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Relaxation Piano Music - Chopin





TRACKLIST
1. Etude Op.25 No.1 in A-Flat Major "Aeolian Harp"
0:00
2. Nocturne Op. 9 No. 1 in B flat Minor
2:27
3. Nocturne Op. 15 No.. 2 in F Sharp Major
7:45
4. Nocturne Op. 9 No. 1 in B flat Minor
11:04
5. Nocturne Op. 32 No. 1 in B Major
16:32
6. Nocturne Op. 48 No. 1 in C Minor
20:30
7. Nocturne Op. posth. No. 20 in C sharp Minor,
25:05
8. Nocturne Op.27 No.2 in D Flat Major
29:04
9. Nocturne Op 9 No 2 In E Flat Major
33:36
10. Nocturne Op. 72 No. 1 in E Minor
38:18
11. Nocturne Op. 15 No. 2 in F Sharp Major
41:42
12. Nocturne Op. 48 No. 2 in F sharp Minor
44:28
13. Nocturne Op. 15 No. 3 in G Major
50:58
14. Prelude Op. 28 No. 4 in E Minor
55:34
15. Prelude Op. 28 No.15 in D Flat Major "Raindrop"
57:40
16. Prelude Op. 28 No. 7 in A Major
1:03:14
17. Polonaise Op. 53 in A flat Major
1:04:12
18. Polonaise Op. 26 No. 1 in C sharp Minor
1:10:38
19. Polonaise Op. 26 No. 1 in C sharp Minor
1:16:37
20. Prelude Op.28 No.3 in G Major
1:22:50
21. Prelude Op.28 No.6 in B Minor
1:23:52
22. Prelude Op.28 No.8 in F sharp minor
1:25:58
23. Scherzo Op.31 No.2 in B flat Minor
1:27:50
24. Waltz Op. 70 No. 2 in F Minor
1:37:48
25. Waltz Op. 34 No. 2 in A Minor "Valse brillante"
1:40:48
26. Waltz Op 64 No. 1 "Minute Waltz"
1:46:14
27. Waltz Op. 18 In E Flat Major "Grande valse brillante"
1:48:00
28. Waltz Op. 69 No. 1 in A Flat Major "L'Adieu"
1:50:04
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Nikolai Grundtvig, Bishop and Writer, 3 September 1872

(from the Lutheran Calendar)
Nikolai Frederik Severin Gundtvig and Soren Kierkegaard are the two principal figures in Danish theology in the 19th century. Grundtvig was born in 1783, and at the age of 20 graduated from the University of Copenhagen with a degree in theology. At the University, he became absorbed in poetry and Norse mythology, and became convinced that poetry speaks to the spirit of man more richly than prose, and is the medium of choice for conveying and expressing spritual truth. His book, Mythology of the North, published in about 1808, promotes this thesis.

In 1810 his father, a pastor, fell ill and asked Nikolai to assist him with his parish. His first sermon, entitled "Why has the Lord's Word disappeared from His House?" caused an uproar, and led to his official censure, which gave him second thoughts about his calling. However, he was ordained the next year, and assisted his father until his father's death in 1813. It was a while before he got a parish of his own, and another denunciatory sermon of his led to his resigning the pulpit in 1826. In 1839 he was made chaplain at a home for aged women, a post that he kept for the remaining 33 years of his life. Meanwhile, he wrote books, including a version of Beowulf that advanced the study of Anglo-Saxon literature. He wrote more than a thousand hymns. (The Lutheran Book of Worship includes: "The bells of Christmas chime once more," "Bright and glorious is the sky," "Cradling children in His arm," "God's Word is our great heritage," "Spirit of God, sent from heaven abroad," "Peace, to soothe our bitter woes," and "Built on a rock the Church doth stand". The last of these is the most widely known and sung outside Lutheran circles.) His leadership helped to bring about the establishment of free public high schools for the masses in 1844, and the peaceful introduction of parliamentary government (retaining the monarchy) in 1849. In 1861, he was made a bishop, but without a diocese. He died 2 September 1872.

Danish immigrants to America tended to be pro-Grundtvig or anti-Grundtvig. The former (the "happy Danes") formed the American Evangelical Lutheran Church, while the latter (the "gloomy Danes") formed the United Evangelical Lutheran Church. Both of these are now part of the Evangelical Lutheran Church in America (ELCA), one of the two largest Lutheran bodies in the United States. The other large group is the Lutheran Church, Missouri Synod (LCMS), generally reckoned the more conservative (theologically) of the two.

La amapola es un billete maldito

www.plazapublica.com.gt / 30 07 17

Mediados de mayo de 2017 en Guatemala y lo que ensombrece el ambiente no son sólo los nubarrones cargados con las primeras lluvias invernales. Una amplia movilización de soldados, policías y fiscales  se dirige hacia una región fronteriza al occidente del país.

Es la señal inequívoca de que, a juicio del Estado, algo va muy mal: El Ejecutivo declara el Estado de sitio y lo aprueba el Legislativo. Se impondrá en los municipios de Tajumulco e Ixchiguán en el departamento de San Marcos, situado en la frontera con México. El estado de sitio es uno de los regímenes típicos de un estado de excepción, es decir, de un régimen en el cual el Estado suspende total o parcialmente ciertos derechos fundamentales, normalmente con el fin de asegurar, la gobernabilidad y el orden público.

Y no es un tipo cualquiera: por encima del estado de sitio sólo se encuentra el estado de guerra, la figura más grave del régimen de excepción, la que impera en graves conflictos internacionales o para enfrentar amenazas de origen externo a la seguridad de la Nación. Hacía mucho tiempo que no se instauraba uno en el interior del país.

Los dos últimos fueron el que decretó Otto Pérez Molina en mayo de 2013  con motivo de conflictos en cuatro municipios de Jalapa y Santa por la minería a cielo abierto; y dos años antes, el que abarcó el departamento de Petén, para enfrentar la amenaza de una estructura de criminales y sicarios, vinculados a organizaciones narcotraficantes, que asesinó a 27 campesinos. Ahora los medios de comunicación reportan que de dos mil a tres mil uniformados (dos terceras partes de ellos, militares) pretenderán restablecer el orden público y la estabilidad en ambos municipios en treinta días.

Ese orden que, según las declaraciones del Ministro de la Defensa, se había roto en las semanas anteriores  tras la escalada crítica de viejos conflictos de límites territoriales y las pugnas violentas entre grupos armados que han manejado el ilícito y muy rentable negocio de la producción de amapola.

Así que el estado de sitio posibilita que las fuerzas militares y de seguridad pública puedan concentrarse y operar en un ambiente ventajoso[1]. [2] Según parece, fue el extremo del secuestro de 17 agentes policiales destacados en Tajumulco lo que llevó al Ejecutivo a calificar como grave la situación. En un decreto gubernativo expresó que sus razones fueron la existencia “de una serie de hechos graves que ponen en peligro el orden constitucional, la gobernabilidad y la seguridad del Estado, afectando a personas y familias, poniendo en riesgo la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de las personas”.

Pero algo no cuadra. Los conflictos locales territoriales y el negocio ilícito de la amapola se remontan varias décadas sin que las autoridades estatales y locales se hayan interesado por reconocerlo como un problema público. Así que merece reflexión establecer qué llevó al Ejecutivo a considerar insoportable el statu quo y a intervenir en esos territorios de manera más audaz, directa y permanente. Lo que a nuestro juicio es más importante– es que, al intervenir de este modo, el cultivo y la producción ilícita de amapola ha alcanzado por vez primera en la agenda pública un lugar inédito que  obliga a reconocerlo como un problema público y que no puede volver a verse  como marginal.

Pero al mismo tiempo, la intervención plantea otras preguntas: ¿Es eficaz la política represiva que ha tomado el Estado durante décadas? ¿Qué otros enfoques alternativos y complementarios han dado mejores resultados en otras latitudes y merecen ser considerados para ser aplicados en nuestro país?

En Guatemala impera un régimen prohibicionista de las drogas, un régimen en el que se considera ilegal y se sanciona penalmente la producción, distribución, posesión y uso de ciertas drogas o sustancias psicoactivas, excepto cuando se trata de usos médicos o para la investigación científica. Entre las principales de dichas sustancias se encuentran la marihuana, la cocaína y la heroína, ésta última derivada de la amapola. Ese régimen prohibicionista es más extremo que en otros países, incluyendo a vecinos como México y Costa Rica, porque la Ley Contra la Narcoactividad fija penas de cárcel por posesión de droga para el consumo personal e incluso la pena capital en caso de que un delito de drogas resulte en la muerte de alguna persona.

En el istmo centroamericano, Guatemala es el único país que cultiva y produce amapola, y lo hace a una escala que solo es inferior a la de México y Colombia en todo el continente[3]. Pero según el informe que elaboró la Comisión Nacional para la Reforma de la Política de Drogas en septiembre de 2014[4], nuestro país se caracteriza por servir primordialmente para el tránsito ilícito. No extraña por ello que nuestra política de drogas se haya enfocado en combatirlo más que en abordar su producción y consumo. Son áreas éstas que exigen especialmente intervenciones en materia de desarrollo y salud pública, no desde la perspectiva de la seguridad y la justicia penal. De ahí que en la práctica, aunque exista la Comisión para el Control del Abuso y Tráfico Ilícito de Drogas, hayan sido sobre todo las fuerzas de seguridad, justicia y defensa quienes  hayan decidido, orientado y ejecutado la política nacional de drogas y  que entidades como los Ministerios de Salud Pública, Educación, Agricultura y Desarrollo Social  desempeñen un papel limitado pese a que las drogas constituyen un problema multidimensional y transversal a la acción pública.

 En suma, un régimen prohibicionista y una política de drogas parcial y enfocada sólo desde la seguridad y la justicia penal han imperado aquí durante décadas. Y justamente en este entramado, el Gobierno ha afrontado el problema del cultivo y la producción ilícita de amapola intentando erradicar forzosamente  las plantaciones en ciertas zonas de los municipios involucrados (en general, aldeas seleccionadas de manera aleatoria)[5]. También se ha puesto énfasis en las capturas, la persecución penal y la extradición de algunos de los jefes de los grupos delictivos organizados que operaban en esa área.[6]

Aunque con respecto a las capturas el discurso es equívoco: según la Comisión, las estadísticas de la Policía Nacional Civil reportan apenas unas decenas de casos de detenciones de cultivadores en varios años, lo que implica el uso deliberado de una estrategia de despenalización de facto en varias administraciones de gobierno. Esto, a todas luces, constituye un signo importante de que el Ejecutivo mismo reconoce las limitaciones de un enfoque de seguridad y justicia penal.

Por otra parte, aunque parecen haberse ejecutado en diferentes momentos históricos algunos proyectos específicos de la cartera de Agricultura y Alimentación orientados a sustituir cultivos en algunas comunidades, no existen registros documentales del diseño y alcance de dichas intervenciones, ni mucho menos evaluaciones de los resultados. Incluso proyectos anunciados desde el Ejecutivo a inicios de 2015 se quedaron en el tintero y lo poco que se hace al respecto es con recursos municipales y de cooperación internacional.

Según la Comisión, uno de los graves déficits del Estado en materia de drogas era el escaso y poco fiable conocimiento acerca de la producción de cultivos ilícitos en el país, particularmente de la amapola.
  
Mientras que el Ministerio de Gobernación informaba verbalmente  (pero nunca a través de documentos oficiales) que existían varios miles de hectáreas de cultivo, el Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs (INL) señalaba en un informe público que las cantidades estimadas habían ascendido a 220 hectáreas en 2011 y a 310 hectáreas en el año 2012. Este año el INL informó de un incremento notable en 2014, con 640 hectáreas, y luego un descenso no menos importante hasta la cantidad de 260 hectáreas en 2015. Estos datos colisionan seriamente con la percepción de los funcionarios guatemaltecos de que hay una tendencia ascendente clara en el cultivo y la producción de amapola.

Así, la situación problemática en el área no sólo no se ha revertido, sino que  ha tendido a extenderse y consolidarse con el tiempo. Todo ello tiene que ver  con la ausencia del Estado y de servicios públicos básicos, alimentada a su vez por el curioso silencio que se ha mantenido sobre el problema de la amapola en la agenda pública nacional.

Desde hace ya tres años los Estados Unidos viven una epidemia de muertes por consumo de heroína y opiáceos sintéticos, como el fentanilo. Casi 160,000 personas murieron allí de 2014 a 2016 y la tendencia se mantiene. Los grupos narcotraficantes de México, que son la principal fuente de heroína para el mercado estadounidense, manejan el negocio ilícito de la amapola en Guatemala. En Tajumulco domina el cartel Jalisco Nueva Generación y en Ixchiguán el cártel de Sinaloa.

El amplio control de facto que mantienen en estos territorios los grupos delictivos evidencia que se necesita mucho más que acciones de seguridad y justicia penal; se necesitan sobre todo acciones basadas en enfoques de salud pública y desarrollo. De lo contrario, el problema seguirá profundizándose, y podría extenderse a otros territorios cercanos.

El ministro de la Defensa mismo lo deja ver: “Después de estabilizada el área tienen que entrar otros ministerios: Agricultura, Desarrollo, por ejemplo, para establecer proyectos de desarrollo para hablar de que en el futuro esto no vuelva a ocurrir”.

Si las propias instituciones de seguridad, justicia y defensa reconocen que los resultados que se alcancen por vía de sus propias intervenciones sólo pueden ser limitados e insuficientes, ¿por qué entonces no cambiar ya abiertamente el enfoque hacia el problema de la amapola? ¿Por qué no hacer ya el viraje desde el enfoque de seguridad hacia uno más integral y balanceado, en el que la salud pública y el desarrollo sean más bien las variables prioritarias, atendiendo así a las circunstancias y factores de fondo del problema de la amapola?

En 2014 el Woodrow Wilson Center elaboró un informe sobre la Iniciativa Regional de Seguridad para América Central (CARSI) en Guatemala, que incluyó una valiosa sección de investigación en el terreno sobre el problema de la amapola. Según el documento, muchos incentivos favorecen que las comunidades cultivadoras se dediquen a esta actividad desde mediados de los 70 aun sabiendo de su ilicitud: los porcentajes de personas viviendo en  pobreza general en Ixchiguán, Tajumulco y Sibinal alcanzaban en 2009 las cifras de 88.5, 93.3 y 90 respectivamente, los porcentajes la extrema pobreza 38.1, 38.9 y 43.9 respectivamente.

No necesita mayor justificación la urgencia de que el Estado ponga en marcha políticas de desarrollo y de acceso a los servicios básicos en esa microrregión. Por otra parte, del cultivo y producción de amapola se extrae el opio y su principal derivado ilícito: la heroína. Esta es la sustancia psicoactiva más lucrativa en el mundo para las organizaciones narcotraficantes y, según el informe del Woodrow Wilson Center, su cultivo en Guatemala representa para los campesinos involucrados aproximadamente 50 veces más que el del maíz.

Ni consideraciones de tipo moral ni de la propia salud de los campesinos y su familia parecen ser efectivas para que dejen de cultivar la amapola, pues la situación generalizada de pobreza y necesidad en que viven y la posibilidad de mejorar sus ingresos les empuja a incorporarse al negocio o a seguir en él. ¿Cuáles pueden ser entonces las políticas o estrategias alternativas para abordar el problema de manera más adecuada y eficaz?

En primer lugar,[7] un enfoque de desarrollo sobre el problema de la amapola implicaría programas y proyectos de desarrollo alternativo[8] en los municipios involucrados y cercanos a dicha área geográfica. Esta visión se deriva del supuesto de que la falta de oportunidades de desarrollo es la causa principal del cultivo de drogas.

Esta aproximación se ha llevado a cabo–con diversos grados de eficacia y resultados positivos– en relación a los cultivos de hojas de coca en zonas de Colombia, Bolivia, Perú y Ecuador. El gobierno de Jimmy Morales ha dado ya algunos pasos en la línea de un enfoque de desarrollo sobre el problema de la amapola, con la aprobación en reuniones ordinarias de la CCATID, celebradas en marzo y junio de 2017, de mandatos a las instituciones miembros y a la Secretaría Ejecutiva (SECCATID), para que preparen una propuesta de programa de desarrollo alternativo. Habrá que ver si el enfoque de desarrollo logra con el tiempo cuajar institucionalmente.

De cualquier manera, los programas de desarrollo alternativo enfrentan también grandes desafíos. No se trata solamente de sustituir los cultivos ilícitos por otros lícitos (estrategia simplista ésta que fue fallida durante los setentas y ochentas en la región andina), sino de una estrategia integral que trata de abordar los factores causales de una economía ilícita de drogas.

Entre los retos más importantes está encontrar mercados para los cultivos alternativos; se necesita de instituciones fortalecidas, coordinadas y capacitadas para emprender un enfoque que es, por naturaleza, multidimensional e interinstitucional (educación, economía, salud, agricultura, etc.); se necesitan altas inversiones en infraestructura y llevar servicios públicos a las comunidades; se necesita proveer acceso a la tierra y generar gobernabilidad y una cultura de la legalidad; se necesita flexibilidad y visión de largo plazo para esperar a resultados sólidos y la transición de una economía local ilícita a otra lícita; se necesita que dichos programas y proyectos se asocien a un programa de desarrollo más amplio que se oriente a las poblaciones rurales marginales, etc.

Sin que concurran estos factores, no es razonable esperar que los programas de desarrollo alternativo logren los ambiciosos resultados que se plantean. En definitiva, pasar del enfoque de seguridad prevaleciente a uno de desarrollo conlleva importantes dificultades y riesgos que también deben ser adecuadamente ponderados. El éxito de los programas de desarrollo alternativo no está garantizado e incluso, como algunos de sus críticos lo han señalado durante años, se trata de un éxito cuestionable porque la mejoría de las condiciones de vida de los campesinos no suele ser sustantiva ni permanente. Y, también, porque tiende a ocurrir un desplazamiento geográfico de la producción de unos lugares a otros, trátese de aldeas, municipios o incluso países. Ocurrió, por ejemplo, con el aumento de la producción de hoja de coca en Perú durante los años de mayor éxito del Plan Colombia frente a dicha planta en este país, pero también a la inversa en los últimos años. Los especialistas le llaman “efecto globo”.

Como colofón de este análisis, es importante resaltar que las opciones de política pública frente a la amapola no se agotan con el enfoque de seguridad predominante, ni con la opción del enfoque de desarrollo que apenas comienza a gestarse.

De la amapola, además de la heroína, también derivan la morfina y una serie de opioides que sirven como medicamentos eficaces para el control del dolor severo: como el cannabis, la amapola también puede tener usos positivos y medicinales.

Así, también sería perfectamente posible aplicar en nuestro país un enfoque de salud pública al problema de la amapola, sin que el país transgreda ningún compromiso adquirido con los Estados Miembros de la Organización de Naciones Unidas. Es decir, poner en marcha una política de regulación con fines medicinales, según la cual el cultivo y la producción de amapola serían en adelante una actividad lícita en el territorio nacional, siguiendo estrictamente la normativa internacional y las indicaciones al respecto de la Junta Internacional de Estupefacientes (JIFE).[9]

La regulación de la amapola para fines medicinales es una política que se implementa desde hace décadas en países como España, Australia, Francia, Turquía, India, Hungría y Tailandia. En 2014, según un informe de la Fundación Beckley, 18 países la cultivaban y producían legamente a fin de proveer a sus habitantes acceso a medicamentos esenciales, o bien para cubrir la demanda existente a nivel global. ¿Por qué regular la amapola para fines medicinales es una opción alternativa y plausible de considerar en las políticas públicas guatemaltecas? Porque, de acuerdo a un reciente informe de Human Rights Watch, Guatemala es uno de los muchos países del mundo que son considerados por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes como países “con disponibilidad de opioides ‘muy inadecuada’”, lo que significa que en nuestro país muchas personas mueren de dolor y con dolor porque la morfina y los opioides son muy caros o de difícil acceso por la rígida burocracia y normativa.[10]

De hecho, según dicho reporte, “la cantidad anual de morfina que se consume en Guatemala alcanza para tratar a aproximadamente 3.000 pacientes con cáncer o SIDA terminal por año, lo que representa cerca del 35% de las personas con esas enfermedades que la necesitan”, sin tomar en cuenta aquí las necesidades de morfina de las personas con dolor por enfermedades cardíacas y pulmonares o diabetes.

La necesidad de la población guatemalteca de acceso a medicamentos derivados de la amapola, pues, es ingente y debe ser atendida mediante políticas públicas adecuadas y efectivas, entre las cuales la regulación medicinal de la amapola merece ser analizada y considerada con seriedad. Mejorar los cuidados paliativos en la población guatemalteca puede ser un legítimo objetivo específico asociado a una eventual política de regulación medicinal de la amapola.[11]

Al mismo tiempo, como lo apuntaba en 2014 el estudio de la Fundación Beckley, podría significar también “una alternativa sustentable para los campesinos actualmente involucrados en el cultivo ilícito de amapola”. En esta línea, en su informe de septiembre de 2014, la Comisión Nacional de Reforma de la Política de Drogas recomendó al Ejecutivo que se desarrollará “una investigación rigurosa y exhaustiva sobre el cultivo de la amapola” como base para una discusión amplia y pública sobre la conveniencia de adoptar una política de regulación medicinal de la planta. Pero la investigación aún no se ha emprendido.

Aún con todo esto, nada garantiza anticipadamente el éxito de un enfoque de salud pública bajo el que se regularía el uso medicinal de la amapola, como pasaba igualmente con el caso del desarrollo alternativo. Hay expertos que consideran que dichas políticas no ayudarían al combate de la pobreza, o bien generarían nuevos problemas, como un aumento del uso problemático de los opioides en razón de su alto potencial adictivo.

Para abordar el viejo asunto de la amapola en nuestro país no es sostenible ni racional seguir aplicando las viejas y fallidas políticas de seguridad y justicia. Tras varias décadas en esas, el problema sigue en pie y demanda avanzar hacia nuevas políticas y estrategias de drogas integrales y balanceadas que atiendan de manera más eficaz un problema complejo y multidimensional, incorporando un enfoque de salud pública y desarrollo para alcanzar objetivos más amplios, respetuosos de los derechos humanos y en beneficios de las personas y la sociedad en su conjunto.

En especial, los de las comunidades de cultivadores del “triángulo de la amapola” que  durante décadas no han tenido mayores alternativas ni mejores incentivos que dedicarse al cultivo y producción ilícita de la amapola.

Aunque la propuesta de una regulación medicinal de la amapola sea una “manzana envenenada” a nivel político, porque la propuso y defendió  el ex-presidente Pérez Molina, hoy a la espera de sentencia por corrupción, resulta necesario retomarla con seriedad. Esto implica, en principio, superar la importante barrera de los conocimientos insuficientes de que disponemos acerca de los cultivos y la producción de amapola en nuestro país, pero también en torno a las experiencias de otros países que hoy en día implementan un régimen regulatorio con fines medicinales.

Necesitamos ir más allá de un debate sectario o ideológico sobre el uso medicinal de la amapola hacia uno abierto y democrático, que exceda los límites estrechos fijados por el régimen prohibicionista imperante desde hace décadas. Esto implica una visión abierta y una disponibilidad al debate público basado en evidencia.

El desafío de una política de drogas integral y balanceada está ante nosotros, y llamará a la puerta hasta que atendamos.

Christian Espinoza fue Secretario Técnico de la Comisión Nacional para la Reforma de la Política de Drogas

[1] El Estado de sitio limita derechos fundamentales a los ciudadanos que la Constitución reconoce efectivamente en una situación de normalidad y que obliga al Estado a respetarlos, a saber: los de libertad de acción, detención legal, interrogatorio a detenidos, libertad de locomoción, derecho de reunión y manifestación y portación de armas. Impera así un régimen de excepción en Tajumulco e Ixchiguán en el cual el Presidente de la República, a través del Ministro de la Defensa Nacional, ejerce directamente el Gobierno.
[2] Por su importancia, vale la pena transcribir el Art. 16 de la Ley de Orden Público, que reza así: “El Ejecutivo podrá decretar el Estado de Sitio no sólo con el motivo de actividades terroristas, sediciosas o de rebelión que pretendan cambiar por medios violentos las Instituciones Públicas o cuando hechos graves pongan en peligro el orden constitucional o la seguridad del Estado; si no también cuando se registraren o tuvieren indicios fundados de que han de sucederse actos de sabotaje, incendio, secuestro o plagio, asesinato, ataques armados contra particulares y autoridades civiles o militares u otras formas de delincuencia terrorista y subversiva. Para los efectos del último párrafo del artículo 152 de la Constitución de la República, los hechos enumerados a los indicios fundados de que pueden sucederse, serán considerados como constitutivos de guerra civil”.
[3] Como muy bien lo subraya el informe de la Comisión, desde la perspectiva de las agencias estadounidenses en materia de drogas, Guatemala está considerada –como todos los países centroamericanos– en el listado de los principales países de tránsito ilícito de drogas, pero no lo está como uno de los principales países productores de drogas ilícitas, pues dichas agencias consideran como productor principal de drogas ilícitas a un país donde se cultivan o cosechan más de 1 mil hectáreas de amapola ilícita en un año, o más 1 mil hectáreas de coca, o más de 5 mil hectáreas de marihuana, a menos en este último caso de que el Presidente estadounidense determine que esta producción no afecta significativamente a su país. Así, de acuerdo a la Comisión, “las bajas cifras de producción potencial de opio y de hectáreas cultivadas de amapola resultan muy inferiores frente a lo que ocurre en países como México y Afganistán, lo cual explica también que la cooperación internacional estadounidense en esta materia sea históricamente mucho menor a la proporcionada en relación al combate del tráfico ilícito de drogas”.
[4] La Comisión Nacional para la Reforma de la Política de Drogas, que funcionó durante 2014 a mediados de 2015 en el Gobierno del ex-Presidente Pérez Molina, tenía la misión de formular propuestas de “políticas públicas sobre las drogas que tengan una naturaleza integral, multidisciplinaria y respetuosa de los derechos humanos y las libertades fundamentales” (Art. 2 del Acuerdo Gubernativo 196-2013). La Comisión entregó el 18 de septiembre de 2014 un primer informe que incluía hallazgos y análisis crítico sobre el problema y la política de drogas en el país, además de algunas recomendaciones iniciales. Sin embargo, en virtud de la crisis política que estalló en el país a mediados de abril de 2015 y desembocó en la renuncia a la Presidencia de Pérez Molina a inicios del mes de septiembre de ese mismo año, el previsto informe final de la Comisión nunca fue entregado.
[5] Los departamentos en los que se ha reportado oficialmente la erradicación de cultivos ilícitos de amapola son San Marcos, Quetzaltenango y Huehuetenango. Sin embargo, el área principal de las erradicaciones ha sido San Marcos y, particularmente, los municipios de Ixchiguán, Tajumulco y Sibinal, que en su conjunto son conocidos como “el triángulo de la amapola”.
[6]   Los dos más importante de ellos fueron  Juan Alberto Ortiz López, alias “Chamalé”, y Cornelio Chilel. “Chamalé”, conocido en algún momento como “el Rey de la heroína”, fue arrestado en 2011 y extraditado a los Estados Unidos de América por cargos de narcotráfico en mayo de 2014.  Chilel, por su parte, fue capturado a finales de agosto de 2006 y escapó de la justicia guatemalteca en julio de 2007 para ser recapturado en 2015 y luego condenado a 54 años de prisión.
[7] El desarrollo alternativo fue adoptado a nivel global, en la Sesión Especial de las Naciones Unidas sobre el problema mundial de las drogas de 1998, como una estrategia adicional a la erradicación y la aplicación de la ley para eliminar los cultivos ilícitos de la hoja de coca y la amapola.
[8] En la literatura especializada se sostiene que la naturaleza del enfoque varía según el medio de que se trate, pudiendo adoptar una perspectiva que –vinculada a un enfoque de control de la oferta de drogas– prioriza la seguridad, con acciones inmediatas de represión y erradicación de cultivos ilícitos (aunque este enfoque ha sido desacreditado por experiencias concretas que demuestran su insostenibilidad); o bien una que se centra directamente en mitigar la pobreza y potenciar el desarrollo.
[9] El artículo 19 de la Convención Única de Estupefacientes de las Naciones Unidas de 1961 establece que los Estados pueden prever la cantidad de estupefacientes que será consumida con fines médicos y científicos, así como la superficie de terreno en hectáreas que se destinará al cultivo de la amapola (o adormidera), su ubicación geográfica y la cantidad aproximada de opio que se producirá. Existen también otras regulaciones específicas adicionales que no es necesario referir aquí.
[10] El informe de Human Rights Watch señala críticamente que “las reglamentaciones y prácticas de control de drogas de Guatemala muestra que estas exceden ampliamente los requisitos de la Convención de 1961 y crean obstáculos significativos a la posibilidad de recetar y suministrar opioides a pacientes ambulatorios”, entre ellos: que los médicos tienen un solo talonario de recetas especial que debe ser pagado por ellos y solo puede comprarse en un lugar del país y para cuya renovación se exige que se devuelva el anterior; y que los pacientes en general deben obtener la autorización de una receta en la sede del Ministerio de Salud para que una farmacia pueda suministrar los medicamos, lo cual sólo puede hacerse en la Ciudad de Guatemala y de forma personal. 
[11] No existen iniciativas semejantes en México y Colombia desde el Ejecutivo. Sin embargo, en el estado de Guerrero, México, que concentra las más altas cifras de cultivo y producción de amapola en ese país, sí se promovió en 2016 a nivel del Gobierno estadual una iniciativa de regulación de la amapola con fines medicinales. 


Hiroshima, nuestro amor


Hace unos días, tres árboles gingko que mi mujer y yo habíamos plantado frente a nuestro hogar en Durham, Carolina del Norte, sufrieron un asalto a mansalva. Cuando salí a defenderlos de un tropel de trabajadores que excavaban hoyos gigantescos justo al lado de las raíces de esos árboles para enterrar cables de fibra óptica, largos y sinuosos y amarillos como serpientes, me animaba no solo el deseo de salvar a esos hermosos retoños de las depredaciones de la modernidad, sino también inspirado por la memoria de la primera vez, treinta y tres años atrás en Hiroshima, que supe de los gingko, la primera vez que tuve la suerte de conocerlos.

–Tiene Usted que ver los hibakujumoku, los árboles sobrevivientes –me dijo Akihiro Takahashi, el director del Museo Memorial de la Paz de Hiroshima, casi comandándomelo imperiosamente al final de una larga conversación en su oficina–, tiene que ver los gingko.

Me había estado relatando la historia de su propia supervivencia a la edad de catorce años después que la bomba atómica cayó sobre su ciudad el 6 de agosto de 1945, gracias a que se encontraba en su escuela a un kilómetro y medio del epicentro. Minuciosamente fue desplegando su experiencia: un centelleo de luz seguido por un estallido ensordecedor que le hizo perder la conciencia, despertando para hallarse, trastornado y cubierto de quemaduras, lanzado contra un muro a diez metros de distancia.

Y lo que había visto cuando se dirigió hacia un río cercano para ver si las aguas le apaciguaban la piel calcinada. Una escena apocalíptica: cadáveres esparcidos como rocas, un bebé que lloraba en los brazos de su mamá incinerada, hombres atravesados por pedazos de vidrio deambulando por las ruinas de calles y puentes como fantasmas, con la ropa hecha harapos, el aire ennegrecido e irrespirable, barrios enteros ardiendo, 85 mil hombres, mujeres y niños muertos instantáneamente, los miles que sucumbieron después debido a lesiones y radiación.

El cuerpo de Takahashi ostentaba señales de ese crimen de guerra y su persistente desenlace. Una de sus orejas estaba chata y deforme, y sus manos retorcidas y encrespadas, con uñas largas y negras que crecían de varios dedos. Una de esas manos gesticuló hacia la ciudad más allá del museo donde los gingko, insistió, por medio de un intérprete, probarían mejor de lo que él lo pudiera hacer, la perduración de la esperanza, la necesidad de buscar la paz y la reconciliación.

Y, en efecto, los tres árboles que visité en los templos de Hosen-Ji y Miyojoin-Ji y en los jardines de Shukkeien eran una maravilla, frondosos y magníficos y obstinados. Protegidos por la profundidad de sus raíces, germinando nuevos brotes casi inmediatamente después de la explosión, estos árboles venían a ser expertos en el arte de sobrevivir, una especie, me contó el intérprete, que tenía, según fósiles encontrados en China, 270 millones de años de antigüedad.

Se estimaba que bien podía ser uno de los seres vivos con más existencia ininterrumpida en el planeta. Y algunos ejemplares llegaban a cumplir más de dos mil quinientos años. Y estos, los que miraba yo con reverencia en Hiroshima, habían brotado de verde en medio de cuerpos carbonizados y gritos de humanos agonizantes, mientras caía una lluvia negra.

Y fue así que, décadas más tarde, cuando los majestuosos robles que se sembraron hace setenta años atrás en Durham, comenzaron a morirse y fue necesario derribarlos, nos pareció natural, casi inevitable, reemplazarlos con árboles gingko. Adquirimos dos ejemplares bonitos y los hicimos plantar, a nuestras expensas, en la vereda frente a nuestro hogar, e incluso persuadimos al municipio de que cultivara otro para el vecino. No se trataba tan solo de desafiar a la muerte –estos árboles perdurarían más allá de los robles, estarían acá cuando nosotros ya no respiráramos, a estos árboles no los derribarían con facilidad– sino también de una decisión estética. Los gingko son elegantes y dúctiles, y sus hojas se presentan en delicados lóbulos verdes en forma de pequeños abanicos encantadores.

He ido regando todos los días esos árboles milagrosos y cada madrugada les doy la bienvenida, llegando en algunas ocasiones a hablar con ellos, canturrearles una que otra melodía.

No era extraño, entonces, que cuando presencié una caterva de trabajadores cavando zanjas al lado de los gingko, poniendo sus raíces al alcance de los cables mortíferos, me lancé al rescate. Ayudado por mi castellano (todos los que labraban eran de origen hispano, probablemente indocumentados), los convencí con vehemencia de que alejaran sus fosas de los gingko. Enseguida hice lo propio a lo largo de la calle donde otros árboles peligraban.

Por cierto, el destino de estos ejemplares específicos que fueron liberados de este trance es trivial comparado con las vidas arrasadas por el estallido nuclear, pero hay, sin embargo, un simbolismo más profundo que emerge de esta embestida del “Giga-Power” contra los gingko que siguen agraciando nuestro vecindario.

Es un conflicto, después de todo, entre la naturaleza en su forma más prístina, lenta y sublime y las exigencias una sociedad de alta velocidad que, armada de una prodigiosa capacidad tecnológica, se expande en forma supersónica, perforando atropelladamente cualquier espacio o territorio que se encuentre en su camino, con tal de lograr comunicaciones más rápidas y eficientes e instantáneas. Es una batalla que, como cada día es más evidente, la Tierra está perdiendo.

Lejos de mí oponerme al progreso y el contacto global, y menos todavía ahora en esta época en que el chovinismo aislacionista muestra sus garras. Me seduce la idea de que las múltiples hebras de la humanidad se entrelacen por medio de cables y fibras ópticas que podrían permitirnos ensayar la paz y el entendimiento entre diferentes culturas y naciones que Akihiro Takahashi soñó en Hiroshima.

Pero me perturba la irresponsabilidad con que aceleramos hacia el futuro con nuestra tecnología arrogante, sin medir las consecuencias de nuestras acciones, cuántos gingko –y no solo aquellos árboles, sino que todos los animales y especies– están amenazados hoy por nuestros deseos insaciables, nuestra búsqueda incesante del desarrollo, nuestra incapacidad de medir la alegría y la felicidad sino a través del último artefacto y la conexión más vertiginosa y la primacía del dinero y las ganancias.

Los gingko de Hiroshima, esos tenaces hermanos y hermanas mayores de los tiernos retoños frente a nuestra casa en Carolina del Norte, fueron capaces de resistir las secuelas más devastadoras de la ciencia y la tecnología, la división del átomo, un poder destructivo que puede convertir el planeta entero en un cementerio.

Su supervivencia constituyó un mensaje de esperanza en medio de la lluvia negra de la desolación, la esperanza de que trataríamos la vida, como lo han hecho ellos, con reverencia, templando las fuerzas desenfrenadas que pueden llevarnos a todos a la extinción.

Cuán paradójico, cuán triste, cuán estúpido sería que, setenta y dos años después que Hiroshima abriera las compuertas al posible suicidio de la humanidad, no hayamos comprendido esa advertencia, ese llamado al futuro, lo que las hojas suaves de los gingko todavía tratan de murmurarnos.


* Autor de La muerte y la doncella y, más recientemente, la novela Allegro, vive con su mujer en Estados Unidos y Chile. 

La guerra sucia del gobierno español contra la democracia venezolana

Ángeles Díez
www.atrio.org / 300717

Lo que hoy pase en Venezuela (elección convocada de una Asamblea Nacional Constituyente) no va ser la solución mágica a todos los problemas de ese país, sino el principio de una solución: necesidad de reestructurar su economía basada en las rentas derivadas del petróleo, el inicio de un diálogo verdadero en la sociedad  y corregir un excesivo liderazgo del sustituto de Chávez, con menos carisma que él por mucha voluntad que ponga en imitarlo. Pero podría saltar la violencia que muchos esperan para desencadenar el golpe. Nos preocupa la posición colectiva de los obispos, apoyados muy fuertemente por el general de los jesuitas. Y que el motivo sea “el peligro de comunismo”. ¿Lo iba a provocar esta elección? ¿O es que lo que temen es un verdadero socialismo bolivariano, por mucho que insisten en el pueblo y la justicia social? AD.

La política española se nos presenta siempre llena de paradojas, simulacros y sobreactuaciones. Muchas de ellas son puestas en escena para tratar de convencer a los súbditos españoles de que además de utilizar las administraciones para lucrarse, se ejerce algo parecido a lo que en otros sitios se conoce como ‘gestionar lo público y defender los intereses nacionales’.

Pero cuando se analiza, incluso superficialmente, la política exterior en relación a Venezuela, nos encontramos con tal cantidad de incongruencias y sinsentidos que sólo cabe pensar que hay un guión previo escrito y/o encargado desde fuera. O lo que viene a ser lo mismo, que nuestra política exterior está subordinada a los intereses del imperio estadounidense.

¿Cómo explicar si no que el ministro de Asuntos Exteriores de validez a un plebiscito organizado por la oposición venezolana sin ningún tipo de garantías, y sin respaldo del Consejo Nacional Electoral, sin censo electoral, con la quema posterior de los votos, con observadores que reconocen haber cobrado de los convocantes, etc., al mismo tiempo que el gobierno español declara ilegal la consulta catalana?

¿Cómo explicar que, estando el gobierno venezolano y su presidente ‘reconocidos como legítimos’ por el Estado español, el Sr. Dastis, ministro de asuntos exteriores, declare que “no es una democracia”?
¿Cómo interpretar que, tras la entrevista con su homólogo estadounidense, Rex Tillerson, afirme que “hay que seguir aumentando la presión para que Venezuela vuelva a ser una democracia” 2 ?

Cualquier persona sensata podría aplicar un sencillo cuestionario que le ayudara a entender que en Venezuela se libra una de las batallas más importantes de una Guerra Mundo liderada por EE.UU, y que el gobierno español no es sino un vasallo servil al servicio de la lógica imperialista.

Sin duda, primero tendría que hacer un esfuerzo de desintoxicación informativa para que lo evidente no quedara neutralizado por la propaganda mediática que ingerimos diariamente. Pero en realidad bastaría con aplicar a los medios de comunicación masivos los mismos criterios y sospechas que tenemos sobre ellos, cuando dan noticias sobre nuestro propio país.

Veamos cuál sería este cuestionario:

1] ¿A qué se debe que la potencia bélica más grande del mundo (800 bases militares distribuidas por todo el mundo, el presupuesto militar más alto del planeta, 200.000 soldados desplegados en 100 países) 3 declare con un decreto ejecutivo que Venezuela, un país que no tiene bases militares fuera de su territorio, y cuyo ejército ocupa el puesto 62 en el ranking mundial, es una “amenaza inusual y extraordinaria”?

2] ¿Qué recursos naturales y morales posee Venezuela que la convierten en una amenaza para el imperio y sus socios?

3] Si Venezuela es una dictadura, ¿cómo es que, desde que Chávez ganó la presidencia (1999), se han celebrado más 20 elecciones? ¿Por qué el Centro estadounidense Carter, -que actúa como observador en procesos electorales-, ha reconocido su sistema electoral como uno de los más limpios y transparentes del mundo?, ¿Por qué el gobierno bolivariano de Nicolás Maduro ocupa un puesto destacado en las principales Comisiones de Naciones Unidas, donde se necesita ser elegido por votación? (Venezuela tiene el mandato simultáneo de siete Comisiones, incluida la presidencia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, hasta el 2018).

4] Sólo en enero de 2017 se registraron en México 1.938 homicidios 4; de marzo de 2016 a marzo del 2017 fueron asesinados en Colombia un total de 156 líderes sociales y defensores de derechos humanos 5. ¿A qué se debe entonces que los medios masivos sólo hablen de la violencia en Venezuela, y que el ministro de asuntos exteriores español diga que ‘la situación en Venezuela es insostenible’?

Si la situación en Venezuela es tan “insostenible”,

*¿Cómo es que su tasa de emigrantes es la más baja de América latina (0,4% frente al 11,8% de México por ejemplo)?
*¿Que la tasa de desempleo esté en el 6% (en España es del 20,9%), y
que junto con Cuba, Venezuela sea el país menos desigual del continente (España es el país más desigual de la OCDE)?
*¿Que no haya personas desnutridas (En España la población en riesgo de pobreza es del 28,3%)?
*¿Que la mortalidad infantil se encuentre por debajo de la media regional, y que no haya periodistas asesinados, ni desapariciones forzosas? 6

Cuando intentamos responder a estas cinco preguntas la primera conclusión es que los ataques actuales del gobierno español a Venezuela tienen otras razones distintas a las esgrimidas públicamente, y que dichas razones están lejos de cualquier interés por la paz, o la mejora de las condiciones de vida del pueblo venezolano.

Hasta hace poco, el tema venezolano había formado parte de la política interna nacional. El show electoral español ha condicionado la agenda de todos los partidos políticos del espectro, tanto de derechas como de izquierdas.

Así, una vez consolidada la criminalización mediática, Venezuela ha sido un arma arrojadiza para acusar de ‘populistas, radicales y autoritarios’ a Podemos. Pero también para éstos ha sido un lastre incómodo del que tratar de zafarse continuamente, en aras de una razón instrumental de dudoso calado moral. La mayoría de partidos políticos de ámbito nacional, con opciones electorales, se han posicionado abierta o tímidamente, por activa o por pasiva, en la lógica de la guerra sucia contra el gobierno bolivariano.

El doble papel de servir a las campañas electorales al tiempo que se hacía el servicio a Estados Unidos, irradiando la imagen negativa de Venezuela, ha sido la tónica dominante en la política española.

Pero en estos momentos hay elementos que indican que el gobierno español ha asumido un papel mucho más activo en la guerra sucia contra Venezuela y, especialmente, -como ya hizo en su día con Cuba-para influir en los gobiernos europeos.

Ha aumentado la frecuencia de los pronunciamientos contra el gobierno bolivariano. Ha subido el tono, y se ha convertido en el ‘portavoz’ de las tesis golpistas de la oposición venezolana. Los medios de comunicación españoles han radicalizado su campaña tóxica y, en general, unos y otros están reproduciendo, punto por punto, la propaganda estadounidense.

Todo apunta a que los principales actores políticos españoles están cumpliendo el ‘encargo’ de crear las condiciones para que, tanto la opinión pública española como la europea, sean favorables a una intervención armada. Baste como ejemplo las declaraciones del dudosamente democrático ex-presidente Felipe González afirmando que ‘no se debe celebrar una Asamblea Constituyente en Venezuela’. Un ex-mandatario que no puede ocultar sus excelentes relaciones, e intereses compartidos con la oligarquía venezolana, y que no ha dudado en hacer causa común con el ex-presidente Aznar en contra del gobierno bolivariano 7.

En el caso de Estados Unidos es evidente que en la actual escalada bélica, doblegar a Venezuela es un objetivo priorizado si se valora uno de los posibles escenarios previstos por los ‘think tank’: una conflagración con otras potencias con equivalente potencia militar, como Rusia. Para este escenario se presenta como necesario recuperar ‘zonas de influencia y control de fuentes de energía y abastecimiento’, a saber, el considerado por los políticos estadounidenses “patio trasero latinoamericano”.

Venezuela es una pieza clave desde esta perspectiva, ya que la propia página oficial de la CIA señalaba, en el año 2015, que Venezuela era el país con más reservas de petróleo comprobadas en el mundo (18 % del total), y por supuesto, con grandes reservas de gas, recursos hídricos y minerales raros.

Hay otro factor importante que nunca veremos reflejado en ningún análisis de los ‘tanques pensantes’, y es que también en Venezuela se encuentran hoy en día importantes recursos morales: la defensa de su soberanía e independencia política, la integración regional basada en criterios de cooperación, el apoyo a las causas justas como la de Palestina, un proyecto de igualdad y justicia social de carácter socialista…

Podríamos decir que después de la resistencia heroica de Cuba, el testigo ha sido tomado por los venezolanos.

Todos los datos objetivos señalan que desde hace tiempo se ha puesto en marcha la guerra sucia contra Venezuela, que con el presidente estadounidense B. Obama apretó el acelerador y con Donald Trump continúa cumpliendo el plan trazado de la intervención.
En abril de este año el almirante estadounidense, jefe del Comando Sur, Kurt Tidd dijo ante el Comité de Servicios Militares del Senado de Estados Unidos que la situación en Venezuela estaba empeorando, y que esto podría desencadenar una “crisis humanitaria que requeriría una intervención a nivel regional”. Después tuvo que aclarar que no estaba hablando de una ‘intervención militar’, pero no cabe duda de que sus palabras avalan lo que la oposición denomina hora cero para Venezuela.

La resistencia del pueblo venezolano, defendiendo su democracia a pesar de la guerra económica, el no haber conseguido quebrar al ejército bolivariano, los repetidos intentos del gobierno de Nicolás Maduro por abrir cauces de diálogo, y su propuesta de Asamblea Constituyente como estrategia para derrotar pacíficamente a la oposición golpista, han acelerado la hoja de ruta de la intervención, que, con grandes similitudes a la que se dio en Chile previo al golpe de Pinochet, responde a las siguientes pautas:

+Aumentar el nivel de violencia y provocación tanto de la Asamblea Nacional en desacato como de los grupos paramilitares que actúan en las calles,
+conformar un gobierno paralelo legitimado por organismos internacionales controlados por EE.UU y por países afines,
+conseguir una masa crítica con el plebiscito fraudulento del 16 de julio,
+obstruir y sabotear la administración pública para colapsar la prestación de bienes y servicios,
+aumentar la presión económica y financiera hasta reventar definitivamente la economía,
+campañas sistemáticas de desinformación, post-verdad y falsas noticias,
+preparar huelgas y paros en servicios, transporte y sector petrolero,
+boicotear la entrada en el país de alimentos y medicinas, paralizar las importaciones,
+incrementar las noticias sobre violación de DDHH, crisis humanitaria etc.,
+crear un gobierno de transición con el reconocimiento de la OEA y de algunos gobiernos europeos, especialmente el español.

No se trata de una nueva forma de guerra sucia. Tanto la secuencia de los acontecimientos como el tipo de acciones ya se han aplicado repetidamente en el entorno latinoamericano: golpes de Estado, intervenciones militares, financiación de paramilitares, opositores y contra-insurgencia, guerra sicológica, golpes blandos, intervención humanitaria…

El protocolo de aislar, demonizar e intervenir sigue cumpliéndose, con distintos niveles de complejidad. La diferencia reside en que la resistencia del pueblo venezolano está obligando al imperialismo a complicar y diversificar las formas de intervención.

Si en el caso de EE.UU aparecen claramente los intereses que están detrás, y el porqué se está priorizando la agresión a Venezuela, ¿qué mueve al gobierno español a sumarse tan activamente a este plan bélico?

Basten algunos datos para argumentar que, dado que en estos momentos no hay elecciones a la vista, las razones hay que buscarlas en otro lado.

Tras la incorporación de España a la OTAN en 1982, se firmó el Convenio de Cooperación para la Defensa (1988), con varias ratificaciones y enmiendas, que desembocaron en el impulso de la Nueva Agenda Trasatlántica (1995), y el reforzamiento de las relaciones bilaterales a partir del 2001, cuando se firmó con la Secretaria de Estado norteamericana, Madeleine Albright, una Declaración Conjunta que supuso un salto cualitativo en las relaciones bilaterales, profundizándose nuestra dependencia de EE.UU no solo a nivel político, sino también en el ámbito de la defensa y la seguridad, en materia de cooperación económica y financiera, científica, industrial, tecnológica y cultural.

A partir de la presidencia de Obama, y después de un pequeño enfriamiento por la retirada de las tropas españolas de Irak, las relaciones bilaterales con Estados Unidos se volvieron a intensificar. Se produce el encuentro de Rajoy y Obama en Washington (enero 2014), viajes continuos de distintos ministros, viaje oficial de los Reyes, visita del secretario de Estado John Kerry y el secretario de Defensa Ashton Carter a España, etc.

El propio ministerio de Asuntos exteriores afirma en su página web que se trata de un aliado con el que “pocos países en el mundo tienen unos vínculos históricos, culturales y lingüísticos tan fuertes, y con el que compartimos los mismos valores democráticos e intereses geoestratégicos” 8 .

Cualquiera que sepa leer entre líneas verá que la relación entre un país como España, sin recursos naturales significativos, con un endeudamiento exterior que sobrepasa el PIB, con una alta dependencia de recursos energéticos, etc., no puede ser una relación ‘entre iguales’ sino una relación subordinada y dependiente.

Para Estados Unidos, acabar con el gobierno venezolano tiene rango de política de Estado, forma parte de la guerra-mundo que la administración estadounidense explicita como “defender los intereses norteamericanos en cualquier parte del mundo”.

Un imperio, por muy decadente que sea, o por muy disminuido que esté su poder, no puede hacer otra cosa que extender la guerra para mantener su hegemonía. Por otro lado, el imperialismo no es sino la forma que adopta la expansión capitalista, y en estos momentos Venezuela constituye uno de sus más importantes obstáculos. La guerra que se libra contra Venezuela es pues una guerra que nos compete a todos, ya que es sólo una de las partes más visibles de la tercera guerra mundial que ya está en marcha.

En el caso del gobierno y el Estado español, su posicionamiento activo y beligerante a favor de la hoja de ruta estadounidense forma parte del servilismo, la incapacidad y la subordinación de nuestra clase política.

En esta guerra contra el pueblo venezolano y su gobierno no cabe la equidistancia, ni la neutralidad, ni las buenas intenciones. Sólo cabe desenmascarar y denunciar el papel de España, y apoyar los esfuerzos heroicos de un país por defender su independencia y soberanía, que en estos momentos ha de ser la bandera que nos una a todos contra el imperialismo.
__________________
1 Doctora en CC. Políticas y Sociología, profesora de la Universidad Complutense de Madrid, miembro del Foro Contra la Guerra imperialista y la OTAN. Julio 2017
4 El animal político, El 2017 tiene el arranque más violento del que haya registro,
http://www.animalpolitico.com/2017/02/2017-aumento-de-homicidios/
5 El País.com.co, 156 líderes sociales fueron asesinados en 14 meses en Colombia:
Defensoría, <
http://www.elpais.com.co/colombia/registran-156-asesinatos-de-lideres-sociales-en-colombia-en-los-ultimos-14-meses.html>
6 Todos los datos, tanto para España como para Venezuela, son del 2015 y de fuentes oficiales, del INE, de la OCDE en el caso de España, y de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) de Naciones Unidas para Venezuela.
7 El Mundo, Felipe González y Aznar, unidos para pedir la liberación de los presos políticos en Venezuela, 16/02/2017, <http://www.elmundo.es/internacional/2017/02/16/58a535e1e2704ef3418b45b0.html>