Por: Miguel Antonio Bernal
Se
sabe que algo ha acontecido con unos restos numerados 724, pero debido a que el
jefe del Instituto de Medicina Legal no ha rendido cuentas al respecto, los
familiares de víctimas de la dictadura suman al dolor de la desaparición de sus
seres queridos, el dolor de la desidia gubernamental en atenderlos. Así se vio
con el caso de Marlene Mendizábal, cuyos resultados ya concluidos, no fueron
divulgados durante meses, eternizando así el dolor de los familiares que
sufrían por una incertidumbre que ya venían padeciendo desde los 70's, cuando
la dictadura encubrió al asesino por ser sobrino de un militar.
Con
el caso del padre Gallego viene ocurriendo algo similar y hasta más grave.
Desde 1999 cuando se descubrieron los restos en una tumba clandestina del
Cuartel los Pumas de Tocumen casi nadie dudó de la identidad del padre Gallego,
toda vez que indicios -como una moneda y unas prendas de vestir halladas en la
fosa-, fueron identificadas como pertenecientes al sacerdote. Pero las nuevas
autoridades se encargaron de desaparecer al sacerdote por segunda ocasión, esta
vez con ayuda de un laboratorio contaminador.
Se
debió realizar una prueba con esfuerzo privado para que al menos se pudiera
alcanzar la primera identificación de un desaparecido de la dictadura, que fue
Heliodoro Portugal. No se duda de su identidad, pero se duda del manejo que
dieron las autoridades al impedir que, también fuera descubierta la identidad
del Padre Gallego. Y es lo que muy pocas personas continuaron reclamando hasta
lograr una revisión de todo.
Durante años, esfuerzos de personas como el
padre Fernando Guardia (qepd), insistieron en una revisión de todo lo actuado
en las excavaciones de Tocumen para dar con el padre, pero el Instituto de
Medicina Legal no ha hecho más que evadir.
¿Y EL PADRE GALLEGO? (2)
Miguel Antonio Bernal
Hace tres años, la insistencia eclesiástica logró
hacer que el Instituto de Medicina Legal (IMEL)m finalmente divulgara un
comunicado de prensa, avisando que realizarían un nuevo examen a los restos
encontrados en el sector de Motor Pool de Los Pumas en Tocumen, para determinar
si los mismos coinciden con el padre Héctor Gallego. Esto fue dicho por el
procurador general de la Nación en cargado, Rolando Rodríguez Cedeño.
Al
año siguiente (2016) los familiares de víctimas de la dictadura opinaron
públicamente que “en un determinado momento, por falta de medidas propias de
investigación en esta materia" se pudieron haber "mezclado osamentas
que cuando se enviaron a Estados Unidos para su análisis" y "se hayan
confundido y los restos pertenezcan a Héctor Gallego". Estas palabras
fueron publicadas en medios de prensa, citando al padre Conrado Sanjur.
En
el año 2017 Medicina Legal anunció que se había adquirido un equipo para
identificar los restos de las víctimas y se habló de un "pulverizador"
y otros insumos pero ya estamos en el año 2018 y no se conocen resultados de
tales promesas. Pareciera innecesario decirlo (por obvio) que la conducta de
las autoridades viola flagrantemente los derechos humanos bajo total impunidad.
Si no es así ¿cómo puede interpretarse el informe que el Comité contra la
Tortura de la ONU, divulgó sobre Panamá el año pasado, lamentando la "falta
de avances significativos" en la búsqueda e identificación de restos
de personas desaparecidas durante la dictadura militar
en Panamá (1968-1989)?
El
Instituto de Medicina Legal (IMEL) debe rendir un informe a la ciudadanía en
general, y a los familiares de las víctimas en particular explicando las
razones de su injustificada demora y tal vez así se evite que los familiares de
víctimas de la dictadura actúen como creo que debieran hacerlo tomando el
ejemplo de los indígenas Emberá-Wounaan ante el Ministerio de Ambiente que
¡ahora sí!, se vio obligado a atender con celeridad los reclamos ciudadanos.
Hace tres años, la insistencia eclesiástica
logró hacer que el Instituto de Medicina Legal (IMEL)m finalmente divulgara un
comunicado de prensa, avisando que realizarían un nuevo examen a los restos
encontrados en el sector de Motor Pool de Los Pumas en Tocumen, para determinar
si los mismos coinciden con el padre Héctor Gallego. Esto fue dicho por el
procurador general de la Nación en cargado, Rolando Rodríguez Cedeño.
Al
año siguiente (2016) los familiares de víctimas de la dictadura opinaron
públicamente que “en un determinado momento, por falta de medidas propias de
investigación en esta materia" se pudieron haber "mezclado osamentas
que cuando se enviaron a Estados Unidos para su análisis" y "se hayan
confundido y los restos pertenezcan a Héctor Gallego". Estas palabras
fueron publicadas en medios de prensa, citando al padre Conrado Sanjur.
En
el año 2017 Medicina Legal anunció que se había adquirido un equipo para
identificar los restos de las víctimas y se habló de un "pulverizador"
y otros insumos pero ya estamos en el año 2018 y no se conocen resultados de
tales promesas. Pareciera innecesario decirlo (por obvio) que la conducta de
las autoridades viola flagrantemente los derechos humanos bajo total impunidad.
Si no es así ¿cómo puede interpretarse el informe que el Comité contra la
Tortura de la ONU, divulgó sobre Panamá el año pasado, lamentando la "falta
de avances significativos" en la búsqueda e identificación de restos
de personas desaparecidas durante la dictadura militar
en Panamá (1968-1989)?
El
Instituto de Medicina Legal (IMEL) debe rendir un informe a la ciudadanía en
general, y a los familiares de las víctimas en particular explicando las
razones de su injustificada demora y tal vez así se evite que los familiares de
víctimas de la dictadura actúen como creo que debieran hacerlo tomando el
ejemplo de los indígenas Emberá-Wounaan ante el Ministerio de Ambiente que
¡ahora sí!, se vio obligado a atender con celeridad los reclamos ciudadanos.
¿Qué
ocultan el Presidente y la Procuradora?
Parece ser que el -hoy exasesor Fonseca Mora- lo sabe, porque a su
primer mensaje por tuit, agregó: “El señor Arzobispo, Edilma y yo y
otros, nos hemos reunido n la Procuradora para que inicie una investigación a
Medicina Legal, y nada!”
