Magdalena Gómez
www.jornada.unam.mx/131216
El pasado 6 de diciembre
se inició en la Ciudad de México, la tercera Caravana por la Justicia en
la Sierra Tarahumara, integrada por representantes de las comunidades de
Bacajípare, Bosques de San Elías Repechique, Choréachi (Pino Gordo), Coloradas
de la Virgen, El Mochomo, Huitosachi, Mala Noche y Mogótavo, así como las
organizaciones que les aportan acompañamiento y defensa jurídica: Alianza
Sierra Madre AC, Tierra Nativa AC y la Consultoría Técnica Comunitaria AC,
integradas en la Red en Defensa del Territorio Indígena en la Sierra
Tarahumara.
Esta vez presentaron un
informe en el espacio institucional de derechos humanos de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, y al día siguiente ante una comisión del Senado. Con ese
texto abordaron la situación de los derechos territoriales en esa importante
región del país y señalaron su interés en visibilizarla, cuestión más que
necesaria, pues los pueblos indígenas del norte han padecido los efectos de una
suerte de centro y sur centrismo.
Poco se conocen las
condiciones extremas de aislamiento, exclusión de políticas sociales, los
impactos de la violencia y la presencia del narcotráfico en la región y el
despojo de sus territorios y bienes naturales. Todo ello permeado por un marco
de racismo que viven los pueblos rarámuri, ódami o tepehuán pima y warijío.
Escaso ha sido el interés del Estado en todos sus niveles como lo son también
los medios nacionales que dan cuenta de su situación.
El informe explica la vía
agraria del despojo. La reforma agraria en la sierra Tarahumara (y muchos otros
territorios indígenas del país) constituyó ejidos sobreponiendo superficies
originales indígenas y tituló a terceros, muy frecuentemente no indígenas, en
dichos territorios. A lo que se suma la depredación de los bosques mediante
concesiones de aprovechamiento forestal también a terceros.
Una constante es la falta de consulta previa, libre,
informada, con la finalidad de llegar a un acuerdo y con pertinencia cultural. La posesión
ancestral resulta negada ante la indebida adjudicación de títulos de propiedad
a particulares y los permisos de explotación forestal y turística a
inversionistas privados y empresas de capital extranjero.
Ahí encontramos el corazón
de los litigios de las comunidades participantes en esta caravana: desde hace
nueve años se busca anular títulos de propiedad en el caso de Mogótavo, o
resoluciones presidenciales (caso de Choréachi); otorgamiento por Semarnat de
permisos de aprovechamiento forestal a personas o núcleos agrarios extraños sin
consultar a Choréachi y Coloradas de la Virgen; además, en los casos de
Mogótavo y Choréachi, han demandado el reconocimiento de su territorio
ancestral. A la fecha no han sido resueltos.
Por esta vía la comunidad
de Mogótavo está demandando también la nulidad del Fideicomiso Barrancas del
Cobre, que para fines de explotación turística fue creado sin consulta a dicha
comunidad ni a las demás circunvecinas. Las abogadas y abogados que los
acompañan han realizado una defensa jurídica ejemplar por la fuerza de sus
argumentos y la voluntad de persistir ante los obstáculos, como la falta de
reconocimiento de legitimación para solicitar justicia, las violaciones al
debido proceso en perjuicio de las comunidades por no asegurarles los medios
para comprender y hacerse comprender en su propia lengua, el retardo
injustificado en la mayoría de los juicios promovidos, las cargas probatorias
contrarias al ejercicio del derecho de autoadscripción reconocido a los pueblos
indígenas.
En síntesis, estamos ante
el fenómeno de la injusticiabilidad, pues aun cuando se obtienen sentencias
favorables a la protección de los derechos de los pueblos indígenas, como
ocurre en los casos de Huitosachi, o de la comunidad de Bosques de San Elías
Repechique, el Poder Judicial no se está haciendo cargo de garantizar su
estricto cumplimiento, quedando la ejecución dependiente de la lucha de fuerzas
entre las partes, como si no se tratara de un proceso de ejecución de una
sentencia irrevocable, señalaron.
La criminalización también está presente. Han asesinado a
líderes de las comunidades sin que los crímenes sean esclarecidos, las
organizaciones realizan su defensa en un clima de amenazas, hostigamientos,
allanamientos de oficinas, auditorías a una de las organizaciones para
sustentar difamaciones.
Este informe constituye un
espejo sobre la realidad a la que se enfrentan los pueblos indígenas al
reclamar sus derechos, también ofrece evidencias sobre la distancia aún enorme
con el principio de convencionalidad derivado del artículo primero constitucional,
sería un material imprescindible para que el Poder Judicial propiciara
revisiones internas y el Poder Ejecutivo, federal y estatal, se avoquen a
cumplir sus obligaciones de fondo. Como bien señaló el rarámuri Luis
Pérez: nos dicen
nómadas y creo que en el caminar por la justicia también somos nómadas.
