José
Eugenio Stoute*
Revista
Portada
Noviembre/Diciembre
El pasado
tres de abril de 2016, un terremoto legal y financiero estremeció inicialmente
la opinión pública nacional: el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación
(ICIJ por sus siglas en inglés) hizo entrega simultanea a 109 medios de
comunicación de 76 países los primeros resultados de una investigación, en la
que participaron más de 400 periodistas, referida a la filtración de 11.5
millones de documentos (2.6 terabytes) confidenciales de la firma de abogados
panameña Mossack Fonseca, la mayor parte de ellos pertenecientes a sociedades
offshore cuyo objetivo es el ocultamiento de propiedades, empresas, activos,
ganancias y evasión de impuestos.
Un año
antes el periódico alemán Süddeutsche Zeitung los había recibido de un
informante anónimo, cuya intención declarada fue “el hacer públicos estos
delitos”.
Ramón Fonseca
Mora, uno de los fundadores de la firma, ocupaba en ese momento la presidencia
provisional del Partido Panameñista y era Asesor Presidencial, por lo que tuvo
que renunciar a ambos cargos, declarando el Presidente Juan Carlos Varela en
cadena nacional el seis de abril, tras una reunión con el cuerpo diplomático
convocado para recibir explicaciones sobre el escándalo, que “Panamá se
encuentra comprometido con la transparencia, la rendición de cuentas y la
democracia”, rechazando que el país pudiese ser considerado un paraíso fiscal y
ser utilizado como “chivo expiatorio”.
El nueve
de mayo ICIJ publicó la base de datos completa, y para entonces el escándalo ya
había alcanzado niveles internacionales sin precedentes. Inicialmente fueron
identificados 12 jefes o exjefes de Estado y a 140 altos dirigentes políticos y
personalidades públicas vinculadas a diversas sociedades offshore con dudosas
finalidades. Deportistas del relieve de Lionel Messi, funcionarios deportivos
como Michel Platini, directores de cine como Pedro Almodóvar, actores tales
como Jackie Chan, y presidentes como Mauricio Macri, por solo mencionar unos pocos. Emblemático fue el caso del
Primer Ministro de Islandia, Sigmundur Gunnlaugsson, que tuvo que dimitir poco
después de conocerse su vinculación y la de su esposa con varias sociedades
offshore. Igual le ocurrió a José Manuel Soria, Ministro español de Industria y
Presidente del Partido Popular de Canarias.
La lista
de altos funcionarios de África, América Latina, Europa, Asia, Oceanía y
Norteamérica involucrados con sociedades offshore generadas por el bufete de
Mossack Fonseca sería interminable y sigue siendo sorprendente. No en vano todo
el entramado ha sido calificado como una “red global de crimen y corrupción”.
Por supuesto, no toda sociedad anónima es constituida con fines ilícitos,
muchas lo son con el ánimo de guardar la privacidad de sus propietarios. Pero
es inocultable que al menos 33 personas y compañías estaban en la “lista negra”
(¿lista Clinton?) de los Estados Unidos de Norteamérica por haber realizado
negocios con capos de la droga mexicanos y organizaciones terroristas como
Hezbola, tal cual afirman estudiosos de la documentación filtrada.
Tal fue el
impacto de las revelaciones de los “Panamá Papers” que innumerables países
abrieron de inmediato investigaciones: España, Francia, Alemania, Inglaterra,
Estados Unidos, México, Venezuela, Brasil, Ecuador, etc., y muchos de ellos han
enviado solicitudes de asistencia judicial a Panamá. En Perú, El Salvador,
Ecuador, Brasil y otros muchos se han producido allanamientos a las oficinas y
delegaciones de la firma Mossack Fonseca. Hace solo unos pocos días las
autoridades brasileñas han vinculado sociedades offshore panameñas con el
escándalo Lava Jato, y desde hace unos meses se investigan los posibles nexos
de Odebrecht con el pago de coimas en Panamá. De igual manera, el gobierno de
Inglaterra acaba de anunciar la apertura de una amplia investigación contra 30 grandes
evasores que utilizaron compañías offshore del bufete Mossack Fonseca, y otras
43 grandes fortunas están siendo evaluadas judicialmente. Pocos meses después
de iniciado el escándalo, el gobierno alemán compró a un desconocido una base
de datos de las firmas offshore generadas por Mossack Fonseca que incluía a importantes
evasores de impuestos, y hace sólo unos días su Ministro de Economía anunció la
puesta a punto de un proyecto de ley agravando las sanciones por la evasión de
impuestos y determinando que los bancos que faciliten tales actividades
incurran en responsabilidades.
Si bien el
gobierno panameño ha hecho todos los esfuerzos por rebajar la gravedad que ha
tenido el impacto del escándalo a nivel interno, incluso declarando el
Presidente Varela que se trata de un “problema global”, lo cierto es que hemos
sido afectados gravemente como país. Francia nos volvió a incluir en su “lista
gris”, y la Comisión Europea en su
última evaluación del pasado 15 de septiembre incluyó a Panamá entre los países
que cumplen con los criterios de falta de transparencia. Igualmente del Foro
Global de la OCDE dio a Panamá una calificación “no satisfactoria” en la
evolución de la implementación de los estándares de transparencia e intercambio
de información para fines fiscales.
Ciertamente,
Panamá se ha visto enfrentada a serios problemas internacionales derivados
directamente del escándalo que significó la divulgación de la información
surgida del bufete Mossack Fonseca, y si
bien las presiones sobre nuestro sistema fiscal tienen su historia ha sido a
partir de dicho escándalo que el gobierno se ha visto forzado a pisar el
acelerador y proceder con urgencia a realizar importantes reformas de nuestra
plataforma legal y financiera, todo ello con vistas a ofrecer información
fiscal de ciudadanos de otros países y dificultar la utilización de nuestro
sistema legal para la comisión de delitos extraterritoriales, en especial la
evasión fiscal.
¿ Por qué
hemos sido tan lentos para adecuarnos a las exigencias derivadas de la crisis
fiscal del Estado en los denominados países desarrollados? No podemos ocultar
la existencia de lo que se ha llamado “la dictadura de los bufetes de abogados
en Panamá”. En efecto, un reducido grupo de firmas de abogados han jugado un
papel extraordinariamente importantes en la deriva política del país y por
tanto también en la defensa de un mercado multimillonario centrado en parte en
la generación de sociedades offshore.
No es de
extrañar entonces la teoría conspirativa de la “agresión” al país y a nuestro
exitoso sistema legal y fiscal, o los llamados a la defensa de nuestra
soberanía agredida e irrespetada. En verdad no hemos evolucionado al compás de
una crisis fiscal instalada en los países desarrollados y exasperada por una
economía global estancada y en crisis.
Inicialmente
nos escandalizamos porque la ICIJ denominó a la filtración Panamá
Papers. Dicho nombre era la prueba indiscutible de que “venían a por nosotros”,
sin detenerse a observar que igual denominaron a otros escándalos investigados
por dicho organismo: Bahamas Papers, Suisse Leaks, Luxemburgo Leaks, etc. Se
trata titulaciones periodísticas que permiten ubicar la investigación.
El
reconocimiento tardío de la gravedad de la situación y de las necesarias
reformas, por tibias que sean las mismas, dado el tira y jala del gobierno con
los poderosos bufetes de abogados, quedó establecido con el nombramiento por
parte del gobierno del Comité Independiente de Expertos para que analizaran y
evaluaran el sistema económico y financiero panameño, cuyas recomendaciones
servirían para realizar mayores reformas a nuestra plataforma de servicios
legales y financieros, haciéndola aún más transparente. Lamentablemente, Joseph
Stiglitz, premio Nobel de Economía, y Mark Pieth, prestigioso profesor de
Derecho y Criminología de la Universidad de Basilea, renunciaron al comité
acusándolo de falta de independencia y transparencia, lo que indiscutiblemente
le ha restado credibilidad a las conclusiones a que pueda llegar dicho comité,
aunque la mayor pérdida de credibilidad viene dada por la impunidad en la que
permanece el bufete Mossack Fonseca, y sus fundadores, pese al estremecimiento mundial
y nacional que generó la divulgación de los documentos secretos de sus clientes
offshore.
* Analista
político
Fundaciones de firmas offshore (
Mossack Fonseca ) para clientes a través de bancos
|
Sede
|
Banco
|
Cantidad de
fundaciones
|
|
1659
|
||
|
Banque
J. Safra Sarasin – Luxembourg S.A.
|
963
|
|
|
Credit
Suisse Channel
Islands Limited
|
918
|
|
|
HSBC Private Bank (Monaco) S.A.
|
778
|
|
|
HSBC Private
Bank (Suisse) S.A.
|
733
|
|
|
UBS AG (filial Rue du Rhône en Ginebra)
|
579
|
|
|
Coutts & Co Trustees (Jersey) Limited
|
487
|
|
|
Société Générale Bank & Trust Luxembourg
|
465
|
|
|
Landsbanki Luxembourg S.A.
|
404
|
|
|
Rothschild Trust Guernsey Limited
|
378
|
|
|
119
|
||
|
19
|
Composición de los archivos publicados
|
Tipo de datos
|
Cantidad
Documentos
|
|
Mensajes de correo electrónico
|
4 804 618
|
|
Archivos en formato de base de datos
|
3 047 306
|
|
Archivos PDF
|
2 154 264
|
|
Imágenes
|
1 117 026
|
|
Documentos de texto
|
329 166
|
|
Otros
|
2242
|
