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La llegada de la empresa a Santa Cruz de Barillas en 2009 fue el inicio
de casi una década de conflicto/Imagen: Pedro Armetre-Alianza por la
Solidaridad
La compañía hidroeléctrica
Hidro Santa Cruz, empresa subsidiaria de la transnacional española Ecoener-Hidralia,
ha anunciado que no continuará en Guatemala, después de ocho años de resistencia
indígena. En un comunicado oficial, la empresa ha hecho pública a los derechos
asociados a la construcción de una presa hidroeléctrica sobre el río Cambalam, en
el municipio guatemalteco de Santa Cruz de Barillas.
"El proyecto
Cambalam, fruto de los estudios realizados, de los estándares de sostenibilidad
y de las exigencias técnicas y económicas que implican, ha evidenciado no ser
viable", ha reconocido la compañía.
"Es una gran noticia",
celebra Almudena Moreno, coordinadora de Desarrollo Local Sostenible en Alianza
por la Solidaridad, en una conversación con eldiario.es. El pasado noviembre,
esta ONG, Amigos de la Tierra y Mujeres de Guatemala, entregaron más de 20.000
firmas al embajador de Guatemala en España, Fernando Molina Girón, para exigir
la retirada definitiva de Ecoener-Hidralia del país.
Pese a que el proyecto
lleva paralizado desde 2009, "al no haber una comunicación oficial al
Estado, existía incertidumbre en las comunidades afectadas", explica
Moreno. La decisión, según la empresa, fue adoptada hace meses tras analizar el
"impacto social y las peticiones recibidas por parte de diferentes
ONG". Ahora, se ha comunicado de forma oficial al Estado de Guatemala la
renuncia a la concesión.
Según un informe de Alianza
por la Solidaridad, el proyecto consistía en aprovechar un salto natural de
agua en el río Canbalam para instalar una minicentral hidroeléctrica con una
potencia de 4,96 megavatios. Sin embargo, esta zona es utilizada
tradicionalmente por los indígenas, población mayoritaria en Santa Cruz de
Barillas, como centro ceremonial y de recreo. La apropiación de los recursos
del río Cambalam por parte de la empresa se confrontaba, así, con el derecho de
los pobladores locales al uso de sus aguas.
"Después de años de
lucha, es una gran victoria. Esto demuestra que la movilización cambia las
cosas", asegura la representante de Alianza. En total han sido ocho años
de resistencia por parte de las comunidades q’anjobal, chuj, akateko y popti',
que habitan en el municipio. La propia compañía admite que el proyecto "no
ha adquirido la aceptación de una parte significativa de los habitantes del
territorio".
Pero aún queda mucho por
hacer. El conflicto que ha supuesto la presencia de Ecoener-Hidralia en la zona
trajo, según la ONG, "altas cotas de vulneración de derechos humanos"
entre los que denuncian "asesinatos, secuestros, amenazas, agresiones a
mujeres, encarcelamiento de líderes comunitarios y un grave deterioro del
tejido social".
Por esta razón, uno de los
retos más importantes en el escenario que deja la retirada de la compañía es,
en opinión de Moreno, la reconstrucción de las relaciones en el tejido
comunitario, dañadas por la división que crea un proyecto de estas
características. "Se trata de una comunidad con una fragilidad enorme con
raíces en el conflicto de los años 80. La irrupción, con malas formas, de la
empresa abrió viejas heridas", explica.
El otro gran reto es
lograr las reparaciones morales de los daños causados. En este sentido, Moreno
valora que Ecoener-Hidralia diera un primer paso al retirar las acusaciones
contra 30 líderes comunitarios encarcelados "por delitos que no
cometieron". Los acusados fueron puestos en libertad sin cargos el pasado
agosto.
