Por: Miguel Antonio Bernal
V.
En
el escenario político de Panamá, el ejercicio directo de poder por parte de los
ciudadanos resulta imposible, dado el dominio absoluto e inmenso, que tienen
las cúpulas de los partidos políticos.
Lo anterior
se ve agravado por un sistema, en el
cual, los magistrados del Tribunal Electoral tienen, por mandato
constitucional, “la competencia privativa para interpretar y reglamentar la Ley
Electoral”. Efecto y causa, a la vez, de la realidad política, el sistema
electoral impuesto ha distorsionado disparatadamente –cada vez más- los más
caros principios democráticos de gobierno, de ciudadanía, de libertad y
honradez del sufragio y de poder ciudadano
Hoy día, los
partidos politicos no “expresan el pluralismo político”, ni son tampoco
“instrumentos fundamentales para la participación política”, ni tampoco su
“estructura interna y el funcionamiento están fundados en principios
democráticos”, como lo ordena la Constitución. Muy por el contrario, no
desarrollan para nada la función de representación ciudadana, no cumplen los
programas por ellos mismos establecidos y, solo se relacionan con sus votantes
para los días de campaña electoral.
Esas
grandes carencias de los partidos politicos aumentan gracias al apadrinamiento y
la protección que les brindan los magistrados del Tribunal Electoral, quienes
desesperadamente fortalecen la partidocracia en desmedro de los derechos
ciudadanos, con un modelo electoral excluyente.
El
proceder de los magistrados del Tribunal electoral, está reflejado en los más
de 40 decretos “reglamentarios”, los cuales decapitan todo instrumento de
expresión directa de la voluntad ciudadana y conculcan principios sagrados de
libertad de expresión y de participación
ciudadana.
Hoy
por hoy, convertidos en epígonos de Procusto, el salteador de caminos, los
magistrados del Tribunal Electoral han cercenado las características que debe
poseer un sistema electoral democrático: “la inclusión, la sencillez, la
equidad, la proporcionalidad…”.
Ellos
han forjado un camastro para perseguir, multar, inhabilitar y hasta encarcelar,
aquellas aspiraciones o candidaturas de los ciudadanos que no estamos
dispuestos a que ellos sigan impidiendo que los votos sean verdaderamente
libres e iguales. Siembran vientos para
cosechar tempestades…
El Siglo 26 de febrero de 2018
