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Los papeles de Mossack Fonseca  


José Eugenio Stoute*

Revista Portada

Noviembre/Diciembre



El pasado tres de abril de 2016, un terremoto legal y financiero estremeció inicialmente la opinión pública nacional: el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés) hizo entrega simultanea a 109 medios de comunicación de 76 países los primeros resultados de una investigación, en la que participaron más de 400 periodistas, referida a la filtración de 11.5 millones de documentos (2.6 terabytes) confidenciales de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca, la mayor parte de ellos pertenecientes a sociedades offshore cuyo objetivo es el ocultamiento de propiedades, empresas, activos, ganancias y evasión de impuestos.


Un año antes el periódico alemán Süddeutsche Zeitung los había recibido de un informante anónimo, cuya intención declarada fue “el hacer públicos estos delitos”.


Ramón Fonseca Mora, uno de los fundadores de la firma, ocupaba en ese momento la presidencia provisional del Partido Panameñista y era Asesor Presidencial, por lo que tuvo que renunciar a ambos cargos, declarando el Presidente Juan Carlos Varela en cadena nacional el seis de abril, tras una reunión con el cuerpo diplomático convocado para recibir explicaciones sobre el escándalo, que “Panamá se encuentra comprometido con la transparencia, la rendición de cuentas y la democracia”, rechazando que el país pudiese ser considerado un paraíso fiscal y ser utilizado como “chivo expiatorio”.


El nueve de mayo ICIJ publicó la base de datos completa, y para entonces el escándalo ya había alcanzado niveles internacionales sin precedentes. Inicialmente fueron identificados 12 jefes o exjefes de Estado y a 140 altos dirigentes políticos y personalidades públicas vinculadas a diversas sociedades offshore con dudosas finalidades. Deportistas del relieve de Lionel Messi, funcionarios deportivos como Michel Platini, directores de cine como Pedro Almodóvar, actores tales como Jackie Chan, y presidentes como Mauricio Macri, por solo mencionar  unos pocos. Emblemático fue el caso del Primer Ministro de Islandia, Sigmundur Gunnlaugsson, que tuvo que dimitir poco después de conocerse su vinculación y la de su esposa con varias sociedades offshore. Igual le ocurrió a José Manuel Soria, Ministro español de Industria y Presidente del Partido Popular de Canarias.


La lista de altos funcionarios de África, América Latina, Europa, Asia, Oceanía y Norteamérica involucrados con sociedades offshore generadas por el bufete de Mossack Fonseca sería interminable y sigue siendo sorprendente. No en vano todo el entramado ha sido calificado como una “red global de crimen y corrupción”. Por supuesto, no toda sociedad anónima es constituida con fines ilícitos, muchas lo son con el ánimo de guardar la privacidad de sus propietarios. Pero es inocultable que al menos 33 personas y compañías estaban en la “lista negra” (¿lista Clinton?) de los Estados Unidos de Norteamérica por haber realizado negocios con capos de la droga mexicanos y organizaciones terroristas como Hezbola, tal cual afirman estudiosos de la documentación filtrada.


Tal fue el impacto de las revelaciones de los “Panamá Papers” que innumerables países abrieron de inmediato investigaciones: España, Francia, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, México, Venezuela, Brasil, Ecuador, etc., y muchos de ellos han enviado solicitudes de asistencia judicial a Panamá. En Perú, El Salvador, Ecuador, Brasil y otros muchos se han producido allanamientos a las oficinas y delegaciones de la firma Mossack Fonseca. Hace solo unos pocos días las autoridades brasileñas han vinculado sociedades offshore panameñas con el escándalo Lava Jato, y desde hace unos meses se investigan los posibles nexos de Odebrecht con el pago de coimas en Panamá. De igual manera, el gobierno de Inglaterra acaba de anunciar la apertura de una amplia investigación contra 30 grandes evasores que utilizaron compañías offshore del bufete Mossack Fonseca, y otras 43 grandes fortunas están siendo evaluadas judicialmente. Pocos meses después de iniciado el escándalo, el gobierno alemán compró a un desconocido una base de datos de las firmas offshore generadas por Mossack Fonseca que incluía a importantes evasores de impuestos, y hace sólo unos días su Ministro de Economía anunció la puesta a punto de un proyecto de ley agravando las sanciones por la evasión de impuestos y determinando que los bancos que faciliten tales actividades incurran en responsabilidades.


Si bien el gobierno panameño ha hecho todos los esfuerzos por rebajar la gravedad que ha tenido el impacto del escándalo a nivel interno, incluso declarando el Presidente Varela que se trata de un “problema global”, lo cierto es que hemos sido afectados gravemente como país. Francia nos volvió a incluir en su “lista gris”, y la Comisión  Europea en su última evaluación del pasado 15 de septiembre incluyó a Panamá entre los países que cumplen con los criterios de falta de transparencia. Igualmente del Foro Global de la OCDE dio a Panamá una calificación “no satisfactoria” en la evolución de la implementación de los estándares de transparencia e intercambio de información para fines fiscales.


Ciertamente, Panamá se ha visto enfrentada a serios problemas internacionales derivados directamente del escándalo que significó la divulgación de la información surgida del bufete Mossack Fonseca, y  si bien las presiones sobre nuestro sistema fiscal tienen su historia ha sido a partir de dicho escándalo que el gobierno se ha visto forzado a pisar el acelerador y proceder con urgencia a realizar importantes reformas de nuestra plataforma legal y financiera, todo ello con vistas a ofrecer información fiscal de ciudadanos de otros países y dificultar la utilización de nuestro sistema legal para la comisión de delitos extraterritoriales, en especial la evasión fiscal.  


¿ Por qué hemos sido tan lentos para adecuarnos a las exigencias derivadas de la crisis fiscal del Estado en los denominados países desarrollados? No podemos ocultar la existencia de lo que se ha llamado “la dictadura de los bufetes de abogados en Panamá”. En efecto, un reducido grupo de firmas de abogados han jugado un papel extraordinariamente importantes en la deriva política del país y por tanto también en la defensa de un mercado multimillonario centrado en parte en la generación de sociedades offshore.


No es de extrañar entonces la teoría conspirativa de la “agresión” al país y a nuestro exitoso sistema legal y fiscal, o los llamados a la defensa de nuestra soberanía agredida e irrespetada. En verdad no hemos evolucionado al compás de una crisis fiscal instalada en los países desarrollados y exasperada por una economía global estancada y en crisis. 


Inicialmente nos escandalizamos porque la ICIJ denominó a la filtración Panamá Papers. Dicho nombre era la prueba indiscutible de que “venían a por nosotros”, sin detenerse a observar que igual denominaron a otros escándalos investigados por dicho organismo: Bahamas Papers, Suisse Leaks, Luxemburgo Leaks, etc. Se trata titulaciones periodísticas que permiten ubicar la investigación.


El reconocimiento tardío de la gravedad de la situación y de las necesarias reformas, por tibias que sean las mismas, dado el tira y jala del gobierno con los poderosos bufetes de abogados, quedó establecido con el nombramiento por parte del gobierno del Comité Independiente de Expertos para que analizaran y evaluaran el sistema económico y financiero panameño, cuyas recomendaciones servirían para realizar mayores reformas a nuestra plataforma de servicios legales y financieros, haciéndola aún más transparente. Lamentablemente, Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía, y Mark Pieth, prestigioso profesor de Derecho y Criminología de la Universidad de Basilea, renunciaron al comité acusándolo de falta de independencia y transparencia, lo que indiscutiblemente le ha restado credibilidad a las conclusiones a que pueda llegar dicho comité, aunque la mayor pérdida de credibilidad viene dada por la impunidad en la que permanece el bufete Mossack Fonseca, y sus fundadores, pese al estremecimiento mundial y nacional que generó la divulgación de los documentos secretos de sus clientes offshore.



* Analista político



      

      

  

  

Fundaciones de firmas offshore ( Mossack Fonseca ) para clientes a través de bancos

Sede
Banco
Cantidad de
fundaciones
Experta Corporate & Trust Services (100 % subsidiaris del BIL)
1659
Banque J. Safra Sarasin – Luxembourg S.A.
963
Credit Suisse Channel Islands Limited
918
HSBC Private Bank (Monaco) S.A.
778
HSBC Private Bank (Suisse) S.A.
733
UBS AG (filial Rue du Rhône en Ginebra)
579
Coutts & Co Trustees (Jersey) Limited
487
Société Générale Bank & Trust Luxembourg
465
Landsbanki Luxembourg S.A.
404
Rothschild Trust Guernsey Limited
378
119
19







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LA SITUACIÓN DEL AGUA EN PANAMÁ Y EL AGRO

Entender el problema que acecha al país en el ámbito del agua, se nos hace algo complejo cuando el ciudadano corriente observa que junto a las inundaciones continuas de sus calles, falta el líquido cristalino del grifo, o cuando el campesino saca una sola coa por año pudiendo obtener tres, al sucumbir sus cultivos entre la inundación y la sequía. Al respecto, el sentido común nos puede traer tantas explicaciones disímiles como variadas sean las apreciaciones de las causas, muchas de ellas empapadas de empirismo simplista. Pero en algo todos coincidimos: el engranaje hídrico de nuestra sociedad no está funcionando como debe ser!... Vale en este sentido comenzar por descubrir el significado raizal para Panamá de este recurso “agua”, especialmente en lo que corresponde a su concatenación con el proceso histórico de construcción del país, su cultura y la integración nacional.

¿Qué representa el agua en Panamá?...
Al revisar nuestra historia encontramos que el agua, como recurso natural, jugó un papel de primer orden desde el más temprano periodo de los pobladores del istmo, siendo dominante para entonces el orden natural en el sistema socio-ambiental debido al escaso nivel de desarrollo de las fuerzas productivas. Está documentado hoy, que fue un recurso que afirmó estructuras productivas e hizo organizar el territorio mediante las cuencas (1), bajo el diseño de los “pisos ecológicos” (2) característicos de nuestra geografía natural. En éstos, nuestros aborígenes encontraron todos los suministros vitales y lograron cumplir las funciones correspondientes a sus necesidades, aflorando siempre como regularidad cierta armonía entre el orden social y político, y el orden natural.

Luego vinieron los tiempos de la colonia hispánica y con esta, el primer proceso de globalización del mundo, poniendo al istmo ‒como cintura de América‒, en el centro del trasiego de la plata y el oro suramericano que aseguraron en gran medida la extensión de los imperios europeos hacia Asia. En este afán es bien conocido el extraordinario rol que jugaron las aguas del Chagres, pero también la significativa transformación ambiental que se implantó en el campo, por la incursión de la estructura agro-ganadera vacuna.

Pasada la colonia, el país quedó atado al segundo proceso de globalización que se da con el expansionismo capitalista, agarrado de la mano norteamericana en la implantación del ferrocarril entre Panamá y Colón, para participar más tarde en la globalización dirigida por el capital imperialista ‒tipificada en el territorio por la monumental obra de la vía acuática interoceánica‒, y desembocar finalmente en la actual globalización corporatista neoliberal, originada por la intensa socialización mundial de la producción y la interdependencia económica. Esta nos asigna el rol de nodo logístico en el mapa geoeconómico del planeta y promueve la ampliación del complejo canalero.

Subrayamos que en cada uno de estos eslabones históricos es ineludible encontrar el “agua” como factor del proceso transformador de la sociedad panameña, en particular de las estructuras socioeconómicas que caracterizan estos cambios, todo lo cual la define como un recurso protagónico en la historia y estratégico de la nación.

¿Cómo se produce todo esto?
De estar atrapados ‒debido a la abundancia del recurso y a su densa red territorial (3) ‒en una organización económico-social originaria desarrollada en torno a la producción “pluvioagrícola”, en la que priva la cultura de “aguas libres” (muy visible en nuestros pueblos indígenas) que aprovecha de las cuencas los bajos valles de mejor clima; aprovecha los recursos de la naturaleza fluvial como son sus terrazas inundables y estuarios, la flora y fauna para obtener proteínas y suministros medicinales, y los ríos como carreteras para organizar su conectividad, incorporándolos particularmente en sus enlaces entre el Caribe y el Pacífico, se pasa a una organización territorial hispana, determinada por las funciones regionales que asume el istmo para la corona, con lo cual se implanta una división política artificial del espacio geográfico nacional.

Castillero Calvo, historiador nacional nos dice que “la geografía panameña quedó organizada en torno a dos ciudades terminales en cada mar (Nombre de Dios y Panamá), y un interior apendicular que le serviría como proveedor de alimentos”… Se pierde así la noción de la “cuenca” como espacio de vida, pues se transversaliza; y se simplifica la red múltiple transístmica de rutas prehispánicas en una estratégica, dominante, a través del Chagres, sembrando la interoceanidad istmeña que vemos aún en nuestros días.  En ese “interior apendicular” del que habla, se suscita además algo singular: la distinción acertada en los aborígenes entre el agua y la tierra como medios de producción y valores de uso diferenciados, se deshace para quedar los dos atributos simplificados en uno solo, de tipo mercantil: la tierra.  Así el pastoreo extensivo, articulado mediante la deforestación, el acaparamiento
indiscriminado de tierras y la pluviocultura en el uso del suelo, diezmaron intensamente el sistema ambiental y especialmente, los cuerpos de aguas naturales. Para el año 1790 el territorio sostenía 193.000 cabezas de ganado… Vale imaginarse entonces la dimensión del consumo de agua que se llegó a manejar, cuando producir un kilo de carne vacuna necesita aproximadamente 16 m3 de agua; todo esto sin existir intervención hidráulica alguna. También el despojo de tierras ‒para incorporarlas a la propiedad personal o estatal de la corona‒, desplazó hacia las altas cordilleras y macizos a los pueblos originarios rebelados contra el sistema, convirtiéndose en custodios de las cuencas medias y altas, hecho que permitió conservar especialmente las grandes fuentes de aguas del país, pues se replegaron hacia las zonas de recarga de los acuíferos manteniendo sus esquemas agrarios de sostenibilidad.

Lograda la independencia de España, el país cae bajo la férula del poder centralista bogotano y sus guerras. Durante ese periodo Panamá no consigue madurar un proceso de integración nacional encaminado a la implantación territorial de las relaciones capitalistas de producción, sino que conserva las formas feudales de explotación del campo junto al desarrollo intenso de una economía de servicios, dominada especialmente por el comercio de la zona capitalina. De esta manera nuestra sociedad se caracterizó por una fragmentada disposición espacial del uso del territorio, feudos extensos y burgos rurales dispersos cuyo nodo fundamental de intercambio fue la ciudad de Panamá. Tales circunstancias conservaron los patrones coloniales de explotación de las aguas y tierras.

Esta estructura se agrava con el sistema originado por la incursión del capitalismo foráneo expansionista norteamericano, vía la construcción del ferrocarril transístmico. Tal injerto ‒en esencia un canal seco interoceánico‒, para resolver un problema de integración y soberanía nacional de los EEUU, no de Panamá, incrementó el mercado alimentario del corredor transitista y trajo transformaciones nuevas en el ordenamiento ambiental nacional. Subrayamos en este marco la conquista de la cúspide más baja de la divisoria continental de Las Américas (hoy corte de Culebra) mediante la ingeniería civil, y la transformación de la Bahía de Limón, donde nace una nueva ciudad. Pero también, se implantan las primeras iniciativas agroindustriales en el campo con monocultivos intensivos, donde asoman ya algunos intentos de manejo hidráulico y el uso de agroquímicos, aunque manteniendo todavía el agua oculta bajo el concepto “tierra”, sin individualizarla como “objeto de trabajo”.

Finalmente llegamos a la separación de Colombia (1903) bajo el compromiso colonial de la construcción de la vía interoceánica, marcado por los intereses geopolíticos norteamericanos. Se está ya para ese entonces, en la fase imperialista del capitalismo en todo el mundo. Y la pregunta es: ¿Qué significó esta monumental obra desde el punto de vista socioeconómico, ambiental y político para el país?...

Al producirle dos desembocaduras al Río Chagres, una al Atlántico y otra al Pacífico, mediante la retención de sus aguas en el embalse del Gatún, se introdujo en la naciente República un patrón de relaciones ambientales, sociales, económicas y políticas que no había madurado en la agenda de la conciencia nacional. El Canal de Panamá injertó una “Sociedad Hidráulica” de hecho, sobrepuesta a la “Pluviocultural” que había presidido el proceso de desarrollo de la nación hasta ese momento; incongruencia que domina todo el Siglo XX y reordena al país de la forma singular en que aún hoy se nos presenta (4).

El primer cambio visible se da en la esfera de la gobernanza hídrica: transformar una provincia colombiana en una República dependiente ‒por el carácter de los lazos establecidos con la potencia imperial norteamericana‒, bajo la fórmula de un Estado bicéfalo, que hizo de la zona colonial un “primer mundo” sustentable, incrustado en un “tercer mundo” insustentable cual fue el resto del país. Esto porque el agua de la vía acuática y su territorio fueron organizados para incrementar la rentabilidad de la mercancía producida y transportada del mundo industrializado, mediante la reducción de sus tiempos de retorno, y no para intensificar la rentabilidad de la tierra nacional, elevando la producción agrícola a sistemas intensivos y de escala (5), vía el desarrollo capitalista de las fuerzas productivas.

Aun así, vale precisar que esta obra separa nuevamente ‒aunque solo a nivel local‒ el recurso agua del recurso tierra; pero no para asumirla en los límites del valor de uso primitivo, sino para hacerla una mercancía. El canal interoceánico hizo por primera vez del agua una mercancía de escala, que nunca pagó como materia prima ni proyectó como concepto al país. ¿Cómo afecta este complejo a ese “interior apendicular” del que nos habla Castillero Calvo?... Un sólo ejemplo: para 1914, los hatos ganaderos de ceba y leche contaban con 187.292 cabezas; hacia 1950 la cifra era de 727.294 y para 1970 de 1.403.280, este último incremento abanicado por la firma en 1955 del Convenio Remón-Eisenhower, que ampliaba el acceso de los productos nacionales al mercado de la “Zona del Canal”. Según Ligia Herrera (1990), en el mismo lapso la cobertura boscosa nacional descendió a un 70% del territorio en 1947, para ubicarse entre un 38% y 45% en 1980. O sea que el rubro productivo ganadero transformó  vertiginosamente el paisaje del territorio, anchando la frontera agropecuaria bajo el patrón extensivo de explotación con todas sus consecuencias entrópicas; y esto mientras que en la zona colonial se desarrollaba un proceso inverso de reorganización del ambiente. Es esta una de
las manifestaciones más concretas del modelo de desarrollo desigual y combinado que presidió al país, y que aún hoy nos caracteriza, dando sustento al eje urbano transitista a base del peor costo ecológico del campo.

¿Hay déficit de agua en el país?...
Veamos en el contexto descrito la situación del recurso agua. En sus 75.517 km2 de extensión, Panamá tiene 52 cuencas6, que abarcan 350 ríos en el litoral Pacífico (70% del territorio) y 150 en el litoral Caribe (30% del territorio), recibiendo este último la más alta precipitación promedio anual del país. Son todos ríos muy cortos, productos de un país estrecho y pequeño, por lo que estas ventajas están llenas también de serias vulnerabilidades y sometidas a eventos de alto riesgo, muchas veces impredecibles, derivados de los vaivenes climáticos orogénicos y la influyente Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT).

El territorio nacional recibe aproximadamente una precipitación pluvial calculada en 221.114 Mm3/año (7), mientras que el caudal medio total, incluyendo el territorio continental e insular es de unos 4.222 m3/s al año, producto de un coeficiente de escorrentía del 60,3%. Estas cifras dan como resultado un promedio de disponibilidad hídrica de 132.612,4 Mm3/año, lo que significa, tomadas las cifras de la población al 2015, una disponibilidad per cápita de 35.715,7 m3/hab/año, cifra alta para América Latina (8).

De este potencial se usa actualmente 6.332 m3/hab/año, equivalente apenas al 17,7% del total per capita (9) y distribuido así: uso por hidroeléctricas (72%), cruce de naves por el Canal de Panamá (19%), agua potable (4,3%), agricultura (3,4%) e industria (1,3%). Pero estos números no nos dicen todo: mientras en el Arco Seco se genera una precipitación anual del orden de 1150 mm, en Quebrada Huaca, Bocas del Toro, se produce 6000 mm. Así mismo la distribución temporal de caudales posee diferencias entre las dos vertientes. Mes a mes es mucho más regular la variabilidad en la región Caribe que en el Pacífico, fenómeno muy relacionado con el régimen de lluvias y la densidad boscosa. No hay entonces déficit del recurso, sino diríamos más bien, déficit de políticas públicas destinadas a equilibrar territorial y estacionalmente su distribución.

Administrar el agua y transformar el agro.
Hablar de la producción agraria, implica hablar de dos componentes ambientales fundamentales: tierra y agua, todos dos articulados por factores ecosistémicos objetivos pero también por factores histórico-sociales. Las cifras anteriores nos dicen en todo caso, que somos ricos en agua, inclusive en el Arco Seco; sin embargo no sucede lo mismo con la dimensión social de la tierra. La estadística del 2013 que nos brinda la FAO anuncia solo un 7,6% del territorio panameño en tierras cultivables, lo que significa la existencia de 0,15 ha por habitante. Pero esta cifra no dice todo por sí sola; es necesario agregar que la relación ha venido girando hacia un descenso pronunciado en los últimos 25 años, sin dudas por el abandono creciente del campo y la conversión especulativa del suelo cultivable en suelo urbano (10). O sea que a la vez que tenemos una disponibilidad exuberante del líquido, nos acecha también una inclinación negativa en la proporción de tierras cultivables por habitante. Y mi pregunta es: ¿con el volumen disponible de aguas, del cual se pierde un 83% sin aprovechamiento, no
podríamos revertir los déficits productivos resultantes de esta tendencia de la disponibilidad de tierras cultivables y mejorar así nuestra seguridad y soberanía alimentaria?... ¿Es esto posible bajo criterios de sostenibilidad ambiental?... Más que por una mala distribución territorial del agua ‒que no lo negamos‒, nuestro problema crítico es la distribución estacional, con acento más visible en unas regiones que en otras. Vale precisar al respecto, que es justamente la región Central y Oeste de nuestra vertiente del Pacífico la que más sufre, siendo también la que mayor peso tiene en el aporte agrario al PIB nacional.

El caso del Valle de Tonosí por ejemplo, es patético: un distrito con 80.644 ha trabajadas por 1.838 productores agrícolas, pecuarios y forestales, con suelos mayoritariamente Clase II y Clase IV. Las precipitaciones anuales en la región van de 2000 mm a 3500 mm, pero hay lluvias torrenciales con niveles de hasta 219,0 mm diarios en el periodo duro de septiembre y octubre. El caudal interanual del río promedia 27,5 m3/s en la baja cuenca (Estación de ETESA Tonosí- Tonosí), sin embargo al examinar su distribución estacional se observan caudales máximos instantáneos del orden de 1.870 m3/s, que rebasan varias veces el caudal dominante, a la vez que el lecho ha llegado a cero caudal en periodo de estiaje, poniendo de relieve el hundimiento profundo de la escorrentía basal. La consecuencia es que solo la primera coa es segura; la segunda está siempre bajo la incertidumbre de la inundación y las consiguientes expectativas frente a las pérdidas del valor agregado, y la tercera es imposible pensarla por la sequía.

El caso es muy propio de las regiones del Arco Seco, del Sur de Veraguas y de las sabanas chiricanas; y lo más preocupante es que su tendencia marca rumbos agravantes si nos atenemos a los anuncios del cambio climático, aunque las advertencias sobre las modificaciones probables de la precipitación puedan tomarse aún como pronósticos hipotéticos. Sin embargo sí podemos afirmar, mediante una secuencia de la data de los últimos diez años, que hay una tendencia a subir la máxima de precipitación/día en la curva de los meses de lluvia de septiembre, octubre y noviembre, a la vez que se reduce su frecuencia mensual; y una tendencia de las descargas bajas del mes a ganarse ese terreno, al mismo tiempo que se están alargando los periodos secos de verano. Es decir que aun manteniéndose más o menos constantes los caudales promedios anuales, el régimen estacional mes a mes, día a día está cambiando, con máximas instantáneas cada vez mayores y tiempos de estiaje más alargados.

Esto lleva a plantearnos la necesidad de una transformación profunda del agro, la cual comienza por la gestión integrada de las aguas naturales… No hablamos de cualquier cosa; sobre todo en una sociedad agraria que ha estado organizada alrededor del secano, de la sobre explotación de los recursos naturales, y dominada por una cultura hídrica anclada en el pasado feudal. Somos un país donde existen aproximadamente 270.000 ha con suelos aptos para el riego, pero que en el año 2013 sólo 32.140 ha usaban la hidráulica para producir, de las cuales el 72% lo hacía por riego superficial, 12% por aspersión y 16% por riego localizado; o en otras palabras, la mayoría de las explotaciones utilizaban las tecnologías más tradicionales y baratas, de alto consumo de agua y por lo general, sin ninguna regulación en la fuente y menos aún, algún control sobre los retornos contaminantes. Si bien suscribimos un Tratado a principio del Siglo XX para tener la obra más importante del mundo en hidráulica, lo cierto es que no fue hasta el año 1960 cuando vimos la primera obra estatal de riego en el agro.

Un gran desafío tenemos entonces por delante, que ganado, debe permitirnos administrar nuestras aguas con el fin de respaldar la vida no solamente humana, sino también aquella de las múltiples esferas del sistema que nos sostiene. Es un desafío que nos exige cambios extraordinarios; porque no se trata de echar más aguas a los suelos para lavarlos, contaminando nuestros ríos, sino de gestionar sosteniblemente el ciclo natural del recurso a favor del ciclo de productos que nacen y crecen en la tierra. Y esto significa mucha cosa… Significa poner en fase la vocación de los suelos con su uso, porque si no la erosión/sedimentación nos come el mandado. Significa distribuir la tierra y establecer las relaciones sociales que garanticen un desarrollo con equidad. Significa implementar tecnologías adecuadas para el manejo de las fuentes hídricas ‒sean subterráneas o superficiales‒ y del riego, de forma a preservar los sistemas hídricos y la calidad de los suelos. Significa la planificación y gestión debida de las cuencas, el cambio del modelo agrario extractivista extensivo por uno agroecológico intensivo y sobre todo, un cambio radical de la cultura actual del agua.

Finalmente ‒y esto lo creo fundamental‒, significa romper los nudos en la cadena de valor del producto agrario, que atentan contra el productor, y democratizar la gestión del agua como recurso estratégico. La administración del agua es consustancial a la estructuración de sólidas plataformas de gestión democrática, participativas y pluralistas, que permitan la construcción de amplios consensos frente a la diversidad de intereses que concurren en su uso.

Qué nos toca hacer?... Yo lo resumiría en muy pocas palabras: hacer la profunda transformación agraria que soñaron Bolívar, Martí y Victoriano; la reforma integral que debió nacer con el Siglo XX y la República, pero que nunca se hizo!...

Manuel F. Zárate P.
Foro: “Agua y Sostenibilidad en el Agro”
David, Chiriquí 6/oct/2016

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1. En los petroglifos encontrados de la cultura aborigen Barriles, en la provincia de Chiriquí, en la cuenca media del
río Chiriquí Viejo (la 102), se pueden observar estampados mapas muy precisos de una cuenca, con rutas y marcas
de sitios para usos específicos a lo largo de sus diversos pisos.
2. Panamá, por su posición en la zona de convergencia intertropical y la conformación de su sistema montañoso tiene cuatro pisos ecológicos que se extienden en un alineamiento Norte-Sur o inversamente, los cuales son: piso macrotérmico o de tierra caliente, el piso subtropical o faja de café (900‒1800 msnm), el piso mesotérmico o de zona templada y el piso frío o microtérmico (2500‒3400 msnm).
3. En los 75,500 km2 de extensión, Panama gestiona 52 cuencas hidrográficas, corriendo sus ríos casi en paralelo de Norte a Sur e inversamente sobre las costas. Francia tiene 9 veces el territorio nacional y le toca gestionar sólo 8 cuencas. Si nos trasladamos de Este a Oeste, nos encontraremos prácticamente con un río o quebrada cada 3,7 km.
4. No está demás citar en este marco el criterio de K. A. Wittfogel, en su obra “Las Civilizaciones Hidráulicas”, cuando plantea que “allí donde la agricultura requirió de trabajos sustanciales y centralizados para el control del agua, los representantes del gobierno monopolizaron el poder y el liderazgo político, y dominaron la economía de sus países”, con lo cual se gestaron Estados caracterizados por una estructura política vertical, autoritaria y despótica. En éstos –agregaba–, “los mecanismos de gestión estatal y control social hidráulicos eran tan fuertes, que operaban con
éxito en áreas marginales, carentes de las grandes obras hidráulicas que persistían en las áreas nucleares del régimen”.
5. “Aproximaciones al tema del agua y desarrollo en Panamá”. Charla del autor en Mesa Redonda “Agua, Ambiente y Desarrollo en Panamá” organizado por la Sociedad Audubón de Panamá. Año 2001.
6. Francia tiene 7 veces más territorio y solo posee 8 cuencas.
7. Cálculo del autor con data de ETESA
8. Cifras actualizadas al 2015
9. Es decir que prácticamente un 83% de nuestra escorrentía se va al mar sin ningún aprovechamiento y manejo.
10. En el año 2013 había en el mundo 0,197 ha/hab de tierras cultivables, correspondiente a un descenso del 46,7% desde 1961. En Panamá esta baja pasó de 0,38 ha/hab a 0,15 ha/hab, o sea que tuvo un descenso del 60,5%, cuando hemos sido siempre un país de baja tasa de crecimiento poblacional.




El despojo de territorios y la criminalización de la protesta en Centroamérica







www.alainet.org/171016

http://www.alainet.org/sites/default/files/styles/articulo-ampliada/public/extravistas.jpg?itok=upP87dLgHace siete meses, en marzo de 2016, la noticia se regó como relámpago y el mundo se estremeció. Balas asesinas habían acabado con la vida de la dirigente indígena lenca y defensora de derechos humanos Berta Cáceres, recién galardonada con el prestigioso Premio Ambiental Goldman 2015. Junto al Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), del cual era coordinadora, la activista llevaba adelante una incansable lucha contra la implementación y profundización del modelo extractivista en Honduras, en particular contra la proliferación de proyectos hidroeléctricos y mineros, y la expansión de monocultivos de agroexportación.


En una entrevista que realicé para una revista alemana unos siete meses antes de su asesinato, Cáceres advertía que, tanto en Honduras como en todo Centroamérica, los pueblos originarios se estaban enfrentando a un “proyecto hegemónico impulsado por el gran capital nacional y transnacional”, que tiene sus intereses puestos en el sector energético, en la minería y la agroindustria. “Los impulsores de esta estrategia han impuesto un modelo profundamente neoliberal basado en la invasión y la militarización de territorios, y en el saqueo y la privatización de recursos. Avanzan con la transnacionalización de nuestras tierras, en el marco de un proyecto más amplio de dominación regional”, advertía Cáceres (1).



Datos en la mano, la lideresa indígena hondureña mostraba como, tras el golpe de Estado de 2009, se habían aprobado unos 300 proyectos hidroeléctricos y no menos de 870 proyectos mineros, al tiempo que se despejaba el camino para la implementación de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) o “ciudades modelo” (2), se entregaba a la British Gas Group miles de kilómetros cuadrados de plataforma continental para la exploración petrolera.



También se impulsaron megaproyectos turísticos y se fomentó la expansión descontrolada de monocultivos a gran escala, en particular de caña de azúcar y palma africana. Hoy en día, organizaciones sociales y populares hondureñas aseguran que el 35% del territorio nacional ya está concesionado a empresas nacionales y transnacionales, y denuncian que en ningún momento se ha respetado el derecho de los pueblos al Consentimiento previo, libre e informado, como dispone el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales.


“Honduras es un país totalmente militarizado y hundido por la corrupción institucionalizada. Lo que queda de sus instituciones sirve solamente a garantizar los intereses de los grupos oligárquicos nacionales y los grandes grupos transnacionales, es decir aquellos sectores que orquestaron el golpe en 2009”, señalaba Cáceres durante la entrevista. Estados cómplices que no solamente implementan y profundizan el modelo neoliberal poniendo a la venta bosques, ríos, valles y territorios, sino que se encargan de criminalizar, perseguir y hasta asesinar a quienes se oponen a ese proyecto explotador. La aprobación de leyes en casi todas las naciones centroamericanas que limitan el derecho de reunión y movilización y que endurecen las políticas de control social es prueba de ello.

“No me cabe la menor duda que se trata de una política de Estado que criminaliza y reprime aquellas personas que están comprometidas con esta lucha y con la vida. Los pueblos indígenas, negros, campesinos que vivimos en carne propia la represión, sabemos que hay toda una estructura organizada, planificada y financiada para perseguir, reprimir y asesinar a luchadores y luchadoras ambientales“, denunciaba Cáceres pocos meses antes de su asesinato.


La denuncia constante y la lucha determinada contra el modelo extractivista y contra el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, promovido por la empresa de capital nacional Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) con fondos de bancos europeos y organismos multilaterales, le costó la vida a ella y a cuatro miembros más del Copinh. En julio pasado, la activista defensora de los bienes comunes de la naturaleza, Lesbia Yaneth Urquía, cercana al Copinh, también fue brutalmente asesinada.


Centroamérica en la mira


Un estudio reciente del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) señalaba que en Guatemala había 107 concesiones mineras metálicas ya otorgadas y 359 nuevas solicitudes (3). Si a esos datos sumamos los proyectos no metálicos, tales como la extracción de cuarzo, mármol, arenas y gravas, yeso, entre otros, el total llega a la cantidad abrumadora de 973 proyectos. Los movimientos sociales y populares guatemaltecos alertaban que, en 2014, el área total concesionada a empresas mineras superaba los 32 mil km², es decir casi el 30% del territorio guatemalteco. A eso habría que agregar la enorme cantidad de territorio concesionado por otro tipo de megaproyectos y por la expansión de los monocultivos de agroexportación.


Similar es la situación de Nicaragua. En el informe “Estado actual del sector minero y sus impactos socio-ambientales en Nicaragua 2012-2013” (4), la organización ambientalista Centro Humboldt revelaba que la superficie total concesionada era de casi 18 mil km², es decir el 13,5% del territorio nacional, con un total de 446 proyectos mineros. El posible desarrollo del Gran Canal Interoceánico en Nicaragua, de 278 kilómetros de longitud -105 de los cuales bajo las aguas del Lago Cocibolca-, un ancho de entre 230 y 520 metros y 30 metros de profundidad, es decir tres veces más grande que el canal de Panamá, y de otros proyectos hidroeléctricos y mineros, así como la expansión de los monocultivos de caña de azúcar y palma africana en el occidente y el sur-oriente del país, han venido incrementando ese porcentaje.


Si bien fuera y dentro de sus fronteras a Costa Rica se le conoce como “el país más verde y feliz del mundo”, los conflictos ambientales y por la tierra han dejado un saldo de terror y muerte. En su artículo “De Jairo Mora y el terrorismo en Costa Rica”, Mauricio Álvarez, presidente de la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (Fecon) señala que son varios los defensores y defensoras del ambiente asesinados en las últimas décadas (5). “En este pequeño país, el Estado ha cometido terrorismo una y otra vez. Sembrar el miedo y usar la represión por medio de la fuerza ha terminado en el asesinato de personas. Esta realidad clara y concreta no tiene nada que ver con la imagen idílica de postales turísticas. Decirlo no es cómodo, es incluso peligroso”, advierte.


En su otro artículo “Berta Cáceres y 50 asesinatos más”, el catedrático y ecologista costarricense se pregunta si acaso puede ser “limpia” una energía como la hidroeléctrica, cuya generación tiene como “daño colateral” la criminalización, persecución y hasta la muerte de activistas y defensores medioambientales y la represión contra pueblos originarios y comunidades campesinas en todo Centroamérica (6). De acuerdo con su investigación, 17 activistas guatemaltecos y 15 hondureños habrían sido asesinados en los últimos años, todos comprometidos con la lucha contra la explotación hidroeléctrica y la privatización de la energía. Otros asesinatos se dieron en El Salvador y Panamá por la explotación minera e hidroeléctrica.

No es coincidencia que los actores sociales más afectados por estas formas de terrorismo sean ecologistas, campesinos e indígenas. El problema es estructural. Conflictos por tierras, por tenerlas o defenderlas, y conflictos ambientales, han sido parte de un círculo de violencia que nos aleja de cualquier mito de paz y respeto a los derechos humanos”, profundiza en su análisis Álvarez.


Uno de los casos más emblemáticos de represión contra aquellos sectores que se organizan para contrarrestar el avance del modelo extractivista y agroindustrial es el del Valle del Aguán, al noreste de Honduras. Según las organizaciones nacionales e internacionales que, entre 2010 y 2013, realizaron un minucioso monitoreo sobre la situación de los derechos humanos en esta zona, no menos de 60 campesinos habrían sido asesinados por el conflicto agrario generado por la expansión del monocultivo de la palma africana y la falta de acceso a la tierra para miles de familias campesinas (7).


“Estas muertes son sólo la ‘punta del iceberg’ de una dinámica de impunidad y terror que envuelve a cada una de las comunidades detrás de estos nombres que viven en violenta represión. Se han instaurado las prácticas de estigmatización, judicialización, acoso, torturas, desapariciones y otros instrumentos para evitar que las comunidades hagan valer sus derechos de acceso y decisión sobre los recursos naturales y sobre todo, de llevar adelante su resistencia y oposición”, señala con fuerza Álvarez.



“Estos son los costos reales de la imposición de lógicas brutales de muerte bajo la consigna del ‘desarrollo’, sobre los pueblos indígenas y campesinos de la región. ¿Puede ser limpia la energía de estos proyectos con tanta sangre derramada?”, es la pregunta retórica que el presidente de la Fecon dirige al lector.


Un drama de resistencia e indignación regional


Un modelo, entonces, que saquea la naturaleza, arrincona y expulsa a poblaciones y pueblos enteros de sus tierras, que criminaliza y reprime la protesta, que asesina gozando de total impunidad.


El informe “¿Cuántos más?" de la organización Global Witness, documenta que en 2014 fueron asesinados por el mundo 116 defensores y defensoras ambientales y de la tierra, un promedio de dos a la semana (8). Tres cuartas partes de estos asesinatos tuvieron lugar en Centroamérica y Sudamérica. Honduras resultó ser el país más peligroso per cápita para los activistas ambientales y de la tierra con 101 asesinatos entre 2010 y 2014. Un 40% de estas víctimas era indígena y las principales causas de su muerte fueron la industria hidroeléctrica, la minería y la agroindustria. “Las disputas por la propiedad, el control y el uso de la tierra fueron el trasfondo de casi todas estos asesinatos... Los verdaderos artífices de estos crímenes generalmente se libran de las investigaciones, pero la información de la que se dispone indica que, detrás de la violencia, generalmente se esconden grandes propietarios de tierras, intereses comerciales, actores políticos y agentes del crimen organizado”, señala Global Witness.


En 2015 fue peor. El nuevo informe “En terreno peligroso” señala que el total de defensoras y defensores del ambiente y la tierra asesinados fueron 185, el 66% de los cuales en América Latina (9). Más de tres personas a la semana murieron asesinadas por defender su tierra, sus bosques y sus ríos frente a industrias destructivas. Se trata de la cifra más alta registrada hasta el momento, con un aumento de casi el 60% respecto a 2014.


Global Witness advierte que debido al acaparamiento de tierras, los pueblos originarios y comunidades campesinas son desplazados, y esto provoca graves enfrentamientos. “El medio ambiente empieza a convertirse en un nuevo campo de batalla para los derechos humanos. Con la continua demanda de productos como madera, minerales y aceite de palma, gobiernos, empresas y bandas de delincuentes explotan la tierra desdeñando a la gente que en ella vive”, advierte el último informe.


Pese a la represión, la resistencia crece y clama al mundo solidaridad. “La conflictividad social y política y la indignación están creciendo, producto también de una renovada capacidad de diálogo y articulación entre sectores de la sociedad hondureña y centroamericana. Lo que se está generando es una bomba de tiempo. Es importante que, desde Europa y otras regiones del mundo, las organizaciones solidarias se articulen con esta lucha, la respalden y presionen a su gobierno y empresas involucradas en estos procesos explotadores”, concluía Berta Cáceres.


Notas

(1) Revista Presente, Iniciativa Cristiana Romero, páginas 10-11, http://www.ci-romero.de/de/presente_3_2015/
(2) Un mecanismo con el cual se cede parte del territorio nacional a inversionistas extranjeros, que implantan actividades productivas en zonas que gozan de un elevado nivel de autonomía política, económica, administrativa, judicial y de seguridad.
(3) 
http://icefi.org/sites/default/files/la_mineria_en_guatemala_-_2da_edicion.pdf
(4)
http://www.movimientom4.org/2014/04/estudio-estado-actual-del-sector-minero-y-sus-impactos-socio-ambientales-en-nicaragua/
(5) 
http://informa-tico.com/7-06-2016/jairo-mora-terrorismo-costa-rica
(6) 
http://www.feconcr.org/index.php?option=com_content&task=view&id=2565&Itemid=73
(7) 
http://www6.rel-uita.org/agricultura/palma_africana/index.htm
(8) 
https://www.globalwitness.org/documents/17895/Cuantos_mas_informe_mFxhXD1.pdf
(9) 
https://www.globalwitness.org/documents/18483/En_Terreno_Peligroso.pdf

 



Mujeres diaconisas y subalternas  


Juan José Tamayo A.

www.atrio.org/011016



El papa Francisco ha creado una Comisión, formada por seis hombres y seis mujeres y presidida por el secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el arzobispo español Luis Ladaria Ferrer, para el estudio del diaconado femenino en la Iglesia católica. De la Comisión han sido excluidos cuatro continentes: Asia, África, América Latina y Oceanía. Hay doce miembros europeos y una estadounidense.



Mi opinión es que se trata de una Comisión tan innecesaria como ineficazInnecesaria porque el estudio ya está hecho por exegetas, teólogos, teólogas e historiadores del cristianismo. Las conclusiones cuentan con un amplio consenso entre los investigadores: Jesús de Nazaret formó un movimiento contra hegemónico igualitario de hombres y mujeres que lo acompañaron por los caminos de Galilea, compartieron su estilo de vida itinerante y asumieron responsabilidades sin discriminación alguna.



En los primeros siglos del cristianismo hubo mujeres sacerdotes, diaconisas y obispas que ejercieron funciones ministeriales y tareas directivas hasta que la Iglesia se jerarquizó, clericalizó y patriarcalizó y fueron reducidas al silencio. El libro de la teóloga Torjesen, “Cuando las mujeres eran sacerdotes”, lo demuestra con todo tipo de argumentos: arqueológicos, históricos, teológicos, hermenéuticos.



La Comisión me parece ineficaz, si falta voluntad de incorporar a las mujeres a las funciones directivas, al acceso directo a lo sagrado sin mediación patriarcal y a la elaboración de la doctrina y de la moral. Y hoy falta dicha voluntad. A los hechos me remito. En la encíclica Inter insigniores, el papa Pablo VI cerró a cal y canto la puerta al acceso de las mujeres al ministerio sacerdotal alegando que Jesucristo solo ordenó a varones.



Sus sucesores han repetido tan falaz argumento como un mantra. Juan Pablo II, asesorado por el cardenal Ratzinger, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, radicalizó el cierre al afirmar que el asunto quedaba zanjado definitivamente. Benedicto XVI, conocedor como teólogo que era, de la existencia de mujeres diaconisas, sacerdotes y obispas en el cristianismo primitivo, se mostró igualmente contumaz y siguió el mismo camino de obstrucción al sacerdocio de las mujeres. El papa Francisco ha vuelto a ratificarlo citando la contundente afirmación excluyente de Juan Pablo II.



Estoy en contra del diaconado femenino, porque, de instaurarse institucionalmente, las mujeres seguirían siendo subalternas y estarían al servicio de los sacerdotes y de los obispos, no de la comunidad cristiana.



Creo que es hora de pasar de la subalternidad de las mujeres a la igualdad; de su sumisión al empoderamiento; de su estatuto de dependencia a la autonomía; de ser objetos decorativos a sujetos activos. Y eso con el diaconado femenino no se logra, sino todo lo contrario: se prolonga la minoría de edad de la mujeres bajo el espejismo de que se está dando un importante paso hacia adelante y de que se les concede protagonismo, cuando lo que se hace es perpetuar su estado de humillación y servidumbre. Para que se produzca un cambio real en el estatuto de inferioridad de las mujeres es necesario que sean reconocidas como sujetos religiosos, eclesiales, éticos y teológicos, cosa que ahora no sucede.



Para eso suceda es necesario mirar al pasado, ciertamente, pero no con la añoranza de reproducir acríticamente la tradición, sino con el objetivo de  recuperar creativamente el protagonismo que las mujeres tuvieron en el movimiento de Jesús y en los primeros siglos de la Iglesia cristiana. Pero, sobre todo, hay que mirar al presente y al futuro para poner en práctica en el interior de la Iglesia el principio de igualdad y no discriminación de género que rige, aunque imperfectamente, en la sociedad. Un hombre, una mujer, un voto; un cristiano, una cristiana, un voto. Todas y todos son iguales por la común dignidad que poseemos  hombres y mujeres y por el bautismo, que iguala a todos los cristianos y cristianas.



Cualquier discriminación de género es contraria a los derechos humanos y al principio de fraternidad-sororidad que debe regir en la Iglesia. Sin igualdad, la Iglesia seguirá siendo una de los últimos, si no el último, de los bastiones del patriarcado que quedan en el mundo. En otras palabras, se mantendrá como una perfecta patriarquía. Y para ello no podrá apelar a Jesús de Nazaret, su fundador, sino al patriarcado religioso, basado en la masculinidad sagrada, que apela al carácter varonil de Dios para convertir al hombre en único representante y portavoz de la divinidad. Como afirma la filósofa feminista Mary Daly, “Si Dios es varón, entonces el varón es Dios”. ¡Patriarcado en estado puro!