Por Olmedo Beluche
Los dirigentes de los gremios
empresariales, todos los cuales sin excepción estaban a favor de la mina,
empezaron a exigir que se reprimiera a los que organizaban los bloqueos en las
calles y carreteras. Una componenda de empresarios, políticos de partidos
corruptos aliados de FQM, a través de sus medios de comunicación e
ideólogos al servicio del régimen lanzaron una campaña de mentiras contra los
indígenas, educadores, obreros y estudiantes que sostuvieron valientemente los
bastiones de lucha, acusándolos de “violentos”. Cuando en realidad, quienes
luchaban fueron las víctimas de la violencia desatada por la policía y sectores
fascistoides y racistas, como el que asesinó a sangre fría a los educadores en
Chame.
Los políticos corruptos y los
ideólogos pagados de los medios de comunicación han tratado de meter el cuento
de que los jóvenes que acudían al llamado de “Sal de las Redes” e iban por las
tardes portando banderas, eran los “buenos”, mientras que educadores, obreros,
indígenas, pobladores y estudiantes eran “los malos”. Aunque la policía
reprimió por igual a unos y otros, como se pudo ver en diversas
ocasiones.
Parte del falso relato que se
ha querido vender es que los jóvenes de la Cinta Costera emulaban a la Cruzada
Civilista organizada en 1987 en plena crisis del régimen de Manuel Antonio
Noriega. Que al igual que entonces sólo había que hacer resistencia “pacífica”,
portando banderas nacionales o blancas. Un cuento parecido al que pretende que
la independencia de la India se logró con los ayunos “pacíficos” de
Gandi.
Todas las protestas fueron
pacíficas. La violencia siempre provino en primera instancia del lado
institucional, es decir, la policía o civiles dirigidos por políticos locales.
La diferencia estuvo en que el bloqueo de calles les dolía en el bolsillo a algunos
empresarios, pero sin esa presión no se habría obtenido nada. Está demostrado
que gobiernos y empresarios son indiferentes al reclamo popular hasta que les
afecta las cajas registradoras.
Se entiende que los
empresarios de la Cámara de Comercio, el Consejo Nacional de la Empresa Privada
(CONEP), la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE), hayan querido
restituir la imagen de la Cruzada Civilista porque ellos la crearon el 9 de
junio de 1987, para controlar un movimiento nacional contra el régimen militar
que crecía y que amenazaba conducir a una revolución popular.
Recordemos que la crisis del
régimen militar inició en 1984 cuando la embajada de Estados Unidos, los
militares y empresarios panameños, avalaron la imposición fraudulenta de Ardito
Barletta a la Presidencia y su plan económico neoliberal. Fueron los sindicatos,
gremios y asociaciones de obreros, empleados públicos, educadores y
estudiantes, quienes salieron a la calle a rechazar las medidas antipopulares.
Al igual que ahora contra el gobierno de Cortizo, durante 1984, 1985, 1986 y
1987 se sucedieron decenas de movilizaciones y huelgas que pusieron a tambalear
al régimen militar y sus medidas económicas.
Cuando la crisis llegó a su
punto culminante, tras las declaraciones del coronel Roberto Díaz Herrera, en
que reconocía el fraude electoral de 1984 y otros actos de corrupción, y cuando
la gente se tiraba a la calle para echar a Noriega del poder, se creó la
Cruzada Civilista para controlar la situación, quitarle fuerza al movimiento y
conducirla a métodos inocuos como las banderitas blancas y protestar solo en la
Calle 50, bastión del capital financiero.
La Cruzada Civilista, que
siempre contó con el visto bueno y participación de la embajada de Estados
Unidos, recicló a los políticos oligárquicos que carecían de respaldo popular
del Partido Panameñista, Molirena y la Democracia Cristiana. La Cruzada desactivó
la lucha, sacó a la gente de la calle a partir de octubre de 1987, la condujo a
que pasivamente esperara una “solución” electoral en 1989 y, cuando esta
fracasó, hicieron que las capas medias afincaran sus esperanzas en una
intervención militar de Estados Unidos, la cual se produjo el 20 de diciembre
de 1989, con más de 500 muertos, miles de heridos, 20 mil refugiados de guerra
y 5 mil presos políticos.
El hecho es que la Cruzada
Civilista y sus dirigentes empresariales fueron responsables de: 1.
Desmovilizar al pueblo que luchaba contra el régimen militar; 2. De conducirlo
a una lucha “pacífica” de banderitas que le hacía cosquillas a Noriega; 3. De
reciclar a los políticos oligárquicos corruptos que nos han gobernado por 34
años; 4. De colaborar con la sangrienta invasión norteamericana de 1989.
La diferencia entre la lucha
exitosa contra el contrato minero de FQM y la derrota de la
invasión de 1989 es que la burguesía no pudo montar un organismo (como la
Cruzada) para controlar al pueblo que luchaba. La diferencia entre el éxito
actual y la derrota de entonces fue la firmeza en las calles, en los bastiones de
lucha, de las comunidades, de los indígenas, de los educadores, de los obreros
y estudiantes.
Gracias a que no se le hizo
caso a quienes pedían que saliéramos de las calles, la Corte Suprema de
“Justicia” se vio obligada a actuar con celeridad y declarar la
inconstitucionalidad del contrato minero.
Que sirva de lección
histórica, el movimiento popular no puede creer en falsos profetas salidos de
los gremios empresariales, ni en partidos y políticos corruptos que siempre han
gobernado, ni mucho menos en “comunicadores” al servicio de intereses privados.
El pueblo panameño debe
confiar en sus organizaciones sindicales y gremiales, en sus dirigentes
probados en la lucha, porque solo de su seno saldrá el proyecto de un país
diferente por el cual bregamos. ¡Solo el pueblo, salva al pueblo!
Panamá, 11 de diciembre
de 2023.
