Las normas
constitucionales, las leyes, las reglas del juego, son cotidianamente violadas
por los monopolizadores de los Órganos del Estado. No debe entonces
sorprendernos que, dentro del fraude constitucional al que nos someten, seamos
también llevados de la mano a un fraude electoral.
Para evitar confusiones, recordemos con la Real Academia de la Lengua
Española que fraude “es la acción contraria a la verdad y a la rectitud, que
perjudica a la persona contra quien se comete. Es el acto tendente a eludir una
disposición legal en perjuicio del Estado o de terceros”.
Así las cosas, vemos cómo
el Gobierno presidido por Laurentino Cortizo Cohen y su partido PRD, además de
asumir arrogantemente el rol de permanentes violadores de la Constitución y de
la institucionalidad, han empezado a acomodar la legislación electoral y otras, para el fraude que les permitiría prolongarse en el poder, más allá del 30 de
junio de 2024.
Recordemos que, contrariamente a lo que pueda pensarse,
el fraude no es un acto único. El fraude, en Panamá, está en el sistema, sí,
pero también en la complicidad con la que actúan los partidos políticos no
oficialistas, los cuales no cuestionan el sistema por su “esperanza” de poder
beneficiarse de una manera u otra, del mismo.
Así veremos cómo el “candidato oficial, al igual que
muchos candidatos del oficialismo, recibirán apoyo oficial directo o indirecto,
ante el silencio cómplice de la Fiscalía Electoral, el Tribunal Electoral y los
propios directivos de los partidos políticos que se dicen “no oficialistas”. El
Presidente de la República en persona, ha montado y montará, actos oficiales
para descalificar, calumniar o irrespetar a sus adversarios políticos, en esta
operación artificiosa para la cual cuenta con toda la parafernalia del aparato
estatal.
Otro fraude está en marcha y, hasta ahora, todo indica
que llegarán a su meta, salvo que la población alcance a reaccionar, de lo
contrario, la primera estocada que preparan, servirá de preámbulo para el
“matadero del fraude.”
