Juan Carlos
Monedero
www.publico.es/310317
El 9 de enero de
2017, la Asamblea Nacional venezolana desconoció al Presidente de la República,
Nicolás Maduro. Votaron a favor de ese golpe de estado constitucional todos los
diputados de la oposición salvo los tres diputados del partido de Henry Falcón,
quienes entendieron la gravedad de esa decisión. Venezuela es un sistema
político presidencialista desde 1811, influido por el constitucionalismo
norteamericano.
Al Presidente le
vota directamente el pueblo -a diferencia de un sistema parlamentario como el
español, donde al Presidente le vota el Parlamento- y le corresponde al
Presidente, que es el Jefe del Estado, la dirección del país. Cuando la
Asamblea decidió desconocer el poder legítimo del Presidente se estaba poniendo
al margen de la Constitución. Se colocaron por voluntad propia en desacato. La
prensa internacional no dijo nada.
La gran discusión
entre el Presidente Maduro y la Asamblea tiene que ver con las actas de tres
diputados de Amazonas. Se ha demostrado que compraron votos entre otras muchas
irregularidades, lo que obligaría a repetir la elección en esos tres casos. La
Asamblea se declaró en rebeldía y decidió echar un pulso a la Presidencia de la
República. A imitación del constitucionalismo europeo, cuando hay un conflicto
constitucional entre poderes el Tribunal Supremo puede asumir competencias del
Parlamento en los casos en que fuera necesario. Hasta un fantoche como Donald
Trump ha tenido que asumir las decisiones recientes del Tribunal Supremo
norteamericano.
Con su tradicional
irresponsabilidad, la derecha española llama a desobedecer el estado de derecho
en Venezuela y la decisión del Tribunal Supremo. No me extraña de Esperanza
Aguirre o Pablo Casado: el PP, especialmente en Madrid, ha financiado sus
campañas electorales con dinero negro. Es decir, el PP lleva varias
legislaturas usando maneras propias de golpistas. E históricamente, al menos
desde 1936, tienen oído musical para esa partitura. Quienes digan desde España
que los venezolanos deben desoír las decisiones de su Tribunal Supremo son unos
irresponsables que tiren piedras no solamente sobre el tejado venezolano, sino
también sobre el nuestro. Luego tendrán la caradura de quejarse de los
comportamientos al margen de la Constitución de la asamblea catalana.
Por si fuera poco,
esa Asamblea dominada por la oposición proclamó que el Presidente había
abandonado su cargo (algo absurdo y evidentemente falso) y propuso convocar
elecciones presidenciales en el plazo de un mes. Ese intento de golpe de estado desde el Parlamento no recibió ni una
sola crítica de los que ahora dicen que hay un golpe de estado en Venezuela.
Entre ellos, el
máximo responsable de la OEA que ayer mismo se reunía en la Ciudad de México
con ex presidentes latinoamericanos procesados por lesionar los derechos
humanos, y el Departamento de Estado de los EEUU. Qué curioso que justo después
haya salido la petición de Almagro de enjuiciar a Venezuela desde la OEA. El
papel de Almagro como Secretario General de la OEA está haciendo mucho
daño a la tan necesaria institucionalidad internacional (Pepe Mujica ya se
distanció de él de manera definitiva y dejó ver a quién se había vendido).
Almagro lleva
varios meses mintiendo. Por ejemplo, ha dicho en dos ocasiones recientes que a
Venezuela se la ha aplicado la Carta Democrática de la organización (que, tras
muchos trámites -ni siquiera iniciados-, podría llevar a su expulsión como ya
ocurrió con Cuba pero nunca ha ocurrido con los Estados Unidos, pese a haber
promovido golpes de Estado como el de Pinochet contra Allende). Pero era
mentira, como demuestra que hoy mismo ha pedido a la OEA que aplique la Carta
Democrática. Ergo miente. Todo el rato. Él sabrá por qué, pero en su Uruguay
natal dicen que se ha vendido por un puñado de dólares a los que siempre han
querido que América Latina sea el patio trasero norteamericano. Washington
siempre busca a un criollo para hacer la tarea del traidor. Almagro no vive en
Montevideo.
El Tribunal
Supremo de Venezuela ha usado un artículo de la Ley de Hidrocarburos -la
principal riqueza del país- que establece que los convenios internacionales y
las asociaciones con grupos extranjeros deben ser aprobados por la Asamblea.
Como la Asamblea está en situación jurídica de desacato, de manera que no puede
-ni quiere- firmar ningún acuerdo, lo que pone en riesgo financiero a
Venezuela. Por eso, el Tribunal Supremo ha asumido las competencias estrictas
de la Asamblea para la aprobación de esos contratos, de manera que el país
pueda asumir los compromisos necesarios en un momento económicamente complicado
por el hundimiento de los precios del petróleo (preguntémonos en España qué
pasaría si se hundiera un 80 % el turismo).
El
Tribunal Supremo no ha disuelto la Asamblea ni se han convocado nuevas
elecciones para elegir nuevos diputados. Lo contrario de
lo que están diciendo los medios de comunicación. Lo único que está haciendo el
tribunal supremo es asumir unas competencias concretas para evitar que Venezuela
se paralice mientras dure el desacato. Si los diputados de la oposición
quisieran, el desacato desaparecería de inmediato -bastaría con que cesaran en
su desconocimiento del Presidente de la República y que reconocieran que los
tres diputados elegidos en la Amazonía no pueden hacer uso de su acta debido a
las muchas irregularidades probadas-, pero les resulta mucho más rentable
seguir regalando falsas portadas a la prensa internacional.
La derecha
internacional, esa que se regala entre sí viviendas oficiales y que tiene una
trama global de fondos buitres -donde están los Aznar, Botella, sus hijos, De
Guindos, Rato, Aguirre y toda esa tropa de malos españoles donde también se ha
colado algún “socialista” como Felipe González- quiere tumbar a Venezuela, igual
que han hecho con Dilma Roussef en Brasil. ¿Quién que no esté vendido a esos
intereses puede decir que asumir de manera temporal unas competencias
esenciales para firmar unos contratos sin los cuales un país se quedaría
entregado a los capitales internacionales es un golpe de Estado? ¿No son acaso
los mismos que ven “normal” desconocer al Presidente del Gobierno y llamar a
nuevas elecciones? Demasiados hipócritas.
Venezuela necesita
mucho diálogo. El choque entre instituciones es malo para el país. Esa debiera
ser la tarea de España: ayudar al diálogo. En todo el continente
latinoamericano. En México -desde donde escribo- han asesinado este último mes
a tres periodistas (¿Nos imaginamos lo que pasaría si hubieran asesinado a tres
periodistas en Caracas?) y hay al menos 30.000 desaparecidos. El día a día de
México es la aparición de fosas con cadáveres, la trata, el asesinato de
mujeres, la desaparición de líderes sociales, la creciente pobreza y
desigualdad junto a una impunidad del Estado estremecedora.
Aún lloran en
México a los 43 estudiantes de Ayotzinapa y el Presidente Peña Nieto se ríe de
las víctimas no reconociendo las lagunas que apuntan al ejército, a la policía
y a políticos vinculados al narco en la desaparición de las muchachas y
muchachos. Parece que el PP y sectores del PSOE quieren ver a Venezuela
convertida en México. Para seguir la trama de los negocios.
Hay mercenarios
que desearían abocar a Venezuela a una guerra civil. Creen que así podrían
volver a recuperar el paraíso que tenían cuando controlaban el petróleo contra
los venezolanos y venezolanas. Se equivocan, porque el pueblo venezolano no va
a permitir que eso ocurra. Apuntar en esa dirección es querer llevar a
Venezuela a un escenario terrible como los que ha creado la OTAN y las
potencias occidentales en Oriente Medio. Ojalá el Estado de derecho que forma
parte de los logros civilizatorios de Europa pueda funcionar también en
Venezuela. Esa es la principal tarea en la que podríamos colaborar los
españoles en ese país: ayudar a reforzar el Estado de derecho. Aunque el PP de
la Gürtel y la Púnica ¿qué va a enseñar?
Fue el diario El
país el que celebró el golpe de estado contra Chávez en 2002 y fue el
Presidente Aznar el que ordenó a nuestro Embajador a reunirse con el Presidente
golpista. Ayudemos a que no vuelva a ocurrir nada de esto. Para ello, es
esencial que los que no tienen otros intereses que los del dinero, dejen a la
justicia funcionar. Y que nadie sea tan hipócrita para pedir en otros países lo
que no pedimos para el nuestro.
