Alfons Bech
050617-Panamá
El 20 de enero de
2017 se declaró el área protegida del humedal Matusagaratí como “Refugio de
vida de silvestre”. Aparentemente era un gran paso adelante, una respuesta a la
lucha que habían librado los campesinos que siempre habían vivido en armonía
con el humedal y a la lucha de los ambientalistas de AMEDAR que iniciaron su pelea
con las primeras denuncias allá en el 2007. Eso es lo que dijo el gobierno, por
medio de la Ministra Mirei Endara, y se encargaron de difundir los grandes
medios de comunicación. Pero, ¿qué ha pasado en esos cuatro meses? Hagamos un
breve repaso.
Se dice que se
protege Matusagaratí, ¿pero, por qué a la vez se tiene que exiliar su principal
defensora, Ligia Arreaga?, ¿por qué dimitió Samuel Valdés, director de áreas
protegidas?, ¿por qué dimitió la ministra de Ambiente, Mirei Endara?, ¿por qué
recientemente han sacado al director del ministerio de Ambiente en Darién,
Hermel López? ¿Son hechos sin conexión entre sí, o son todos ellos consecuencia
de algo muy grave que está pasando en Darién y en Panamá?
Dimisiones
en serie y salida de Ligia Arreaga
El asunto va en
serio: miles y miles de hectáreas y actividades ilegales dependen de que se
investigue y sancione las ventas ilegales de tierras que se dieron desde 2007,
la construcción de canales enormes para desagüar el humedal y la plantación de
arroz y palma aceitera en régimen de monocultivo en miles de hectáreas, que
implica el uso intensivo de plaguicidas que acaban con el ecosistema y toda la
vida, entre ellos el criadero de peces del golfo de San Miguel.
En 2009 Ligia
Arreaga escapó de un plan para asesinarla. Y ahora, en pleno proceso de debate
y concreción del tipo de protección que se pedía al humedal Matusagaratí, la
persona más conocedora y ligada a las comunidades campesinas e indígenas de
Darién, tuvo que salir pitando sin que ni procuradoría, ni gobierno ni policía
hayan hecho nada por investigar sus denuncias de amenazas repetidas en 2015 y
2016.
En abril de 2016
se había hecho un foro de participación ciudadana en la Universidad ISAE de
Metetí donde el ministerio de Ambiente expuso su propuesta de creación de área
protegida para Matusagaratí. Para resumir digamos que el ministerio partía de
que ya una parte del humedal estaba protegido dentro de la Reserva Forestal
Filo del Tallo-Canglón y que era consciente de que un día debería unificarse todo
este ecosistema interconectado en una sola área protegida. La propuesta que
presentó fue crear una nueva área basada en los estudios científicos encargados
a CREHO-ACD-CEASPA en un Estudio Socio-Ambiental hecho público en mayo de 2015.
Esa área propuesta
abarcaba 37.000 hectáreas. En ella estaban incluidas tierras adquiridas
ilegalmente diez años atrás por capital colombiano ligado al narcotráfico, uno
de cuyos compradores, Javier Daza Pretelt, está perseguido por la justicia
colombiana acusado de masacres humanas entre campesinos del Chocó. Pretelt fue
preso en Panamá, pero no se le extraditó a Colombia, se le dió una medida de
libertad cautelar y parece que está actualmente en paradero desconocido.
La propuesta
inicial del ministerio resolvía pues uno de los principales problemas para
salvar el humedal: la incorporación de las tierras de la empresa colombiana
AGSE y, con ello, el cierre de los canales de desagüe, las fumigaciones y
plantaciones de monocultivos. El Ministerio la echó para atrás bajo presión de
la empresa quien usó a fondo sus contactos con los políticos y medios de
comunicación para aparecer como “víctimas de una persecución” por parte de
AMEDAR y para amenazar al gobierno que estaba preparando la creación del área
protegida.
En la Asamblea
Nacional, el lobby de la palma aceitera apretó a fondo a la ministra Endara y
al Gobierno. Justo antes de crear Matusagaratí como área protegida, el director
de Áreas Protegidas, Samuel Valdés, dimitía de su cargo.
El ministerio de
Ambiente rebajó la propuesta de creación de área de 37.000 a 26.000 hectáreas
y, finalmente, a 24.000. Con ello la creación de tal “área protegida” rompió
toda conectividad biológica entre la sierra Filo del Tallo-Canglón y el río
Tuira. Dejó que continúe el desagüe del humedal a través de canales y dejó el
arroz, la palma y los agroquímicos. La presión de los empresarios colombianos y
sus socios políticos panameños doblegó al Gobierno. Poco después de dejar esta
“área protegida” en tales condiciones, la ministra Endara dimitió.
¿Era necesario
crear un “área protegida” de esta manera, que dejaba desaguando el humedal? De
ninguna manera. Según director de ACD, Osvaldo Jordán, en una entrevista realizada por Ligia Arreaga
afirmaba que el Estado podía ordenar directamente, sin ningún decreto previo,
cerrar y prohibir los desagües. El abogado ambientalista, Harley Mitchell, en
otra entrevista, afirmó que esa declaratoria era una “maniobra distractoria” de
los verdaderos problemas que debían resolverse urgentemente, como el cierre de
los canales de desagüe y recuperar la interconectividad del humedal.
El
recurso legal contra las propiedades malhabidas
Mientras que con
la declaración de área protegida se concedía a la empresa AGSE que siguiera con
las tierras y sus actividades, el abogado Félix Wing, secretario del ministerio
de Ambiente, presentaba una denuncia muy bien argumentada y firmada por la ministra
Mirei Endara cuyo objetivo aparente era recuperar las tierras del humedal
Matusagaratí.
En la denuncia se
citan artículos de la Constitución, de leyes del Ambiente, de Ordenamiento
Territorial, de Titulación de Costas e Islas y del Código Civil concluyendo: “Conceptuamos
que cualquier derecho posesorio reconocido o título de
propiedad adjudicado sobre las zonas inundables del Humedal Matusagaratí
es nulo de nulidad absoluta”.
Más adelante el
redactado de la denuncia dice: “Conceptuamos que el reconocimiento de derechos
de propiedad o posesorios sobre zonas inundables del Humedal Matusagaratí no
sólo vulneró la normativa expuesta en las secciones precedentes, sino que
también incumplió con el debido proceso legal...”(los subrayados son de la
propia denuncia).
Si el Estado es el
encargado, según la Constitución, de adoptar todas las medidas necesarias para
que en humedales como el de Matusagaratí “se evite su depredación y se asegure
su preservación, renovación y permanencia”, si los títulos de propiedad
adjudicados a la empresa AGSE son “nulos de nulidad absoluta”, entonces ¿por qué
no actúa el Estado directamente? ¿Por qué se recurre a una maniobra tan
complicada como la de aceptar una creación de área protegida tramposa,
engañosa, que no protege realmente, que permite que sigan supuestos empresarios
lavadores de dinero con actividades destructivas del humedal y luego presentar
una denuncia para que un juez dictamine lo que ya se enuncia en el propio
escrito de denuncia? ¿Es lógico que se actúe así sabiendo la corrupción que hay
en los tribunales de Panamá?
Las
denuncias de AMEDAR y de Ligia Arreaga
Lo más sencillo de
todo, si se quisiera actuar para preservar realmente para salvar el humedal
Matusagaratí, hubiera sido investigar las denuncias que interpuso AMEDAR y
Ligia Arreaga. Desde el año 2007, en que Ligia Arreaga puso una de las primeras
denuncias por compraventa ilegal de tierras, han pasado 10 años. Después dicha
denuncia se amplió en 2009. Después se superpuso la denuncia por intento de
asesinato en 2010. Después nueva denuncia de AMEDAR en 2014. Y después nuevas
denuncias por amenazas de muerte en 2015 y 2016.
Todas esas
denuncias han sido documentadas con cantidad de material probatorio: fotos,
videos, documentos escritos y firmados, testimonios... Yo he sido testigo de la
entrega de algunos de estos materiales a los abogados del CIAM y a la Fiscalía
de Darién. Lo mismo que fui testigo de la primera propuesta de creación del
área con 37.000 hectáreas en la Universidad ISAE de Metetí el 12 de abril de
2016, y que luego quedó en 24.000 sin ningún tipo de explicación. No sólo no se
ha explicado jamás sino que este silencio ha venido acompañado del cese o
dimisión de tres altos funcionarios implicados en la protección de
Matusagaratí.
¿Qué pasa con
Matusagaratí? ¿Qué pasa con las denuncias de compraventa ilegal de tierras que
ha hecho AMEDAR desde 2007? ¿Qué pasa con las denuncias de amenazas a la vida
de la periodista y ambientalista Ligia Arreaga desde 2010? ¿Algún día algún o
alguna funcionaria del gobierno responderá?
