Orlando Milesi
www.cpalsocial.org / 290617
El inédito gesto
de la presidenta Michelle Bachelet de pedir perdón a los mapuches por los
“errores y horrores” cometidos en su contra por el Estado de Chile, es
considerado “insuficiente” por dirigentes indígenas y actores sociales que
viven en la Araucanía, la región donde ese pueblo originario tiene su mayor
territorio ancestral.
Todos ellos
demandaron acciones y políticas concretas en temas claves como
autodeterminación, propiedad de la tierra y del agua y cese de la recurrente
violencia en contra de mapuches, cuyo último episodio sucedió el 14 de junio
cuando carabineros (policías militarizados) lanzaron gases lacrimógenos durante
un procedimiento judicial en Temucuicui, que afectaron a los alumnos de su
escuela, entre otros pobladores.
Los abogados del
gubernamental Instituto Nacional de Derechos Humanos presentaron el martes 27
un recurso de amparo en favor de los escolares de esa aguerrida comunidad
mapuche de unas 120 familias, situada en la región de la Araucanía, en el
centro de este país sudamericano cuyo territorio se alarga en una estrecha
franja entre la cordillera de Los Andes y el océano Pacífico.
“Esto de pedir
perdón y reconocer que ha habido errores y sobre todo horrores es importante”,
declaró Adolfo Millabur, alcalde de la pequeña ciudad de Tirúa, epicentro del
ancestral territorio mapuche, sobre la declaración del 23 de junio de la
mandataria socialista, en que también lanzó el Plan de Reconocimiento y
Desarrollo de Araucanía.
“Que un presidente
de Chile, después de 1860 en adelante cuando fue la invasión del Estado chileno
al territorio mapuche, mal llamada Pacificación de la Araucanía, haya
reconocido errores y sobre todo horrores creo que es un aporte”, sostuvo.
La llamada
Pacificación de la Araucanía fue una cruenta campaña militar ordenada por el
Estado chileno que concluyó en 1881 con la derrota por las armas de los
indígenas, miles de muertos y la reducción del territorio perteneciente a los
mapuches de los 10 millones de hectáreas que tenían antes del conflicto a
apenas medio millón.
Pero Millabur
pidió “medidas concretas para reparar el daño causado” e indicó que “sería un
buen gesto que se desmilitarizara la zona. Están sufriendo los niños, hay
víctimas de todo tipo, hay mapuches que han muerto y no hay indicios de cómo se
va a comportar el Estado en lo inmediato si se mantiene haciendo lo mismo que
es militarizar la zona”.
La Asociación de
Municipalidades con Alcaldes Mapuches reconoció en un comunicado que la
petición de perdón de Bachelet “apunta a mejorar el entendimiento entre el
pueblo mapuche y el Estado”.
Pero también
sostuvo que “ese gesto se debe plasmar con hechos reales tales como nuevas
formas y métodos de dialogo, como el actuar de las policías en nuestras
comunidades (…) y juicios justos para nuestros hermanos y la no aplicación de
la ley antiterrorista”.
Los alcaldes
aluden al procesamiento de mapuches inculpados por la quema de camiones y a los
continuos allanamientos de sus viviendas e instalación, el último la incursión
en la escuela de Temucuicui.
Pobladores
mapuches han sido detenidos y procesados bajo la ley antiterrorista, instituida
en 1984 por la dictadura militar de Augusto Pinochel (1973-1990) y aún vigente,
que permite la comparecencia de testigos a rostro cubierto, aumenta el tiempo
de arresto sin proceso e incrementa sensiblemente las penas para los condenados.
Según el último
censo, del 2012, la población en Chile es de 17,7 millones, de los cuales 11
por ciento se declara indígena.
De los 1,9
millones censados como pobladores originarios, 84 por ciento son mapuches.
También hay aymaras, atacameños, pehuenches y pascuenses, mientras aparecen sin
población los alacalufes, ona y yaganes.
El sacerdote
jesuita Carlos Bresciani, quien encabeza la misión de su congregación en Tirúa,
dijo a IPS que “es valorable que la jefa de Estado pida perdón, pero no basta con pedir perdón si no va
acompañado de reparación justa”.
La presidenta de
Chile, Michelle Bachelet, el 23 de junio, durante el solemne acto en que pidió
perdón a los mapuches en nombre del Estado por los “errores y horrores” contra
su pueblo, y durante el que también lanzó el plan para la región de la
Araucanía. Crédito: Presidencia de Chile
Bresciani cree,
asimismo, que habrá diálogo con los mapuches “si se ponen sobre la mesa temas
más políticos como autodeterminación o autonomía y si también ese dialogo se
hace con todos los sectores por muy radicales que sean”.
El religioso alude
a la escasa participación de dirigentes y representantes mapuches en la
Comisión Asesora Presidencial de la Araucania, que designó Bachelet en enero
del 2015 y concluyó su tarea en enero, con un paquete de propuestas que incluyó
el pedido de perdón.
“Si quiere hablar
de derechos colectivos habría que recordarle (a Bachelet) los convenios y
tratados firmados por Chile como el 169 de la OIT (Organización Internacional
del Trabajo) o la Declaración de la ONU (Organización de Naciones Unidas) de
los derechos de los pueblos indígenas que, entre otras cosas, sostienen el
derecho a la autodeterminación o autonomía, palabra que está ausente de su plan
Araucanía”, dijo el religioso.
Jorge Pinto,
doctor en historia y profesor de la Universidad de La Frontera, integró la
comisión asesora de Bachelet y ratificó a IPS que la propuesta para la
Araucanía es “maciza y sólida” e interpretó la petición de perdón como un gesto
para retomar el diálogo.
“Lamentablemente
nos falta más diálogo. Yo me hago cargo del llamado que hace la presidenta de
punto de partida para más diálogo, sin represión, porque la represión trae más
violencia”, dijo Pinto.
Pero el académico
pidió “avanzar en las conversaciones con los distintos actores de la región que
por el momento han quedado afuera”.
Pinto admitió,
asimismo, que “no basta con tierra y agua. A eso hay que agregar el control de
nuestros pueblos originarios de sus tierras y autonomía para manejar los
recursos”.
“Nadie está
proponiendo que las empresas forestales e hidroeléctricas salgan de la región
sino que necesitamos un trato distinto y que ese trato se haga con las
comunidades y no con las autoridades de gobierno. (El trato) debe ser con
quienes se ven afectados por empresas hidroeléctricas, forestales y mineras”,
afirmó el académico, en referencia a los factores de poder que de hecho
controlan el asiento ancestral mapuche.
El misionero
jesuita Bresciani cree que “el tema no es primeramente de pobreza o de
exclusión sino político”.
“En las propuestas
se habla de políticas económicas o de desarrollo. Si bien el tema de la
relación Estado-pueblos indígenas es fundamentalmente político, ciertamente
cualquier autodeterminación debe ir acompañada del manejo y acceso a los
recursos económicos. Son las zonas más excluidas del país y paradójicamente
donde residen las industrias más rentables de Chile. Esto es inmoral”, aseveró.
Según Bresciani,
la situación de pobreza extrema en la Araucanía “es fruto de una política
sistemática y planificada de apropiación de los recursos que responde a un
modelo extractivista insostenible. Las medidas propuestas no apuntan a
modificar estas políticas estructurales, sino a seguir ofreciendo dinero para
hacer de las comunidades clientes del mismo sistema”.
Todos los actores
sociales admiten el valor de algunas iniciativas de Bachelet incluidas en el
plan, como el declarar feriado el 24 de junio, día del We Xipantu, conocido como año nuevo mapuche y que sus líderes
prefieren denominar como “el regreso del sol”, en coincidencia con el solsticio
de invierno austral
También resaltan
el aumento de la enseñanza del mapudungún, la lengua mapuche, en las escuelas
de sus comunidades.
Además, subrayan
la propuesta del reconocimiento explícito de los pueblos originarios que
sobreviven en la proyectada y demorada nueva Constitución, llamada a sustituir
a la actual, establecida por Pinochet en 1980, una herencia dictatorial cuyo
reemplazo no han afrontado los sucesivos gobiernos democráticos, que solo
hicieron algunas limitadas reformas.
Advierten, empero,
que las medidas emprendidas hasta ahora son marginales y que a Bachelet solo le
quedan nueve meses en el cargo.
Difícilmente pueda
concretar acciones reales en temas como el dominio de la tierra y los derechos
de agua, claves en una economía regional donde dominan las grandes empresas
forestales, hidroeléctricas y mineras así como sus intereses.
El expresidente
derechista Sebastián Piñera (2010-2014), pre candidato presidencial de la
alianza de derecha Chile Vamos, quien encabeza las encuestas para suceder a
Bachelet, estuvo de acuerdo con la petición de perdón de la mandataria a los
mapuches.
“Sí, estoy de
acuerdo con el perdón porque creo que a lo largo de la historia se han cometido
muchas injusticias contra el pueblo mapuche”, dijo Piñera. Añadió, sin embargo,
que “el pedir perdón es un gesto, pero no soluciona ningún problema”.
