en esa tierra hasta que los verdaderos dueños lo permitan o hasta que
el Estado los reubique de una vez por todas. Esa tierra sigue siendo y seguirá
siendo de los Widman, del ingenio SER Chabil Utzaj, de un cartel de 1.900
millones que no se deja vencer por nada ni por nadie.
Siete claves para entender la crisis actual
www.rebelion.org / 240417
No es posible entender la crisis actual en
Venezuela sin analizar en conjunto los factores que se desarrollan ‘desde
adentro’, y que no son explicados en su conjunto por los principales medios de
comunicación. Planteamos siete claves de la crisis actual en donde se resalta
que no se puede comprender lo que pasa en Venezuela sin tomar en cuenta la
intervención foránea y que el concepto de ‘dictadura’ ni explica el caso
venezolano ni es una especificidad regional de ese país.
A su vez planteamos que se están desbordando
el contrato social, las instituciones y los marcos de la economía formal y que
se está canalizando el devenir y las definiciones políticas de la actual
situación por la vía de la fuerza y a través de un buen número de mecanismos
informales, excepcionales y subterráneos. Proponemos que el horizonte
compartido de los dos bloques partidarios de poder es neoliberal, que estamos
ante una crisis histórica del capitalismo rentístico venezolano y que
comunidades, organizaciones populares y movimientos sociales se enfrentan a un
progresivo socavamiento del tejido social.
El trato que se le da a Venezuela en los
grandes medios de comunicación internacionales es sin duda especial en todo el
mundo. No tenga dudas que hay demasiadas tergiversaciones, demasiado maniqueísmo,
demasiados slogans, demasiadas manipulaciones y omisiones.
Más allá de las versiones cretinizantes de la
neolengua mediática que interpreta todo lo que ocurre en el país en clave de
‘crisis humanitaria’, ‘dictadura’ o ‘presos políticos’, o bien de la narrativa
heroica de la Venezuela del ‘socialismo’ y la ‘revolución’ que interpreta todo
lo que ocurre en el país en clave ‘guerra económica’ o ‘ataque imperial’, hay
muchos temas, sujetos y procesos que son invisibilizados, que ocurren mar
adentro y que esencialmente constituyen el escenario político nacional. No es posible entender la crisis actual en
Venezuela sin analizar en conjunto los factores que se desarrollan ‘desde
adentro’.
El criterio de acción e interpretación basado
en la lógica ‘amigo-enemigo’ responde más a una disputa entre élites de los
partidos políticos y grupos económicos que a los intereses fundamentales de las
clases trabajadoras y la defensa de los bienes comunes. Es necesario apostar
por miradas integrales del proceso de crisis y conflicto nacional, que
contribuyan a trazar las coordenadas para trascender o enfrentar la coyuntura
actual.
Presentamos 7 claves para su comprensión,
analizando no solo la disputa gobierno-oposición, sino también procesos que se
están desarrollando en las instituciones políticas, en los tejidos sociales, en
las tramas económicas, al tiempo que se resaltan las complejidades sobre el
neoliberalismo y los regímenes de gobierno y gobernanza en el país.
I. No es posible comprender lo que pasa en
Venezuela sin tomar en cuenta la intervención foránea
El rico y vasto conjunto de los llamados
‘recursos naturales’ del país; su posición geo-estratégica; su desafío inicial
a las políticas del Consenso de Washington; su influencia regional para la
integración; así como sus alianzas con China, Rusia o Irán; le otorgan un
notable significado geopolítico a Venezuela. Sin embargo, hay sectores
intelectuales y mediáticos que continuamente buscan obviar las muy fluidas
dinámicas internacionales que impactan y determinan el devenir político en el
país, donde resalta el persistente accionar intervencionista del Gobierno y los
diferentes poderes fácticos de los Estados Unidos.
En este sentido, estos sectores se encargan
de ridiculizar la crítica al imperialismo, y presentan al Gobierno Nacional
como el único actor de poder en juego en Venezuela, y por ende el único objeto
de interpelación política.
Sin embargo, desde la instauración de la
Revolución Bolivariana se ha desarrollado un intenso intervencionismo
estadounidense hacia Venezuela, el cual se ha recrudecido y tornado más
agresivo a partir de la muerte del presidente Chávez (2013) y del contexto de
agotamiento del ciclo progresista y restauración conservadora en América
Latina. Vale recordar la Orden Ejecutiva firmada por Barack Obama en marzo de
2015 en la cual se declaraba a Venezuela como una amenaza inusual y
extraordinaria para la seguridad nacional de los EEUU –‘an unusual and
extraordinary threat to the national security and foreign policy of the United
States’ [1] . Ya sabemos qué le ha ocurrido a los países que son catalogados de
esta manera por la potencia del norte.
Actualmente, además de las amenazantes declaraciones
del Jefe del Comando Sur, el Almirante Kurt W. Tidd (6 de abril de 2017),
planteando que la ‘crisis humanitaria’ en Venezuela podría obligar a llevar
adelante una respuesta regional –‘The growing humanitarian crisis in Venezuela
could eventually compel a regional response’ [2] –, y de la evidencia de la
agresividad de la política exterior de Donald Trump con el reciente bombardeo a
Siria, el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA),
Luis Almagro, encabeza, junto a varios países de la región, el intento de
aplicación de la Carta Democrática para abrir un proceso de ‘restitución de la
democracia’ en el país.
Los ideólogos y operadores mediáticos de la
restauración conservadora en la región se muestran muy preocupados por la situación
de Derechos Humanos (DDHH) en Venezuela, pero no logran explicar en sus
análisis por qué extrañamente no se hace ningún esfuerzo supranacional del
mismo tipo frente a la espantosa crisis de DDHH en países como México y
Colombia. En este sentido parece que la indignación moral es relativa y
prefieren callar.
Sea pues, por razones de intencionalidad
política o ingenuidad analítica, estos sectores despolitizan el rol de los
organismos supranacionales desconociendo las relaciones geopolíticas de poder
que los constituyen, que hacen parte de su propia naturaleza. Una cosa es una
lectura paranoica de todas las operaciones impulsadas por estos organismos
globales y otra muy diferente es una interpretación puramente procedimental de
su accionar, obviando los mecanismos de dominación internacional y control de
mercados y de recursos naturales que se han canalizado a través de estas
instituciones de gobernanza global y regional.
Pero hay algo importante que agregar. Si
hablamos de intervención, no podemos solo hablar de los EEUU. En Venezuela hay
crecientes formas de intervencionismo chino en la política y las medidas
económicas que se han ido tomando, lo que apunta a pérdidas de soberanía,
incremento de la dependencia con la potencia asiática y procesos de
flexibilización económica.
Una parte de la izquierda ha preferido callar
estas dinámicas, dado que parece que la única intervención que merece ser
señalada es la estadounidense. Pero ambas vetas de injerencia foránea se están
desarrollando para favorecer la acumulación capitalista transnacional, la
apropiación de ‘recursos naturales’ y para nada tienen que ver con las
reivindicaciones populares.
II. El concepto de ‘dictadura’ no explica el
caso venezolano
Casi desde el inicio de la Revolución
Bolivariana se ha tildado a Venezuela de ser una ‘dictadura’. Este concepto
sigue siendo objeto de amplios debates en la teoría política debido a que ha
sido desafiado por las transformaciones y complejización de los regímenes y
ejercicios de poder contemporáneos, sobre todo en la actual época globalizada,
lo que plantea serios vacíos e imprecisiones en sus definiciones.
La ‘dictadura’ suele estar asociada a
regímenes políticos o tipos de gobierno en los cuales todo el poder está
concentrado, sin limitaciones, en una sola persona o un grupo de ellas; hay una
ausencia de división de poderes; ausencia de libertades individuales, de
libertad de partidos, libertad de expresión; e incluso en ocasiones el concepto
ha sido vagamente definido como ‘lo opuesto a la democracia’.
El término ‘dictadura’ en Venezuela ha sido
utilizado y masificado en la jerga mediática de manera bastante superficial,
visceral y de una forma moralizante, prácticamente para plantearlo como una
especie de especificidad venezolana, distinguiéndose así de los otros países de
la región, donde en teoría sí habría regímenes ‘democráticos’.
El asunto es que en Venezuela en la
actualidad difícilmente se puede decir que todo el poder está concentrado sin
limitaciones en una sola persona o un grupo de ellas, debido a que en el país
estamos ante un mapa de actores, que si bien es jerarquizado, es a la vez
fragmentado y volátil –sobre todo después de la muerte del presidente Chávez–,
en tanto la existencia de diversos bloques de poder que pueden aliarse o bien
estar enfrentados entre ellos y que desborda la dicotomía gobierno-oposición.
Aunque exista un gobierno con un componente
militar importante, con crecientes expresiones de autoritarismo y con cierta
capacidad de centralización, el escenario es altamente movedizo. No hay
dominación total de arriba hacia abajo, y hay cierta paridad entre los grupos
de poder en disputa. En cambio el conflicto podría desbordarse, ‘caotizando’
aún más la situación.
El hecho de que la oposición venezolana
controle la Asamblea Nacional, la cual ganó contundentemente por la vía
electoral, señala además que antes que una pura ausencia de división de
poderes, hay en cambio una disputa entre ellos, hasta ahora favorable a la
combinación Ejecutivo-Judicial.
Antes pues que hablar de un régimen político
homogéneo, estamos ante una amplia y conflictiva red de fuerzas. La metástasis
de la corrupción hace que el ejercicio del poder se descentralice aún más, o
bien se dificulte su centralización por parte del Poder Constituido.
Lo que sí tiene que ver con el viejo concepto
romano de dictadura, es que en este contexto el Gobierno nacional está
gobernando por medio de decretos y medidas especiales en el marco de un
declarado ‘estado de excepción’, que se oficializa desde principios de 2016. En
nombre de la lucha contra la guerra económica, el avance de la delincuencia y
del paramilitarismo, y los avances subversivos de la oposición, numerosas
mediaciones institucionales y procedimientos democráticos están siendo
omitidos.
Destacan por su gravedad políticas de
seguridad como la Operación de Liberación del Pueblo (OLP), que representan
intervenciones de choque directas de los cuerpos de seguridad del Estado en
diferentes territorios del país (rurales, urbanos, barrios periféricos), para
"combatir el hampa", los cuales suelen tener polémicos saldos en
muertes; la paralización del referéndum revocatorio; la suspensión de las
elecciones a gobernación en 2016 sin todavía quedar claro cuando se realizarán;
crecientes represiones y excesos policiales ante el descontento social producto
de la situación en el país; y un incremento de procesos de militarización,
resaltando las zonas fronterizas y las declaradas de ‘recursos naturales estratégicos’.
Este es el mapa político que, junto a las
diversas formas de intervención foránea, configuran el escenario de guerra de
baja intensidad que atraviesa prácticamente todos los ámbitos de la vida cotidiana
de los venezolanos. En este marco se desenvuelven las libertades individuales,
la oposición y pluralidad partidaria, la convocatoria y realización de marchas,
expresiones de disidencia y críticas en los medios de comunicación, entre otras
formas de la llamada democracia en Venezuela.
III. En Venezuela se están desbordando el
contrato social, las instituciones y los marcos de la economía formal
Si hay algo que podría definirse como una
especificidad del caso venezolano es que su escenario socio-político actual
está desgarrado, profundamente corrompido y altamente ‘caotizado’. Hemos
sostenido que en el país estamos ante una de las crisis institucionales más severas
de toda América Latina [3], haciendo referencia con esto al conjunto de las
instituciones jurídicas, sociales, económicas, políticas, entre otras, que
conforman la República venezolana.
La crisis histórica del modelo de acumulación
rentista petrolero, la metástasis de la corrupción en el país, severas
vulneraciones al tejido social desde el ‘período neoliberal’ y en especial
desde 2013, y la intensidad de los ataques y disputas políticas, han desbordado
en su conjunto los marcos de las instituciones formales de todos los ámbitos de
la sociedad, canalizándose muy buena parte de las dinámicas sociales por la vía
de mecanismos informales, subterráneos e ilegales.
En el ámbito económico, la corrupción se ha
transformado en un mecanismo transversal y ‘motorizador’ de distribución de la
renta petrolera, desviando enormes sumas de divisas a discrecionalidad de unos
pocos, y socavando las bases de la economía formal rentista. Esto ocurre de manera
determinante con PDVSA [4], la principal industria del país, así como con
fondos clave como el Fondo Chino-Venezolano o con numerosas empresas
nacionalizadas.
El colapso de la economía formal ha hecho de
la informalidad prácticamente uno de los ‘motores’ de toda la economía nacional.
Las fuentes de oportunidades sociales, sea de ascenso social o de posibilidad
de mayores ganancias, se encuentran con frecuencia en el llamado ‘bachaqueo’ de
alimentos (el comercio ilegal, a altísimos precios, dirigidos al mercado negro)
[5] u otras formas de comercio en los diversos mercados paralelos, sea de
divisas, medicinas, gasolina, etc.
En el ámbito político-jurídico, el estado de
derecho carece de respeto y reconocimiento por parte de los principales actores
políticos, quienes no solo se desconocen mutuamente sino recurren a movidas
políticas dispuestos a todo para vencerse el uno al otro. El Gobierno nacional
enfrenta a las que considera las ‘fuerzas enemigas’ con medidas de excepción y
conmoción, mientras que grupos de la oposición más reaccionarios despliegan
operaciones violentas de vandalismo, confrontación y ataque a infraestructuras.
En este escenario se ha mermado sobremanera el estado de derecho, haciendo muy
vulnerable a la población venezolana.
Cada vez reina una mayor impunidad, la cual
se ha expandido a todos los sectores de la población. Esto no solo hace que se
enquiste aún más la corrupción, que luce indetenible, sino que implica que la
población no espere nada del sistema de justicia, y cada vez más la ejerza con
sus propias manos.
El colapso del contrato social genera
tendencias de ‘sálvese quien pueda’ en la población. La fragmentación del poder
también ha contribuido a que se generen, crezcan y se fortalezcan diversos
poderes territoriales, como lo son los llamados ‘sindicatos mineros’ que
controlan con armas minas de oro en el estado Bolívar, o bandas criminales que
dominan sectores de Caracas como El Cementerio o La Cota 905 [6].
El marco presentado implica nada más y nada
menos que el devenir y las definiciones políticas de la actual situación en el
país se están desarrollando en muy buena medida por la vía de la fuerza.
IV. La crisis de largo plazo del capitalismo
rentístico venezolano (1983-2017)
El hundimiento de los precios internacionales
del crudo ha sido determinante en el desarrollo de la crisis venezolana, pero
no es el único factor que explica este proceso. Desde la década de los años 80
hay crecientes síntomas de agotamiento del modelo de acumulación basado en el
extractivismo petrolero y la distribución de la renta que genera. La actual
fase de ‘caotización’ de la economía nacional (2013-hoy) es también producto
del devenir económico de los últimos 30 años en el país. ¿Por qué?
Varias razones lo explican. Alrededor del 60%
de los crudos venezolanos son pesados y extra-pesados. Estos crudos son
económicamente más costosos y requieren mayor uso de energía y el empleo de
procesamientos adicionales para su comercialización. La rentabilidad del
negocio que alimenta al país va descendiendo con respecto a tiempos anteriores,
cuando prevalecían crudos convencionales. Esto ocurre al mismo tiempo que el
modelo exige cada vez más ingresos rentísticos y cada vez más inversión social
no solo para paliar las crecientes necesidades de una población que sigue en
aumento.
La hiper-concentración poblacional en las
ciudades (más de 90%) promueve un uso de la renta orientado fundamentalmente en
el consumo (de bienes importados) y muy poco en formas productivas. Las épocas
de bonanza promueven el fortalecimiento del sector extractivo (primario) –los
efectos de la llamada ‘Enfermedad Holandesa’– lo que vulnera notablemente a los
ya débiles sectores productivos. Luego de finalizada la bonanza (como ocurrió a
fines de los 70 y ahora desde 2014), la economía queda más dependiente y aún
más débil para enfrentar una nueva crisis.
La corrupción socio-política del sistema
también posibilita fugas y descentralizaciones fraudulentas de la renta, lo que
impide el desarrollo de políticas coherentes de distribución para paliar la
crisis.
La creciente volatilidad de los precios
internacionales del crudo, así como cambios en los balances de poder global en
torno al petróleo (como la progresiva pérdida de influencia de la OPEP) tienen
también significativos impactos en la economía nacional.
Mientras se desarrollan todos estos vaivenes
económicos en el país, los recursos ecológicos se siguen socavando y agotando,
lo que amenaza los medios de vida de millones de venezolanos para el presente y
futuro.
La actual solución que impulsa el Gobierno
nacional ha sido incrementar notablemente el endeudamiento externo, distribuir
la renta de manera más regresiva para la población, expandir el extractivismo y
favorecer al capital transnacional.
En suma, cualquiera de las élites que
gobierne en los próximos años, tendrá que enfrentar, sí o sí, los límites
históricos que se han alcanzado con el viejo modelo rentista petrolero. No
bastará solo esperar un golpe de suerte para que los precios del petróleo
suban. Se vienen trascendentales cambios y habrá que estar preparados para
enfrentarlos.
V. ¿Socialismo? En Venezuela se está llevando
a cabo un proceso de ajuste y flexibilización económica progresivo
En el país se está desarrollando un proceso
de ajuste progresivo y sectorizado de la economía, flexibilizando previas
regulaciones y restricciones al capital, y desmantelando paulatinamente los
avances sociales alcanzados en tiempos anteriores en la Revolución Bolivariana.
Estos cambios aparecen enmascarados en nombre del Socialismo y la Revolución,
aunque representan políticas cada vez más rechazadas por la población.
Destacan políticas como la creación de las
Zonas Económicas Especiales, las cuales representan liberalizaciones integrales
de partes del territorio nacional, una figura que entrega la soberanía a los
capitales foráneos que pasarían a administrar prácticamente sin limitaciones
dichas regiones. Se trata de una de las medidas más neoliberales desde la
Agenda Venezuela implementada por el gobierno de Rafael Caldera en los años 90,
bajo las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional.
También resaltan la paulatina flexibilización
de los convenios con las corporaciones foráneas en la Faja Petrolífera del
Orinoco; liberalización de precios de algunos productos básicos; creciente
emisión de bonos soberanos; devaluación de la moneda, creándose un tipo de cambio
flotante (Simadi); aceptación de algunos trámites comerciales directamente en
dólares, por ejemplo, en el sector turismo; o el fiel cumplimiento de los pagos
de deuda externa y los servicios de la misma, lo que implica un recorte en las
importaciones y consiguientes problemas de escasez de bienes de consumo básico.
Se está impulsando el relanzamiento de un
extractivismo flexibilizado, apuntando fundamentalmente hacia las nuevas
fronteras de la extracción, donde destaca el mega-proyecto del Arco Minero del
Orinoco, el cual plantea instalar como nunca antes la mega-minería en un
territorio de 111.800 kms2 de extensión, amenazando fuentes de vida
claves para los venezolanos, en especial para los pueblos indígenas. Estos
proyectos suponen además el atornillamiento por largo plazo a los esquemas de
dependencia que produce el extractivismo [7].
Cabe destacar que estas reformas se combinan
con el mantenimiento de algunas políticas de asistencia social, continuos
aumento de los salarios nominales, algunas concesiones a demandas de las
organizaciones populares y el uso de una narrativa revolucionaria e
antiimperialista. Esto evidentemente tiene como uno de sus principales
objetivos el mantenimiento de los apoyos electorales que quedan.
Estamos en presencia de lo que hemos llamado
un ‘neoliberalismo mutante’, en la medida en la que se combinan formas de
mercantilización, financiarización y desregulación con mecanismos de
intervención estatal y asistencia social.
Parte de la izquierda ha estado muy enfocada
en evitar la llegada de gobiernos conservadores al poder para así evitar la
‘vuelta del neoliberalismo’. Pero olvidan mencionar cómo gobiernos progresistas
también avanzaron en varias medidas selectivas, mutantes e híbridas de perfil
neoliberal, que finalmente afectan al pueblo y a la naturaleza [8].
VI. ¿La alternativa? El proyecto de los
partidos de la ‘Mesa de la Unidad Democrática’ (MUD) es neoliberal
La derechista ‘Mesa de la Unidad Democrática’
(MUD) es el bloque predominante de la oposición partidista al Gobierno
nacional, aunque una oposición de izquierda haya venido creciendo lentamente y
es muy factible que lo siga haciendo. Esta izquierda crítica, al menos la más
definida, no se identifica con la MUD por lo que no articula políticamente con
esta.
La MUD no es un bloque homogéneo, y en cambio
existen sectores que van, desde influyentes grupos radicales de extrema derecha
–que podríamos llamar ‘uribistas’–, hasta llegar a algunos sectores de
conservadurismo light, y de liberalismo elitario con cierta tendencia
distribucionista. Estos diversos grupos tienen una relación conflictiva entre
ellos y con eventuales careos y desplantes mutuos.
A pesar de sus diferencias, a los diferentes
grupos de la MUD los une al menos tres factores fundamentales: su matriz
ideológica, las bases de su programa económico y su agenda reaccionaria ante el
Gobierno nacional y ante la posibilidad de una profunda transformación de corte
popular emancipatorio. Nos referiremos a las dos primeras.
Su matriz ideológica está profundamente
determinada por la teoría neoclásica y por el liberalismo conservador,
enalteciendo obsesivamente la propiedad privada, el fin de la ‘ideologización’
por parte del Estado y el auge de las libertades empresariales e individuales.
Estos pilares ideológicos son más claros en
la programática de este bloque que en sus propios discursos mediáticos, donde
la retórica es simplista, superficial y llena de consignas. La síntesis más
acabada de su modelo económico se encuentra en los ‘Lineamientos para el
Programa de Gobierno de Unidad Nacional (2013-2019)’ [9]. Se trata de una
versión neoliberal más ortodoxa del extractivismo petrolero, en relación al
proyecto del actual Gobierno venezolano.
Destaca el hecho de que, a pesar de enarbolar
la bandera del ‘cambio’ y la ‘Venezuela productiva’, su propuesta plantea
llevar la extracción de petróleo en Venezuela hasta 6 millones de barriles
diarios, poniendo énfasis en el incremento de las cuotas de la Faja Petrolífera
del Orinoco. Aunque se acusen, riñan y señalen públicamente, las propuestas
petroleras de Henrique Capriles Radonski (Petróleo para tu Progreso) [10] y
Leopoldo López (Petróleo en la Mejor Venezuela [11]) son gemelas, y consensuan
con el ‘Plan de la Patria’ 2013-2019 impulsado por el Gobierno nacional. El
cambio anunciado no es más que otro atornillamiento con el extractivismo, más
rentismo y desarrollismo, y las consecuencias económicas e impactos
socio-ambientales y culturales que conlleva este modelo.
VII. La fragmentación del ‘pueblo’ y el progresivo
socavamiento del tejido social
En todos estos procesos de guerra de baja
intensidad y caos sistémico, el principal afectado es el pueblo trabajador. La
potente cohesión socio-política que se configurara en los primeros años de la
Revolución Bolivariana ha sufrido no solo un desgaste sino una progresiva
desarticulación. Pero estas afectaciones han llegado incluso a la propia médula
de los tejidos comunitarios del país.
La precariedad para cubrir las necesidades
básicas de la vida cotidiana; los incentivos a la resolución individual y
competitiva de los problemas socio-económicos de la población; la metástasis de
la corrupción; la canalización de los conflictos y disputas sociales por la vía
de la fuerza; la pérdida de referentes ético-políticos y el desgaste de la
polarización debido al descrédito de los partidos; la agresión directa a
experiencias comunitarias fuertes o importantes y a líderes comunitarios por
parte de diversos actores políticos y territoriales; forman parte de este
proceso de vulneración de los tejidos sociales que apunta a socavar los
verdaderos pilares de un potencial proceso de transformación
popular-emancipatorio o de las capacidades de resistencia de la población ante
un mayor avance de fuerzas regresivas en el país.
Mientras tanto, diversas organizaciones de
base popular y movimientos sociales a lo largo y ancho del país insisten en
construir una alternativa desde sus territorios. Los tiempos dirán cuál será su
capacidad de resistencia, adaptación y sobre todo su habilidad colectiva para
articularse entre ellos y disputar con mayor fortaleza el rumbo del proyecto
político nacional.
Si hay una solidaridad irrenunciable que debería
impulsarse desde las izquierdas en América Latina y el mundo, debe ser con este
pueblo luchador, ese que históricamente ha cargado sobre sus hombros la
explotación y los costos de la crisis. Ese que frecuentemente ha desbordado y
se ha re-apropiado de las calles buscando que sus demandas sean escuchadas y
atendidas. Ese que en la actualidad se enfrenta a los complejos dilemas que
suponen los actuales tiempos de reflujo y regresiones. Este pareciera que es el
verdadero punto de honor de las izquierdas. El costo de darle la espalda a
estas contra-hegemonías populares en nombre de una estrategia de conservación
del poder podría ser muy alto.
Caracas, abril de 2017
*Emiliano Terán Mantovani es sociólogo
venezolano, ecologista político e investigador en ciencias sociales.
[5] http://www.eluniversal.com/noticias/economia/leon-bachaquero-invierte-400-revender-gana-mil_21462
[6] http://efectococuyo.com/principales/van-al-menos-24-fallecidos-en-enfrentamientos-entre-cicpc-y-bandas-delincuenciales; http://www.radiomundial.com.ve/article/enfrentamiento-en-cota-905-deja-14-muertos-y-134-detenidos-audio
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