Roberto Arosemena Jaén –Ciudadano panameño
Me gustaría que mi generación del 58
concluyese su misión histórica de integrar el destino del Canal al desarrollo
social y económico del país. Sin embargo, lo que se hizo el 31 de diciembre de
1999 fue crear una Junta encargada de la evolución del Canal con el nombre de
Junta Asesora de la Junta Directiva del Canal de Panamá. El Faro, en su edición
de junio de 2019, menciona la sustitución de William O’Neil (ex Secretario
General de la Organización Marítima Internacional (OMI) por 14 años antes de
ser nombrado en 1999 Presidente de la Junta Asesora del Canal, cargo que ocupó
hasta el momento actual.) El actual presidente de la Junta Asesora es William
John Flanagan Jr., Almirante de las Fuerzas Armadas, presumo de los Estados
Unidos de América.
La pregunta pertinente es qué poder tiene
el Ministro del Canal frente a este Consejo Asesor metido en el corazón de sus
colaboradores, nombrados y por nombrar, por el Presidente de la República.
Además, por qué se ha blindado el Canal de un título constitucional que, al
decir de los excandidatos a Presidente, en los pasados debates, no puede ser
modificado por el soberano que en este caso es la ciudadanía panameña.
En efecto, se nos obliga a pensar que no
tenemos facultad de llamar a una Asamblea Constituyente originaria porque el
título constitucional canalero está por encima de la voluntad política de la
nación. Tremenda aberración, entre la retórica de que conquistamos el Canal en
1999 y la absurda realidad de un Consejo de Asesores vinculados a la OMI y a
los intereses estratégicos del almirantazgo estadounidense.
Se concluye que el Canal, como patrimonio
nacional declarado, no es práctico ni efectivo. No podemos fijarle impuestos,
tasas y contribuciones presupuestarias sino lo permite la Junta Asesora
“directiva” y que el papel del Ministro del Canal es ridículo e intrascendente.
Lo mismo que cualquiera ocurrencia de algún diputado de atreverse a proponer
una ley que defina los excedentes del Canal y su utilización fiscal.
Inmediatamente, sería condenado como violador de la Constitución y excluido de
toda actividad política y social en el territorio nacional. En conclusión, ni
somos dueños ni propietarios del Canal, sólo administradores bajo la égida del
título constitucional. No me refiero al Tratado de Neutralidad y Funcionamiento
que es una temática correlacionada que hay que resolver mediante un trámite
contractual supeditado a una denuncia internacional en el seno de Naciones
Unidas.
Me refiero a la condición de la empresa canalera.
El efecto de esta “real política canalera” es un país sometido no a una quinta
frontera, sino a un destino de claudicaciones y traiciones que tenemos que
superar.
Corresponde a esta generación de eternos
jóvenes panameños y panameñas quitarle viabilidad al cerrojo mental, social,
cultural y político que pasa por el Canal y sus desastrosos acuerdos. Es
difícil esperar que Aristides Royo Sánchez, el ex institutor de la década del
58, miembro de la juventud insurgente de esta patria, ahora vuelto a encumbrar,
se haga eco de estas inquietudes. El momento actual es crítico. El torrijismo
agresivo, que confunde patria y soberanía con entrega y servilismo, retorna al
Palacio de las Garzas.
