"La democracia española es rehén de la jerarquía católica"

Juan José Tamayo /entrevista

www.publico.es/15/03/17

Puedes ponerlo, fui condiscípulo riguroso del cardenal Cañizares, nuestras tesis doctorales fueron dirigidas por el mismo profesor de Teología. Él nos decía que no había dirigido dos tesis con posiciones más contrarias".

La tesis de Juan José Tamayo (Palencia, 1946) versó sobre la Juventud Obrera Cristiana, mientras que la del cardenal Antonio Cañizares, sobre la vida, obra y milagros de un santo valenciano. Tamayo continuó sus estudios hasta convertirse en uno de los más reconocidos teólogos de la liberación. Ideología que, cuentan, inspiró el giro que el papa Francisco quiso dar a la Iglesia católica.

Justo cuando se cumplen cuatro años de papado de Jorge Bergoglio, cuando la Conferencia Episcopal ha elegido a Cañizares vicepresidente, y cuando el laicismo del Estado español vuelve a ser foco de debate, Tamayo, director de la cátedra de Teología y Ciencias de las Religiones en la Universidad Carlos III, carga duramente contra el alto clero español y el papel de la Iglesia en la democracia. 

P: ¿Ha logrado la democracia española independizarse de la Iglesia católica?

R: La democracia española, después de la muerte de Franco, desde la Transición hasta nuestros días, es rehén de la Iglesia católica. O mejor, de la jerarquía católica. Desde la Transición lo que han hecho los diferentes partidos que han estado en el Gobierno ha sido dotar a la Iglesia de cada vez más privilegios esperando una rentabilidad en apoyo político.

No estamos en una democracia laica, sino en un Estado que dudo que sea siquiera no confesional, sino que tiene una confesionalidad que no disimula. Primero en los textos, ya que la Constitución reconoce el estatuto especial de la Iglesia católica, y segundo en la práctica política, ya que le concede todo tipo de privilegios: educativos, económicos, fiscales e incluso militares, ya que el Ejército español cuenta con un arzobispo con sacerdotes a su servicio, y que van ascendiendo en graduación al mismo nivel que el resto de los militares.

Estas prebendas no solamente no se han reducido no solamente no se han reducido con el paso del tiempo y con los partidos de izquierda en el gobierno, sino que se han incrementado todavía más. El ejemplo más claro es la casilla de la declaración de la renta, que le supone un ingreso de 250 millones que concedido por el Estado generosa y gratuitamente, sin que haya una justificación para esa aportación.

El trato que se da a la Iglesia católica en este tema es del mismo nivel que el trato que se le da a los asuntos sociales. Eso es una hipoteca gravísima y un ejemplo claro de que seguimos en un Estado confesional.

¿Y la moral del Estado? ¿Cree que también está demasiado influida por la Iglesia católica?

Claro. La moral del Estado es una moral católica, pero además de los sectores más conservadores. Lo que está pasando es que afortunadamente la ciudadanía éticamente es mayor de edad, se rige por su propia conciencia, los derechos humanos y los principios de una ética cívica, y para nada tiene en cuenta ese trasvase desde la moral católica hacia la moral del Estado. El mejor antídoto frente a esa dependencia está en esa madurez y mayoría de edad de ciudadanos y ciudadanas españolas, que en muy poco tiempo han conseguido liberarse de la moralina represiva de la Iglesia católica.

Buena parte de las leyes que se han elaborado en estos 40 años, que han rozado los principios doctrinales de la Iglesia católica, han tenido que salir con forceps. Y además con unas enormes limitaciones, porque la Iglesia católica se ha encargado de identificar pecado con delito, calificando de delitos aquellos comportamientos que en el interior de la Iglesia católica son pecado, cuando tenían que estar clara y netamente separados. Un ejemplo de esta falta de separación está en los juicios de personas que han expresado libremente una serie de actitudes en espacios religiosos que se consideran profanación dentro de la Iglesia católica y el Código Penal los traduce en culpabilidad penal.

Yo creo que todavía la moral del Estado está hipotecada por la moral cristiana... Tradicional. Porque hay una ética del Evangelio, que es la ética de la Liberación, de la justicia, de la solidaridad, la ética de la opción por los excluidos, que no practican los jerarcas, no la ponen en práctica y tampoco se ha traspasado al Estado.

Pero a la hora de identificar sus propios delitos...

No se ha producido ninguna colaboración de la Iglesia católica en casos claramente delictivos de sacerdotes, de profesores de colegios, pederastas, que no han sido entregados a la justicia, ni tan siquiera han recibido un castigo dentro de la propia comunidad cristiana.

La jerarquía católica, la Conferencia Episcopal, no se ha pronunciado ante el autobús de Hazte Oír. Tenía que haberse pronunciado, porque es un mensaje totalmente homófobo, pero sin embargo ha preferido callarse. ¿Por qué? Porque en el fondo está de acuerdo con esos mensajes ultraconservadores que fomentan el odio.

Cañizares es un cardenal que en sus declaraciones demuestra odio a todo lo que tenga que ver con las relaciones que no son heterosexuales. Que está en contra de la teoría de género, a la que desprecia llamándola ideología de género y diciendo que es una de las ideologías más funestas de la humanidad. Además, con motivo del fenómeno de la inmigración dijo que había que tener mucho cuidado con los inmigrantes porque podían ser como el caballo de Troya.

Eligen por mayoría absoluta a un cardenal que es homófobo, que es xenófobo, que es machista, patriarcal y sexista. ¿No es esto un ejemplo claro de cómo está posicionada la Conferencia Episcopal? No es un obispo sin más, es que este obispo con estas declaraciones ha sido ratificado por mayoría absoluta como vicepresidente de la Conferencia Episcopal. ¿No es esto grave?

¿Es esto una prueba de la progresiva radicalización del discurso de la Conferencia Episcopal?

En la medida en que avanzan las leyes críticas con la violencia de género, defensoras de la Igualdad entre hombres y mujeres, respetuosas con las diferentes identidades sexuales, ellos radicalizan todavía más sus posiciones reaccionarias e integristas. Se consideran los guardianes de la moral.

"En la medida que avanzan las leyes que defienden la igualdad ellos radicalizan todavía más sus posiciones integristas"

Yo nunca he hecho declaraciones contra Cañizares, fue mi condiscípulo y fuimos buenos amigos. Él era un hombre… Nunca progresista, pero tampoco tan integrista como ahora, sino más centrista, del Vaticano II, de planteamientos más moderados. Nunca sacó los pies del estribo como lo está haciendo ahora.

Que haga esas declaraciones me parece muy mal, aún cuando nunca le he criticado públicamente, las repruebo radicalmente. Pero que a esta persona la hayan nombrado vicepresidente de la Conferencia Episcopal me parece la mejor prueba, la verificación empírica de la deriva inmovilista que está siguiendo la jerarquía católica.

El cardenal Antonio Cañizares, en una imagen de 2007 portando una 'capa magna', prenda en desuso y desaconsejada para las ceremonias por el papa Pablo VI en el año 1969.

¿Podría estar Cañizares radicalizando su discurso precisamente para ascender en la jerarquía eclesiástica?

Precisamente ahora con [el papa] Francisco, hacer esas declaraciones tan generadoras de odio debería generar todo lo contrario. Pero claro, la reforma de Francisco no ha pasado los Pirineos. Y por eso Cañizares, que se posiciona de manera clara y directa y sin ningún tipo de reparo contra las orientaciones renovadoras del papa, puede ascender. Si realmente los obispos españoles caminaran en la dirección del papa, a Cañizares nunca le habrían podido elegir vicepresidente.

Se ha impuesto la continuidad integrista y conservadora en contra de la orientación reformadora. Estas elecciones han sido una bofetada en contra del proyecto del papa Francisco.

¿Se ha quedado la Iglesia española anclada en el pasado?

A la Conferencia Episcopal le falta sentido profético, están demasiados instalados en el sistema eclesiástico, son demasiado complacientes con el poder político del que reciben muchas prebendas, y en agradecimiento no demuestran esa crítica que por ejemplo hace Francisco al capitalismo por ser injusto de raíz. Estos obispos, a lo largo de la crisis no han hecho apenas declaraciones contra la responsabilidad que tiene el neoliberalismo al provocar todavía más desigualdad.

Es ingente la cantidad de documentos que han publicado los obispos españoles en estos últimos 40 años contra el divorcio, contra el aborto, contra la píldora del día después, contra las relaciones prematrimoniales, contra la fecundación in vitro, contra la ordenación de las mujeres, contra el matrimonio de los sacerdotes, contra y contra y contra todo aquello que supone una apertura en la sexualidad, en las relaciones de pareja, en los modelos de familia, etc. Yo he recogido hasta 14 noes de los obispos.

Sin embargo muy pocas veces, y de manera encubierta, han condenado la violencia de género. Condenan la teoría de género descalificándola como ideología, incluso algunos obispos consideran que esta ideología de género es la responsable de que las mujeres se rebelen y luego los hombres ejerzan la violencia contra ellas. Es escandaloso.

Tantos documentos contra la ideología de género y ni una sola manifestación, ni una solo documento público contra la violencia de género que se lleva por delante mujeres. ¿No es eso una falta de piedad, de misericordia, de sensibilidad hacia la violencia contra las mujeres? ¿No está también legitimando, al menos indirectamente, esa violencia?

¿Y no va eso contra su propio interés? ¿Cómo logrará la Iglesia llegar a la gente si adopta una postura tan reaccionaria?

Son los peores propagandistas de su propio producto. Ellos mismos se están haciendo el harakiri. Con estas posiciones cada vez es mayor el número de apostatas explícitos que abandonan la Iglesia porque no pueden compartir estos planteamientos que no tienen ninguna sensibilidad hacia los sectores que sufren.

Ellos van a decir que la causa de la falta de fe es de la secularización, de la pornografía, del libertinaje… Pero en el fondo la responsabilidad en la crisis que está sufriendo la Iglesia hoy es interior, están eligiendo el peor camino para poder defender la autenticidad y la verdad del mensaje que dicen anunciar.

¿Indígenas o pueblos originarios?: una reforma conceptual

Ilán Semo

www.jornada.unam.mx/110317

Los orígenes del concepto de indígena se remontan al siglo XVI. Los primeros en utilizarlo fueron los mensajeros y los cronistas españoles, que se vieron obligados a definir a ese otro sobre el cual ejercerán una larga dominación. Indígena e indio son palabras que, por su procedencia, tienen poco en común. Indígena proviene del latín inde (del país o la región) y genos (originario o nacido).

La noción de indio, en cambio, data de la convicción de Cristóbal Colón y sus hombres de que habían arribado a las Indias occidentales. Pero el valor de una palabra, es decir, el sentido que proporciona a lo que denota, no está dado por su etimología, sino por los usos que le otorga una sociedad. Ese valor, sostienen algunas teorías del lenguaje, se produce inicialmente en el mundo oral: la fonética. Antes de escribir, hablamos, y antes de hablar, esbozamos signos. Indígena e indio tienen en común una raíz: ind. Esta raíz no significa más que lo que une a las dos nociones y las vuelve relativamente homologables.

Que la noción de indígena haya perdurado en el siglo XVI –y de ahí hasta nuestros días– es un misterio que los historiadores aún deben descifrar. Si la denotación del Nuevo Mundo quedó afianzada en el nombre de América, ¿por qué se mantuvo el concepto de indio, que apelaba a lo ya conocido, la India? Sea cual sea la razón de esta peculiar inflexión, sus efectos fueron visibles. El primero es que lo indígena remite a un pasado frente a la novedad del Nuevo Mundo, léase: lo-que-está-por-venir, por-construirse. En segundo lugar, este simple ordenamiento del futuro-pasado constituyó a quienes se erigirían en los representantes de lo nuevo (peninsulares y criollos) como los protagonistas del futuro, la signatura central del síndrome de la modernidad, y a los indígenas como los habitantes que provenían de un pasado, es decir, los habitantes del pasado. El horizonte de expectativas de ese Nuevo Mundo quedó así grabado –o secuestrado– en las nuevas élites novohispanas.

Este secuestro no fue tan sólo el del tiempo. Fue también el del cuerpo y la vida misma. La palabra indígena, una invención española, que reunió a la in-unificable (más de 100 culturas y naciones en una sola abstracción), se tradujo en un sistema de castas y de segregación durante la era del virreinato.

El siglo XIX no sólo heredó este sistema de reconocer/desconocer, sino que lo potenció. El antiguo concepto de indígena, ligado al orden estamental, pasó a manos de uno de los mayores vacíos de la modernidad: la idea de la raza. Un vacío del otro y su otredad. Anclada en el principio de que lo más profundo es la piel, fue la noción que legitimó los regímenes liberales y conservadores, sobre todo al porfiriato, para emprender campañas de despoblación, oficializar la no-ciudadanía y crear un país de sombras. Y, sobre todo, como ha mostrado Beatriz Urías Horcasitas, para homologar lo indígena con la historia del ancla: lo que no permite a la nave moverse hacia la ilusión de la modernidad. Este discurso porfiriano permanece hasta la fecha oculto en el concepto de atraso.

Las narrativas de la revolución hicieron frente a este dilema con una noción antigua: la franja moral. Una noción que proviene de la economía del misterio de la religión: los indígenas como parte del corpus de la nación, pero de su corpus clientelar, su franja de eterna exclusión.

El levantamiento zapatista de los años 90 propició un cambio visible. El concepto de indígena devino una fuente de orgullo, ironía y confiscación. Incluso una expectativa del reorden de la sociedad. Su aporte, como ha mostrado Carlos Manzo, fue la signatura de la comunalidad, un término que no falta en ninguna mesa en la que hoy se hable sobre el futuro.

Fue precisamente durante los años 90 que la noción de pueblo originario comenzó a cobrar consenso. Su origen es vago. Probablemente data de los años 20, cuando empezó la discusión sobre derechos públicos y de propiedad en Canadá. Pero lo que importa en los signos que definen al otro nunca es su origen, sino la fuerza que tienen para significar la actualidad. El creciente uso de la noción de pueblos originarios expresa una importante reforma conceptual: 1) en primer lugar, dificulta su sustantivación, a menos que se hable de originarios y obligue al lenguaje a recurrir a una polisemia. Llamar a las culturas del país por el nombre que ellas mismas se dan: nahuas, mazahuas, rarámuris…; 2) destituye un concepto clave –el de indígena– en la estructura de lo que mueve las latencias raciales de la sociedad, y 3) pone en escena la apuesta de un lenguaje abierto a la posibilidad de la pluralidad.

Nadie se engaña. El desplazamiento de la noción de indígena por la de pueblos originarios es tan sólo un ligero golpe al criollismo del imaginario nacional, apenas una reforma. Nada va cambiar todavía en los sótanos de la racialidad, pero es un golpe significativo. Son las palabras las que omiten todo lo que las descifra, y son ellas las que lo vuelven sobre sí.

El sacerdote que se enfrenta al presidente de Honduras

Emiliano Ruiz Parra

www.nytimes.com/es/ 260317

Ismael Moreno Coto, mejor conocido como "el padre Melo", en una de las manifestaciones del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas (Copihn) Credit Radio Progreso

PROGRESO, Honduras — Berta Cáceres tenía las llaves de la casa del padre Melo. Si pasaba por la ciudad de Progreso se quedaba en alguno de los cuartos vacíos en el hogar del sacerdote.

Ismael Moreno Coto, mejor conocido como el padre Melo, era amigo íntimo de la líder ecologista y de su esposo, Salvador Zúñiga, desde hacía más de dos décadas. Esa pareja fundó el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas (Copihn) en 1993. Durante 25 años de matrimonio, Berta y Salvador pasaron por diversas separaciones y reconciliaciones, y Moreno fue amigo y consejero de ambos.

“¿Quién se va a ir primero, Melo, tú o yo?”, le preguntó Cáceres, sin dejar de sonreír mientras les tomaban una fotografía tras un mitin de protesta contra una hidroeléctrica en río Blanco en 2013. El cura no respondió. Cáceres temía por su vida y también por la del jesuita. Su premonición se hizo realidad el 3 de marzo de 2016, cuando fue asesinada en su casa.

Moreno es un sacerdote jesuita que se ha convertido en uno de los principales líderes opositores de Honduras, el país más violento de Centroamérica. Es periodista en uno de los países más peligrosos para ejercer ese oficio: desde el golpe de Estado de 2009 han sido asesinados 26 reporteros, de acuerdo con la ONG Comité por la Libre Expresión (C-Libre). En ese contexto, el padre Melo se ha convertido en una figura antagónica del presidente Juan Orlando Hernández.

Del asesinato de Cáceres, sucedido el 3 de marzo de 2016, el sacerdote aprendió una lección. Dice que en Honduras se aplica a rajatabla la “ley de la muerte”: una condena contra los opositores al modelo “extractivista”. Los que no se dejan comprar por las empresas o los partidos políticos son condenados.

“Cuando los gatilleros impactaron sus disparos en el cuerpo de Berta Cáceres, ya la habían condenado a muerte hacía muchos años”, dijo Melo. Según él, antes de las balas hay un proceso de muerte civil y política para los opositores: se les denigra o se les invisibiliza. Los medios de comunicación corporativos solían ignorar a Cáceres o la llamaban la Bochinchera, como si fuese una persona problemática.

Moreno Coto también se ha sentido sentenciado. No piensa que lo van a matar como a Cáceres, pero ya asumió que fue condenado a la denigración y la invisibilidad.

Estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras protestaron a inicios de este mes por el asesinato de la líder ambientalista Berta Cáceres sucedido en marzo de 2016. Credit Gustavo Amador/European Pressphoto Agency

Su vida ha estado marcada por la violencia. A los 16 años sufrió la muerte de su padre, Pedro José Moreno, acaecida el 17 de agosto de 1974. Oficialmente, se trató de un robo con violencia pero Ismael Moreno nunca se ha sentido satisfecho con esa versión porque su padre era un dirigente campesino que participaba en las expropiaciones de tierras.

Unos años después, apenas ordenado sacerdote, se vería tocado por una de las masacres más célebres en la historia de la Compañía de Jesús: el asesinato de seis jesuitas y dos empleadas de la Universidad Centroamericana (UCA) de San Salvador. El 16 de noviembre de 1989, un comando élite del ejército de El Salvador irrumpió de noche en la universidad y asesinó a los sacerdotes Ignacio Ellacuría, Amando López, Ignacio Martín-Baró, Joaquín López, Segundo Montes, Juan Ramón Moreno, así como a Elba y Celina Ramos, trabajadoras de la institución.

Moreno era cercano a las víctimas porque su director de tesis de maestría era Amando López, y el rector de la universidad, el célebre teólogo Ignacio Ellacuría, había sido su profesor. Pero su amistad más profunda era con Elba Ramos, la cocinera de la comunidad, y con su hija, Celina. De hecho, las había invitado a pasar la Navidad de 1989 con su familia en Progreso por lo que el 22 de diciembre iba a recogerlas en la frontera para llevarlas a casa de su madre, pero la matanza se interpuso en sus planes.

El más reciente de sus muertos se llama Carlos Mejía Orellana, quien tenía 35 años y fue asesinado en su casa la noche del 11 de abril de 2014. Era el encargado de vender los espacios publicitarios de Radio Progreso.

Mejía era homosexual y acaso por eso las autoridades se apresuraron a decir que se trataba de un crimen pasional, aunque era uno de los 16 trabajadores de Radio Progreso que estaba protegido con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por las amenazas que había recibido.

La cena

Melo, de 59 años, es el director de Radio Progreso, uno de los pocos medios de comunicación críticos al gobierno, que cumplió seis décadas en diciembre de 2016. También es la cabeza del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) de la Compañía de Jesús, un colectivo que tiene influencia política en los movimientos sociales que se oponen a los megaproyectos mineros, turísticos e hidroeléctricos.

La noche del 15 de diciembre de 2016, Moreno organizó una cena en su casa. El menú fue sencillo: pollo frito, costillas de cerdo en salsa barbacoa y yuca frita. Era la comida rápida de un restaurante del barrio. “A menos que ocurra algo extraordinario, el próximo presidente se llamará Juan Orlando Hernández”, sentenciaba el sacerdote.

En esa y otras ocasiones el padre no cesó de criticar a Hernández: lo señalaba como el principal protector de los violadores de derechos humanos. También afirmó que Honduras atraviesa por una “democracia autoritaria que avanzará a una propuesta dictatorial, personalista”.

Los convocados a la cena eran doce personas, entre jesuitas, exjesuitas, académicos, un músico y un reportero. La conversación versó sobre el panorama político de Honduras. A los extranjeros nos puso al día: Hernández contaba con un aliado y protector en Estados Unidos; el general John Kelly, exjefe del Comando Sur y actual secretario de Seguridad Interior de Donald Trump.

La Constitución de Honduras prohíbe la reelección. Sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) le despejó el camino a Hernández para volverse a presentar a elecciones. Desde abril de 2015, la Corte Suprema declaró que prohibir la reelección era contrario a los derechos humanos y tratados internacionales. En octubre de 2016 los miembros del TSE ratificaron esta decisión por unanimidad.

Y el 14 de diciembre, un día antes de esta cena, Juan Orlando Hernández declaró que sí, que se postularía para otro mandato. Por tener las mismas ambiciones, el presidente Manuel Zelaya fue derrocado en 2009.

Melo pidió opiniones sobre cómo tener mayor incidencia en la realidad de Honduras “para mayor gloria de Dios”. “Lo que tú necesitas es una universidad”, le sugirió uno de los presentes, el académico Tony Payán, director del Centro México de la Universidad de Rice, en Houston.

Melo respondió con una anécdota: unos años atrás, un exministro se le acercó para ofrecerle 10 millones de lempiras (poco menos de medio millón de dólares al tipo de cambio de hoy) con el fin de fundar una universidad; Melo rechazó la oferta. La función de los jesuitas, justificaba Payán, era ser un gozne entre los ricos de arriba y los pobres de abajo. Otros apoyaron la propuesta pero el sacerdote no respondió.

Al otro día, el viernes 16 de diciembre, en un foro en Radio Progreso, Moreno dijo: “Bajo ninguna circunstancia vamos a dar marcha atrás y decir: ‘Vamos a llegar a arreglos con la élite política hondureña’. O decir: ‘Vamos a hacer componendas con un sector de la empresa privada o vamos a buscar al cardenal (Óscar Rodríguez Maradiaga)’”.

El sacerdote prosiguió: “Solo la alianza con los sectores con los que coincidimos en la construcción de propuestas alternativas al sistema capitalista es lo que nos protegerá. No tenemos ningún otro camino, bendito sea Dios, más que fortalecer la identidad de hace muchos años y en eso tenemos que empeñar el compromiso hacia adelante”.

El mitin

Moreno Coto ha sido una figura recurrente en las reuniones de líderes comunitarios. El 17 de diciembre, en la conmemoración del aniversario de Radio Progreso, sostuvo un encuentro en el auditorio del ERIC en Progreso con activistas que viajaron desde poblaciones tan lejanas como San Francisco de Opalacas, Santa Rosa del Aguán y Tegucigalpa para escuchar su mensaje.

Muchos hicieron hasta dos días de viaje en autobuses destartalados, cargados con sacos de maíz, tubérculos y frutas de diversos colores para las ceremonias indígenas y afromestizas de gratitud y fertilidad. Algunos gastaron una parte importante de su sueldo de jornaleros, pescadores y pequeños productores de café para su peregrinación hasta ese salón donde estaban 170 personas sentadas y otro centenar permanecía de pie.

Honduras, les dijo el sacerdote, vivía bajo un régimen de “democracia autoritaria” en el que se cumplían formalidades como la división de poderes y un aparente ejercicio de las libertades constitucionales, pero que solo se sostenía con altísimas dosis de fuerza, represión y autoritarismo.

Según el cura, el gobierno del presidente Hernández se apoya en varias columnas. La primera es una alianza de la oligarquía nacional con las empresas trasnacionales, muy notoria en las inversiones en telecomunicaciones, la minería, el turismo, la generación de energía eléctrica y la palma africana.

La militarización era el segundo rasgo. En Honduras, dijo, las instituciones de justicia estaban colapsadas y el ejército participaba cada vez más en ámbitos de discusión política. “En un país inestable no hay manera de conseguir las ganancias de hace 25 años sin militarizar a la sociedad”, comentó.

Luego habló sobre el “asistencialismo proselitista”, que definió como el derroche de dineros públicos a través de los 72 programas sociales dirigidos desde la Casa Presidencial y la cooptación de los medios de comunicación.

Y, finalmente, se refirió al “sustento divino”. En cada acto oficial se celebraba una liturgia. La empresa privada y el gobierno se decían apoyados por Dios. Para ello habían conseguido el apoyo de un sector de la jerarquía católica y de los pastores evangélicos a través del Programa de Construcción de Templos, un instrumento del gobierno hondureño para canalizar fondos a las iglesias.

“Hay que prepararnos para el futuro que viene: la democracia autoritaria avanzará a una propuesta dictatorial, personalista”. Los asistentes confirmaban sus hipótesis. Si alguien se detenía a conversar con Magdaleno Gómez, pequeño productor de café de San Francisco de Opalacas, este confirmaba que en su pueblo no iban “a permitir las represas, ni la minería a cielo abierto”.

O con Aurelia Arzú, de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANH), que acusaba al gobierno de impulsar megaproyectos turísticos en playas como la bahía de Tela, que han sido el sustento de los garífunas.

Moreno le pidió a los dirigentes no desviarse hacia luchas electorales, no agotarse en batallas locales carentes de perspectiva nacional y no consumirse en protagonismos. Era el discurso de un dirigente político. En más de media hora de alocución nunca invocó a Jesucristo o a la Virgen María.

Pero un poco antes de terminar les recordó que era un sacerdote y debía ir a celebrar la misa funeraria de una compañera fallecida, cedió el micrófono y salió a paso veloz.

El hogar

Era un pequeño cuarto de menos de diez metros cuadrados con una cama individual, un escritorio con libros, papeles y una laptop. Observé el pudoroso desorden de alguien que siempre anda con prisa: una camisa arrugada por ahí, polvo de algunos días sobre las superficies, la cama destendida.

El padre Melo siempre va tarde a su próxima reunión. Esa mañana del domingo 18 de diciembre había preparado unos huevos con cebolla y jitomate y había calentado frijoles con cilantro mientras un joven jesuita estadounidense, Matthew, nos colaba café.

Sentado en su mecedora, el sacerdote contaba su vida. En Progreso existían dos colegios: el de los pobres y el de los ricos. Una sola vez el gobierno municipal otorgó dos becas para los mejores alumnos y él ganó el primer lugar, por lo que le tocó el colegio San José de la Compañía de Jesús. Era entonces un mulato flaco, de peinado afro y sombrero de palma que estudió con los hijos de la burguesía del banano. Allí se decidió a ser jesuita.

De joven vivió en Ciudad de México, donde estudió Filosofía, y después en San Salvador, donde cursó Teología. Desde 1995 se ha dedicado al periodismo. Ese año fundó en Honduras el diario opositor A mecate corto, y en 2001 formó el ERIC.

Moreno nació el primero de enero de 1958. Tiene 59 años y se ha convertido en un hombre de cara redonda, cabello cortado al ras, bigote gris, ojeras profundas y una prominente barriga de comedor de carnes, pollo frito, tajadas de plátano maduro y baleadas (una quesadilla de trigo, frijoles y queso).

En noviembre de 2017, Honduras transitará por unas polémicas elecciones. El presidente Juan Orlando Hernández podrá presentarse a la reelección y, quizá también se postule Manuel Zelaya Rosales, el expresidente derrocado en 2009.

El padre Melo no mira hacia 2017 sino a 2021, cuando Honduras celebrará el bicentenario de su independencia. Promueve la creación de un programa de nación llamado Soberanía 2021, una agenda de lucha para enfrentar lo que define como la potencial “dictadura personalista” del presidente Hernández.

Moreno dice que seguirá su trabajo desde su posición de sacerdote. Es decir, sin buscar un puesto en el gobierno. Según él, los momentos de represión y autoritarismo como el que actualmente vive Honduras pueden convertirse en oportunidades para el movimiento social.

Dice que a eso le apostará los próximos cuatro años de su vida.

Xi Jinping y la realidad al dictado

Xulio Ríos

www.rebelion.org/020317

El líder chino Xi Jinping afronta ahora el ecuador de su mandato si, como es habitual y se espera, renueva jefatura hasta 2022. Así pues, este será un año de inevitable balance. En otoño, en el XIX Congreso del Partido Comunista de China (PCCh), debe consolidar lo alcanzado pero antes, en las “dos sesiones” que las cámaras parlamentarias chinas celebrarán a partir de la próxima semana, se calibrarán sus expectativas.

Los transcurridos han sido casi cinco años de innumerables directrices en los más vastos y variados campos plasmadas en el lanzamiento público de la actual oleada de reformas concebida como un proyecto global y complementario administrado por un equipo ad hoc presidido por el propio Xi.

Los “60 puntos” (2013) abarcan seis sectores diferentes: economía, sistema político, medio ambiente, cultura, asuntos sociales y gobernanza. El balance inicial de su implementación es flojo. Pese a ello, el discurso oficial sigue siendo predominantemente optimista, señalando que casi todo va viento en popa. Este contraste entre el discurso y la realidad se adoba no ya con el silenciamiento de toda crítica, sea o no constructiva, externa o interna, sino multiplicándose las certezas adulatorias de todo signo.

A trancas y barrancas

A lo largo del ejercicio recién concluido (2016), el PCCh logró en cierta medida transmitir a la opinión pública la convicción de haber consumado la estabilización general de la economía después de las crisis de la Bolsa de 2015 y 2016 con los retos añadidos, en escala de dificultades, alusivos a la reducción de la evasión de capitales y la caída del yuan.

El elemento central de la agenda de Xi en este periodo fue la construcción de un nuevo modelo de desarrollo. ¿Está funcionando esa transición? Veamos algunos datos. Según cifras oficiales, en 2014, el sector servicios representaba el 48,2 por ciento del PIB frente al 51,6% de 2016. Otro dato: la aportación del consumo al crecimiento del PIB pasó del 51,2% en 2014 al 64,6% a finales de 2016. Avanza –y no es fácil- pero a menor ritmo de lo deseado.

El segundo referente a tener en cuenta es la “nueva normalidad”: ciertamente, cambiar de carril en el modelo de desarrollo exige bajar la velocidad del crecimiento para facilitar la transición. El ritmo de crecimiento en 2016 fue del 6,7%, el más bajo en 30 años. Para 2020, el objetivo establecido en el XIII Plan Quinquenal consiste en duplicar el PIB con respecto a 2010. Esto significa que el PCCh hará lo necesario –y hasta lo imposible- por alcanzar en los próximos años un objetivo mínimo de crecimiento del 6,5%.

Más allá de la expansión del mercado o la propiedad privada, de la reducción de los excesos de capacidad o la burbuja inmobiliaria, uno de los principales caballos de batalla siguen siendo las empresas estatales. Por el momento, Xi se ha centrado en la renovación de los consejos de administración y del estilo de dirección procurando una mayor eficiencia y transparencia.

Por otra parte, se experimenta tímidamente con el aporte de capitales privados afectando una pequeña parte de los activos industriales a la participación en Bolsa. Esta será la clave en los próximos años y se probará en algunas provincias al igual que con la distribución a los empleados de hasta un máximo del 30 % del capital.

La probabilidad de que las reformas desemboquen en una privatización parcial sustantiva del tejido industrial público es débil a día de hoy. Es más, el proceso discurre en paralelo a una invocación persistente de la recuperación activa del control del Partido por la vía del reforzamiento de la dependencia de la Comisión de Activos del Estado que ha multiplicado sus efectivos y mecanismos de control, principalmente a través de la creación de nuevos departamentos y un más directo seguimiento. Y una medida importante que refleja el tono principal: el presidente del Consejo de Administración será siempre el jefe del partido de la empresa.

En términos generales, la percepción cívica es que la economía no marcha tan bien como en periodos anteriores, ya sea por las circunstancias internacionales y los retos del comercio exterior o por lo delicado de los desafíos estructurales internos. No obstante, el discurso oficial abunda en tres ideas: el crecimiento permanece estable, las reformas progresan y China desempeña un papel internacional cada día mayor.

¿Los datos lo corroboran? De las dudas acerca de la veracidad de las informaciones económicas se han hecho eco hasta las propias autoridades y de forma pública. La provincia norteña de Liaoning, por ejemplo, admitió en enero último que entre 2011 y 2014, los datos facilitados por la provincia eran falsos.

De la sociedad armoniosa a la sociedad acomodada

Pese a una sensación bastante extendida de que lo social no es tan importante en el mandato de Xi –que atribuye más transcendencia a otros factores de proyección de poder- como lo fue en el de su antecesor Hu Jintao (la “sociedad armoniosa”), la construcción de una sociedad acomodada se ha convertido en palabra de orden con el objetivo 2020: duplicar el PIB per cápita en relación a 2010. Esto se presentó en su día como una novedad radical en la planificación macroeconómica de China ya que, por primera vez en décadas, la cuestión de los ingresos y su relación con el crecimiento se ponían sobre el tapete.

La tarea no es pequeña. En 2010, en términos de PNB per cápita, China se hallaba en la posición 120 en el mundo. El 36% de la población vivía con menos de dos dólares diarios. China necesitará unos 35 años para alcanzar el PIB per cápita de Japón (rondando los 40.000 dólares).

Xi dirigió su atención a la erradicación de la pobreza, la reducción de las desigualdades, la situación ambiental, la reforma de las pensiones y la edad de jubilación, etc. Pero el asunto mayor es la gestión de la nueva ola urbanizadora y la reforma del registro de residencia o hukou.

En 2011, el 50% de la población urbana del país era flotante, unos 230 millones de personas que residían en las ciudades sin apenas derechos, titulares de un hukou rural. Ese año, por primera vez en su historia, la población urbana superó a la rural. En 2015 la tasa de residentes urbanos permanentes registrados era del 39,9 por ciento; a finales de 2016 subió al 41,2. En 2020 debe llegar al 45 por ciento. La integración de ese segmento demográfico no será barata: 7.000 euros por persona, dice la Academia de Ciencias Sociales de China.

Como Xi, ningún otro

En el congreso de otoño, Xi Jinping debe ser plenamente instituido como “núcleo” del liderazgo, lo cual le situará como primus supra pares y no solo como primus inter pares. La sexta sesión plenaria (2016) celebró la existencia de un amplio consenso –que no unanimidad- en torno a este asunto culminando un recorrido de cuatro años en los que Xi llevó a cabo ingentes esfuerzos para acumular poder y desprenderse de los corsés que podrían limitar su acción.

Puede que ello responda a una tradición político-cultural que hunde sus raíces en la China milenaria asociada al ejercicio imperial del poder; o que explicite una simple voluntad de homologación mayor con sus pares del mundo occidental ante quienes comparecería lastrado y débil por esa singularidad del sistema político chino. Sea como fuere, la evolución manifestada en estos años abre incógnitas en relación a aspectos clave de esta otra normalidad: liderazgo colectivo, consenso, doble mandato, etc., cuestiones no menores que se derivan de lecciones del pasado reciente y cuyo trastoque quizá debiera meditarse dos veces.

Podemos esperar para los próximos meses una ardua lucha entre bambalinas para asegurar el perfil del nuevo Comité Permanente del Buró Político. En él deberían permanecer Xi y Li Keqiang y ascender Hu Chunhua y Sun Zengcai. Fuera de ello, todo son conjeturas y numerosos nombres se barajan, al igual que el número de miembros de dicho sanedrín, que podría ampliarse o reducirse en función de la capacidad del propio Xi para contener los intentos de frustrar sus ambiciones.

La lucha contra la corrupción proseguirá, al igual que las reformas en lo político para preservar la estabilidad y garantizar el papel hegemónico del PCCh.

El mundo de Xi

Xi Jinping ha dado muestras claras de una diplomacia más incisiva y un afán creciente de notoriedad. Buena parte de la sociedad china exige más atención a la agenda interna y se muestra escéptica con respecto a los grandes proyectos que promueve el PCCh. Lo cierto es que China necesita más que nunca en toda su historia del mundo exterior. Sin embargo, frente a un discurso interno que alardea de una posición creciente en el orden global, esta ofrece aun numerosos déficits y carencias si abandonamos el terreno de lo estrictamente económico. Y aun en este, en el orden de las decisiones, su posición no se corresponde con su relevancia.

Muy viajero, Xi precisa acreditar ahora sus dotes para evitar un agrio deterioro de las relaciones con EEUU, mejorar el entendimiento que evolucionó a la baja con la UE, consolidar la asociación con Rusia o reorientar el desencuentro con Japón. A los acrónimos que apadrina (desde los BRICS a la OCS e instrumentos con el BAII) les ha llegado su hora.

Los desafíos en materia de seguridad no solo se encaran con una reforma militar como la impulsada en 2015 sino, sobre todo, con una diplomacia de vecindad que haga creíble la reiterada benevolencia de sus intenciones (Mar de China meridional y oriental).

Con los pies en la tierra

El balance del primer mandato de Xi abunda en la voluntad de un aceleramiento del paso en la transformación de China, atajando los déficits y problemas identificados a fin de evitar su conversión en males estructurales que impidan la modernización. China es consciente de que tiene ante sí una gran oportunidad estratégica e intentará aprovecharla. La agenda del momento es enormemente compleja y las amplias imbricaciones entre lo interno y lo externo obligan a su gestión simultánea. Esto añade dificultad a la tarea.

En dicho contexto, en torno a Xi se ha gestado en estos años una atmosfera equívoca. La ciega exaltación de lo positivo y la marginación de la crítica sugieren una distorsión de alcance que podría llegar a jugarle una mala pasada.

Xulio Ríos es director del Observatorio de la Política China. Acaba de publicar “China Moderna” (Tibidabo ediciones).

¿Estamos disminuyendo la Mortalidad Materna?

Jorge Luis Prosperi Ramírez

Blog de Jorge Prosperi/100317

Las cifras disponibles de nuestro Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, complementadas con algunas estimaciones personales, sugieren que, en efecto, estamos disminuyendo la Mortalidad Materna. Pero no cantemos victoria porque cualquier nivel de mortalidad materna prevenible debe ser inaceptable. Y alcanzar el objetivo de “cero muertes maternas por hemorragia” debe ser el desafío más crucial de nuestra sociedad, porque nuestras mujeres son la fuente de nuestros principios y valores, y el eje de nuestro desarrollo.

Antes de entrar en materia reconozco y felicito el esfuerzo y compromiso del personal técnico y profesional (auxiliares, enfermeras, médicos) en el nivel local (Puestos y Centros de Salud y Hospitales). Ellos y ellas, son los responsables directos de este importante logro. Y eso, subrayo, a pesar de limitaciones en equipos, suministros y medicamentos. Y en no pocas ocasiones, a pesar de la incapacidad demostrada de muchas de las autoridades superiores de los últimos tiempos.

Dicho eso, comparto sin más preámbulos la información disponible en las páginas del INEC, señalando antes, con pesar, que la descripción del estado de salud presentada en la página Web del MINSA está desactualizada (data del 2013). Tampoco hay información sobre los avances del plan y las actividades para disminuir la mortalidad materna. Ojala y nuestras autoridades tomen nota de esto y publiquen oportunamente lo que llevan a cabo.

Exceptuando las cifras de 2011 (cuya validez recomiendo investigar), la gráfica muestra una ligera, pero clara, tendencia al descenso. En el año 2011 el Ministerio de Salud, la Caja de Seguro Social y el Despacho de la Primera Dama, en colaboración con la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), llevaron a cabo el lanzamiento de la Iniciativa Maternidad Segura. Lamentablemente no encontré información sobre el avance de esta iniciativa.

El examen por provincia y comarca, muestra que Panamá y Colón, junto con la Comarca Ngäbe Buglé, presentan la mayor cantidad de defunciones maternas (en cifras absolutas) en el período 2008 al 2015.

No obstante, al analizar el indicador “razón de mortalidad materna por 100,000 nacidos vivos, apreciamos que, aunque se refleja la misma tendencia al descenso, nuestras áreas rurales aún no alcanzan la Meta 3.1 de los ODS para 2030, “reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por cada 100.000 nacidos vivos”. Sin embargo parece claro que alcanzarán.

El caso de nuestras tres comarcas y de la provincia de Colón, es muy diferente, pues muestran una razón (promedio) superior a las 300 muertes maternas por cada 100,000 nacidos vivos, equivalente a cuatro veces el valor del indicador para la provincia de Panamá, lo que nos aleja de alcanzar la meta antes señalada y nos obliga a redoblar los esfuerzos en estos territorios.

En este contexto el Gobierno de la República de Panamá y su Gabinete Social, puso en marcha en el 2015, la iniciativa “Trabajando Juntos por la Salud Materna en la Comarca Ngäbe Buglé”, para cumplir con el objetivo de reducir la mortalidad materna a un 65%. Tampoco encontré información sobre al avance de esta iniciativa. Recomiendo que esta iniciativa (actualizada y mejorada) se extienda a las demás Comarcas y a la Provincia de Colón.

A pesar de la tendencia al descenso señalada al inicio, las principales causas de defunciones son: Hemorragia Obstétrica, Eclampsia, Aborto complicado con infección, Pre eclampsia, Anemia que complica el embarazo, parto y puerperio, Embarazo ectópico. Todas ellas asociadas a la atención médica en hospitales y centros de salud, así como los cuidados prenatales, el estado de salud previo, y las desigualdades en las condiciones de vida de la población. La concentración de altas tasas afecta, principalmente, las áreas impactadas por la pobreza y la falta de servicios básicos. En fin, todas las causas prevenibles y evitables…

¿Y Qué tenemos que hacer para evitar las muertes maternas?

Las estrategias para poner fin a la mortalidad materna prevenible requieren, antes de todo, del desarrollo de un enfoque de la salud basado en los derechos humanos, y centrado en la eliminación de las considerables desigualdades persistentes en nuestro país, las que generan disparidades en el acceso a la atención sanitaria, en su calidad y resultados.

La inmensa mayoría de las muertes maternas se evitarían fortaleciendo los programas nacionales que aumentan el acceso de las mujeres a servicios de salud de buena calidad y culturalmente apropiados, con una Atención Primaria de Salud desarrollada por personal con las competencias necesarias. Estos servicios deben integrar de manera gratuita la educación sexual integral y la atención también integral en todas las etapas: la preconcepción (incluida la planificación familiar), el embarazo, el parto y el posparto. Una consideración especial requiere el tratamiento del aborto terapéutico y el aborto inducido. Es otro tema pendiente que debe resolver nuestra sociedad.

Es igualmente necesario trabajar mucho más, de manera comprometida y sostenida en el desarrollo y fortalecimiento de la Rectoría del MINSA y de las Funciones Esenciales de Salud Pública, especialmente las que tienen que ver con el desarrollo de nuestros recursos humanos, y con la vigilancia de la calidad y calidez de la atención.

Para finalizar, les invito a leer y utilizar el material disponible en la página “Cero muertes maternas por hemorragia”, una iniciativa de la Organización Panamericana de la Salud, OPS/OMS, y el Centro Latinoamericano de Perinatología, Salud de la Mujer y Reproductiva, CLAP/SMR, dedicada a prevenir que las mujeres mueran como consecuencia de una hemorragia posparto.

¡El gran desafío para la equidad sanitaria!

Jorge Luis Prosperi Ramírez

www.elblogdejorgeprosperi.com/240317

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La esperanza de vida de un niño difiere enormemente en función de donde se haya nacido. En la Comarca Ngäbe Buglé o en la ciudad de Panamá, donde puede esperar vivir más de 80 años. Dentro de nuestro país, las diferencias con relación a la esperanza de vida, mortalidad materna, alfabetismo, vivienda, ingresos, son dramáticas.

Pero eso no tiene por qué ser así y no es justo que sea así. Es injusto que haya diferencias sistemáticas en el estado de salud, cuando estas pueden evitarse mediante la aplicación de medidas razonables. Eso es lo que denominamos inequidad sanitaria.

Por su parte el modelo biomédico de salud, predominante en nuestro sistema, con grandes hospitales públicos y privados, tiene utilidad para disminuir las consecuencias adversas de las enfermedades, pero es insuficiente para mejorar eficazmente la salud de las personas, y para promover la igualdad en salud. Hace falta superar el gran desafío que suponen los determinantes sociales de la salud, particularmente importantes en Panamá, caracterizado por una gran desigualdad socioeconómica y amplias inequidades en salud.

De acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud, “existen varios determinantes de salud y enfermedad que están intrínsecamente relacionados, incluyendo el nivel socioeconómico, la educación, el empleo, la vivienda, y la exposición a agentes físicos y ambientales. Estos factores interactúan entre sí e influyen en forma acumulativa sobre la salud y carga de enfermedad de los individuos y las poblaciones, estableciendo las desigualdades e inequidades entre y a lo largo del territorio de los países”.

Para abordar efectivamente esos determinantes, la Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud de la OMS, creada con el fin de recabar pruebas fehacientes sobre posibles medidas e intervenciones que permitan fomentar la equidad sanitaria, nos hace tres recomendaciones concretas:

Mejorar las condiciones de vida, es decir, las circunstancias en que la población nace, crece, vive, trabaja y envejece.

Luchar contra la distribución desigual del poder, el dinero y los recursos, esto es, los factores estructurales de los que dependen las condiciones de vida, a nivel mundial, nacional y local.

Medir la magnitud del problema, evaluar las intervenciones, ampliar la base de conocimientos, dotarse de personal capacitado en materia de determinantes sociales de la salud y sensibilizar a la opinión pública a ese respecto.

Démosle una mirada crítica a la situación de las principales causas de enfermedad y muerte en nuestro país y reflexionemos si estamos abordando en serio, como sociedad y como gobierno, los Determinantes Sociales de la Salud.

De acuerdo a la Contraloría General de la República de Panamá, en el quinquenio comprendido entre 2011 a 2015, más de 55,000 ciudadanos perdieron la vida prematuramente por “enfermedades crónicas no transmisibles y las llamadas Causas Externas”.

Las enfermedades circulatorias, los tumores, los accidentes, la diabetes y las neumonías, les quitan la vida a 12,000 personas cada año. Todas son causas relacionadas en forma directa o indirecta con los determinantes sociales de la salud y con la insuficiente capacidad de nuestro sistema público de salud. Esas personas le hacen falta a sus familias, a la sociedad y al país. Muchas de estas muertes pudieron evitarse o postergarse, evitando los factores de peligro asociadas a ellas. Y lo más preocupante es la tendencia al aumento del número de enfermos y fallecidos por estas causas.

Al analizar en detalle la mortalidad por causas externas, descubrimos que se mantiene la tendencia al ascenso para la mortalidad por accidentes de automovilismo. La buena noticia de acuerdo al gobierno, es que los homicidios y suicidios van en descenso, aunque la mayoría de la población no está de acuerdo y percibe que la inseguridad y la violencia sigue siendo nuestro principal problema.

En todo caso, estos graves problemas de salud no han sido una prioridad real en la agenda política de nuestros gobernantes, que han estado más preocupados en construir e inaugurar edificaciones, muchas veces innecesarias y, en no pocos casos, sin equipamiento ni recursos humanos adecuados. No se han ocupado de manera efectiva en fortalecer la capacidad del sistema de salud y mucho menos para promover las condiciones sociales que permitan actuar sobre los factores Determinantes de éstas, e incentivar a las personas al autocuidado de la salud.

En relación al desarrollo de un Sistema Único Público de Salud; el gobierno no ha superado el discurso y la promesa, que ya nadie cree, de un compromiso con un sistema público fuerte y equitativo. Elaboraron una hoja de ruta para implementar la Estrategia para el acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud. Pero luego de casi tres años, seguimos esperando…

A nivel del MINSA, abundan las evidencias que demuestran insuficiente capacidad para cumplir con su rol Rector. En este caso, es especialmente preocupante el pésimo desempeño de nuestras autoridades para “Promover la Salud”. Los servicios de salud no están orientados hacia la promoción, ni se construyen alianzas sectoriales y extra sectoriales para la promoción de la salud. Tampoco se promueve lo suficiente la participación social en salud, ni se fortalece el poder de los ciudadanos en la toma de decisiones en salud pública. Lo que significa que se está haciendo muy poco para fomentar cambios en los estilos de vida y en las condiciones del entorno para facilitar el desarrollo de una “cultura de la salud”.

En relación a la lucha contra la distribución desigual del poder, el dinero y los recursos, y la posibilidad de mejorar las condiciones de vida; les presento las siguientes consideraciones, muchas de ellas harto conocidas por todos.

Para comenzar, el contexto político actual, no favorece que tomemos acción efectiva frente esta situación. En este último decenio la pérdida de pudor de nuestros políticos, supera con creces nuestros ya penosos antecedentes.

Es probado y conocido públicamente que el pago de sobrecostos por las obras, la aceptación de coimas y la confección de contratos ilegítimos han constituido el principal modus operandi utilizado por elementos de los tres poderes del Estado para desfalcar al país. Para ello, se han valido del nefasto clientelismo político, colocando en muchos altos cargos públicos a funcionarios inescrupulosos sin reparos a la hora de permitir y ser parte de la apropiación de los recursos pertenecientes al pueblo panameño. Como lo demuestra la historia reciente, y es motivo de titulares casi diarios en nuestros medios de comunicación.

Por otro lado, aunque el Ministerio de Economía y Finanzas nos informa que nuestro crecimiento económico se mantiene robusto, nos recuerda el PNUD que “en Panamá existe un alto grado de desigualdad, y que el crecimiento de la economía contribuirá poco a la reducción de la pobreza si no se disminuyen los altos niveles de esta desigualdad…”. Es claro pues que en Panamá tenemos un “robusto” crecimiento económico que beneficia principalmente a un grupo de privilegiados, y una gran desigualdad que perjudica principalmente a los más pobres y marginados de nuestro país…

Para corroborar estas afirmaciones, los invito a examinar en la siguiente gráfica la relación entre indicadores de salud seleccionados, con el porcentaje de población pobre, el IDHP y el Índice de Pobreza Multidimensional.

De acuerdo a la publicación del PNUD “Atlas de Desarrollo Humano Local: Panamá 2015”, mientras aumenta la pobreza y disminuye el IDH, la población afectada sufre múltiples privaciones individuales en materia de educación, salud y nivel de vida, y se deterioran la esperanza de vida, la salud las madres y los infantes; lo que da indicios sobre el efecto de los servicios de agua, saneamiento y electricidad en la salud de la población.

Complemento el análisis con dos cuadros que demuestran las diferencias marcadas entre las Comarcas y provincias y entre las diferentes provincias. Especialmente en la dimensión de nivel de vida que evalúa el acceso a servicios básicos, ingresos y empleo. Aquellas áreas con menor Índice de Desarrollo Humano (IDH) muestran más desigualdad entre los componentes. Especialmente altas son las brechas en nivel decente de vida, lo que implica importantes desafíos para el país en el acceso a servicios básicos y empleos de calidad.

La información señala la persistencia de la desigualdad, y que existen personas y comunidades que no logran beneficiarse de igual manera de los progresos que manifiesta el país. Estas son las poblaciones prioritarias, que deben ser apoyadas de manera especial desde las políticas públicas: la niñez en condiciones de pobreza, la juventud fuera de la escuela, las mujeres fuera del mercado laboral, las personas con discapacidad y las poblaciones indígenas en condiciones de vulnerabilidad.

Al final me queda claro que estamos obligados a formular políticas que integran acciones en salud, sociales y económicas, y a desarrollar un sistema de salud que incorpore intervenciones multisectoriales, introduciendo la cobertura universal de salud para mejorar la salud y sus determinantes. Pero antes debemos resolver los asuntos que tenemos pendientes con la justicia social, la desigualdad y la inequidad sanitaria.

Para ello requeriremos del compromiso político del más alto nivel, que promueva el liderazgo solvente y fortalecido de nuestro sector salud, y promueva el abordaje multisectorial, inclusivo, altamente participativo, para la producción social de salud a nivel de gobierno y sociedad. Por nuestra parte, el gran reto que tenemos es vencer la apatía que nos caracteriza y ejercer el control social de la gestión pública antes de que sea demasiado tarde.