La exisla Pedro González
Jorge Sarsaneda del Cid
Panamá, 010517
Panamá, 010517
En un reportaje-anuncio
de un canal de tv aparece la “maravillosa Pearl Island” (isla Perla, supongo) y
se ve una muchacha muy bonita, morena, sirviéndole unos refrescos (¿tragos?) a
una pareja de blancos, en una piscina, con un mar turquesa en el fondo. Luego
anuncian un proyecto turístico, precioso, paradisíaco, “en un lugar de Panamá”,
con una inversión de unos 150 millones de dólares y presentan la inauguración y
bendición en marzo 2017. En ningún momento se menciona otros habitantes en la
isla. En resumen: ¡una maravilla exclusiva para el turista!
¿De dónde surgió la tal
“isla Perla”? ¿No había sido ‘descubierta’? Pues resulta que está en el golfo
de Panamá y es la isla Pedro
González, según todos los mapas. En ella habitan, desde tiempos coloniales, hermanos
panameños de origen africano. Actualmente, hay unas 300 personas que, de golpe
y porrazo (o ‘dolarazo’) se han visto asustadas, divididas, engañadas, invadidas,
rebautizadas, perseguidas, ‘electrificadas’ y casi expulsadas. Gente que vivía
en un paraíso, ahora están en un infierno.
El asunto no viene de
hace unos días. La gente que vive en la isla Pedro González (no Pearl Island)
alega que, desde 1971 tiene derechos posesorios ahí. Sin embargo, los caminos
normales ahora se encuentran con cercas electrificadas (sin avisos), resulta
que ‘aparecieron’ personas con “títulos sobre toda la isla” encima de los derechos de ellos. Ha habido protestas
en 2009, 2010, 2013, 2014 y 2016. ¿Resultados? Tres heridos, tres presos,
varios ‘huidos’, 37 amenazados de arresto, la comunidad dividida, y el “ejército”
(ilegal) panameño, llamado –en este caso- Servicio Nacional Aeronaval, disparó
y persigue a la gente (¡!!!???) y es percibido como aliado de la empresa
(¡obvio!).
Por si fuera poco, la
gente perdió un ojo de agua que le servía porque ahí hicieron la pista de
aterrizaje (¿??); la empresa sacó arena y piedra de una playa que el pueblo
usaba para sus lanchas; ninguno fue consultado sobre la tramitación de “título”
por parte de la empresa; para la gente, su pueblo son 1,467 hectáreas, para la
empresa, el pueblo sólo posee 9.5 hectáreas (que se las “concedió” la empresa);
según las personas del pueblo, el Senan los acusa de cargadores de droga y
prostitutas (dice una habitante). Todos estos datos y más, pueden ser
consultados en el informe de la Red de Derechos Humanos de Panamá, que realizó
una gira de campo hace unos meses (19-20 noviembre 2016).
¿Qué hacer? Dice una
señora: “No nos oponemos al turismo, pero la empresa nos quita la tierra”. Otra
añade: “Ahora me siento presa aquí, mi esposo no sale porque lo apresan”. “Estamos
peleando con un monstruo, tenemos la isla por cárcel”, tercia una señora mayor.
Por lo pronto, hay que
hacer una investigación más profunda de esta situación. La Defensoría del
Pueblo tiene la obligación de dar continuidad al trabajo hecho por la Red de
DDHH y acompañar a la comunidad de la isla Pedro González. Hay que aclarar
quién dio títulos sobre esa isla, cuando ahí viven pobladores desde hace muchos
años. ¿Qué dicen la Anati, el ministerio de Ambiente, el Inac, el Ministerio
Público, sobre todo esto? ¿Por qué el Senan defiende a la empresa? ¿Por qué en una sociedad que se dice
cristiana los más pobres tienen tanto problema para defender sus derechos?
Esto tiene que
cuestionarnos profundamente.
LA RUTA DE LAS COIMAS
Miguel Antonio Bernal
Coimas van y coimas
vienen, pero a los coimeados nadie ni nada los detiene. Ello es así dado que
estamos ante un "Estado comiero" y no, ante un Estado Constitucional
que es lo que debería imperar.
Los
"negocios del Estado" han logrado que la codicia de los factores
reales de poder, hayan podido secuestrar los mecanismos de control del poder
ciudadano para actuar a sus anchas, en desmedro de las funciones inherentes a
los órganos del Estado y sus dependencias.
Así vemos
como, tanto la Contraloría como la Procuraduría, no son más que instrumentos
encubridores y no investigadores de los múltiples delitos que se dan en la ruta
de las coimas. Ello ha acrecentado y acelerado la descomposición de nuestra
sociedad y la indefensión ciudadana e todos los campos de la vida cotidiana.
Los
implicados que, por acción u omisión, han participado de la orgía de
corrupción, se pavonean desde sus lujosos despachos y residencias, confiados
cómo están que, aquí, no pasa no pasara nada.
El
megaescándalo impune de la criminal empresa Odebrecht, ha trancado e
inmovilizado todas las obligatorias rutas de investigación de todas las
entidades llamadas a cumplir y hacer cumplir los Convenios internacionales
contra la corrupción, aparte de la Constitución y las Leyes que juraron cumplir
sus responsables.
La ruta
de las coimas de Odebrecht, encontró, en nuestro país, más que un camino real,
un canal ampliado para la impune circulación de sus actos ilícitos
apadrinados por los cuatro costados de los enquistados.
Ni
la "delación premiada", ni los "acuerdos verbales formales"
servirán para sancionar debidamente a todos los que, desde el 2006, se
cobijaron con Marcello y Ravello. Sólo una decidida voluntad ciudadana, de exigir
y adelantar las transformaciones institucionales, nos permitirá impedir que
acaben con la ardiente esperanza de días mejores en nuestra calidad de vida.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)