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 Por: Dumas Myrie S.

Políticas de seguridad ciudadana en Panamá

 

En Panamá las políticas de seguridad ciudadana son el reflejo caprichoso de la percepción del Estado en cuestiones de asuntos locales, y más cuando la delincuencia abraza no solo a lo local; sino a las mismas unidades espaciales centrales. A principios de la década de 1990 la falta de una organización legal en cuanto a las políticas ciudadanas de la violencia homicida envolvió al país en serios problemas de carácter normativo y sustento para frenar los casos.

 

Durante el gobierno de Mireya Moscoso se organizaron las políticas al respecto con la elaboración del documento de organización de la política de seguridad panameña. Sin embargo, la campaña electorera de dicho quinquenio demostró que dicha organización no logro solucionar el problema de fondo y que la seguridad del Estado necesitaba tratar temas como ¿Qué hacemos con la criminalidad? y ¿Cómo el Estado ajustaría sus planes a la ola migratoria en tiempos neoliberales? En ese estado de incertidumbre de la seguridad ciudadana, el mayor desafío era integrar las antiguas estructuras dejadas por el régimen castrista con los tiempos cuasi-democráticos.

 

La redacción del documento lineamientos generales para una política criminológica del Estado panameño y la creación del Servicio Nacional de Fronteras durante la administración del presidente Martín Torrijos, solo fue una cortina de humo para el verdadero problema que se encontraba en los propios políticos, y en la intromisión de los intereses empresariales que reclamaban su espacio reclamando favores de campañas políticas.

 

La ciudadanía reclamaba a voces en aquellos días, y aún hoy; transparencia en los procesos judiciales seguidos por la intromisión de la mano oscura de la narcopolítica en el Estado. Durante el gobierno de Ricardo Martinelli el Programa Conjunto Mejorando la Seguridad Ciudadana en Panamá: Hacia la construcción de una cultura de Paz (PNUD) y el plan Calles Seguras fueron una maniobra de los intereses personales de la empresa privada y el Estado para asegurar el contrato social, sobre los sectores más vulnerables, asegurando estabilidad momentánea financiera en favor del control policiaco sobre la escena pública. El Programa de seguridad integral durante dicho gobierno lo viene a reafirmar.

 

En tales circunstancias la narcopolítica encontró en el sistema financiero panameño una debilidad que se irradio a toda Centroamérica y la percepción de la justicia panameña. Las altas tasas de violencia homicida en los países de la región llevaron a suscribir durante el gobierno del presidente Juan Carlos Varela el plan de seguridad integral y prevención de la violencia que afecta a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en Centroamérica. Sin embargo, la ya golpeada seguridad en los barrios no encontró sustento al programa ante la falta de oportunidades de trabajo y el incremento de los circuitos de la droga.

 

Durante los primeros días de administración del presidente Laurentino Cortizo, el abuso de poder de las autoridades a puesto en evidencia la falta de control y simulación sobre escenarios reales de la policía con un saldo negativo de la percepción de la policía nacional y un aumento de la violencia contra este estamento. En un escenario donde la parte emocional de la población se discute los planes de dicho gobierno para dicho quinquenio valoraban la creación de la policía comunitaria con el uso de la tecnología en los municipios para frenar la ola de hurtos y casos de violencia de género en los barrios. En efecto en la investigación intitulada Determinantes de la violencia homicida en Centroamérica. Una mirada desde lo local-Panamá. Presentada en el VI Informe Estado de la Región 2021.  al comparar las cifras absolutas del año judicial 2020 entre los meses de enero y febrero para el año 2020 la intencionalidad de homicidios se aproximó a los 108 casos con una mediana estadística de 42 casos. Sobresalen la provincia de Panamá con un total de 42 casos y Panamá Oeste con 18 casos.

 


Profesor de geografía