Julio Yao Villalaz
www.laestrella.com.pa / 210218
El horrendo asesinato de Berta Cáceres en
Honduras es un grito de protesta ante la humanidad que mira pasiva y
cobardemente cómo se roban y destruyen los pocos ríos que languidecen en el
planeta.
Berta, una líder medioambiental y
destacada defensora de los derechos humanos, perteneciente a la etnia Lenca del
país centroamericano, fue galardonada en abril de 2015 con el Premio
Medioambiental Goldman por su defensa de los recursos naturales de los
hondureños.
Berta se opuso a un proyecto
hidroeléctrico —la Represa de Agua Zarca— de la empresa hondureña Desarrollos
Energéticos, S. A. (DESA). DESA inicialmente contaba con el respaldo de una
compañía china (Synohidro), pero ésta lo abandonó en 2013, al constatar el
rechazo de las comunidades, con lo cual también el Banco Mundial retiró su
apoyo financiero.
El alevoso crimen contra Berta Cáceres nos
hizo recordar los más de diez años de lucha que llevamos desde el Servicio Paz
y Justicia-Panamá contra Minera Petaquilla.
En Donoso, distrito de Colón, Minera
Petaquilla cometió iguales o peores crímenes contra la población, los sistemas
ecológicos, la fauna y la flora. En Petaquilla, un contrato de 1997 autorizado
bajo la administración de Ernesto Pérez Balladares tenía tantos defectos
formales y de fondo que harían palidecer al Tratado Hay-Bunau Varilla de 1903 y
que, como este, le permitían actuar al señor Richard Fifer ‘como si fuera
soberano' en Coclesito y Donoso. Pero el ‘soberano', al menos hoy, está
‘preso', repatriado desde Colombia, acusado de no pagar impuestos de los
obreros.
Retener dineros ajenos no es delito
ambiental, pero de retener dineros del fisco ya se le acusó a Fifer,
exgobernador de Coclé bajo la administración de Mireya Moscoso. En cambio, son
incontables las fechorías ambientales, ecológicas y de derechos humanos de
Minera Petaquilla, en Colón y Coclé, a saber:
Actuar ilegalmente al no contar con el
consentimiento libre, informado y previo de las comunidades; al no poseer un
Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobado; al violar la Constitución Nacional
por impedir el libre tránsito en el territorio nacional, particularmente de
comunidades indígenas; al presentar tardíamente un EIA de dudosa procedencia,
no sometido a consulta comunitaria; al actuar sin el conocimiento ni
consentimiento de los ministerios de Salud y Trabajo, de la Policía, Migración
o de la Autoridad Nacional del Ambiente; violación de contrato al explorar en
sitios no autorizados; realizar actividades comerciales no permitidas con
nuestros recursos forestales; tener tinas de lixiviación defectuosas desde su
construcción inicial; contaminar aguas superficiales y subterráneas; destruir
ríos; deforestar indiscriminadamente; reforestar engañosamente; desaparecer
especies endémicas de plantas y animales; destruir y desalentar faenas
agrícolas; trabajar en condiciones insalubres; propaganda falsa o exageradas
sobre construcciones, centros de salud y potabilizadoras; invasión, utilización
y apropiación de fincas tituladas; ocultamiento de muertos por contaminación en
hospitales de las provincias centrales; agresiones a los miembros de comisiones
científicas de la Universidad de Panamá; intentos de asesinato a los miembros
de Serpaj, Julio Yao (presidente), la dirigente María Muñoz (Coordinadora
Campesina por la Vida, antes contra los Embalses) y el periodista Blas Julio, a
quien hirieron con una roca durante una reunión con la comunidad; difamación
contra Julio Yao, a quien se le negó el derecho a réplica en un programa de
televisión boxística del patio.
Los anteriores delitos se suman a otras
circunstancias creadas a raíz del proyecto de minería a cielo abierto en
Coclesito, como la proliferación de cantinas, prostitución, drogadicción y narcotráfico;
embarazo de niñas en edad escolar, etc.
El asesinato de Berta Cáceres es un
llamado a nuestra conciencia para defender no solo nuestro patrimonio nacional
de aire, tierras y aguas en beneficio de nuestra población, sino también para
investigar los posibles delitos de la empresa minera y a los gobiernos de
Ernesto Pérez Balladares, Mireya Moscoso, Martín Torrijos y Ricardo Martinelli,
para determinar si se han producido actos de corrupción que no pueden pasar
inadvertidos por la justicia panameña.
