VIGILANCIA SÓLIDA Y LÍQUIDA EN LAS FRONTERAS (2):
Frontera México–Estados
Unidos: el imperio de la Border Patrol
Es
preferible ser un indocumentado en Washington que un ciudadano en la ciudad
fronteriza de Brownsville. Vivir en la frontera Estados Unidos – México puede
significar vivir también en la frontera de la ciudadanía, con un ejercicio de
los derechos de baja intensidad, deteriorados por el poder arbitrario y
prejuiciado de la Border Patrol, equipada con toda suerte de mecanismos de
vigilancia “sólida”: murallas, radares, drones… y armada de vigilancia
“líquida”: todo tipo de perfiles de “ilegales” elaborados con tecnología
informática.
José
Luis Rocha
www.envio.org.ni/junio2015
Las más de dos mil
millas que dividen México y Estados Unidos son la frontera binacional más
extensa y con mayor movimiento del mundo. Su natural barrera de roca y arena y
su artificial muro de 687.3 millas refuerzan la separación de dos zonas ya
económicamente distanciadas por una de las más gigantescas brechas de ingresos
del mundo. En un año esa frontera ve pasar 350 millones de cruces legales y un
número desconocido de cruces no autorizados.
UNA
VASTA FRONTERA SUPERVIGILADA Y CAMBIANTE
Para gestionar la
vigilancia en ese vasto y diverso territorio, en un intento no del todo fallido
por moldear el entorno y los flujos migratorios, la migra estadounidense ha
dividido la frontera con México -su frontera suroeste- en nueve sectores y 71
estaciones de la Border Patrol.
Del oeste al este:
el sector de San Diego (60 millas de frontera terrestre y 114 costeras, 8
estaciones, incluye San Diego, la sexta ciudad más poblada de Estados Unidos),
el Centro (70 millas terrestres, 4 estaciones), Yuma (126 millas, 3 estaciones,
dunas arenosas y reservas militares), Tucson (260 millas, 8 estaciones, incluye
las ciudades de Tucson, Phoenix y Nogales), El Paso (268 millas, incluyendo 88
millas del río Grande, que a partir de ahí es la línea fronteriza, 11
estaciones, unas en New Mexico y otras en Texas), Big Bend (510 millas de
frontera terrestre lo convierten en el sector más grande, 10 estaciones), Del
Río (210 millas, 9 estaciones, el sector más salpicado de granjas y haciendas),
Laredo (171 millas, nueve estaciones, contiene la ciudad de Dallas y numerosos
ríos que desembocan en el río Grande) y Río Grande Valley (actualmente el
sector más transitado por centroamericanos, 316 millas entre la frontera del
río y la costera en el Golfo de México, 9 estaciones, las ciudades de
Brownsville, Río Grande City, Corpus Christi y Kingsville).
La línea divisoria, aunque a veces no sea más que una línea en la arena, una
hilera de piedras pintadas de blanco calcáreo, un cerco de malla que muestra lo
que veda, una sucesión de acerados barrotes o una muralla de concreto, es la
médula de la región fronteriza, ese campo de batalla donde los individuos y los
agentes gubernamentales ponen a prueba los límites de la autoridad estatal y de
la identidad nacional, un sitio donde tomar el pulso a las prioridades del
Estado y a la tercia que mantienen los gobiernos de México y Estados Unidos.
Pero esa línea es informada por el cronotopo. Para entender el panóptico
(vigilancia control y encierro) y el banóptico (elaboración de perfiles con
tecnología informática) que emplea Estados Unidos se precisa visualizar la
diversidad de fronteras. La frontera es un hecho social que cambia temporal y
espacialmente. La frontera mexicana-estadounidense cambió de manera drástica
tras los ataques del 9/11, con la creación del Department of Homeland
Security (DHS) el 25 de noviembre de 2002 y el inicio de sus operaciones el
24 de enero de 2003. Según Tony Payán, ninguna otra región de Estados Unidos
pagó un precio tan alto como esa frontera binacional, que nada tenía que ver
con los atentados, con sus autores intelectuales y sus ejecutores y con los
grupos terroristas en general.
Esta frontera ha mostrado cambios señeros en sus dimensiones geográficas,
políticas, administrativas, comerciales y culturales. Y esos cambios son
perceptibles en las ciudades que la salpican de uno y otro lado. Ciudades que,
aunque guillotinadas por un muro, presentan un continuo urbano.
Matamoros/Brownsville en Tamaulipas y en Texas, los dos Nogales -el de Sonora y
el de Arizona-, Mexicali/Calexico y también Tijuana/San Diego en Baja
California y en California, Ciudad Juárez/El Paso en Chihuahua y en Texas,
entre otras.
LAS
CIUDADES MEXICANAS CRECEN, LAS DE ESTADOS UNIDOS SE LATINIZAN
Los frontereños del
lado estadounidense prefieren habitar en las ciudades. Desde el año 2000 las
aglomeraciones urbanas alojaban al 92% de la población fronteriza -en contraste
con un 79% de población estadounidense urbana-, la mayoría¬ en el condado de
San Diego, que aloja a 2.8 de los 6.3 millones residentes en la frontera. Por
eso, todas son ciudades de un crecimiento demográfico acelerado y una
latinización progresiva debida en gran medida a la migración.
Las ciudades mexicanas crecen y las estadounidenses se latinizan. En las
ciudades, pueblos y asentamientos próximos a la frontera habitan 15 millones de
personas. Ciudad Juárez pasó de 425 mil habitantes en 1980 a 1.3 millones en
2000. El Paso, su hermana siamesa del otro lado, creció en migrantes. Sólo en
2013 en el área de El Paso se concedió la residencia permanente a 5,261
migrantes. Hubo también 2,652 nuevos naturalizados, que supusieron un notorio
descenso respecto de los 4,436 de 2008.
En 2004-2013, el DHS
concedió 46,514 nuevas residencias y transmutó a 25,462 residentes en
ciudadanos. Son cifras sintomáticas de la transformación étnica y de pigmento
que las ciudades fronterizas experimentan. Ya en 1970 la mitad de la población
de la ciudad de El Paso era latina,
condición harto peyorativa en un territorio donde la narrativa “all poverty is
Mexican” está tan arraigada y permea tantas visiones e interpretaciones. Una
década después, latina era el 62.5% y había solamente un 33% de población
anglosajona. En 1990 los latinos alcanzaron el 69% y en 2000 subieron a 76.6%. El censo de 2010 dio por resultado un 80.7%
de latinos.
Son muchos los juarenses que tienen doble nacionalidad, viven en El Paso y sólo
viajan a Ciudad Juárez para cobrar las ganancias de sus negocios, con
frecuencia sometidos a extorsiones. Incluso un alcalde de Ciudad Juárez, en
pleno mandato, residió con su familia en El Paso. Formando una ininterrumpida
masa urbana con San Diego, Chula Vista pasó de 23% a 37% de latinos en
1980-1990, llegó al 50% en 2000 y al 58% en 2010. Poblaciones como Calexico,
Eagle Pass, Nogales, Brownsville y McAllen, que ahora tienen 97%, 95.5%, 95%,
93% y 85% de latinos, han seguido trayectorias similares.
¿Esto significa que los migrantes que cruzan se pueden camuflar mejor? Todo lo
contrario. Significa que la población nativa y los residentes autorizados son
tratados a menudo como si fueran indocumentados.
“LAS
COMUNIDADES ESTÁN ESPANTADAS”
Muchos de los casos
que en Brownsville defiende Jaime Díez, abogado migratorio en Jones and Crane
Attorneys at Law, son causas de nativos estadounidenses cuyos documentos de
identidad han sido cuestionados y requisados por los agentes de la Border
Patrol.
“Prácticamente -me cuenta- todo el mundo en la frontera dice lo mismo: esto es
un relajo, la migración detiene a todo mundo, incluyendo a gente que nació
aquí. Las comunidades están espantadas, las policías locales cada vez abusan
más de la gente. La situación se está poniendo cada día más difícil. La Border
Patrol está agarrando a la gente que lleva mucho tiempo viviendo aquí, que
tienen a su familia aquí y que ya no son de allá. No les sirve ni ser personas
casadas con soldados. Antes sólo decías que eras ciudadano americano y te
dejaban cruzar la frontera. ¿Qué pasó? Que algunos lo siguieron haciendo en
esta época: dijeron ser ciudadanos y no lo eran. Los procesaron, después de
muchos años de residir aquí sin problemas. Esa gente nunca va a tener un perdón
porque les dicen que cometieron fraude. Y esto es un problema específicamente
de la frontera. Esos casos no los tienes en el norte del país.
También hay muchos
problemas con los ciudadanos que nacieron aquí con parteras. A muchos les
niegan el pasaporte. Y los que lo tienen son detenidos en el puente. Cuando
presentan documentos, se los regresan. Todos son maltratados al cruzar la
frontera. No importa si eres ciudadano o residente. A veces pienso que todo
esto ya se le salió de control al gobierno. El DHS hace lo que quiere y no
importa quién esté a la cabeza del gobierno”.
“ES
INCREÍBLE QUE ESTO PASE AQUÍ”
Continúa el abogado
Jaime Díaz: “Tengo mil historias de lo que les ha pasado a ciudadanos: los han
metido a cuartos fríos, les han quitado los papeles, los han mandado a México…
Los hemos demandado. Les hemos ganado la devolución de los papeles, pero nunca
he visto que haya habido un cambio de parte de ellos diciendo ‘¿Cómo es posible
que tengamos oficiales que metan trece horas en un cuarto a una señora,
diciéndole que no tiene derecho a un abogado hasta que no admita que su hija no
nació en Estados Unidos?’ Y una vez que lo ‘admite’ la corren del país y le
quitan los papeles a los hijos, y los dejan del otro lado”.
“Es completamente increíble pensar que esto pasa en un país que se supone que
tiene reglas. Y si pasara una vez… Pero te puedo decir que tengo 50 casos de
pasaportes, de los cuales 10 tuvieron ese tipo de problema. He tenido gente a
la que le cancelan el pasaporte sin que se den cuenta. Cuando llegan al puente
les dicen que tienen el pasaporte cancelado. Y si esto le pasa a los
ciudadanos, ¿qué podemos esperar que les ocurra a los indocumentados o incluso
a los residentes legales? Si algún día en Estados Unidos alguien escribe la
historia de esta época que estamos viviendo ahorita, se van a dar cuenta de que
lo que está pasando es que el gobierno justifica todo con el tema de la
seguridad. Y eso a todos les parece muy bien… hasta que tú eres la persona a la
que corren del país”.
“El Departamento de Estado no entiende por qué aquí hay tantos mexicanos. No se
dan cuenta de que mucha gente no habla inglés porque no ha necesitado hablarlo,
como ocurre en Puerto Rico. No entienden por qué hay tantos latinos aquí. Lo
que hicieron es que, como ha habido muchos fraudes de pasaportes, se pusieron a
revisar todos los pasaportes que emitieron anteriormente y a identificar
pasaportes donde hubiera algo cuestionable. ¿Cómo es posible que te puedan
cancelar tu ciudadanía sólo porque encontraron un documento, que ni siquiera
saben si es tuyo porque puede ser de un homónimo? Hablan de Rusia, de Cuba, de
China… No sé cómo serán ahí las cosas, pero, por lo que reportan, parece que
aquí las cosas son bastante similares”.
“REVITALIZE
NOT MILITARIZE”
Los atropellos que
las autoridades migratorias cometen en la frontera han activado el surgimiento
de redes y movimientos. Southern Border Communities Coalition, Border Action
Network y Río Grande Valley Equal Voice Network son algunas de las más
señeras.
Promueven la desmilitarización de la frontera y la supervisión y la rendición
de cuentas de la Customs and Border Protection (CBP). La primera incluye
60 organizaciones, entre las que destaca la legendaria American Civil
Liberties Union (ACLU) de Texas, New Mexico, Arizona y California. La de
California arracima a diez agrupaciones que luchan bajo el lema “Revitalize not
militarize border communities” que, estampado como leyenda en afiches y
camisetas, acompañan con el dibujo de un casco militar puesto boca arriba,
cuarteado por raíces y coronado por una flor: el emblema castrense se metamorfosea
en primaveral maceta.
Como portavoz de esa red, Michael Siefert me habla de las impotentes recolectas
de firmas contra la instalación de los paredones metálicos que partieron
patios, granjas y vidas. Porque no hay un solo muro, sino varios cercos
paralelos que hacen de la franja fronteriza un laberíntico cinturón segmentado
dos y hasta tres veces para crear reservas territoriales donde nadie más que la
Border Patrol tiene permiso para circular: “¿Su costo? Entre tres y cinco
millones de dólares la milla lineal. Aquí, en el municipio más pobre de los
Estados Unidos”.
COSTOSOS
MUROS Y UNA PEOR ECONOMÍA
El cálculo de
Siefert es correcto: el Corps of Engineers había hecho un estimado de 1.3 millones de dólares por cada milla
lineal, omitiendo costos de adquisición de tierras. Pero como el muro de
Brownsville está hecho por triplicado, su costo se eleva. Y se encarece aún más
si añadimos costos de mantenimiento: un estudio del Corps of Engineers estimó
que mantener el muro en un ciclo de 25 años costará entre 16.4 y 70 millones de
dólares la milla. La universidad, ceñida por uno de estos muros, luchó por una
versión más amistosa y estética. Y es una suerte que lo consiguiera porque una
Alma Mater no debe lucir como Alcatraz. Pero los ciudadanos comunes no pudieron
evitar que sus traspatios fueran divididos y que el espacio de jardines y
huertos haya sido expropiado y convertido en zona de patrullaje.
En esta región la gente está siendo castigada económicamente por el prurito de
la vigilancia. Los prolongados e impredecibles tiempos de espera en las aduanas
han lesionado la competitividad de muchas industrias fronterizas y no pocas han
optado por nuevos emplazamientos en Asia. Las consecuencias son múltiples. El
comercio bilateral, que creció a una tasa de 17% en 1993-2000, lo hizo a sólo
4.5% en 2000-2008. Inserto en una zona deprimida por una tasa de desempleo
superior a la media nacional (11.9% versus 9.6% en 2010), el Imperial Valley
roza el 30%. También los porcentajes de personas viviendo bajo la línea de
pobreza en los estados fronterizos superan la media nacional de 15.3%: New
Mexico (20.4%), Texas (17.9%), Arizona (17.4%) y California (15.8%).
ULTRAJES
A LAS COMUNIDADES INDÍGENAS
Otro foco de malestar es el trato de los patrulleros a las comunidades
indígenas, objeto de reiterados ultrajes. Son los más
trigueños entre los trigueños, en una región donde lo trigueño no se percibe
sólo en el color de piel, sino en el dominio de la lengua, la ropa, la manera
de divertirse, los lugares que frecuentan y otros usos y costumbres.
Por habitar una nación que abarca 76 millas de frontera con México (29% del
sector migratorio de Tucson), las tierras indígenas han sido identificadas
entre las áreas más vulnerables a los ingresos no autorizados hacia suelo
estadounidense y marcadas como una total amenaza para la seguridad nacional.
Aterrizando más allá de lo que dicen las políticas oficiales, el periodista
Todd Miller encuentra que los miembros del grupo indígena Tohono O’odham son
tratados como extranjeros y sus derechos de soberanía sobre el suroeste de
Arizona, que ostentan desde tiempos precoloniales, han sido conculcados en
nombre de la lucha contra el terrorismo y el tráfico ilegal de drogas y seres
humanos, conceptos enteramente ajenos a su cultura, pero ominosamente
encarnados en la presencia de la Border Patrol desde 1993, masificada en 2001.
Ellos también han colgado banners con la misma consigna que las otras redes
fronterizas: “Stop militarization on indigenous lands now”.
“SER
MORENO NO ES SER MALO”
La presión ejercida
por los operativos de la Border Patrol en otras regiones de la frontera ha
desplazado la migración indocumentada hacia el territorio de las naciones Yaqui
y Tohono O’odham. Según Ned Norris, representante de los Tohono O’odham, en
2008 un promedio cercano a 15 mil migrantes no autorizados cruzaron por su
territorio cada mes. Norris mencionó esta cifra ante el Congreso de Estados
Unidos y sostuvo que el costo anual de prestar servicios de salud e implementar
las leyes migratorias ascendía a 35 millones de dólares. Aduciendo que las
políticas migratorias son un asunto federal, Norris solicitó un apoyo
financiero del Congreso para esa nación indígena, que tiene un 35% de desempleo
y un ingreso anual per cápita de 8 mil dólares.
El Department of Homeland Security sostiene que los cárteles de la droga
quieren reclutar a los jóvenes indígenas. Sospechosa de trasegar drogas y
migrantes, esta “gente del desierto” -significado etimológico de Tohono
O’odham-, está obligada a identificarse cada vez que se topa con una patrulla.
Algunos de sus miembros ven a la Border Patrol como un ejército de ocupación
porque lo perciben como un elemento ajeno cuya presencia ha contribuido a que
uno de cada diez habitantes de la tribu guarde prisión, según cálculos de las
autoridades de la reserva. Los indígenas son detenidos sin recibir explicación
alguna sobre los cargos que se les imputan. Todd Miller observa que “si la
Cuarta Enmienda parece débil en otras partes de la frontera, metafóricamente se
hace añicos en la reserva”.
En el informe titulado In hostile terrain, Amnistía Internacional
reporta que los indígenas son continuamente tomados por migrantes
indocumentados, insultados, golpeados, esposados y rociados con spray pimienta,
separados de sus hijos, detenidos sin cargos. Incluso, cuando sólo hablan
O’odham, obligados a firmar órdenes de deportación en español y despachados a
México. Una de las víctimas del exceso de celo de la Border Patrol concluye con
un alegato que escarba y expone a la luz pública una de las raíces del
problema: “Just because my skin is brown doesn’t make me a bad person”.
EN
VIOLACIÓN DE LA SOBERANÍA TRIBAL INDÍGENA
Las tarjetas de
identidad tribales emitidas por la autoridad de la nación Tohono O’odham son
repetidamente desestimadas por los agentes de la Border Patrol. Actualmente el
gobierno federal les quiere imponer tarjetas con microchips para el cruce de la
frontera, un requisito para el cual no califican los numerosos miembros de la
tribu, que carecen de partidas de nacimiento.
Esta situación, que afecta a las naciones Yaqui y Tohono O’odham (30 mil y 28
mil ciudadanos), es una abierta y diaria violación al artículo 36 de la
Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas de
2007, adoptada en la sesión 61 con el voto a favor de 143 países y la oposición
de Estados Unidos, Australia, Canadá y Nueva Zelanda, que acabaron por
ratificarla en segundas nupcias. Dice el texto: “Los pueblos indígenas, en
particular los que están divididos por fronteras internacionales, tienen
derecho a mantener y desarrollar los contactos, las relaciones y la
cooperación, incluidas actividades con fines espirituales, culturales,
políticos, económicos y sociales, con sus propios miembros, así como con otros
pueblos a través de las fronteras”.
También es violatoria de disposiciones de la Suprema Corte de Justicia, como la
que estableció en 1975, en el caso United States v. Mazurie, que dice: “Las
tribus indias son comunidades únicas que poseen atributos de soberanía sobre
sus miembros y su territorio”.
La consuetudinaria violación de estos instrumentos jurídicos es sintomática de
una erosión de la soberanía tribal sobre su territorio, actitud con una larga
tradición en las relaciones del Estado y las comunidades indígenas.
Un punto culmen de
esa conculcación de la soberanía fue la resolución del Congreso en 1830, que
consagró como ley lo que Andrew Jackson ya había puesto en práctica. Su fruto
más amargo fue el “trail of tears” (el sendero de las lágrimas) de 1840: la
mudanza forzosa de más de 70 mil indígenas hacia el oeste del río Mississippi.
Muchos murieron hambrientos, enfermos y exhaustos, entre ellos, 4 mil cherokees.
Jackson tuvo el cinismo de declarar a los indígenas desplazados: “Decid a los
jefes y a los guerreros que soy su amigo, pero deben confiar en mí y marchar de
los límites de los estados de Mississippi y Alabama y establecerse en las
tierras que les ofrezco allí, más allá de los límites de ningún estado (o sea,
fuera de Estados Unidos), en posesión de tierra suya, que poseerán mientras
crezca la hierba y corra el agua. Seré su amigo y su padre y les protegeré”.
DROGAS,
TERRORISMO Y MIGRACIONES ATENTAN CONTRA LA SOBERANÍA TERRITORIAL
Alexander Aleinikoff
ha señalado que la soberanía de las tribus precede a la de la Constitución y
que la legitimidad de ese reclamo no se cimenta en el hecho de que los
indígenas fueran los verdaderos nativos americanos, sino en que tenían una
soberanía previa. Pero los plenos poderes del Congreso federal han entrado en
colisión con las regulaciones y costumbres tribales.
Este choque se expresa en una serie de normativas y veredictos que a veces
restringen y a veces expanden las potestades del gobierno indígena. La base
para estas fluctuaciones jurídicas es la concepción de la soberanía como un
concepto territorial o como un asunto de membresía. Existen fallos judiciales,
como el de Montana vs. United States (1981), que establecen que los inherentes
poderes soberanos de una tribu india no se extienden a las actividades de no
miembros de las tribus. Éste es un asunto muy delicado porque hay ladinos que
viven dentro de la reserva y ahí poseen lotes donde producen o prestan
servicios que urgen una regulación local.
Tomando nota de estas circunstancias, la Corte estableció dos excepciones que
vuelven hacia un concepto territorial de la soberanía: 1) La tribu puede
regular los contratos y otros arreglos entre miembros y no miembros de la tribu,
y 2) La tribu puede regular la conducta de no indios en tierras privadas cuando
esa conducta amenaza o tiene un efecto directo sobre la integridad política, la
seguridad económica o la salud y el bienestar de la tribu.
Esta soberanía territorial
ya era una soberanía degradada por el hecho de que no permitía la regulación de
todas las actividades, sino sólo las potencial o eficazmente perniciosas. Y
también por el hecho de que la mera intromisión de la Corte y el acatamiento de
su fallo operan sobre la tácita asunción de que la tribu ejerce poderes
delegados, no inherentes. La mejor prueba de ello es la impotencia de la tribu
ante las actividades de agentes estatales o federales que abusan de sus
miembros con una inmunidad que se ampara en Montana vs. United States.
Esa soberanía territorial es la que mayor erosión ha sufrido con las tres
luchas del DHS: drogas, terrorismo y migraciones. Terminó en nula soberanía con
la imposición de un régimen de estricta y militarizada vigilancia en la frontera.
El DHS tiene poderes plenos en la frontera y sus agentes no tienen que tomarse
la molestia de presentar una acusación o presenciar un delito para requerir
documentos y detener.
ES
TRIGUEÑO Y NO HABLA INGLÉS: ESO BASTA
Del testimonio de
Jaime Díez, otros abogados migratorios y ciudadanos -indígenas, latinos e
incluso caucásicos- que viven en la frontera y de las declaraciones de
activistas que, como Michael Siefert impulsan una desmilitarización de la
frontera, se desprenden varias transformaciones.
En primer lugar, la aplicación del banóptico: trigueño y no angloparlante son
los dos rasgos que más alertan a los burócratas de la vigilancia fronteriza. La
aplicación del banóptico empieza en los espacios públicos con la burocracia de
la calle. En ese terreno de su primigenia aplicación, no requiere de las nuevas
tecnologías. El banóptico está en los memes -los replicadores de la conducta
humana- de los agentes de la Border Patrol, cuyos prejuicios raciales -a menudo
exacerbados porque son miembros y buscan distinguirse/distanciarse de la etnia
que fustigan- llevan a cabo el proceso por el que un rasgo se convierte en un
estigma.
El genotipo de la
ciudadanía está relativamente oculto. El agente de la patrulla fronteriza sólo
tiene ante sí un fenotipo de trigueño. Sobre la base de esa presencia preverbal
formula sus primeras y desfavorables hipótesis. Cuando ante su demanda se le
muestra un documento de identidad, debe averiguar si el genotipo “ciudadano”
que predica es auténtico.
Su primer indicador es la lengua. Si el portador de un documento de identidad
de ciudadano habla un inglés defectuoso, se impone un escrutinio mayor. Si esa
pesquisa revela que vino al mundo auxiliado por una partera, y no en un
hospital o clínica debidamente acreditados, el sospechoso apenas acaba de pasar
el umbral de un dilatado proceso jurídico que puede terminar con su expulsión.
Sólo en un segundo momento el banóptico consiste en una revisión de documentos
que pasa por el tamiz de la identificación estadística de ciertas conductas y
rasgos como potencialmente criminales: no habla inglés, nacido con partera o en
hospitales cuyos registros se perdieron, no puede explicar su situación, sus
padres no son nativos, etc. El sistema recibe esta información y, con el automatismo
de una máquina expendedora de gaseosas, emite cancelaciones de ciudadanías.
EL
“COLORISMO” ES MÁS RESISTENTE QUE EL RACISMO
La segunda
transformación de la frontera es la combinación de la trigueñización con los
atentados del 9/11. Ese rasgo que tienen en común todos los poblados
fronterizos estadounidenses -el sostenido aumento de la población latina hasta
convertirse en el grupo mayoritario- es un proceso de trigueñización de la
frontera que ha venido acompañado de un deterioro en el trato para nativos,
residentes, turistas e indocumentados.
Algunos estudiosos, como Tony Payán, han concluido que el tema de la seguridad
y la concomitante vigilancia han inyectado en el sistema legal migratorio
estadounidense más vulnerabilidad y privación de derechos que nunca antes y han
dado forma a un generalizado sistema de castas entre varios grupos sociales,
donde la blancura y el dinero son factores clave.
Tijuana/San Diego y Ciudad Juárez/El Paso, como lugares de emplazamiento de
maquilas y de residencia de sus obreros y cargos administrativos, son y han
sido puntos de numerosos y cotidianos cruces fronterizos. Pero esos cruces son
acompañados de inspección en la frontera y sus alrededores. Eso significa
discriminación diaria y un uso receloso de los espacios urbanos: calles, buses
y tiendas son sitios donde siempre se corre el riesgo de ser tomado por un
indocumentado.
El color -asociado a
raza y clase social- tiene mayor peso que la pertenencia étnica. De hecho hay
académicos que consideran que las ideas sobre raza, clase, etnia y nacionalismo
son categorías fluidas que han cambiado con el tiempo, en tanto la jerarquía de
color ha sido pasiva y silenciosamente mantenida desde la colonia: el
“colorismo” es más resistente que el racismo.
LOS
“MEXICAN BROWN” SON LOS MÁS SOSPECHOSOS
La prisión del color
llega hasta nuestros días. Pero tiene una larga tradición que sólo contribuye a
reforzar el estigma. Un piropo común de los visitantes de la frontera hacia sus
habitantes era la mención de su blancura.
Los libros de historia destacan que, no sólo del lado gringo, sino también en
Sonora había mujeres con fama de ser las más altas, blancas y hermosas de todo
México. Visitantes del siglo 19, como Marie Robinson Wright, contribuyeron a
esa imagen al escribir que las mujeres sonorenses tenían “cabello claro,
predominan los ojos azules y hay muchas hermosas cabezas cubiertas con cabellos
castaño como el de Cleopatra”.
La historiadora Kelly Lytle Hernández acuñó la expresión Mexican Brown como
una herramienta retórica y conceptual para subrayar que “independientemente del
estatus migratorio o ciudadano, son los mexicanos trigueños, más que los
mexicanos abstractos, quienes han vivido en la esfera de sospechas de la Border
Patrol”. Según Hernández, todos los documentos relacionados con la Border
Patrol, desde la correspondencia y los archivos oficiales hasta los artefactos
culturales -viñetas humorísticas, chistes y autobiografías- reflejan las
tácitas distinciones de género, clase y tez que constituían el blanco del
patrullaje de la Border Patrol.
En palabras socarronas de uno de sus agentes: el objetivo primario de la Border
Patrol es “un mexicano varón, de entre 5,5 y 5,8 pies, pelo café oscuro, ojos
cafés, tez oscura, usando huaraches… etcétera”. En versión del migra-corrido
que contrasta el trato de la migra con –el illegal alien- Supermán y con
los mojados: “…aquél es güero, ojos azules, bien formado/y yo prietito,
gordinflón y muy chaparro”.
El obvio predominio de la piel trigueña y el fenotipo del Mexican Brown entre
los habitantes de la frontera han devenido en la base para un trato
discriminatorio. Pero ese tratamiento sólo cobró visos epidémicos tras el 9/11.
Solamente la combinación de ambos factores explica la proliferación de
maltratos, cateos y redadas.
La dicotomía blanco/negro moldeó la distinción sesgada entre legales e
ilegales. El prurito de la vigilancia se unió al colorismo para producir
ciudadanías degradadas que preparan el terreno para la negación total de
derechos a los indocumentados.
EL
DRAMÁTICO CASO DE MARK LYTTLE
Otra transformación
de la frontera: Los poderes plenarios concedidos al DHS han significado una
degradación de la soberanía de los poderes locales y étnicos cuyo efecto más
dramático es la expulsión de los propios ciudadanos.
El hecho de que los documentos locales valgan poco o nada ante los filtros
estadísticos de la vigilancia fronteriza significa que no sólo las autoridades
estatales emisoras de esos documentos pasan a segundo plano como gobernantes
efectivos y garantes de la identidad oficial de sus ciudadanos, sino la
anulación de la potestad, credibilidad, acciones y palabras de otras
burocracias: policías que optaron por no colaborar con el ICE, iglesias que
testimonian la membresía de sus feligreses y que tienen albergues para los sin
techo, independientemente de su estatus migratorio, y bufetes de abogados que
respaldan las demandas de sus clientes, entre otras.
La sumatoria de la aplicación del banóptico, una frontera trigueña en la era
post-9/11 y la anulación de las burocracias locales es la expulsión de lo
propio porque no ha sido enteramente apropiado. Payán sostiene, basándose en
sus interesantes estudios de caso, que la ciudadanía convierte a sus poseedores
en inmunes a la deportación: incluso si conducen drogados o trafican armas,
“jamás serán sujetos de deportación”.
Podemos constatar lo contrario: que los ciudadanos -si tienen el fenotipo de
Mexican Brown- están lejos de ser inmunes en una región sometida a una
profilaxis racial. Por eso tenemos muchos casos de ciudadanos que lo son sólo
de nombre, como Mark Lyttle, nacido en Rowan County (North Carolina), enfermo
mental, descendiente de portorriqueños, apresado en la frontera como presunto
mexicano indocumentado, rebautizado por el ICE como “Jose Thomas”, detenido en Corrections
Corporation of America y deportado a Reynosa en 2008. No reconociéndolo
como natural de México, las autoridades mexicanas lo deportaron a Honduras,
donde fue arrestado y sometido a los abusos que son proverbial modus operandi
de la Dirección General de Migración y Extranjería y luego expulsado a
Nicaragua.
EL
DRAMA DE VIVIR EN LA FRONTERA
El caso de Lyttle es
menos inusitado de lo que parece: en 2010 la investigadora Jacqueline Stevens,
de Northwestern University descubrió que entre los 400 mil detenidos por el ICE como extranjeros indocumentados
había 4 mil ciudadanos estadounidenses.
Los poderes locales no pudieron hacer nada para sustentar su ciudadanía y
fueron sometidos a la “la imprevisibilidad absolutamente penetrante” que Hannah
Arendt encuentra en la violencia, pero que también está presente en el
banóptico: no importa cómo te identifiques, la combinación electrónica de tus
datos tiene la última palabra. Si tienes las proporciones de un mexicano, serás
mexicano. Si no calzas como tal, serás un centroamericano. Una vez que el
modelo banóptico te subsume en una categoría, serás sometido al tratamiento
asignado a la misma con todas sus consecuencias. Te lo mereces.
Así tiene lugar una
paradoja del sistema jurídico estadounidense: crecen los derechos de los
inmigrantes y descienden los de los ciudadanos y no ciudadanos. Cuando Michael
Siefert me pidió que le adelantara una conclusión de mi visita a la frontera,
le dije: Es preferible ser un
indocumentado en Maryland que un ciudadano en Brownsville. Vivir en la frontera
territorial puede significar vivir también en la frontera de la ciudadanía, con
un ejercicio de los derechos de baja intensidad y deteriorado.
UNA
FRONTERA MILITARIZADA DE LA QUE NO SE HABLA
La cuarta transformación
de la frontera es la militarización. Podría haber banóptico, lucha contra el
crimen y persecución de los indocumentados sin la militarización, que es
patente en el creciente uso de drones y otras tecnologías militares. Clausewitz
señaló: “El combate determina todo cuanto se refiere a las armas y los equipos,
y éstos a su vez modifican la esencia del combate. En consecuencia, existe una
relación recíproca entre unos y otros”.
En el terreno castrense los medios moldean el fin y el carácter que tienen las
acciones. Más que una declaración oficial, son los implementos militares y el
número de efectivos y su conducta los que nos avisan de la guerra y la
militarización. Por eso la percepción del pueblo Tohono O’odham de que la
Border Patrol es un “ejército de ocupación” encuentra base empírica en sus
implementos, sus prerrogativas y su voluntad de subordinar a los poderes
locales.
Esta militarización de la frontera, como si se tratara de una zona de guerra
-con una suspensión de facto de las garantías civiles-, amerita un gran
escrutinio. Y mientras CNN y otras grandes cadenas televisivas vuelcan sus
cámaras y micrófonos hacia los abusos cometidos en la Rusia de Putin, la Cuba
de Castro y la Venezuela de Maduro, la crítica situación de las personas que
pueblan la frontera suroccidental de los Estados Unidos cae fuera de sus
agendas noticiosas y termina siendo tan ajena al estadounidense promedio como
el ugarítico bíblico. La guerra que tiene lugar en la frontera apenas capta sus
reflectores, pese a que -o quizás porque- compromete la democracia real e
involucra intereses financieros que apuestan a prolongarla.
1924:
NACE LA BORDER PATROL
En 2014 la Border
Patrol cumplió 90 años. Con una dotación de 1 millón de dólares, el 28 de mayo
de 1924 el Congreso de Estados Unidos la creó, según documenta la historiadora
Kelly Lytle Hernández.
Los esfuerzos anti-inmigrantes habían dado pasos en esa dirección con la
prohibición del comercio de “coolies” en 1862, al ingreso de prostitutas y
criminales en 1875, con la ley de 1882 que cerraba las puertas a lunáticos,
idiotas, convictos y todos los susceptibles de convertirse en una carga pública
o afectados por enfermedades contagiosas. La ley de 1903 añadió a los
epilépticos, anarquistas y mendigos a la larga lista de proscritos. Y la de
1907 agregó a los imbéciles, bobos, a las personas con defectos físicos y
mentales -como Mark Lyttle- que pudieran afectar su capacidad de ganarse la
vida, a los tuberculosos, los niños no acompañados por sus padres, las personas
que admitieron la comisión de un crimen que implicara infamia moral y las
mujeres con propósitos inmorales. Diez años después la lista excluyó a todos
los asiáticos, analfabetos, prostitutas, criminales, contratistas, niños no
acompañados, idiotas, epilépticos, locos, indigentes, enfermos y defectuosos,
alcohólicos, mendigos, polígamos y anarquistas, entre muchos otros.
Los mismos migrantes
pagaron por las estructuras encargadas de colarlos abonando un impuesto por
cabeza de 50 centavos de dólar en 1882 y de 4 dólares a partir de 1907. En 1903
el Congreso reubicó la oficina de inmigración bajo el paraguas del
Department of Commerce and Labor. Una década más tarde la colocaría en el
recién creado e independiente Department of Labor.
LA
MIGRACIÓN FUE PRIMERO UN ASUNTO LABORAL
Esta ubicación
predicaba el talante y tratamiento del tema migratorio: era un asunto laboral,
una catalogación bastante razonable, habida cuenta de la dependencia que la
agroindustria estadounidense había desarrollado respecto de la mano de obra
mexicana cuando la arremetida modernizadora del Porfiriato extendió las vías
férreas hasta El Paso en 1884.
El boom de la agroindustria quedó ligado al nuevo corredor migratorio que
proveyó trabajadores callados, diligentes y dóciles -según los complacidos
patrones-, y permitió prescindir gradualmente de los más revoltosos asiáticos,
cuyo ingreso fue bloqueado por sucesivas oleadas de legislación
anti-inmigrante: la Chinese Exclusion Act de 1882, el Gentleman’s Agreement de
1907 -un tratado internacional que comprometió al gobierno japonés a restringir
significativamente la migración japonesa a Estados Unidos- y la Tydings-McDuffie
Act, que en 1934 cortó de tajo la migración de filipinos iniciada tras la
guerra estadounidense-española en 1898 y que disparó la población filipina en
California de apenas 5 personas en 1900 a 30 mil en 1930.
A mediados de los años 20, los mexicanos eran el 80% y el 95% de la mano de
obra de la agricultura en los más productivos valles fronterizos. La ventaja
comparativa de los mexicanos no se debía solamente a su -real o supuesta-
docilidad, sino a su carácter temporal. Una ojeada a los cultivos de la época
-melones, algodón, guisantes, alfalfa, espárragos y cítricos- revela que se
trata de cultivos con alto consumo de mano de obra estacional en los períodos
de cosecha y un mínimo para la siembra, aporque, raleo, control de plagas,
riego y demás labores.
MEXICANOS:
MIGRANTES IDEALES DURANTE AÑOS
Los mexicanos fueron
durante mucho tiempo ese migrante ideal que ahora se aplaude en foros de
Naciones Unidas llamándole “migrante circular”. Eran el migrante modosito y
bien portado que llega solo, labora y se va por donde vino antes de los tres
días que la sabiduría popular concede como plazo para que emane el hedor del muerto
y el arrimado.
Su demanda creció durante la Segunda Guerra Mundial y su flujo fue facilitado
por la firma de un acuerdo entre los gobiernos mexicano y estadounidense:
“Migración Temporal de Trabajadores Agrícolas Mexicanos hacia Estados Unidos”.
El Programa Bracero echó a andar y trajo alrededor de 4 millones y medio de
trabajadores mexicanos entre 1942 y 1964. Urgía obtener mano de obra para
reemplazar las plazas vacantes de los obreros y campesinos reclutados por el
ejército.
Pero entonces muchos empezaron a quedarse y al terminar la guerra se
convirtieron en fuente de inquietud y competencia con los soldados que volvían
del frente. En los primeros años de la posguerra, los trabajadores que entraban
sin la debida documentación eran capturados por las patrullas fronterizas y
entregados a la Comisión de Empleo de Texas, que se encargaba de fumigarlos,
certificarlos legalmente y enviarlos a las plantaciones tejanas, un proceso que
a veces era denominado “secando espaldas mojadas”.
MEXICANOS:
ARQUETIPO DEL EXTRANJERO ILEGAL
La comisión de
marras secó 142 mil espaldas entre 1947 y 1949. Posteriormente, esas espaldas
mojadas crecieron en número. En 1949 la mayoría de las espaldas mojadas no eran
bienvenidas ni secadas. Una comisión presidencial dio la alarma al anunciar ese
año que al menos 400 mil miembros de la fuerza migratoria laboral -compuesta
por 1 millón de inmigrantes- eran espaldas mojadas. Las deportaciones pasaron
de 29 mil en 1944 a 565 mil en 1950. En 1954 las aprehensiones de indocumentados
sobrepasaron el millón: un promedio de más de 3 mil al día. El mexicano quedó
entonces más instituido que nunca como arquetipo del extranjero ilegal.
Los centroamericanos fueron embutidos a la fuerza en ese arquetipo y
“asimilados” como hijos de Moctezuma, una clasificación de la que sólo muy
recientemente se han librado, con la creación de la categoría OTM: Other
than Mexicans, que tanto puede incluir a los oriundos del istmo como a
cubanos y etíopes que penetran a Estados Unidos por la frontera suroeste.
De esta época data la institucionalización de la sospecha sobre la autenticidad
de las ciudadanías de la frontera. Como parte de la Operation Wetback,
la Border Patrol se dedicó desde 1954 a rastrear intensamente las “ciudadanías
fraudulentas”. En 1957 apenas identificó a 181 personas con falsos documentos
de ciudadanía, 181 agujas en el pajar de ciudades llenas de
mexicano-estadounidenses que no eran distinguibles a simple vista de los
mexicanos-no-estadounidenses. Esa búsqueda quedó burocratizada con la creación
del Fraudulent Document Center en Yuma. En 2014 cada día fueron
identificados 76 documentos fraudulentos.
A juzgar por el número de aprehensiones, esos operativos debieron surtir efecto
o las condiciones de expulsión/atracción cambiaron. En 1960 la Border Patrol
apenas registró 21,022 capturas en la frontera sur. Su trabajo alcanzó de nuevo
un volumen significativo con las 201,780 detenciones de 1970, punto en que
inician un vertiginoso ascenso que pasa por 512,264 en 1975 y 690,554 en 1980 hasta
coronar un pico de 1 millón 615,844 en 1986, cima debida a los migrantes
centroamericanos de los años 80 que huían de la guerra y que hasta la fecha
sólo ha sido superada por el 1 millón 643,679 aprehensiones del año 2000.
Curiosamente, ese logro lo obtuvo un grupo de apenas 8,580 agentes, menos de la
mitad de la tropa actualmente acantonada en la frontera sur.
EL
CASO DEL INSPECTOR CLIFFORD ALAN PERKINS
Los orígenes de la
Border Patrol fueron más bien modestos y ese talante mantuvo durante la mayor
parte del siglo 20. En sus inicios nutrió sus filas de jóvenes con nula
preparación profesional a la caza de altos salarios: Clifford Alan Perkins
llegó a El Paso en 1908 en busca de trabajo. Tenía 19 años y cero experiencia
laboral. Obtuvo un monótono y mal pagado trabajo en la oficina de correos, que
pronto cambió por un puesto más emocionante en el Immigration Service.
Duplicó su salario como inspector de la guardia montada a cargo de la
aprehensión de chinos. Recorría los pueblos fronterizos de Nogales a
Brownsville. En 1920 fue nombrado responsable de la Chinese Division.
Con la creación de la Border Patrol en 1924, Perkins quedó a cargo de más de
dos mil millas que atraviesan cinco zonas ecológicas, cuatro estados y 28
condados en Estados Unidos. Los nueve sectores de la frontera tienen su
precedente fundacional en los tres distritos en que Perkins dividió sus
dominios: el distrito Los Angeles, que iba desde el Océano Pacífico hasta
alrededor de 50 millas al este de Yuma, y al norte hasta San Luis Obispo; el
distrito de El Paso se extendía al este del distrito Los Angeles hasta Devils
River en Texas; y el distrito San Antonio desde Devils River hasta el Golfo de
México en Brownsville. Pero, a pesar de que entre 1952-1954 se decía en los
círculos de poder de Washington que la inmigración ilegal procedente de México
había alcanzado un punto crítico, la patrulla fronteriza sólo podía contratar a
200 efectivos.
EL
IMPARABLE PRESUPUESTO DE LA BORDER PATROL
En 1980 la Border
Patrol tenía un presupuesto de unos 78 millones de dólares, menor que el
presupuesto de la policía de Baltimore y mucho menor de la mitad del
presupuesto de la policía de Filadelfia. Pero los siguientes doce años no
pasaron en vano.
En 1992 el presupuesto ya era de 326 millones y en la siguiente década fue
subiendo a un promedio de 109 mil dólares por año hasta alcanzar 1 mil 400
millones en 2002. El siguiente salto sustancial lo dio en un solo año fiscal
(de 2005 a 2006), al pasar de 1,500 millones a 2,100 millones. La crisis financiera
no fue óbice para que en 2008-2009 ascendiera de 2,200 millones a 2,650
millones, y luego a 2,950 en 2010 y a 3,550 en 2011.
En 2014 llegó a un
pico que sus modestos comienzos hacían impredecible para el más ducho analista
armado de bola de cristal: 3,635 millones de dólares. Un lujo que un país de
más de 300 millones de habitantes puede permitirse: son casi 12 dólares por
cabeza. El presupuesto del Immigration and Customs Enforcement en 2008
era de 5 mil millones de dólares, un rápido avance en apenas cinco años sobre
el presupuesto de 3 mil 200 millones que su predecesor, -el Immigration and
Naturalization Service, tuvo en su último año de vida.
El aliciente de esos
saltos presupuestarios fueron los distintos operativos que el Congreso
encomendó a la Border Patrol. Primero vino la Operation Blockade (después
rebautizada “Hold-the-Line”) aplicada desde 1993 en El Paso. Seguida en 1994
por la Operation Gatekeeper en San Diego, no tardó en ser mimetizada en
1995 por la Operation Safeguard en Arizona y la Operation Rio Grande en
Brownsville.
En 2001 la Patriot Act ordenó triplicar el personal de la Border Patrol. La ley
de 2004 Intelligence Reform and Terrorism Prevention autorizó la
contratación de 2 mil nuevos agentes cada año por los siguientes cinco años
fiscales. En 2005 la Real ID Act autorizó al Secretario del DHS para
proponer las leyes necesarias para la construcción expedita de las barreras
fronterizas y la infraestructura pertinente. Todos fueron pasos concebidos para
retomar las riendas de la soberanía nacional extremando los controles
fronterizos que ejercen la autoridad territorial.
¿CUÁNDO
NACE LA “BORDER PATROL NATION”?
En su imprescindible
libro The militarization of the US-Mexico border 1978-1992, Timoty J.
Dunn da cuenta de la creciente inversión del gobierno federal estadounidense en
el control fronterizo durante la década de los años 80 para frenar la migración
de centroamericanos.
En 1978-1992 el equipo de la patrulla fronteriza pasó de 2,580 a 4,948,
mientras sus fondos pasaron de 78 a 326 millones de dólares. Los incrementos
rondaron el 92% (efectivos de la patrulla fronteriza), 317% (fondos de la
patrulla fronteriza) y 355% (fondos para deportaciones). Estas operaciones y
leyes produjeron mayor crecimiento. Entre 1992 y 2005 el número de agentes de
la Border Patrol se duplicó, llegando a redondear cerca de 11 mil con 9,633 en
la frontera sur y apenas 1,031 en la frontera norte.
En la década de 1995-2005 se registró un aumento del 125% en los miembros de la
patrulla fronteriza. En la década de 2005-2014 el aumento fue del 83.5% sólo en
la frontera sur, donde la legión fronteriza pasó de 9,891 a los 18,156 agentes
que actualmente tiene. Desde la Operation Blockade hasta 2014 -en 21
años- el número de efectivos de la Border Patrol en esa frontera aumentó 427%,
casi cuatro veces el 111% de incremento que tuvo en los 44 que van de 1941 a
1985.
La militarización de
la frontera realmente no es un asunto nuevo. Pero fue muy gradual la mayor
parte del siglo 20 y sólo dio un salto sustancial a inicios de los años 90,
precisamente después de la caída del bloque soviético que marca el fin de la
era de los extremos, el corto siglo 20, de acuerdo a la denominación que Eric
Hobsbawm estableció.
En términos cuantitativos, el 9/11 y las medidas que siguieron fueron
acontecimientos que hicieron más visible y acusada una tendencia previa a
expandir el panóptico y el banóptico, una tendencia que empieza en el siglo 21
según Hobsbawm: 1992. Pero no hay duda de que el 9/11 fue un punto de inflexión
cualitativo que hace de “Border Patrol Nation” algo más que un atrayente
apelativo periodístico.
“Border Patrol Nation” puede ser un concepto que indique una transformación que
va más allá del reforzamiento de los guardianes de la frontera y del incremento
de su presupuesto: cuando la institución responsable de los asuntos de
inmigración -que había empezado cobijada por el Department of Labor- pasó
a ser un componente medular del Department of Homeland Security y cuando
la inmigración dejó de ser un problema laboral para convertirse en un asunto de
seguridad nacional, Estados Unidos quedó convertido en una Border Patrol
Nation.
TODA
MIGRACIÓN: ES VISTA COMO UNA AMENAZA
La clasificación de
la migración como un asunto de seguridad nacional supuso que se consideraría
como una amenaza no sólo a los que conspiraron en el ataque, sino a la
migración en general. El nivel federal asumió entonces poderes plenarios -es
decir, meta-constitucionales- para los asuntos migratorios, lo cual en términos
jurídicos se tradujo en que el Estado ya no concedería a los no nacionales los
derechos constitucionales reservados a los nacionales ni se vería constreñido
por los principios de las normativas internacionales.
A lo largo de la historia de Estados Unidos, esta concesión ha tenido numerosos
atropellos y exclusiones. Pero sólo ahora la voluntad de excluir recibió un
reforzamiento burocrático sustancial -y no sólo coyuntural- con la reubicación
de los asuntos migratorios en el DHS y con una prescripción judicial.
El espaldarazo
judicial vino con la regulación del Fiscal General, que permite la deportación
de los extranjeros que piden ser admitidos a Estados Unidos -y sólo excluye a
los que ya han sido admitidos- aunque no haya un convenio de repatriación con
el país de origen.
Esta interpretación del fiscal cambió la aplicación universal del fallo
Zadvydas vs. Davis, que prohibía, sin excepción, la deportación de personas con
cuyas naciones de origen no existiera un acuerdo bilateral de repatriación.
Con esta normativa fiscal, los no admitidos pueden ser y están siendo
repatriados, en ausencia de acuerdos de repatriación o mediante convenios
gestionados ad hoc por gobiernos complacientes con las políticas migratorias
estadounidenses aunque lesionen los intereses de sus migrantes, pero diligentes
en gestionar acuerdos comerciales para las élites agroexportadoras. Desde esa
posición jurídica fue posible llevar la exclusión incluso más allá: “repatriar”
a los no repatriables, remover hacia México a ciudadanos estadounidenses, algunos
indígenas y otros no, pero todos con rasgos de Mexican Brown.
¡CÓMO!
¿ES ESTO LA GLOBALIZACIÓN?
Esta preeminencia de
la vigilancia sobre los derechos de ciudadanos y no ciudadanos convierte en
acto la verbalización del pánico burgués que con intención irónica formuló el
historiador Jules Michelet: “‘¡Cómo! ¿Es esto el pueblo?’, exclamó la voz de la
especie tímida de los burgueses. ‘¡Rápido! ¡Aumentemos el número de policías,
armémonos, cerremos las puertas y corramos el pestillo!’”. Parodiando la acalorada
exclamación burguesa: “¡Cómo! ¿Es esto la globalización? ¿Esta mano de obra sin
fronteras? Ilegalicémosla, opongámosle una inmensa barrera custodiada por
radares, patrullas y drones”.
La frontera es una región hobbesiana
en escala nacional porque los operativos que el DHS emprende allí confirman la
defensa que Hobbes hizo de su teoría señalando el comportamiento humano que le
daba evidencia empírica y que, según podemos constatar, el aparato estatal de
Estados Unidos reproduce en la frontera: “…que el escéptico respecto de su
teoría se considere a sí mismo; cuando emprende una jornada, se procura armas y
trata de ir bien acompañado; cuando va a dormir cierra las puertas; cuando se
halla en su propia casa, echa la llave a sus arcas; y todo esto aun sabiendo
que existen leyes y funcionarios públicos armados para vengar todos los daños
que le hagan. ¿Qué opinión tiene, así, de sus conciudadanos, cuando cabalga
armado; de sus vecinos, cuando cierra sus puertas; de sus hijos y sirvientes,
cuando cierra sus arcas? ¿No significa esto acusar a la humanidad con sus
actos, como yo lo hago con mis palabras?”
ESTADOS
UNIDOS: OVEJAS ATERRADAS CON UN GOBIERNO DE LOBOS
No hay duda de la acusación que Estados Unidos ha lanzado contra naciones
enteras para emprender sus “guerras virtuosas”. Obedece a una estrategia de
trabajosa construcción intelectual y destrucción física del enemigo, donde
medios de comunicación, académicos y think
tanks juegan un rol tan crucial como el Congreso, los generales y los
tanques de guerra, que mostraron sobrada eficacia durante la Guerra Fría.
Pero en el caso de la Border Patrol Nation, a diferencia del homo homini
lupus hobbesiano, la sospecha sobre otras naciones y la estigmatización de
sus habitantes se revierte sobre los propios ciudadanos. De ahí que incluso
John W. Whitehead, un analista que milita en el conservadurismo, en su libro A
Government of Wolves: The Emerging American Policy State lance la alarma
sobre una nación que describe como un país de ovejas aterradas que engendró un
gobierno de lobos, un Estado policíaco que opera por encima de la ley, mientras
la ley se transforma en nada más que otra herramienta de sometimiento y
control.
En la tercera parte de estas reflexiones veremos el porqué de ese Estado
policíaco y su obsesiva vigilancia y sentaremos en el banquillo de los acusados
a la gerencia de la Border Patrol señalándola por unos pobres resultados que no
guardan relación con sus desmesuradas pretensiones de sometimiento y control.
MIEMBRO DEL CONSEJO EDITORIAL DE ENVÍO.
INSTITUTO
DE SOCIOLOGÍA – UNIVERSIDAD PHILIPPS DE MARBURG.
