Francisco López
Bárcenas
www.jornada.unam.mx/100317
Los planes del
presidente de Estados Unidos de construir un muro en la frontera de ese país
con México ha suscitado la reacción de los pueblos indígenas mexicanos que
habitan la frontera norte, afirmando que se opondrán a él porque violenta sus
derechos.
Este hecho ha
puesto de manifiesto que, aunque en el centro de nuestro país se mire poco, por
esos lugares también se da el despojo de su patrimonio por las grandes
empresas. No es una situación novedosa, pero sí más visible. Desde los años 60,
el antropólogo Edward H. Spicer, de la Universidad de California, estudiando a
los pueblos yumanos y yaquis, llegó a la conclusión de que históricamente
habían sufrido tres ciclos de la conquista: la española, la mexicana y la
estadunidense. Extrapolando la idea, podemos afirmar que los pueblos del norte
del país, como los del resto del territorio, viven un cuarto ciclo del despojo:
el del capital trasnacional.
Los primeros en
levantar la voz fueron los tohono o’odhams, que habitan ambos lados de la
frontera, porque, de construirse, el muro reforzaría su fractura, que se inició
en 1847 con el Tratado de Guadalupe Hidalgo, firmado después de la invasión
estadunidense a México, a través del cual se apoderaron de gran parte del
territorio nacional. El muro agravaría su situación, impidiéndoles siquiera
comunicarse entre unos y otros.
Pero no son los
únicos. En la misma situación quedarían los cucapás, kiliwas, yaquis y
rarámuris, que constantemente tienen que cruzar la frontera para reunirse con
los otros miembros de sus pueblos. Si el muro se concreta, ya no podrán
realizar sus fiestas, ceremonias rituales y actividades económicas que hasta
ahora llevan a cabo para apoyarse unos a otros y seguir existiendo como
pueblos. La afectación del muro hacia ellos sería directa, por eso su
preocupación y su decisión de oponerse a él.
En todos estos
pueblos existen proyectos de capital extranjero o nacional para despojarlos de
su patrimonio. Son conocidos, por la resistencia que los afectados han
realizado en su defensa, el acueducto Independencia y el gasoducto Aguaprieta,
filial de la trasnacional Ienova y de su par Sempra Energy, en territorio
yaqui, y el proyecto turístico Barranca de Cobre, que va de Sinaloa hasta la
frontera con Estados Unidos, afectando varias comunidades rarámuris.
Pero hay otros.
Están, por ejemplo, los proyectos mineros entre yaquis, rarámuris y cucapás;
los proyectos eólicos entre los kiliwas, que afectarían casi todo su
territorio; la explotación forestal, que afecta los rarámuris, y los
impedimentos para que los cucapás puedan realizar actividades pesqueras, que es
la actividad que el gobierno y los empresarios les han dejado después de que, a
través de los años, los han despojado de su patrimonio.
Esta situación
muestra claramente que el capital no tiene fronteras y que el muro que llegara
a construirse no será impedimento para que siga adelante con sus planes
depredatorios. Lo paradójico de esta situación es que mientras los pueblos se
defienden también en territorio nacional, el gobierno, que dice proteger a los
mexicanos que viven en Estados Unidos facilita las condiciones para que quienes
los agreden allá también lo hagan de este lado.
De hecho, algunas
obras, como el gasoducto Aguaprieta y el proyecto turístico Barranca de Cobre,
claramente cruzan la frontera y son financiados también con capital
estadunidense, mientras otros tienen injerencia política directa de sectores
del país vecino, como el caso de las restricciones a la pesca por los cucapás,
donde el gobierno mexicano, presionado por ambientalistas estadunidenses, ha
endurecido las medidas para otorgarles guías que les permitan comercializar su
producto.
Esta situación la
entienden bien los indígenas de ambos lados, por eso han comenzado a estrechar
alianzas entre ellos. Es el caso de la tribu siux de Standing Rock y río
Cheyene, que se oponen a la decisión del gobierno de Donald Trump de construir
el oleoducto Dakota Access, que había sido suspendido por el ex presidente
Barack Obama. En días pasados, se reunieron en territorio mexicano con pueblos
nahuas que se oponen a los megaproyectos y hablaron de la necesidad de
construir una alianza internacional que hermane sus luchas.
Es el caso también
de los indígenas migrantes, como el Frente Indígena de Organizaciones
Binacionales, con amplia presencia de mixtecos, zapotecos y purépechas, que
luchan de ambos lados de la frontera: allá para defender sus derechos civiles,
políticos y laborales, y acá la autonomía, el territorio y los gobiernos de sus
pueblos originarios.
No cabe duda, las
agresivas políticas del gobierno estadunidense afectan de manera directa no
sólo a los pueblos indígenas que habitan la frontera de ambos países, sino a
todos, pero también crean una situación inédita que puede ser transformada en
oportunidad para que los pueblos unan sus luchas, y las luchas de allá sean
también las de acá, y viceversa. Todo depende de la claridad que se tenga sobre
la situación, la capacidad para transformar la adversidad en oportunidad y la
estrategia que se use para potenciar las luchas. Finalmente, todas las luchas
indígenas coinciden en un aspecto: son luchas contra el despojo y en defensa de
la vida.
