Por: Dumas Myrie S.
Políticas de seguridad ciudadana en Panamá
Durante
el gobierno de Mireya Moscoso se organizaron las políticas al respecto con la
elaboración del documento de organización de la política de seguridad panameña.
Sin embargo, la campaña electorera de dicho quinquenio demostró que dicha
organización no logro solucionar el problema de fondo y que la seguridad del
Estado necesitaba tratar temas como ¿Qué hacemos con la criminalidad? y ¿Cómo
el Estado ajustaría sus planes a la ola migratoria en tiempos neoliberales? En
ese estado de incertidumbre de la seguridad ciudadana, el mayor desafío era
integrar las antiguas estructuras dejadas por el régimen castrista con los
tiempos cuasi-democráticos.
La
redacción del documento lineamientos generales para una política criminológica
del Estado panameño y la creación del Servicio Nacional de Fronteras durante la
administración del presidente Martín Torrijos, solo fue una cortina de humo
para el verdadero problema que se encontraba en los propios políticos, y en la
intromisión de los intereses empresariales que reclamaban su espacio reclamando
favores de campañas políticas.
La
ciudadanía reclamaba a voces en aquellos días, y aún hoy; transparencia en los
procesos judiciales seguidos por la intromisión de la mano oscura de la
narcopolítica en el Estado. Durante el gobierno de Ricardo Martinelli el
Programa Conjunto Mejorando la Seguridad Ciudadana en Panamá: Hacia la
construcción de una cultura de Paz (PNUD) y el plan Calles Seguras fueron una
maniobra de los intereses personales de la empresa privada y el Estado para
asegurar el contrato social, sobre los sectores más vulnerables, asegurando
estabilidad momentánea financiera en favor del control policiaco sobre la
escena pública. El Programa de seguridad integral durante dicho gobierno lo viene
a reafirmar.
En tales
circunstancias la narcopolítica encontró en el sistema financiero panameño una
debilidad que se irradio a toda Centroamérica y la percepción de la justicia
panameña. Las altas tasas de violencia homicida en los países de la región
llevaron a suscribir durante el gobierno del presidente Juan Carlos Varela el
plan de seguridad integral y prevención de la violencia que afecta a niños,
niñas, adolescentes y jóvenes en Centroamérica. Sin embargo, la ya golpeada
seguridad en los barrios no encontró sustento al programa ante la falta de
oportunidades de trabajo y el incremento de los circuitos de la droga.
Durante
los primeros días de administración del presidente Laurentino Cortizo, el abuso
de poder de las autoridades a puesto en evidencia la falta de control y
simulación sobre escenarios reales de la policía con un saldo negativo de la
percepción de la policía nacional y un aumento de la violencia contra este
estamento. En un escenario donde la parte emocional de la población se discute
los planes de dicho gobierno para dicho quinquenio valoraban la creación de la
policía comunitaria con el uso de la tecnología en los municipios para frenar
la ola de hurtos y casos de violencia de género en los barrios. En efecto en la
investigación intitulada Determinantes de
la violencia homicida en Centroamérica. Una mirada desde lo local-Panamá.
Presentada en el VI Informe Estado de la Región 2021. al
comparar las cifras absolutas del año judicial 2020 entre los meses de enero y
febrero para el año 2020 la intencionalidad de homicidios se aproximó a los 108
casos con una mediana estadística de 42 casos. Sobresalen la provincia de
Panamá con un total de 42 casos y Panamá Oeste con 18 casos.
Profesor
de geografía
