Atilio Boron
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La iniciativa de expulsar, o suspender, a Venezuela del
Mercosur viola la normativa de esa institución. No hay nada en el
Tratado Constitutivo del Mercosur ni en los Protocolos de Ushuaia y de
Montevideo (Ushuaia II) que contienen la así llamada “cláusula democrática” que
justifique semejante medida. Tiene razón la canciller venezolana Delcy
Rodríguez cuando denuncia la turbia maniobra de sus socios sureños como un
“golpe de estado” contra la República Bolivariana.
El pretexto empleado por
los gobiernos de Argentina, Brasil y Paraguay es que Caracas incumplió su
compromiso de adecuar su normativa económica a la establecida por el Mercosur.
De hecho Venezuela fue modificando gran parte de sus regulaciones económicas,
pero el proceso está aún sin completar. Incidentalmente, lo mismo puede decirse
de los demás socios del Mercosur, ninguno de los cuales ha adoptado en su
integralidad las normas del Tratado de Asunción.
Pero lo que puede ser un pecadillo
venial en Argentina, Brasil y Paraguay se convierte en un monstruoso pecado
mortal en el caso de la República Bolivariana. Este doble estándar es
una marca registrada del imperialismo y sus lacayos locales, como son los
gobiernos de esta infausta Triple Alianza que se arroja con saña en contra de
la patria de Bolívar y Chávez. No es preciso esforzarse en demasía para
comprobar la debilidad de este argumento, incompatible inclusive con las normas
y las prácticas del derecho internacional que establecen un marco de
flexibilidad y diálogo en los casos de retrasos en el cumplimiento de los
acuerdos.
En el caso de la Unión
Europea los acuerdos de Maastricht establecían que el déficit en el presupuesto
de los estados no podría representar una proporción mayor que el 3% del PIB y
que la deuda pública no debería bajo ningún concepto superar el 60 % del PIB.
Si Macri, Temer y Cartes fueran gobernantes de algún país europeo estarían
viéndose en figurillas para “suspender” a países como Grecia, Italia, Portugal,
Bélgica, Francia, España, Reino Unido por incumplir con ambas normas, y a
Alemania, Holanda y Austria por sobrepasar el límite impuesto al endeudamiento
público. [1]
Pero los países de la
Unión Europea, clientes también ellos de la Casa Blanca, mantienen un criterio
de flexibilidad que los talibanes conosureños no poseen y se desviven por
agredir a Venezuela, país cuyas enormes reservas petroleras, las mayores del
mundo, excitan el apetito insaciable del imperio.
Siendo insostenible el argumento del incumplimiento de la
normativa del Mercosur, los agresores cambiaron de táctica y ahora enarbolan el
argumento de la “cláusula democrática”. ¿Qué dice esta cláusula? La
misma fue resultante de una Reunión del Consejo del Mercado Común (julio de
1998) ocasión en que los presidentes de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay,
amén los de las repúblicas de Bolivia y Chile suscribieron el "Protocolo
de Ushuaia sobre Compromiso Democrático" estableciendo que la vigencia de
las instituciones democráticas era condición indispensable para la existencia y
desarrollo de los procesos de integración, y que toda alteración del orden
democrático constituiría un obstáculo inadmisible para la continuidad de la
integración regional.
En la retorcida
argumentación de Macri, Temer y Cartes resulta que un gobierno que ha resistido
años de guerra económica lanzada sin tapujos por el imperio; que ha desbaratado
interminables tentativas sediciosas explícitamente encaminadas, con la
inocultable colaboración de Washington, a derrumbar a un gobierno al que no se
lo podía derrotar en las urnas; que a comienzos de 2014 ha debido soportar
meses de subversión sediciosa con un costo de 43 muertos, casi un millar de
heridos, infinidad de edificios públicos y privados, vehículos de transporte
público y de uso particular debe ser acusado por violación a los principios
democráticos. La víctima se convierte en victimario.
En resumen, un gobierno que se ha
defendido de un ataque brutal y lanzado por todos los flancos, que ha mantenido
la institucionalidad democrática, que convocó a veinte consultas electorales en 18 años; ese
gobierno bolivariano es
juzgado por otros dos surgidos de sendos golpes de estado –Brasil y, de modo
mediatizado, Paraguay- y por otro que ha sumido a la Argentina en un
acelerado proceso de involución democrática como violatorio de la “cláusula
democrática” del Mercosur. Presidentes que para deshonor de sus gobiernos
y sus países están incursos en graves episodios de corrupción –Panamá Papers,
Bahama Papers, “Lavajato”, etcétera- y que atropellan la
institucionalidad democrática, censuran a la prensa opositora y encarcelan o
asesinan a dirigentes sociales, gobiernos como esos, repito, sienten que
cuentan con la autoridad moral para juzgar la democraticidad de la República
Bolivariana de Venezuela.
Si no fuera por la
injusticia que esto provoca la pretensión sería simplemente cómica, un acto
barato de comicidad a manos de malos actores que simplemente obedecen órdenes
de la Casa Blanca. El veredicto de la historia será implacable ante este plan
para destruir al Mercosur y, también a la UNASUR y la CELAC, objetivo
estratégico y no negociable del imperio que, para recuperar su hegemonía en
esta parte del mundo, necesita destruir todos los esquemas de integración
creados en las últimas décadas. No lo lograrán, y los tristes y malos
gobernantes que colaboren en tan infame designio sufrirán, más pronto de lo que
ellos se imaginan, el ejemplar escarmiento de sus pueblos.
