Ramón Vera-Herrera
de apoyo del EZLN en el
caracol de La Garrucha Chiapas, octubre
Chetumal, Quintana Roo, octubre
Crecen en el sistema de castas de la península de Yucatán conflictos que
muestran la estratificación a la que quisieran someter a la población
peninsular los viejos caciques y las nuevas corporaciones, nacionales y
extranjeras. El espacio recién redescubierto de la Península completa se mira
como un sitio para depredar recursos sin fin, del agua a la mano de obra. Lo
que quede de maderas preciosas, caña de azúcar, soya, palma africana y espacios
culturo-turísticos.
Es el acaparamiento de tierras
sin miramientos; lo mismo promueve desarrollos inmobiliarios como el
mega-mercado con capital chino Dragon Mart (con más de 3 mil locales, casi 800
viviendas en Quintana Roo y con planta desaladora) que la construcción de mega
country-clubs como en Campeche, o la devastación de las supuestas reservas en
Holbox, Anillo de Cenotes o Calakmul.
Por si fuera poco, los tres gobiernos de la península parecen empeñados en
vendernos que son conscientes, entienden los problemas, y que si la federación
lo permite promulgarán “zonas libres de transgénicos”. Ya tienen hasta un
famoso Acuerdo de Sustentabilidad de la Península de Yucatán (ASPY).
El tema es ríspido y delicado. El acuerdo no es sino la activación coordinada,
integrada, de un sinfín de programas, proyectos, políticas públicas y
asignación de permisos, criterios, estándares, zonificaciones y recursos (ya
existentes con diferente grado de avance) para una transversalidad del actuar
de los tres gobiernos y que nada se escape de su trabajo encaminado a la “sustentabilidad”
(dice el documento). En los hechos, y en la exposición de motivos, queda claro
que buscan activar programas de servicios ambientales, REDD, proyectos de
economía verde, “intensificación de cultivos” (es decir invernaderos,
mecanización, promoción de mano de obra jornalera, monocultivos industriales,
desmonte de la selva y agroquímicos), al tiempo en que se impulsan “reservas de
la biosfera”, “áreas protegidas”, zonificación de cultivos, criterios de
sanidad alimentaria, “paisajes bioculturales”, proyectos turísticos y de
“promoción cultural”.
La cereza del pastel es una supuesta zona peninsular libre de transgénicos,
cuando ninguno de los tres estados tiene potestad para contravenir lo
establecido por leyes federales (algo que ya dejó claro la federación para
Yucatán), mientras los menonitas y otros actores y corporaciones siguen
sembrando soya transgénica en contravención de los juicios y demandas para
suspender los permisos de la siembra de este cultivo por comunidades de
Yucatán, Campeche y Quintana Roo.
La selva se sigue desmontando con trascavos y cadenas, y la utilización sin
freno de agrotóxicos deja ver que nada los detendrá. El acaparamiento y el
despojo proceden incontenibles.
La gente se burla del ASPY llamándolo Acuerdo para el Saqueo de la Península de
Yucatán. Y ya interpusieron demandas de amparo que fueron resueltas otorgando a
los quejosos varias causales que son un logro importante que servirá de
precedente en futuros juicios.
Para Raymundo Espinoza, abogado de los quejosos promoventes, la sentencia
establece “igualdad y no discriminación con derecho a participar en la
dirección de asuntos públicos y a ser consultados ante cualquier acción que
pueda afectar sus derechos e intereses”. Reconoce “el interés legítimo de los
quejosos”. Valora ampliamente la presencia de las comunidades y la
trascendencia económica, política y religiosa de la cultura maya. Establece “el
reconocimiento expreso de la ocupación histórica de la comunidad indígena maya
en el territorio de la península de Yucatán, lo que deriva en la necesidad de
contar con su participación a través de una consulta efectiva”.
Insiste en que “la consulta
debe ser de buena fe, y previa a ejercer o materializar cualquier acción del
Acuerdo que se dirija a los afectados o a sus representantes legítimos.
Igualmente, debe ser de buena fe y por medios idóneos, brindando la información
necesaria para tomar decisiones, en particular la existencia de estudios
imparciales y profesionales de impacto social, cultural y ambiental. Debe buscar
el acuerdo y en ocasiones será obligatorio obtener el consentimiento libre e
informado de las comunidades, mediante procesos culturales adecuados y usando
las formas e instituciones que ellos mismos ocupan para tomar decisiones”,
sobre todo ante las afectaciones derivadas de la materialización de los
objetivos del ASPY, “para que participen en el establecimiento de sus mecánicas
de ejecución”.
Queda claro que la sentencia caerá de peso entre la sociedad civil acomodaticia
y los políticos locales con aspiración de salvadores, porque frena, de facto,
las pretensiones seudo-ambientalistas comunes en Mérida, Campeche y Cancún.
Sigue pendiente el resultado de varios procesos en curso que apuntan al despojo
rampante. Dice uno de los quejosos promoventes, Russell Peba: “el ASPY fue un
acuerdo impulsado por 50 empresas que buscan un beneficio monetario en nombre
de la conservación y la sustentabilidad del medio ambiente, sin importarles si
contaminan el agua, el aire, la tierra, o las semillas nativas; sin importarles
si nos despojan del territorio a los que históricamente habitamos estas tierras
mayas. Lo más vergonzoso en la firma del ASPY son las organizaciones no
gubernamentales que se vendieron al duopolio gobierno-empresas y lo hicieron
recibiendo financiamientos para sus proyectos comunitarios a favor de la
conservación del medio ambiente. Incluso organizaron foros y conversatorios
apoyando el ASPY 2030”.
Para Peba, como para infinidad de comunidades en la península “el ASPY es el
proyecto que materializa la mercantilización de la naturaleza y busca convertir
en un amplio negocio verde lo que aún nos queda en las comunidades mayas”.
Pese al ASPY continúan sembrándose semillas transgénicas (soya pero también
maíz) y se promueven grandes parques eólicos y solares para la generación de
energía eléctrica “que funcionarán dentro de amplias extensiones de tierras
ejidales que serán deforestadas”.
Un caso especial de amplia resistencia de las comunidades afectadas es el
complejo porcícola de Homún, que quiere imponer la cría industrial de 45 mil
cerdos en plena reserva geohidrológica Anillo de Cenotes. Homún está ubicada en
la zona de “recarga” de dicha reserva, “que prohíbe expresamente actividades
que no sean compatibles con el cuidado del medio ambiente o que tengan un
impacto negativo en los ecosistemas (artículos 7 y 8 del decreto 117)”, de
acuerdo a un boletín de Indignación, organización que mantiene un
acompañamiento a las comunidades afectadas. “A la comunidad no se le consultó
ni hubo un proceso de consentimiento libre previo e informado y no obstante hay
ya permisos para operar dicha granja”.
Lo extraño y aberrante es que tras no recabar este consentimiento, autoridades,
empresas, medios de comunicación y ciertos segmentos de la “sociedad civil” se
le fueron encima a la comunidad de Homún, en una suerte de linchamiento
mediático, por atreverse a organizar su propia consulta, que ocurrió en dos
sesiones (a fines de septiembre y a principios de octubre). Por eso
Indignación, y otras organizaciones como el Comité maya Kana’an Ts’onot,
elevaron la exigencia de que esta consulta sea respetada en su procedimiento y
sus resultados, y se les deje de hostigar.
Es de esperar que la sentencia del ASPY frene también la construcción de esas
mega-granjas, que a todas luces acaparan y devastan el territorio de las
comunidades aledañas. Las comunidades deberán entender que, pese a ciertos
aliados no tan desinteresados, crece su responsabilidad en la defensa de su
territorio y su autonomía. Existe una responsabilidad de reivindicarse mayas. Y
entre todas y todos romper el cerco mediático discriminatorio y acomodaticio.
