Caso de Éxito | Pro Eco Azuero | Proyecto de reforestación
Caso de Éxito | Pro Eco Azuero | Proyecto de reforestación |
El Proyecto Ecológico Azuero originó como una iniciativa por un grupo de científicos y dueños de tierras locales para compartir la alegría de conservar la vida silvestre local a través de restaurar su hogar, el bosque seco tropical, con sus vecinos. Desde 2010, nos hemos dedicado a la reforestación, restauración de hábitat, manejo sostenible de tierras y educación ambiental.
Lo Mejor de Encuentro en el Estudio CAP1
Encuentro en el Estudio
Canal Encuentro
Ministerio de Educación de la Nación
República Argentina
Dirección: Ariel Hassan
Dirección de Cámaras: Woody Gonzalez
Conduccion
Lalo Mir
Ingeniero de grabacion
Jorge Portugues Da Silva
Idea y Direccion
Ariel Hassan
Direccion de camaras
Woody Gonzalez
Direccion de Fotografia
Fernando Nogueira
Produccion Ejecutiva
Iara Uhalde
Camaras:
Daniel Panigazzi
Fernando Nogueira
Santiago Nadra
Gustavo Cataldi
Julian Chalde
Asistentes tecnicos
Matias Silveira
Gustavo Narvaez
Produccion
Rita Medina
Edicion
Ariel Hassan
Virginia Ciccolella
Adrian Muñoz
Guion
Ina Godoy
Maquillaje
Constanza Hazan
Vestuario
Sandra Fernandez
Foto Fija
Lucia Galli
Administracion
Irma Grosso
Produccion General
La Brujula Television
Estudios ION
Direccion
Osvaldo Acedo
Asistentes
Hernan Grasso
Mariano Beyoglonian
Leonardo Checchia
EL CANAL DE PANAMÁ: SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS
Olmedo Beluche
100819
(El 14 de agosto el
Canal de Panamá cumplirá 105 años de entrar en funcionamiento. Esta reflexión,
escrita durante su centenario, sigue siendo completamente válida en este nuevo
aniversario).
Hace cien años, cuando el vapor Ancón realizó el cruce inaugural del Canal de Panamá, el país era muy diferente al actual y, sin embargo, en lo esencial no ha habido muchos cambios. Parece contradictorio, pero según Hegel, la contradicción es la esencia de las cosas.
Panamá era un país recién creado, en 1914. Rural tanto productiva como demográficamente, con una significativa parte de su población acabada de llegar como zapadores del canal. Con un gobierno atenazado entre la voluntad soberana de un presidente, Belisario Porras, que quería fundar una institucionalidad auténticamente nacional y la constante intromisión de las autoridades de la Zona del Canal, garantes del protectorado (colonia) en la que nos habíamos convertido gracias a la separación de Colombia tutelada por el imperialismo norteamericano y el subsecuente Tratado Hay-Bunau Varilla.
Era un país dislocado. Por un lado, el principal recurso económico, la posición geográfica y su derivado el canal, controlado por una potencia extranjera para su beneficio económico, político y militar; por otro lado, el resto del país, el “interior”, que empezaba cruzando el límite de “la Zona”, desarticulado económica, cultural y administrativamente de ese recurso del cual no recibía más que algunas migajas muy indirectas, los salarios de los empleados de la vía acuática que se gastaban “del lado de acá”.
Transitismo, categoría que define la formación económico social
panameña
Para estudiar el caso de Panamá, Guillermo Castro recurre al concepto de “civilizaciones hidráulicas” de Wittfogel, las cuales se caracterizan por el manejo del recurso agua para la agricultura en gran escala, como las antiguas civilizaciones egipcia, mesopotámica, azteca, etc., combinando desarrollos tecnológicos con una administración despótica de ese recurso.
En el caso panameño, el
recurso agua, principalmente del río Chagres, fue estructurado en una
civilización hidráulica puesta al servicio del transporte intermarítimo,
mediante una forma de gestión autoritaria con la forma de enclave colonial
impuesta por el ejército de los Estados Unidos de América. Esa forma de gestión
del recurso y de organización social, se ha descrito en Panamá bajo el concepto
de “transitismo” (Castro, 2007).
Por “transitismo”, categoría creada por Hernán Porras y precisada por Alfredo Castillero C., se entiende el monopolio del tránsito por una potencia extranjera, que supedita al resto del país a los intereses de esa zona de tránsito como proveedor de recursos naturales y mano de obra barata, sacrificando el “desarrollo” económico del conjunto. Canal que puede subsistir sin el país, y país que no puede existir sin el canal, a decir de Guillermo Castro.
Ese dislocamiento entre una zona de tránsito hipertrofiada respecto a un “interior” subdesarrollado, esa desigualdad social y económica, constituyó el combustible de los movimientos sociales del siglo XX, de las grandes conmociones políticas y de las demandas por soberanía y la exigencia de acabar con el enclave colonial de “la zona”. Por supuesto, en esa lucha las clases populares pusieron el sacrificio y el heroísmo, del cual el 9 de enero de 1964 es la mejor expresión, pero la clase dominante de los especuladores y comerciantes ha pretendido cosechar los beneficios.
Esa lucha popular por la soberanía cuajó en los Tratados Torrijos- Carter de 1977, que es la base a partir de la cual se estructura la relación del canal con el país, y del país con Estados Unidos en la actualidad. Lo diferente respecto a hace cien años es la desaparición del enclave de la Zona del Canal y sus bases militares, la integración del territorio bajo “una sola bandera”, el aporte creciente de la vía acuática a la economía nacional.
Pero en el sentido descrito, cien años después, el transitismo sigue siendo la forma específica de la formación social panameña. Eso no ha cambiado, pese a que nos hemos convertido en un país urbano en 80 a 90%, con más de la mitad de la población concentrada en área metropolitana (zona de tránsito), con una pujante economía capitalista dependiente, con el mayor crecimiento económico de América Latina en la última década, fundamentada en el comercio y los servicios financieros y comerciales, donde la agricultura representa apenas el 3% del PIB.
La diferencia estriba en que la administración despótica (antidemocrática) del recurso agua, a la que se refiere Guillermo Castro, ya no está en manos directas del enclave colonial norteamericano, el cual sigue controlando y fiscalizando por vías más sutiles (como los acuerdos de seguridad), y formalmente ha pasado a manos de la clase social criolla de comerciantes, especuladores inmobiliarias y financieros, tataranietos de aquellos comerciantes y especuladores que avalaron el Tratado Hay-Bunau Varilla.
En la base de la sociedad ya no prevalece una mayoría de pequeños productores del campo que practican una agricultura de subsistencia, acompañada de unos pocos artesanos urbanos junto a una masa de asalariados de origen extranjero. Los asalariados se han convertido en la clase absolutamente mayoritaria, en una simbiosis étnica entre los inmigrantes antillanos e interioranos que huyen de la decadencia del campo.
Transitismo y su fundamento jurídico actual
La base jurídica sobre la
que se estructura la nueva relación del canal con el resto del país está,
primero, en el propio Tratado Torrijos Carter de 1977, que permite la tutela
solapada del imperialismo norteamericano a través de varios mecanismos, de los
cuales el más importante es el llamado Pacto de Neutralidad, el cual, mediante
sus enmiendas, establece el “derecho” de intervención militar norteamericana
cuando, a su juicio unilateral se encuentre en peligro el “libre tránsito”.
Pacto que nos coloca, como reconoció el general Omar Torrijos, “bajo el
paraguas del Pentágono”.
El otro fundamento jurídico de la nueva relación del canal con el país es el Título XIV de la Constitución Política de la República de Panamá, “Sobre el Canal de Panamá”, introducido mediante reforma constitucional por la vía de dos asambleas legislativas en el año 1994, es decir, sin verdadero debate público ni referéndum.
El Título XIV crea la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) que, de manera privativa administra el canal, sus actividades conexas y su cuenca hidrográfica (art. 316); establece su presupuesto de financiamiento anual que “no formará parte del Presupuesto General del Estado” (art. 320), es decir, como una “zona aparte”; en un “régimen laboral especial” (en que no se cumple el Código de Trabajo), que entre otras cosas prohíbe las huelgas (art. 322). Todas estas funciones son dirigidas por una Junta Directiva, que es la que nombra al Administrador y al Subadministrador.
El artículo 318 define la composición de la Junta Directiva de la ACP por once personas, nombradas así: un director que la preside, con calidad de ministro de estado nombrado por el Presidente de la República; un director nombrado por la Asamblea Nacional; nueve directores nombrados por el Presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Gabinete y ratificados por el Órgano Legislativo, nombrados en grupos de 3, cada 3 años. Es decir, la Junta Directiva está compuesta por personas que han sido nombradas por el rejuego político de presidentes y partidos.
¿Algún miembro de la Junta Directiva es nombrado por los representantes del movimiento obrero organizado? No. ¿Alguno ha sido designado por los profesionales organizados en la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA)? No. ¿Alguno por las universidades? No. Alguno representa a nuestras comunidades campesinas e indígenas? Tampoco. ¿Cuántos panameños conocen a los integrantes de la Junta Directiva de la ACP? Casi nadie.
Una consulta a la web de la ACP muestra que, de los once miembros de la Junta Directiva de la ACP en 2014, casi todos son empresarios altamente conocidos vinculados al negocio de construcción e inmobiliario. El concepto empresario se queda corto, porque en realidad ellos pertenecen a la elite de los negocios del país.
Algunos sectores han empezado a plantear que es necesario modificar tanto la Constitución Política como la Ley Orgánica que crea la Autoridad del Canal para que el pueblo panameño, quien puso el pecho a las balas del imperialismo norteamericano en luchas como la del 9 de enero de 1964, pueda disponer de su administración, su Junta Directiva, su presupuesto, bajo la custodia real de la nación y sus representantes.
El cuestionado proyecto de ampliación del canal
En 2006, la Junta Directiva de la ACP, encabezada por el entonces administrador Alberto Alemán Zubieta, el gobierno del presidente Martín Torrijos y la mayor parte de los partidos con representación en la Asamblea Nacional, propusieron al país iniciar la construcción del tercer juego de esclusas que había sido considerado por los norteamericanos desde la década del 40 y que había sido dejado de lado.
Se presentó un proyecto con
un costo aproximado de B/.5.200 millones, que debía inaugurarse justo al cumplirse
los cien años de funcionamiento del canal. El objetivo expresado era el de dar
cabida en el canal a los buques postpanamax a la vez que acelerar el tránsito
creciente del comercio mundial por el Istmo.
En seguida la sociedad panameña se escindió en un gran debate respecto a si era oportuna o no la propuesta de ampliación del canal, como se ha llamado a la construcción del tercer juego de esclusas. Como el tema se sometió a referéndum, obedeciendo lo establecido por la Constitución Política de 1972, la opinión pública se polarizó en dos bloques: el Frente por el Sí y el Frente por el NO.
El Frente por el No, compuesto por organizaciones como Frenadeso, Fuerza Política Alternativa y el Movimiento Popular Unificado, se opuso al proyecto de ampliación presentado señalando: 1. Que era un proyecto sostenido sobre argumentos falsos, como que el canal estaba "obsoleto"; 2. Tenía debilidades en sus proyecciones financieras y los costos terminarían siendo superiores a los proyectados; 3. Que se desviaban recursos multimillonarios que deberían usarse para saldar la deuda social con el pueblo panameño, que sí luchó por la soberanía.
El resultado del referendo fue ambiguo, aunque fue interpretado por el gobierno y las autoridades como un aval a la ampliación, pues se abstuvo de votar el 70% de los electores y, de los que votaron, el 40% se pronunció por el NO.
En 2009, cuando la ACP adjudicó la obra al consorcio "Grupo Unidos por el Canal" (GUPC), compuesto por cuatro empresas, surgieron nuevas críticas que fueron desechadas por la ACP y el gobierno. Principalmente se señaló que Sacyr, la empresa española líder del consorcio GUPC, era una empresa que ya estaba tocada por la crisis inmobiliaria española y que existía un conflicto de intereses porque la empresa panameña CUSA (parte de GUPC) pertenece a la familia del entonces administrador Alberto Alemán Zubieta.
La obra se desarrolló con aparente normalidad hasta que Sacyr anunciara que el 20 de enero de 2014 se cumpliría el plazo impuesto por GUPC para suspender las obras de la ampliación del Canal de Panamá si la ACP no se comprometía a pagarles 1.600 millones de dólares de sobrecostos, equivalentes al 50% de lo pactado originalmente. Según el nuevo administrador del canal, Jorge Quijano el problema de Sacyr es que se encontraba "sin flujo de caja", "sin liquidez", es decir, descapitalizada.
Esto dio paso a una nueva ola de cuestionamientos: ¿Cómo era posible si la ACP le ha adelantado 2.831 millones de dólares de los 3.118 millones pactados en el contrato de 2009? GUPC había recibido a enero de 2014, el 76.4% de los fondos comprometidos, pero sólo había garantizado el 65% de las obras en las nuevas esclusas. Aún así, GUPC debía a subcontratistas, al menos, 238 millones de dólares.
La crisis se saldó provisionalmente con un acuerdo cuyas partes medulares permanecen en secreto, al igual que el contrato original y sus adendas. De lo que el público conoce, aparte de que la ACP debió adelantar algunos millones más para saldar la crisis de liquidez del consorcio, queda claro que GUPC no ha renunciado a recurrir a tribunales internacionales en demanda de sus pretendidos sobrecostos.
La soberanía sí se come
Pese a todas las controversias respecto a las formas más sutiles, pero no menos efectivas, de la tutela del imperialismo norteamericano sobre el país; pese a todos los debates que ha generado la forma administrativa que ha adoptado la ACP en el título XIV de la Constitución y en la ley orgánica; pese a las diferencias respecto al tema de la ampliación del canal; en lo que sí hay acuerdo entre los panameños y panameñas de todos los espectros es en los efectos positivos de la reversión del canal sobre el conjunto del país y su economía. Se han acallado las voces reaccionarias que se oponían a la retirada de los norteamericanos alegando que “la soberanía no se come”, pues se ha demostrado lo contrario.
Al momento de conmemorarse el primer siglo de funcionamiento del Canal de Panamá, el país vive bajo el signo de un boom económico sustentado, por un lado, en la especulación inmobiliaria, por otro, en el alto endeudamiento público para financiar grandes obras públicas, como la propia ampliación del canal o la construcción del metro y la mejora del sistema vial. Esta prosperidad relativa, encuentra gran parte de su fundamento en la reversión del canal en el año 2000 al estado panameño.
El canal, en particular a
partir de 2007, ha entregado miles de millones al erario que han servido para
catapultar las inversiones públicas, a la vez que, aunque no se lo reconozca
expresamente, sirve de garante en última instancia (de prenda) al rápido
crecimiento del endeudamiento estatal.
Desde la reversión del canal en el año 2000 hasta 2013, su administración entregó, entre aportes directos e indirectos, más de B/. 7.000 millones. De los cuales, 6.000 millones desde 2007, cuando inició el proyecto de ampliación. Compárese esa cifra con los 1.877 millones de dólares aportados por el canal entre 1913 y 2000 cuando su administración estaba bajo custodia del gobierno de Estados Unidos de América (ACP, 2013: 67-68).
La relación desigual impuesta por el enclave colonial era todavía peor, ya que la mayor parte los mil ochocientos millones de dólares que entraron al erario panameño fueron posteriores a la firma de los Tratados Torrijos Carter de 1977. Entre 1914 y 1970 Panamá sólo había recibido de las operaciones del canal 67 millones de dólares, mientras que la armada de los Estados Unidos, gracias a los peajes no pagados, obtuvo ahorros superiores a los 20,000 millones de dólares (Beluche, 1994: 16-17).
Tan sólo en 2013, el aporte fue de 981,8 millones de balboas, representando el 6% del PIB. De ese total, B/. 610,5 millones corresponden a excedentes de operación y B/. 371,2 millones corresponden a derechos por toneladas netas. Otros aportes indirectos (que incluyen salarios, impuestos y compras, entre otros rubros) suman otros B/. 1.755,1 millones ese año (ACP, 2013: 69).
Según la propia ACP, al momento de conmemorarse el centenario del Canal de Panamá, laboran en la vía 10.098 trabajadores (98% panameños). La ampliación genera otros 32.000 empleos directos e indirectos. La ACP declara poseer activos por B/. 9.429 millones, que generaron ingresos en 2013 por B/. 2.411,3 millones contra gastos de operación de B/. 733,8 millones para generar una utilidad neta de B/. 1.213 millones (50 centavos por cada balboa de ingreso) (ACP, 2013: 69-74).
Perspectivas
El problema de fondo, en
este momento preciso de nuestra historia, es que la administración de la
Autoridad del Canal de Panamá, y de la burguesía panameña, se resisten a una
integración de la vía acuática que resuelva los desequilibrios sociales y
ambientales que hemos heredado del enclave norteamericano. De hecho, la ACP
sigue funcionando como un enclave, sin soldados norteamericanos, y el
transitismo sigue siendo el mal que agobia la producción de los medios de vida,
y la vida misma, del pueblo panameño.
El agua entre los mares, de Guillermo Castro Herrera, da cuenta de cómo la política de la ACP y sus decisiones al margen de la sociedad panameña, es la que ha inaugurado a partir de los años 90 la resistencia de las comunidades campesinas panameñas y los sectores populares contra las formas de apropiación de la naturaleza, los ríos, los embalses e hidroeléctricas, puestos en función de intereses oligárquicos, extranjeros y del transitismo. Esa creciente conflictividad social, generada por la persistencia del esquema transitista, amenaza la existencia misma del tránsito interoceánico, nos advierte G. Castro.
De ahí la necesidad urgente de que los sectores sociales emergentes, movimiento obreros y populares, construyamos una nueva propuesta de país en el que la zona de tránsito y el canal estén en función del desarrollo sostenible de la colectividad panameña. Desde nuestro punto de vista, esa propuesta tiene forzosamente que expresarse como proyecto político alternativo, popular, antioligárquico y antineoliberal.
Para hacer realidad lo sostenido por Federico Engels, citado en uno de los epígrafes del libro: “Sólo una organización consciente de la producción social, en la que se produzca y distribuya con arreglo a un plan, podrá elevar a los hombres, en el campo de las relaciones sociales, sobre el resto del mundo animal en la misma medida que la producción en general lo ha hecho con arreglo a la especie humana. Y el desarrollo histórico hace que semejante organización sea cada día más inexcusable y, al mismo tiempo, más posible” (Engels, 1961: 16-17).
La crisis que padece la sociedad humana en el siglo XXI, más que una crisis ambiental es una crisis social, que sólo puede resolverse por la vía política, que transforme la relaciones sociales capitalistas imperantes para que, transformando a la sociedad, pueda salvar a la naturaleza, superando la irracionalidad de la producción basada en la búsqueda desmedida la ganancia, dando lugar a formas más armoniosas de relación entre el sistema social y el sistema natural.
Referencias
1. Autoridad del canal de
Panamá-ACP. Informe anual 2013. http: www.micanaldepanama.com/nosotros/sobre-la-acp/rendicion-de-cuentas/presu...
2. Beluche, Olmedo. Diez
años de luchas políticas y sociales en Panamá (1980-1990). Impresos Tavial,
S.A. Panamá, 1994.
3. Castro H, Guillermo. El
agua entre los mares. Editorial Ciudad del Saber. Panamá, octubre de 2007.
4. Engels, Federico.
Dialéctica de la naturaleza. Editorial grijalbo, S.A. México, D.F. 1961.
5. Pérez Morales, Carlos. El
Canal de Panamá: Geopolítica y hegemonía de Estados Unidos hacia Panamá a
partir de los Tratados Torrijos-Carter. Editorial Universitaria “Carlos Manuel
Gasteazoro”. Panamá, 2011.
Trump planea devolver el poder a los Talibán
Nazanin Armanian
www.publico.es
/ 090819
El presidente de la República Democrática
de Afganistán, doctor Mohammad Nayibulá siguió en el poder siete años después
de la retirada del ejército soviético en 1989 gracias al apoyo popular del que
gozaba. ¿Cuántos días aguantará Ashraf Ghani, encerrado en la “Zona Verde” de
Kabul cuando EEUU cumpla el acuerdo con los Talibán y retire parte de sus
tropas?
Por la brillante mente de Trump han pasado
dos soluciones para sacar a las tropas de Afganistán: ganar la guerra matando a “10
millones de afganos en 10 día”, y de paso, dando un uso a tantas
bombas atómicas almacenadas, o salir pitando. La primera es imposible, y no me
refiero su incapacidad o falta de ganas de exterminar aquel pueblo, sino a
“ganar” el Gran Juego en Asia Central por esta vía (¡y por cualquiera otra!),
por lo que ha optado por la segunda, aunque con matices, pidiendo auxilio a
Pakistán. Se trata del mismo país al que el presidente menos docto de la
reciente historia de EEUU acusó de «mentiras y engaños» y le cortó la ayuda
militar «tonta» de 300 millones dólares en 2018 por el doble juego de Islam
Abad, el principal patrocinador de los Talibán. Mientras el inquilino de la
Casa Blanca necesita, de cara a las elecciones presidenciales del 2020, mostrar
algún logro en la política exterior, los generales intentan decirle que EEUU, a
pesar de la imagen de “empantanado”, está cumpliendo exitosamente su plan en
Asia Central desde que ocupó Afganistán: o ¿no es un éxito haber podido
instalar numerosas bases militares en el país más estratégico del mundo, bajo el pretexto
del 11S., desde donde se pueda controlar a
China, Rusia, India e Irán y eso a pesar de que 1) entre los
supuestos terroristas de aquellos atentados no había ningún afgano, y 2) antes
del ataque de la OTAN, los Talibán ofrecieron a Bush la entrega de Bin Laden,
pero él lo rechazó porque detener al
saudí no estaba dentro de los 9 objetivos de la ocupación?
El encuentro entre Trump y el primer
ministro de Pakistán Omran Khan en la Casa Blanca, celebrado el 22 de julio,
sella el acuerdo entre EEUU y talibanes tras meses de negociaciones en Qatar,
en las que Washington se ha comprometido:
Retirar parte de sus tropas, aunque serán
sustituidas por 1) los mercenarios de los ejércitos privados de empresas como
Academi, antes “Blackwater USA”, implicada en torturas y asesinatos en Irak; 2)
por armas avanzadas y 3) por soldados paquistaníes y árabes que harán de carne
de cañón de sus intereses
Devolviéndole al Pakistán el papel que
ostentaba antes del 2001 como el matón del barrio, para el disgusto de la India
e Irán. Las relaciones entre EEUU y su principal aliado en Asia Central se
estropearon durante el mandato de Obama por dos principales motivos: 1) los
continuos bombardeos de las regiones fronterizas del Pakistán con Afganistán,
para “destruir las bases de al Qaeda”, que causaron la matanza de miles de
personas y forzaron la huida de varios millones de sus hogares, y 2) la
violación del espacio aéreo de Pakistán el 2 de mayo del 2011, para matar el
espíritu del fallecido Bin Laden, sin siquiera avisar al gobierno
“soberano” de Islam Abad, provocando graves protestas en el país. Un error que
convirtió a EEUU en un rehén de
los generales-talibanes de Pakistán, que controlaban la Ruta Sur por
la que los camiones de la OTAN transportaban artículos de primera necesidad para
sus 300.000 soldados en Afganistán.
Entregar el poder en Afganistán a los
talibanes paquistaníes, quienes al principio actuarán como un gobierno
interino, para que después de celebrar unas “elecciones “democráticas”
restauren su Emirato Islámico, con la legitimidad internacional.
Descongelar la ayuda de 30 millones de
dólares destinada a los generales corruptos, fanáticos y patrocinadores del
terrorismo paquistaníes, que gobiernan sobre casi 200 millones de personas.
Ampliar las relaciones comerciales con
Islam Abad, y echarle un cable para que El Grupo de Acción Financiera
Internacional (GAFI) que controla el tema del lavado de dinero, expida un
informe favorable para que pueda solicitar préstamos al Fondo Monetario
Internacional.
Mediar en la disputa de Cachemira con la
India.
Por su parte, Pakistán y Talibán aceptan
una única condición: Impedir la actividad de los grupos terroristas del Estado
Islámico y Al Qaeda contra los intereses de EEUU.
Pakistán, país con la bomba atómica ilegal
(al igual que Israel y la India) es una pieza fundamental en el juego del
“bombero pirómano” de EEUU en Afganistán, aun así, no hay ninguna garantía de
que el Sr. Khan pueda cumplir su parte del trato. Pues, los Talibán son un
frente de varios grupos formados por decenas de miles de individuos de origen
lumpen proletariado, que viven de su sueldo de mercenario que reciben de los
señores de guerra, quienes por su parte están contratados por diferentes países
de la región, y además cambian de lealtad vendiéndose al mejor postor. Algunos,
incluso, son independientes y viven del tráfico de droga y de piedras preciosas
del dorado de
Asia Central. Por lo que, Khan solo podrá dar garantías a EEUU sobre
los talibanes paquistaníes, ni siquiera sobre los talibanes afganos.
La Operación de Apoyo Resuelto de la OTAN
en formar a las fuerzas afganas ha sido un total fracaso: cerca de la mitad del
país sigue bajo el control de los talibanes ¡que no tienen ni un helicóptero! Y
el fenómeno de miles de “soldados fantasma” quienes existen solo sobre el papel
mientras sus superiores cobran sus salarios, impide conocer el número real de
las fuerzas armadas y de seguridad del país.
“Talibanes” de otros países
Salvo la India, todos los piases afectados
de la zona han negociado con el poderoso grupo terrorista: Rusia lo hizo por
16 objetivos; China les paga como vigilantes de seguridad allá donde
ha invertido parte de sus 5.950 millones de euros, como en el sector minero, a
la vez que negocia con Kabul para instalar una base militar en Badakhxan,
provincia que comparte frontera con la localidad china de Xinjiang, donde los
grupos terroristas islamistas cometen atentados. Pero, es Irán quizás el país
con una política más sofisticada y multifacética respecto a los “seminaristas”,
que es lo que significa Talibán: en 2001cooperó con EEUU para derrocarles del
poder proporcionándole al gobierno de Bush asistencia militar e inteligencia, y
una vez que conoció los planes de la OTAN en permanecer en el país con el que
comparte 936 kilómetros de fronteras y lo considera su patio trasero, cambió de
política: creó causa común con un sector de Talibán contra las tropas de EEUU
(y cuando el Pentágono trasladó su
“Arco de crisis a esta región, también contra Daesh) manteniendo a
la vez buenas relaciones con los gobiernos instalados por Washington en Kabul.
Teherán ejerce un poder blando en Afganistán a través de: inversiones
económicas, no sólo en negocios sino también en los políticos; lazos
lingüísticos (dari, un dialecto de persa es la lengua cooficial del país junto
con el pastún), que le facilitan tener canales de televisión y radio, mientras
regala millones de libros cuidadosamente seleccionados; y mediante la religión,
siendo el 20% de los 35 millones de afganos chiitas. Incluso ha formado la
Brigada Fatemiyun con miles de afganos chiitas pobres, y los refugiados e
inmigrantes indocumentados que viven en Irán desde hace décadas, enviándoles a
Siria en apoyo al presidente Bashar al Asad. En el propio Pakistán («La tierra
de los inmaculados» en hindi y persa), la República
chiita de Irán cuenta con la Brigada Zeinabiyun, reclutada de entre
el 5% de la población que practica la segunda corriente del islam. Los fuertes
lazos de Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos,(los dos únicos estados que
junto con Pakistán reconocieron al régimen de Talibán en 1996), con Islam Abad ya
preocupaban a Teherán, y que ahora además recuperen su poder en Kabul, le
inquieta.
La fuerte oposición de los poderosos
militares de EEUU al plan de Trump de retirar las tropas de las guerras
“inútiles”, harán que el actual proceso sea más táctico que estratégico: Trump
tiene el reloj, pero quien tiene
el tiempo es el Complejo Industrial-militar, el mismo que le obligó
a tragar sus propias palabras sobre la retirada de Siria.
El principal ganador de esta situación ha
sido Omran Khan, el ex jugador de Criquet: «Vino, vio, venció» tituló
Dawn, el diario Paquistán de lengua inglesa, que así celebraba el regreso del
régimen fascista de los Talibán a Kabul. El principal
perdedor es el invisible pueblo afgano, y sobre todo sus mujeres,
muy cansado de bombas, violencia y una pobreza extrema: sólo en los primeros
días de agosto, cerca de 200 civiles, muchos de ellos niñas y niños, han sido
víctimas de la barbarie de la guerra. ¿Saben por qué ha
desaparecido el movimiento antimilitarista del escenario?
75 años del Samudaripen, el genocidio antigitano en Europa
www.rebelion.org / 050819
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El día 2 de agosto se cumplen 75 años de la liquidación del llamado
campo de familias gitanas, Familienzigeunerlager de Auschwitz. Una reciente
investigación llevada a cabo por el Departamento de Historia del Museo de
Auschwitz ha demostrado que aquella fatídica tarde-noche del 2 de agosto de
1944 entre 4.200 y 4.400 personas gitanas de todas las edades fueron
cruelmente asesinadas en las cámaras de gas.
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“Fue un
crimen de estado meticulosamente planeado” (Tío
Romani Rose, presidente del Consejo Central de los Sinti y los Roma de
Alemania)
Es imposible
resumir en un solo artículo un suceso tan inabarcable como el Samudaripen, el genocidio de la población gitana durante el nazismo.
Samudaripen
[samudaripén] y Porrajmos [porraymós] son los dos términos que se utilizan
habitualmente para denominar el genocidio al que fue sometida la población
gitana europea durante el régimen nazi (1933-1945) y que se extendió por 20
países europeos. El término más adecuado, no obstante, es Samudaripen.
La población
romaní junto con la población judía fueron los dos grupos étnicos objetos de
genocidio durante el nazismo tanto en Alemania como en los países europeos que
formaron el Eje, sus socios y los gobiernos colaboracionistas.
El genocidio
gitano, el Samudaripen, se inició mucho antes del comienzo de la 2ª Guerra
Mundial. Por supuesto, en Alemania como en el resto de países de Europa Central
y Occidental el antigitanismo tiene una larga historia que se ha ido plasmando
en las leyes y en el imaginario colectivo. En España, en concreto, son más de 230 leyes antigitanas las que lo
han sustentado.
En la
actualidad, según los más recientes estudios de la Agencia Europea de Derechos Fundamentales (FRA, por sus siglas en inglés) el racismo antigitano, el antigitanismo,
es la forma de racismo más prevalente en todos los Estados miembro de la Unión
Europea y el más aceptado socialmente.
Un
genocidio con características propias
Con el ascenso
al poder del Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán y el nombramiento de
Hitler como Canciller, en 1933, el destino de la población gitana Sinti —así es
como se denominan a sí mismas estas personas— se configuró directamente al
exterminio. Así, en 1935, con la promulgación de las leyes de ciudadanía del
Reich y para la protección de la sangre y el honor alemanes—las famosas leyes
de Núremberg— se despojó a la población Sinti, clasificada como una raza
inferior, de la ciudadanía y del derecho al voto.
Esas leyes
pretendían la conservación de la pureza racial alemana y para ello prohibían
los matrimonios entre personas arias y no arias. Los criterios dispuestos para
establecer qué personas eran consideradas gitanas eran exactamente dos veces
más estrictos que aquellos que definían quienes eran judías: si uno de los ocho
bisabuelos de una persona era gitana/o, aunque a su vez fuera mestiza/a, esa
persona era considerada de ascendencia gitana mientras que se definía como
judía a una persona que tuviera, al menos, un/a abuela/o judía/o. Y todo se
basaba en criterios meramente sanguíneos, genéticos, sin tener en cuenta la
religión ni la práctica cultural o étnica. Por eso, cuando alguien habla de
“pureza” en relación con las personas gitanas nos saltan todas las alarmas ya
que ese tipo de razonamiento está en la base ideológica del racismo más atroz.
En junio de
1938, unos 700 hombres gitanos fueron enviados a los campos de concentración de
Dachau, Buchenwald, Sachsenhausen y Lichtenburg dentro de la llamada Aktion
Arbeitsscheu Reich (Acción contra los vagos). En esos y otros campos fueron
sometidos a trabajos forzados.
El 8 de
diciembre de 1938 se publicó el Decreto para combatir la plaga gitana
(Bekämpfung der Zigeunerplage): “La experiencia hasta ahora en la lucha contra
la plaga gitana y el conocimiento adquirido a través de la investigación de la
biología racial hacen aconsejable abordar la regulación de la cuestión gitana a
partir de la naturaleza de la raza. Según la experiencia, los mestizos tienen mayor
participación en el mundo del crimen. Por otro lado, se ha demostrado que los
intentos de integrar a los gitanos han fracasado, especialmente entre los
gitanos de raza pura, debido a su fuerte impulso migratorio. Por lo tanto,
resulta necesario tratar a los gitanos de raza pura y a los mestizos por
separado en la solución final de la cuestión gitana” (la traducción es nuestra).
A partir de
1940, las personas romaníes de Alemania y Austria fueron deportadas a la
Polonia ocupada y alojadas en los guetos judíos que iban vaciando. La primera
deportación tuvo lugar a mediados de mayo de 1940 y afectó a unas 2.500
personas.
El asesinato
sistemático de las personas gitanas comenzó en el verano de 1941. Durante el
asalto de las tropas nazis contra la URSS miles de Rroma [pronúnciese romá],
gitanos y gitanas, fueron víctimas de ejecuciones en masa por parte de los
“Einsatzgruppen” (grupos operativos) de las SS. Estos comandos de la muerte
tenían como tarea principal la matanza de personas judías y gitanas, además, de
los y las comisarios políticos.
Aunque no hay
cifras exactas, se calcula que unas 100.000 personas gitanas fueron asesinadas
por estos comandos de la muerte tanto en la URSS como en Polonia y otros
territorios ocupados de Europa del Este y los Balcanes, especialmente en
Ucrania, Bielorrusia y Yugoslavia. Tan sólo en Polonia se conocen unos 180
lugares donde hubo ejecuciones en masa de personas romaníes. La familia de la Tía Alfreda Noncia Markowska cayó víctima de una de estas matanzas en Biala Podlaska (Polonia).
Alfreda fue la única que sobrevivió. Tenía solo 15 años y durante el resto de la
guerra logró salvar de la muerte a una cincuentena de niños y niñas, judíos y
gitanos.
Otro componente
de la política de extinción de la población gitana fue la esterilización
forzada, tanto dentro de los campos de concentración como en hospitales externos,
de manera que el 94% de las personas esterilizadas forzosamente durante el
periodo nazi fueron personas gitanas. Miles de Rroma, en su mayoría mujeres y
niñas, tuvieron que sufrir esta operación, a menudo sin anestesia. Muchas
murieron durante la operación.
¡Ma
bister! ¡1.500.000 víctimas!
“La repetida
cifra de 500.000 muertes gitanas durante el Porrajmos se ha convertido en una
convención” tal y como afirma el Tío Ian Hancock ,
profesor emérito de la Universidad de Texas. No podemos, por tanto, aceptar esa
cifra como un hecho demostrado ya que la documentación no ha sido bien
analizada ni existe una política de promoción de la investigación en torno al
Samudaripen. Según el propio profesor Hancock, la cifra de víctimas
probablemente asciende al doble o al triple, es decir, estaríamos hablando de
que, probablemente, 1.500.000 personas gitanas fueron asesinadas durante el
Samudaripen.
Se estima que alrededor
de la mitad de la población romaní residente en los territorios ocupados por el
Tercer Reich murió como resultado de la persecución y el terror nazi. En
algunas zonas, este porcentaje alcanzó el 80%.
Aún no hay un
listado de víctimas gitanas. Sólo listas parciales y no en todos los campos de
concentración o exterminio. Tampoco hay una voluntad política de promover la
investigación que haga posible aflorar las verdaderas dimensiones del
Samudaripen.
El intento de bajar
la cifra de víctimas responde claramente a los objetivos del antigitanismo y
sirve para postergar a los Rroma actuales, incluidas las víctimas, incluso de
los actos oficiales de conmemoración del Holocausto. Así mismo, el lugar
destinado a la memoria gitana dentro de los museos del Holocausto es mínimo.
Aunque hace
algunos años que el Consejo Estatal del Pueblo Gitano, auspiciado por el
Ministerio de Igualdad, celebra un acto en homenaje a las víctimas del
Samudaripen, España aún no ha reconocido oficialmente que la población romaní
fue víctima del genocidio llevado a cabo por los nazis. Las autoridades
responsables suelen escudarse en la neutralidad de España durante la 2ª Guerra
Mundial. No obstante, hubo víctimas gitanas de origen español sobre todo en
territorio francés donde entre 1939 y 1946, cerca de 6.500 personas gitanas
sufrieron presidio en unos 30 campos de internamiento desde algunos de los
cuales también fueron enviados a Auschwitz.
La
maquinaria del exterminio
“No hay
nada con lo que puedas comparar Auschwitz. Si dices ‘El infierno de Auschwitz’,
no es ninguna exageración. Creo que no es suficiente para mí decir que he
soñado con Auschwitz mil veces desde entonces, con esa horrible época en la que
reinaba el hambre y la muerte. Yo era una niña cuando me trajeron a Auschwitz.
Cuando salí estaba enferma y aún hoy estoy enferma” (Tía Elisabeth Guttenberger, superviviente, testigo de cargo en el
Auschwitzprozesse, Procesos de Auschwitz). Aunque Auschwitz fue el peor de
lo campos de exterminio, hubo otros: Belzec, Chelmno, Jasenovac, Sobibor, Treblinka,
Sachsenhausen, Buchenwald, Flossenbürg...
Hubo personas
gitanas prisioneras en todos los campos de concentración, aunque algunos de
éstos se crearon específicamente para albergar a las personas gitanas: Marzahn
(Berlín, Alemania), Lety (Rep. Checa), Dubnica nad Vahom (Eslovaquia),
Lackenbach (Austria), Litzmannstadt (Polonia), Montreuil-Bellay, Lannemezan o
Saliers (Francia)…
En términos
numéricos, las personas gitanas fueron el tercer grupo más grande de deportadas
a Auschwitz, después de las judías y las polacas.
En Auschwitz
hubo personas gitanas prisioneras procedentes de 14 países. Los primeros Rroma
llegaron el 9 de julio de 1941: dos gitanos polacos capturados por la policía
criminal alemana junto otros 7 prisioneros polacos en la cercana ciudad de
Katowice. Según Maria Martyniak al menos
370 personas gitanas fueron prisioneras en Auschwitz antes de la construcción
del Zigeunerlager.
Finalmente, en diciembre
de 1942, el gobierno alemán decretó que la población gitana debía ser
encarcelada en campos de concentración y Auschwitz fue el campo elegido como
prioritario. Familias gitanas enteras fueron deportadas a Auschwitz II –
Birkenau. El primer transporte llegó el 26 de febrero de 1943, cuando el
Familienzigeunerlager todavía estaba en construcción. Cuando se completó,
comprendía 32 barracones, 26 residenciales y 6 de servicio (la oficina de
asignación de trabajo forzado, almacenes, guardería y hospital).
Los barracones,
construidos de madera —tablas endebles y mal ensambladas— con el suelo de
tierra, originalmente estaban diseñados para albergar 52 caballos cada uno. En
lugar de ventanas, tenían filas de tragaluces a lo largo de ambos lados en la
parte superior del tejado (que también era el techo) que estaba hecho de una
sola capa de tablas cubiertas con tela asfáltica. Una puerta doble conducía al
interior. Cada barracón se dividió en dieciocho puestos, los dos primeros de
los cuales, adyacentes a la puerta, fueron asignados al supervisor del bloque y
a los presos de confianza. Una chimenea central horizontal corría a lo largo de
todo el barracón, dividiéndolo por la mitad generando un eje a cuyos lados se
situaban las literas de madera de tres alturas.
Cada familia,
dependiendo del número de sus componentes, tenía asignada una o dos de estas
literas. Cada barracón tenía una capacidad de unas cuatrocientas personas, pero
en muchas ocasiones estaban abarrotados con más del doble.
El frío
penetraba aquellas paredes de madera sin aislamiento y la lluvia y la nieve
chorreaban a través de las grietas del tejado: “No había camas, solo cajas de
madera donde nos acomodábamos como
sardinas en lata. No había colchones de paja ¡una manta era un lujo! En
el centro había algo así como una estufa que nunca estaba encendida y la
humedad y el frío eran casi insoportables”, como lo describió el Tio Franz
Rosenbach, que en paz descanse.
Las condiciones
higiénicas eran desastrosas: no había suficiente agua y las alcantarillas no
funcionaban correctamente. Solo había lavabos en dos barracones, retretes en
otros dos y un único barracón tenía duchas, donde las personas prisioneras se
desinfectaban y les cortaban el pelo.
Entre el 26 de
febrero de 1943 y el 21 de julio de 1944, un total de 23.000 personas gitanas
estuvieron prisioneras en el campo gitano de Auschwitz. 20.967 de ellas
murieron a consecuencia del cautiverio.
Esta cifra no
incluye a unas 1.700 personas Rroma capturadas en Białystok (Polonia), que no
fueron inscritas en los registros. Este grupo, ante las sospechas de ser
portadores del tifus, fue asesinado en las cámaras de gas.
Las
enfermedades mataron a la mayoría. Las niñas y los niños padecieron
especialmente. El noma —estomatitis gangrenosa o cancrum oris, enfermedad
infecciosa gangrenosa de la boca que destruye los tejidos de la cara y cuyo
desenlace suele ser fatal—, que afecta especialmente a niñas y niños desnutridas,
la escarlatina, el sarampión y la difteria. Las y los nacidos en el campo no
sobrevivían más de unas pocas semanas.
Tristemente,
muchas niñas y niños se convirtieron en objeto de los criminales experimentos
del abominable Dr. Josef Mengele.
El SS
Reichführer, Heinrich Luitpold Himmler, en su condición de máximo responsable
del sistema de gestión de los campos de concentración, visitó Auschwitz en
julio de 1942. Según cuenta el demonio Rudolf Hess, comandante del campo, en
sus memorias, juntos visitaron el campo gitano y tras una minuciosa inspección
le ordenó que apartara a quienes eran válidos para seguir siendo explotados en
el trabajo forzoso y destruyera aquella sección especial.
Así, el 15 de
mayo de 1944, el SS-Unterscharführer (comandante del Zigeunerlager) Georg
Bonigut dio la orden de que las personas internas permanecieran en sus
barracones. Al día siguiente, entre 50 y 60 hombres de las SS los rodearon.
Intentaron sacar a las prisioneras de los barracones, pero no lo consiguieron. Habían
sido advertidos por la resistencia interna y se atrincheraron procurándose
herramientas y palos que les sirvieran para hacer frente a aquellos malditos y
vender cara sus vidas. Aquella insurrección es recordada como el Día de la
Resistencia Romaní que año a año —sobre todo entre organizaciones juveniles— se
va imponiendo en el calendario de reivindicaciones de la memoria gitana en toda
Europa.
Posteriormente,
casi 2.000 personas gitanas fueron trasladadas al campo de concentración de
Buchenwald, otras 82 fueron enviadas al campo de concentración de Flossenburg y
144 mujeres gitanas al campo de concentración de Ravensbrück.
44 hombres
gitanos de los que habían sido enviados a Buchenwald fueron sometidos a experimentación médica: los demonios nazis querían saber cuánto tiempo podía un hombre
sobrevivir tomando solo agua de mar.
“Oímos
gritos y disparos. Varios cientos de SS están asaltando los barracones de los
gitanos. Al cabo de un rato, vemos a los SS arrastrar a dos jóvenes gitanas
gritando y resistiéndose. Otras gitanas atacan a los SS, arañándoles las caras.
Desde los barracones se están defendiendo con armas de fuego improvisadas. Unos
SS arrastran por las piernas a unos niños y un hombre mayor está tratando de
defenderlos, pero lo derriban de una patada y lo echan al camión. Nadie
abandona el barracón sin resistencia. Todos están luchando. Escuchamos a los
hombres de las SS gritando y a los gitanos gritando. Las mujeres son las más
feroces en su lucha, son más jóvenes y más fuertes, protegiendo a sus hijos. La
pelea duró hasta el atardecer” (Alfred Jan
Fiderkiewicz, prisionero político polaco en Auschwitz).
La liquidación
del Zigeunerlager tuvo lugar la noche del 2 al 3 de agosto de 1944, siguiendo
el mandato del SS Reichsführer Heinrich Himmler. La tarde del 2 de agosto se
impuso la prohibición de salir de los barracones. A pesar de la resistencia de
nuestra gente, entre 4.200 y 4.400 personas gitanas de todas las edades fueron
cargadas en camiones, llevados a la cámara de gas de los crematorios II y V y
exterminados, tal y como ha demostrado el reciente estudio del equipo de
historia del Centro de Investigación del Museo de Auschwitz.
Cuando el 27 de
enero de 1945 las tropas soviéticas liberaron el campo de exterminio de
Auschwitz no quedaba, entre las 7.000 supervivientes, ninguna persona gitana.
Las personas
gitanas supervivientes, al término de la guerra, tuvieron que enfrentarse a los
mismos prejuicios antigitanos. Hasta los años 1970’s no pudo organizarse un
movimiento gitano europeo que recabase la atención de la opinión pública. La
mayor parte de las personas supervivientes han fallecido sin haber recibido
nunca justicia.
Desde 1994, las
organizaciones gitanas, sobre todo de Polonia, conmemoran el 2 de agosto como
el Día en Memoria del Samudaripen. Esta reivindicación ha sido finalmente
asumida por el Parlamento Europeo que en abril de 2015 aprobó la Resolución
declarando el 2 de Agosto como Día Europeo en Memoria de las Víctimas del Samudaripen.
A pesar de este
aparente cambio, el antigitanismo sigue golpeando duramente y la situación se
parece cada vez más a aquella en que se dio el Samudaripen: en Italia, el
Ministro del Interior y viceprimer Ministro, Matteo Salvini ha ordenado la
elaboración de un registro de todas las personas gitanas habitantes de los
llamados campos nómadas; se suceden
los ataques terroristas antigitanos en Ucrania; en Hungría ha nacido una
milicia popular para combatir el “crimen gitano”; en España cada día
sufrimos el racismo; en Grecia un alcalde
quiere construir un muro para aislar un barrio gitano; en Francia un rumor
difundido en redes sociales hizo que varios grupos de racistas salieran a la
caza de gitanos; incluso han vandalizado, hasta en dos ocasiones, el monumento
en memoria de las víctimas del Samudaripen de Berlín… Y todo esto
ha ocurrido en el último mes.
No podemos
quedarnos mirando. Como ciudadanas tenemos la oportunidad de exigir a nuestros
gobiernos que incluyan la lucha contra el antigitanismo entre sus prioridades a
la vez que tomamos conciencia de la gravedad que conlleva consentir que el
antigitanismo siga siendo el racismo más socialmente permitido.
Lecturas
recomendadas (en castellano y disponibles en librerías):
“Gitanos bajo
la Cruz Gamada” de Donald Kenrick y Grattan Puxon. Editorial Presencia Gitana
(ISBN: 8487347169)
“Un gitano en
Auschwitz” de Otto Rosenberg. Amaranto Editores (ISBN: 9788493145750)
“El campeón
prohibido” de Dario Fo. Editorial Siruela (ISBN: 9788416964307)
“Rukeli. Johann
Trollmann y la resistencia romaní antinazi” de Jud Nirenberg. Punto de Vista
Editores (ISBN: 9788416876389)
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