Estamos
viviendo tiempos difíciles en el Brasil. Males que pretendíamos haber dejado
atrás nos vuelven a atormentar y hacen sufrir a nuestro pueblo. Pobreza
absoluta, miseria y hambre, desempleo y subempleo, mortalidad infantil,
restricción y empeoramiento de los servicios públicos de educación y salud,
aumento de la violencia urbana y rural son algunas de las plagas que soñábamos
estarían acabando.
Tiempos
moldeados por los intereses del capital financiero y sus principales aliados,
que se aprovechan de los grandes medios de comunicación e intentan ejercer una
hegemonía ideológica sobre el conjunto de la sociedad.
En 2016 ocurrió
un golpe de Estado en el Brasil. Se votó el “impeachment” de la presidenta
Dilma, por argumentos hoy reconocidos como falaces. Después de eso, se implantó
un gobierno sin legitimidad alguna que ha implantado un programa económico que
destruye las políticas sociales y elimina derechos, sirviendo a una agenda
neoliberal, siguiendo plenamente los dictámenes del capital, a contramano del
proyecto aprobado por la población en las elecciones mayoritarias de
2014.
Ese “gobierno”
disminuyó substancialmente la participación de la Petrobras en el Pré-sal,
vinculó los precios de los combustibles al mercado internacional, cortó el
gasto público en inversiones sociales por dos décadas, aprobó la tercerización
de la mano de obra, hizo una reforma laboral a imagen y semejanza de los
intereses patronales, disminuyó drásticamente el número de beneficiarios del
Bolsa Familia, redujo los presupuestos para educación y salud, desmontó la
fiscalización del combate al trabajo esclavo, estancó la demarcación de tierras
indígenas y quilombadas, aniquiló la Reforma Agraria en nuestro país y busca
llevar la compra-venta de tierras para el mercado internacional, inclusive de
tierras de fronteras.
Desde 2016, el
presupuesto federal sufre cortes sustanciales en políticas sociales:
universidades e institutos federales dejados a la deriva; hospitales
universitarios e institutos de encuestas siendo desmontados; reducción
presupuestaria de la CAPES (1), impidiendo la formación continuada de
profesores; la agricultura familiar abandonada, la industria nacional,
especialmente la construcción civil, naval y la petrolera, lanzada al
ocaso.
Los resultados
de ese horror repercutirán en las mayorías sociales. Hubo un gran aumento del
desempleo, precarización del trabajo y la renta media de las familias de los
trabajadores cayó, dejando a millones en el desaliento.
En medio de esa
barbarie social, Itaú-Unibanco, Bradesco y Santander tuvieron en 2017, lucro
líquido de R$ 53,9 billones. Valor concentrado, fundamentalmente, por cuatro
familias, libre de cualquier impuesto o contribución social. O sea, casi dos
veces el valor del Bolsa Familia para todo el año 2018 que atendería a 39
millones de familias beneficiarias.
Además de eso,
está en curso en Brasil un proceso agresivo de transferencia de renta del
Estado hacia sectores, por medio de exoneración de impuestos, de perdón de
deudas y del sistema de deuda pública.
El insaciable
mercado muestra su voracidad infinita dictando reformas que aumentarán aún más
sus escandalosos lucros, sin importarle la escalada de sufrimiento
humano.
El énfasis que
se da al combate a la corrupción se disocia del enfrentamiento a las brutales
desigualdades sociales. Florece un discurso que instrumentaliza esta lucha
contra la corrupción, que se tornó mecanismo para subvertir la agenda pública
nacional de la Constitución de 1988, cuyos objetivos fundamentales son:
construir una sociedad libre, justa y solidaria, garantizar el desarrollo
nacional, erradicar la pobreza y la marginalización y reducir las desigualdades
sociales y regionales.
En este cuadro,
los dueños del poder hacen verdaderos malabarismos jurídicos y políticos con la
intención de hacer perdurar en el tiempo el actual modelo: judicialización de
la política y politización de la justicia cono notoria selectividad y
persecución. El autoritarismo y la parcialidad de nuestro sistema judicial
atropellan el Estado democrático de derecho. Ejemplo de eso es la sustitución
de la voluntad popular por un proceso casuístico que encarceló al ex-presidente
Lula e intenta inviabilizar su candidatura a la Presidencia de la República.
Las elecciones
de 2018 serán una de las más decisivas de la historia brasilera, pues en ellas
se enfrentarán proyectos de país y sociedad, representados por partidos y
candidaturas a los Ejecutivos y a los Legislativos. Por un lado, estarán aquellos
identificados con el actual gobierno buscando legitimarse, por el otro,
aquellos genuinamente portadores de los anhelos más profundos del pueblo
brasilero en su incansable saga por soberanía y derechos universalizados.
En esas
elecciones, otro gran desafío para las fuerzas de la resistencia democrática y
popular es enfrentar las candidaturas con fuerte contenido neofascista.
En este momento
dramático, en que están en riesgo el presente y el futuro de nuestra nación, no
podemos “lavarnos las manos”, omitirnos, ni buscar refugio en la
neutralidad.
El momento
exige solidaridad con los empobrecidos, oprimidos y e marginalizados.
Por tanto,
proponemos construir un programa que sea referencia y orientación para nuestra
gente en las elecciones y que pueda movilizar la espiral de ciudadanía y de
bien común.
Entre esos
puntos, las entidades firmantes proponen:
-Revocación de
los cambios aprobados en la CLT (Consolidación de las Leyes del Trabajo) que
retiran derechos de los trabajadores.
-Reversión de
las privatizaciones ejecutadas y fortalecimiento de las empresas
públicas.
-Revocación de
la Enmienda Constitucional 95, que congela las inversiones sociales por 20 años.
-Realización de
una Auditoría Ciudadana de la Deuda Pública, que consume aproximadamente mitad
de todo el presupuesto público brasilero.
-Realización de
Reforma Tributaria que combata la desigualdad, tasando las grandes fortunas,
las grandes herencias, los dividendos de las grandes empresas y del sistema
financiero.
-Reversión de
las exoneraciones fiscales y del perdón de deudas y cobranza de los impuestos
adeudados por grandes empresas.
-Retomar los
programas sociales en los moldes anteriores a 2016, reforzándolos y
universalizándolos.
-Denuncia de la
partidización y la selectividad del sistema judicial.
-Respeto a la
presunción de la inocencia y a la Constitución que garante que la prisión
solamente debe ocurrir cuando todos los recursos necesarios e instancias se
hayan agotado.
-Movilizar la
sociedad para una amplia Reforma del Estado, que estimule mecanismo de
participación directa, promueva la democratización y la pluralidad de los
medios de comunicación y garanta el pleno respeto a los derechos humanos.
-Implementación
del derecho a la demarcación de tierras indígenas y quilombadas y realización
de una reforma agraria amplia y popular, con incentivos a la producción
agroecológica e agroforestal y la comercialización de alimentos saludables para
toda la población brasilera.
Cáritas
Brasileira
Comissão
Brasileira Justiça e Paz
Comissão
Pastoral da Terra
Conferência dos
Religiosos do Brasil
Conselho
Indigenista Missionário
Conselho
Nacional do Laicato do Brasil
Conselho
Pastoral dos Pescadores
Fórum de Mudanças
Climáticas e Justiça Social
Observatório
Nacional de Justiça Socioambiental Luciano Mendes de Almeida (OLMA)
Pastoral
Carcerária
Pastoral
Operária
Serviço
Pastoral do Migrante
Notas
1) Comunidades
quilombadas o quilombolas, se refiere a diferentes situaciones, por ejemplo:
donaciones de tierras realizadas a partir de la desegregación de
monocultivos; compra de tierras por los propios moradores para liberarse de la
esclavitud; tierras obtenidas a cambio de la prestación de servicios; o tierras
ocupadas en el proceso de resistencia contra el sistema esclavista. En todos
los casos, el territorio es la base de reproducción física, social, económica y
cultural de la colectividad. En 2016 había más de tres mil comunidades en todo
el país. (Redacción Correspondencia de Prensa)
2) Coordinación
de perfeccionamiento de personal de nivel superior (CAPES, por su sigla en
portugués), organismo bajo la dirección del Ministerio de Educación. (Redacción
Correspondencia de Prensa)
