Francelia Solano
www.plazapublica.com.gt / 070918
Cuatro de los argumentos esgrimidos el
jueves por la canciller Sandra Jovel en contra de la Cicig e Iván Velásquez,
son falsos.
La ministra de Relaciones Exteriores de
Guatemala, Sandra Érica Jovel Polanco, argumentó el pasado jueves en una
conferencia de prensa en el Palacio Nacional de la Cultura, las razones por las
cuales el Gobierno decidió no renovar el mandato de la Comisión Internacional
contra la Impunidad (Cicig) y la prohibición de ingresar al país al comisionado
Iván Velásquez Gómez. Durante los cinco minutos en que compareció ante los
periodistas, la canciller detalló una serie de argumentos por los cuales,
aseguró, el presidente Jimmy Morales tomó esa decisión.
Plaza Pública preguntó a la portavoz de la
cancillería, Marta Larra, sobre la fuente original de donde Jovel obtuvo la
información para sustentar los señalamientos hacia la Cicig y el comisionado.
Larra dijo desconocer “todo lo relacionado con la Cicig”. El jueves, al mismo
tiempo que Jovel hablaba con los reporteros, el ministro de la Defensa, Luis
Ralda, explicaba en el Congreso a los diputados de la bancada Convergencia, que
las decisiones del mandatario respecto a la Cicig se basaron en un informe de
inteligencia elaborado por el titular de Secretaría de Inteligencia Estratégica
de la Presidencia, Mario Duarte.
Al menos cuatro de los argumentos
expuestos por la Canciller durante la conferencia de prensa, son falsos.
1 - Jovel aseguró que “Iván Velásquez ha presionado al
Congreso de la República para hacer reformas a la Constitución Política de la
República y enmiendas a leyes ordinarias del país y dicha intromisión llegó al
colmo de cabildear leyes e incitar a los jefes de bloque del Congreso a influir
en decisiones de dicho órgano estatal”.
La afirmación de la canciller es falsa,
debido a que las actuaciones que cuestiona a Velásquez están respaldadas en el
acuerdo que dio vida a la Cicig, suscrito entre el Estado de Guatemala y las
Naciones Unidas. El inciso C del artículo 2 del acuerdo faculta a la comisión
para “Recomendar al Estado la adopción de políticas públicas para erradicar los
aparatos clandestinos y cuerpos ilegales de seguridad y prevenir su
reaparición, incluyendo las reformas jurídicas e institucionales necesarias
para este fin”.
De hecho, durante 2016 el mismo presidente
Jimmy Morales apoyó y participó en el proceso de diálogo promovido
por la Cicig para las reformas al sistema de justicia del país, del cual salió
el proyecto para las reformas a la Constitución que fue presentado
para su discusión y aprobación al Congreso de la República. Morales estuvo
presente en al menos once reuniones y actividades de la Mesa Nacional de
Diálogo.
Daniel Wilkinson, director de la División
de Las Américas de Observatorio de Derechos Humanos (HRW, por sus siglas en
inglés), dijo a Plaza Pública que la canciller Jovel “trata de
descalificar esfuerzos de colaboración con instituciones extranjeras, como la
Cicig, para que no logren los objetivos establecidos por los guatemaltecos”, y
que “si el Gobierno quiere decir que eso es intromisión, eso es negar la
historia y la realidad de esta institución y lo que esta comisión ha hecho”.
Marcela Martino, subdirectora del Centro
por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil, por sus siglas en inglés),
explica que “las funciones y facultades de la comisión están más que claras en
el convenio que soberanamente Guatemala suscribió con la ONU, que le dan pie a
la comisión no solo para investigar, sino también recomendar la adopción de
políticas públicas, incluyendo reformas normativas y para asesorar a entidades
gubernamentales para la lucha contra la corrupción”.
2 - La canciller Jovel también dijo que “la Cicig manipuló la justicia en
casos paradigmáticos como el de los hermanos Valdez Paiz, sobre el asesinato
del abogado Rodrigo Rosenberg, donde éstos estuvieron en prisión preventiva
durante ocho años y al final fueron absueltos”.
Esta afirmación de Jovel también es falsa.
Según el Ministerio Público, los hermanos José Eduardo y Francisco José Valdez
Paiz, señalados por la Fiscalía y la Cicig como autores intelectuales del
asesinato de Rosenberg, permanecieron en prisión preventiva durante tres años y
no ocho como señala la Canciller. Además, la Fiscalía asegura que los señalados
no han sido absueltos como dice Jovel, pues aún se encuentra en proceso de
apelación el fallo de una Sala que confirmó el cierre del proceso, “por lo que
aún hay probabilidades de que enfrenten debate oral y público”.
De las 13 personas procesadas por el caso
Rosenberg, nueve fueron condenadas por los delitos de asociación ilícita y
asesinato, otras dos beneficiadas con el criterio de oportunidad, y las dos
restantes (los hermanos Valdez Paiz) aún siguen ligados a proceso.
3 - Jovel también hizo referencia al caso
Pavorreal, y aseguró que los implicados por el Ministerio Público y la Cicig
por ejecuciones extrajudiciales de reos, “fueron absueltos por no existir
evidencia suficiente tanto en juzgados nacionales como extranjeros”.
Esa aseveración de la canciller también es
falsa. Según la Fiscalía “ningún tribunal ha abordado tema de existencia de
pruebas falsas” en este caso; “han sido los propios sindicados los que han
manejado ese discurso”.
De las doce personas señaladas en los
casos Pavón y Fraijanes, que se desprenden de la operación Pavorreal, realizada
por las fuerzas de seguridad en 2006, y que fueron procesados en Guatemala,
cinco fueron condenados, seis absueltos y uno sobreseído. Entre los absueltos
se encuentra Edwin Rivera Gálvez, hermano de Kamilo José Rivera Gálvez, actual
viceministro de Gobernación.
De los tres exfuncionarios que se dieron a
la fuga para no ser procesados en el país por estos casos, unos fueron
absueltos Javier Figueroa y Carlos Vielmann, en Austria y España,
respectivamente; mientras que Edwin Sperisen en primera instancia fue condenado
a cadena perpetua por la justicia suiza, y en un nuevo juicio a 15 años de
prisión.
4 – Como corolario, Jovel aseguró que “la
Cicig se convirtió en una estructura paralela a imagen de los aparatos que
estaba destinada a combatir”. Ese señalamiento de la Canciller también es falso.
En el Ministerio Público no existe ninguna denuncia penal en contra de la
comisión ni de Velásquez de ningún ciudadano ni funcionario público. En todo
caso, según la legislación guatemalteca, es obligación de Jovel presentar las
pruebas y evidencias de lo que afirma, para no caer en omisión de denuncia.
La Cicig ha actuado con base en el acuerdo
suscrito entre las Naciones Unidas y el Estado de Guatemala. En apoyo al
trabajo realizado por la comisión y el comisionado Iván Velásquez, el
presidente Morales pidió la renovación de su mandato el 18 de abril de 2016, en
la sede de la ONU. En esa ocasión, el presidente aseguró que “el apoyo la
comisión es fundamental para el proceso de fortalecimiento institucional en el
país”.
En ese momento el Ministerio Público y la
Cicig aún no habían presentados los casos en los que han sido señalados Sammy
Morales y José Manuel Morales, hermano e hijo del mandatario, respectivamente,
ni los dos procesos por financiamiento electoral ilícito en los que el
principal señalado es el gobernante.
Daniel Wilkingson dice que al comparar
Jovel a la Cicig con los aparatos clandestinos que combate “insulta a todos los
guatemaltecos y guatemaltecas que han luchado y sufrido luchando contra las
verdaderas mafias que han hecho tanto daño al país". La Cicig, agrega, “es
una creación de Guatemala, fue Guatemala quien planteo la idea de crearla, para
trabajar en conjunto con las instituciones del país”.
En tanto que Martino cree que esa
afirmación “no tiene una base fáctica verdadera y no es más que un intento por
maquillar lo que realmente está haciendo el presidente y sus aliados, que es
tratar de obstruir la justicia”. Morales y sus aliados, entre ellos Jovel,
agrega, “quieren teñir esto con una retórica de justicia selectiva; lo cierto
es que no es otra cosa que obstrucción de justicia y un intento por desmantelar
los esfuerzos y resultados de la Cicig”.
“Es práctica de los regímenes autoritarios
tratar de levantar la bandera de la soberanía, de intromisión, para obstruir
labores de investigación”, concluye Martino.
