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Guatemala: Crisis sistémica, dominación imperial y sueños de emancipación

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 “Alzad vuestros rostros, tenéis una necesidad imperiosa de esta brillante mañana que amanece para vosotros. La historia, a pesar de su desgarrador dolor no puede borrarse, y si se afronta con valor, no es necesario vivirla de nuevo.” Maya Angelou.

1. La crisis actual revela el contundente fracaso de la gestión política y económica de la clase dominante y sus súbditos

La clase dominante, este entramado de poderes fácticos que ha dirigido los destinos de este país, ha utilizado a lo largo de la historia contemporánea todos los medios a su disposición para evitar que los pueblos que aquí habitan, tengan alguna posibilidad de convertirse en un sujeto colectivo que tome las riendas de este Estado-Nación, construya una sociedad democrática, equitativa, y con justicia social.

Combinando eficazmente represión y cooptación de las masas populares, impuso sus intereses particulares en el andamiaje jurídico-institucional, en los dispositivos de dominación ideológica, control social y territorial. Su modelo de dominación clasista, racista y patriarcal, revela en esencia su forma de entender el mundo y a los seres humanos/as. Conceptos claves de la modernidad como la democracia, los derechos humanos, la igualdad, y el desarrollo incluyente, le son útiles, siempre y cuando, no implique tener que ceder poder, su tasa de ganancia o sacrificar su modelo de dominación.

Sobre los tres pilares TTT, despojo de la tierra, la sobreexplotación de la fuerza de trabajo y no pagar los debidos tributos, han amasado sus enormes riquezas; una y otra vez, ha reordenado el territorio en función del modelo de acumulación vigente. Hoy combinan diversas modalidades basadas en el trabajo forzoso y violatorio de todos los derechos laborales en el campo y la ciudad; el despojo de las tierras, la privatización de los bienes naturales, la ampliación de los monocultivos, la especulación financiera, el lavado de dinero, la corrupción, y la concesión de amplias extensiones del territorio nacional a empresas transnacionales. Están en plena consonancia con las fuerzas más destructivas del capital a nivel global, con quien les une lazos e intereses.

La trama discursiva de las elites siempre se ensañó contra el Estado, las iniciativas democratizadoras y pretendió generar adhesión a sus falsas promesas de desarrollo. El calamitoso estado en que se encuentra el país hoy es de su responsabilidad casi exclusiva. Han tenido 2 éxitos: a) Enriquecerse exponencialmente y b) Crear un muro de contención para que las luchas por crear democracia, equidad y justicia social no fructifican.

El legado de su particular y perversa forma de dominio trasciende las barbáricas relaciones de explotación de clase; hoy, la institucionalidad estatal está al borde de una virtual implosión, de tal manera que los ciudadanos, a modo de ejemplo, no pueden documentarse, ni conseguir pasaportes, el correo dejó de funcionar desde el año pasado, la mora judicial e impunidad se mantienen por encima del 90%, los bienes naturales se están destruyendo a una velocidad difícilmente recuperable, y se registran retrocesos significativos en los indicadores sociales sea en el ámbito de salud, educación, vivienda, trabajo, y la pobreza en vez de reducirse, se incrementa. Según el Informe del PNUD (2016):

A nivel de país se observa que la dimensión con más privaciones es la relativa a los ingresos: un 76% de la población no cuenta con ingresos para una canasta básica de bienes y servicios que permitirían una vida medianamente decorosa. La falta de servicios de salud impacta la dimensión respectiva: un 73% de la población no tiene ningún aseguramiento y las condiciones de saneamiento y de calidad de las viviendas muestran una alta precariedad. Las brechas en la cobertura educativa tienden a cerrarse, pero casi seis de cada 10 adultos no terminó la primaria y uno de cada cinco niños tiene altas probabilidades de no concluirla. La intensidad de las privaciones económicas y de salud sobrepasa el 50%, lo que indica una profundidad extendida de la pobreza.

La mayor parte de los hogares en Guatemala no cuenta con cobertura de seguro médico o seguridad social, incluso las pertenecientes al estrato alto. Al considerar las privaciones agregadas, la proporción de la población en condición de pobreza multidimensional se redujo en los primeros años posteriores a los Acuerdos de Paz de 72 a 58%. Después de 2006, la incidencia se ha incrementado y alcanza a dos terceras partes de la población. Al terminar el plazo para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en 2015, la mayoría de las metas no se cumplieron. Guatemala es el único país de América Latina que no logró reducir la pobreza de ingresos en ese periodo (PNUD:2016;16)

¡Vaya qué éxito tuvieron las políticas neoliberales, los tratados de libre comercio y la conducción de la gestión estatal por parte de la clase dominante guatemalteca! Ah, pero hay más, gracias a su extraordinaria capacidad, inteligencia, superioridad “cultural”, eficacia y gestión, Guatemala se ha convertido en un Protectorado.

El contundente fracaso de la clase dominante para dirigir los asuntos del Estado–Nación es invisibilizado, se esconde intencional o ingenuamente en los análisis parcializados abordados sectorialmente, mediante una fraseología que busca ser políticamente correcta, pero que es corresponsable de ocultar lo que es: el fracaso de la clase dominante guatemalteca -lo que debería tener obvias consecuencias políticas-; la pérdida de legitimidad, demandas jurídicas por la reparación de los daños colectivos causados y su destitución como actor decisivo en los asuntos públicos, lugar que debería estar ocupado por parte de las movimientos, pueblos originarios y fuerzas socio-políticas democráticas de este país.

2. A dos años de las movilizaciones ciudadanas Guatemala se ha convertido en un protectorado

Hace exactamente dos años, se apertura una coyuntura política impulsado por factores externos (EEUU y CICIG como actores principales) que inician de manera sistemática capturas y persecución judicial a través del MP, en contra de quienes configuran el denso tejido de mecanismos de enriquecimiento ilícito sean estos capitales tradicionales, emergentes o mafias, operados a través de partidos políticos, bancos, empresas privadas, funcionarios públicos, empresas de comunicación o las fuerzas armadas.

Más allá de decenas de encarcelados, la destitución del binomio presidencial Pérez Molina/Baldetti, la CICIG/MP han podido demostrar las modalidades del saqueo del Estado por parte de grupos privados, la penetración de capitales mafias en los gobiernos municipales, los tres organismos del Estado así como en el sector privado. La oportunidad política que esto debería abrir, o sea darle impulso a una reforma política para acotar la corrupción y la penetración de los capitales mafias, y retornar a un Estado de derecho burgués relegitimado, hasta el momento ha fracasado.

Previo a la crisis que estalla el 16 de abril del 2015, el sistema político estaba virtualmente cerrado a las demandas sociales y ciudadanas, no se visualizaba disposición alguna por parte de la clase dominante de ceder privilegios, cuotas de poder o abrirse a un diálogo nacional en el que se consulte a la ciudadanía sobre el modelo de país, que se ha impuesto autoritariamente. A dos años de este acontecimiento, esta situación no ha cambiado.

Algunas de las contradicciones sistémicas que dentro del marco de las reglas actuales del sistema no pueden solventarse y propician creciente inconformidad son:
a) El modelo de acumulación por despojo, que impacta sobre la tenencia, uso de la tierra y bienes naturales que afecta especialmente a los pueblos originarios y comunidades campesinas;
b) El racismo estructural y denegación de la autodeterminación de los pueblos originarios;
c) La brecha entre las expectativas que genera el modelo de “desarrollo” actual y su incapacidad para generar bienestar, fuentes de empleo, trabajo decente, y salarios dignos;
d) La persistencia de la desigualdad, el empobrecimiento de la clase media y los obstáculos para el ascenso social de nuevas generaciones; e) La profunda penetración de los capitales ilícitos en todos ámbitos de las estructuras del poder y en la sociedad como tal, lo que agudiza los niveles de violencia, el debilitamiento del tejido social, y la creación de poderes paralelos;
f) Los anhelos democráticos y transformadores de los movimientos y distintas fuerzas sociales que se enfrentan a un sistema político que no se abre a las demandas ciudadanas.

La primera etapa (abril a agosto 2015) coincidió con la emergencia de un importante ciclo de protesta ciudadana, que exigía reformas políticas y la renuncia de los gobernantes. Esta movilización sin embargo se fue apagando paulatinamente.

Las limitadas reformas propuestas no cuentan con la simpatía, ni suficiente respaldo de quienes abogan por un cambio sistémico desde abajo, son desconocidas por el ciudadano común y boicoteadas por los operadores políticos de las mafias aun enquistados en el Estado. La falta de acuerdos y fuerza política para respaldar estas u otras reformas políticas está poniendo en riesgo la actuación de la CICIG/ MP y otorga cada vez más poder de decisión a los EEUU.

El proceso de depuración del Estado es impulsado primordialmente por factores externos, en la que cobra cada vez mayor peso EEUU como administrador del protectorado, reforzado por el Comando Sur y su despliegue de tropas en todas las fronteras de este país. Es pertinente dialogar en torno a las implicaciones políticas de la intervención norteamericano en el contexto actual, sus alcances, límites y riesgos.

¿Permitiremos la eventual instalación de sus bases militares? ¿Estamos de acuerdo en que el Estado de Guatemala se convierta en una pieza de su estrategia de desestabilización de los países del ALBA, como parece ser el caso de la actuación en la OEA contra Venezuela? ¿Quién decide qué es aceptable y qué no es aceptable? ¿Cuál y donde está el posicionamiento político de las fuerzas socio-políticas democráticas?

3. La complejidad del momento actual: ¿Qué hacer?

El proceso de democratización iniciado ya hace tres décadas se agotó, así como los pactos políticos que se suscribieron con la Constitución de la República en 1985 y la Firma de la Paz (1996). No existe una nueva plataforma programática nacional consensuada que permitiría re-direccionar el destino de la nación hacia un futuro distinto, y este vacío constituye un factor que tensa aún más la crisis y pueda configurar reacomodos autoritarios y espurios.

En la historia reciente del país se pueden identificar a lo menos tres momentos en que se pretendía transitar desde un Estado autoritario, hacia un Estado democrático:

a) La Revolución de Octubre 1944-54;
b) La ANC de 1985 y la asunción del gobierno de la DC, 1986;
c) El proceso y firma de la paz 1996.

Si bien el contexto histórico, las fuerzas protagónicas y los alcances de estos procesos fueron muy diferentes, tienen en común la pretensión de ampliar y profundizar derechos ciudadanos, limitar y modificar poderes fácticos, instaurar un proceso sociopolítico con cambios en el marco jurídico e institucional para favorecer la transición hacia un Estado democrático.

La historia nos ha enseñado que los cambios socio-políticos trascendentales son antecedidos por procesos de:
a) acumulación de criticidad con lo existente;
b) de la emergencia de nuevas fuerzas protagónicas que construyen contrahegemonía en el ámbito de los saberes y sus prácticas sociales, pero que aún no logran irrumpir con fuerza;
c) la existencia de una crisis en la forma de ejercer el dominio por parte de las élites, que ya no logran suficiente legitimidad, ni son capaces de imponer unilateralmente las reglas del sistema que ya está en crisis;
d) la intensificación de contradicciones que ya no pueden resolverse con las reglas del juego del sistema existente, iniciándose un proceso de reacomodos;
e) cuando se visibilizan claramente diferentes modelos de Estado- Nación que están en disputa y en torno a los cuales se movilizan distintas fuerzas socio-políticas.

Este es el momento preciso, en que los movimientos sociales, pueblos originarios y fuerzas socio-políticas democráticas deben iniciar un proceso de diálogo entre sí, conformar un amplio frente político y construir acuerdos que permiten accionar de manera conjunta en el actual escenario político, convertirse en interlocutores nacionales frente a los factores de intervención y crear condiciones políticas que conlleven a la convocatoria de una nueva asamblea constituyente originaria para fundar un nuevo Estado.

Esta constituye una tarea política ineludible en el momento actual. Es un proceso complejo, lleno de tensiones y contradicciones, con previsibles traiciones, pero impostergable. Profundamente equivocados están quienes creen que esta crisis se puede solventar dentro del marco del próximo proceso electoral y por ende priorizan actualmente la conformación de nuevos partidos o movimientos socio-políticos. Ambos procesos deberían impulsarse paralelamente.

Los pueblos originarios, el movimiento de mujeres y los movimientos sociales aportan toda una nueva base filosófica-política para este proceso, por ello impulsar una ANC hoy es marcadamente distinta que hace 30 años, dado que no se puede reducir solamente a la discusión de leyes o instituciones. Hoy este debate tiene un nuevo piso político, gracias al enorme legado del pensamiento crítico latinoamericano / caribeño, el feminismo, los pueblos originarios, los ecologistas, la praxis de los movimientos sociales mundiales, las experiencias revolucionarias y emancipatorias de la Patria Grande y del mundo entero.

Se trata de sentar nuevas bases filosóficas –políticas; y “así contribuir a un modelo civilizatorio alternativo basado en el Buen Vivir, El Utzilaj K’aslemal, el Raxnaqil K’aslemal, que se erige en la defensa, reconstitución de la vida como un todo, que promueve la convivencia, complementariedad, libertad y derechos de la naturaleza, la libre determinación de los pueblos, a partir de prácticas que descolonizan, despatriacalizan y desmercantilizan las relaciones humanas[1]

En la declaración política de IV Congreso Guatemala Florecerás (agosto 2014) se plantea que “las relaciones deben estar basadas en el bien común, en el reconocimiento de la corresponsabilidad del cuidado de la vida entre hombres y mujeres y en la necesidad de que las nuevas formas de convivencia armónica desestructuren las relaciones de poder de dominio basadas en la propiedad privada.

Estas relaciones deben potenciar la libertad, la autonomía, los placeres, la autodeterminación de los pueblos, los cuerpos y los territorios para una vida digna y en armonía, lo que implica desestructurar la violencia contra la naturaleza, las mujeres y los pueblos.”

Todos estos importantes aportes que se han construido desde los pueblos se quedarán en el mundo de los sueños irrealizables, si no están acompañados de decisión política para trascender de lo local-regional, sectorial hacia una fuerza política nacional que disputa seriamente el poder de la clase dominante, sustituyéndolo paulatinamente. ¿Estamos a la altura de los retos que el momento histórico actual exige?


[1] Confluencia Nuevo Baqtun, El Utzilaj K’aslemal, el Raxnaqil “K’aslemal, Guatemala, 2014.