Gerardo Ducos
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El resurgimiento
del sector minero se ha identificado como la forma de impulsar el desarrollo
del país. Cuando se confronta a un Estado fallido que no cumple con sus responsabilidades
en lo relacionado con las grandes apuestas para el medio ambiente y para la
población, la comunidad se reúne.
Haití no es
conocido por su riqueza en recursos naturales. Sin embargo, durante los últimos
cinco años, su potencial en minerales e hidrocarburos genera un entusiasmo por
la exploración de estos recursos y atrae inversionistas extranjeros. El
gobierno haitiano y sus socios internacionales están trabajando para el
resurgimiento y el desarrollo del sector minero que ha estado en estado de
hibernación desde los años 80.
Tras el terremoto
de enero de 2010, el gobierno haitiano elaboró el Plan Estratégico para el
Desarrollo de Haití. Contempla, entre otras cosas, la promoción y desarrollo de
los recursos minerales y energéticos para sostener el desarrollo del país y
asegurar que Haití pueda convertirse en un país emergente para el año 2030. Sin
embargo, considerando la fragilidad del gobierno y de sus instituciones, la
posibilidad de utilizar los recursos naturales para el desarrollo social y
económico parece más una ilusión que una forma de asegurar la prosperidad del
pueblo haitiano en un futuro próximo.
Hasta ahora, poco
se sabe sobre los recursos minerales de Haití, al menos entre la población
haitiana. Sin embargo, compañías mineras estadounidenses y canadienses, que
están realizando actividades de exploración desde 2008, estiman que la tierra
haitiana posee una riqueza que se ha estimado en 20.000 millones de dólares en
los mercados internacionales. Estas estimaciones excluyen los recursos de
hidrocarburos. Algunas exploraciones recientes nos permiten creer que podría
ser una verdadera bonanza.
Para beneficiarse
de estos recursos, el gobierno del ex presidente Michel Martelly (2011-2016) ha
invertido en el sector minero apoyándose en una triple estrategia: la
explotación de los recursos minerales con la ayuda de las inversiones de las
empresas mineras extranjeras; la reforma del marco jurídico relativo a la
explotación minera y la creación de un catastro minero; y la evaluación del
potencial minero del país.
Una
luz verde para la explotación minera
En diciembre de
2012, la Oficina de Minas y Energía (BME) emitió los primeros permisos de
explotación desde la adopción de la ley minera de 1976 (Loi minière). Estos
permisos permitieron a dos empresas canadienses (Eurasian Minerals and
Resources Majescor) y a una empresa estadounidense (VCS Mining) extraer oro y
cobre en las regiones norte y noroeste del país - 120km2 de tierra. Deberíamos
añadir a esto varios permisos expedidos para la prospección y exploración del
10% de la tierra del país; todos ellos emitidos por la BME en los últimos años.
La BME emitió
estos permisos sin proporcionar ninguna información sobre las modalidades y sin
llevar a cabo ningún debate público. A las comunidades afectadas se les
presentó un acuerdo ya hecho. Para las 150,000 personas que viven en las áreas
cubiertas por estos permisos, una luz verde para la extracción minera forzaría
su desplazamiento y conduciría a la pérdida de sus tierras y de sus medios de
subsistencia.
Y, sin embargo,
nunca se les permitió en ningún momento ni ante ninguna instancia cuestionar
los proyectos mineros sobre la protección del medio ambiente o su derecho a ser
consultados. En febrero de 2013, frente a la falta de transparencia de la BME,
el Senado aprobó una resolución pidiendo a las autoridades ejecutivas poner fin
a toda la exploración y extracción minera. Hoy en día, esta moratoria y la
crisis política en que se encuentra el país han frenado el entusiasmo de las compañías
extranjeras que operan en Haití y las dos empresas canadienses han abandonado
sus intereses.
Una
reforma legal que toma forma
Al mismo tiempo
que estaba emitiendo permisos, el gobierno haitiano inició una revisión del
marco legal que regulaba el sector minero, utilizando la experiencia del
Servicio de Asesoría Técnica de Industrias Extractivas, un Fondo Fiduciario del
Banco Mundial. Con un financiamiento de hasta 650,000 dólares, los objetivos
del “Proyecto de Asistencia Técnica al Diálogo Minero en Haití” son actualizar
el marco legal y regulatorio del sector minero, implementar un registro de
tierras mineras, organizar el primer Foro sobre el desarrollo minero, así como
consolidar las capacidades institucionales del gobierno en el desarrollo de
políticas y la negociación de acuerdos mineros.
En agosto de 2014,
se publicó una segunda versión del anteproyecto de ley minera de manera no
oficial. De inmediato las organizaciones de defensa de los derechos humanos, de
defensa del medio ambiente, así como las organizaciones campesinas se reunieron
para denunciar la falta de transparencia y falta de consulta de la comunidad,
así como de las comunidades potencialmente afectadas por proyectos mineros y
también para denunciar el contenido del borrador preliminar.
Este anteproyecto
ha sido creado y diseñado con el fin de atraer y asegurar a los inversores. Su
orientación es puramente comercial, invitando a la liberalización total del
sector minero, así como otorgando numerosas ventajas a las empresas mineras. El
proyecto de legislación minera solo aborda el corto plazo e imita lo que se
está haciendo actualmente en algunos países africanos, especialmente en lo
relacionado a la protección de los intereses comerciales nacionales y el medio
ambiente, así como la cuestión de la rendición de cuentas.
Por ejemplo, el
desarrollo local queda en manos de las compañías mineras y el Estado renuncia a
cualquier rol y responsabilidad. En materia de protección ambiental y social,
el anteproyecto presenta muchas debilidades y no cumple las normas
internacionales de ese sector, especialmente en lo que respecta a las
disposiciones para el cierre de las minas y la subsiguiente limpieza de las
zonas.
Oposición
a proyectos mineros
Los impactos
negativos de los proyectos mineros en el medio ambiente y en la salud de la
población constituyen grandes apuestas que reúnen a comunidades enteras. En
Haití, el Colectivo Justicia Minera, creado en 2012, trabaja para informar a
las personas y reforzar su capacidad de organización para proteger sus derechos
y el medio ambiente contra los objetivos de las empresas mineras en el contexto
de una total desvinculación del Estado haitiano.
Aquellos que se
oponen a la explotación minera en Haití llevan a cabo análisis acerca de las
diferentes dimensiones de esta industria: el sector minero como motor del
desarrollo sostenible e inclusivo; la distribución de los beneficios obtenidos
de la explotación de las riquezas naturales de la nación; la transparencia y la
rendición de cuentas de todos los actores del sector minero, incluido el
gobierno; y, obviamente, los impactos negativos sobre el medio ambiente y la
población.
Además, en
ausencia de una ley de acceso a la información en Haití, el Colectivo Justicia
Minera se está movilizando para que el nuevo código minero sea objeto de
consultas públicas que permitan la participación de las comunidades afectadas o
que puedan verse afectadas por los proyectos mineros, así como la sociedad en
general.
En abril de 2016,
el Colectivo Minero de Justicia hizo conocer sus reclamaciones en Canadá por el
importante papel que desempeñaba este país en la industria minera a nivel
internacional y también por la implicación histórica de las compañías mineras
canadienses en Haití y el apoyo brindado por el canadiense Gobierno a este
sector. De hecho, en 2012 la Agencia Canadiense para el Desarrollo
Internacional (CIDA) otorgó una subvención de 10 millones de dólares al Centro
de Industria Extractiva, asesor técnico del Banco Mundial y también financió
proyectos relacionados con la prospección y explotación minera en todo el
mundo.
Más directamente,
cuando el Partido Conservador estaba en el poder, el gobierno canadiense confió
en el desarrollo del sector minero para su política de desarrollo para Haití
para el período 2015-2020. A pesar de que este enfoque se detuvo durante un
período que permitió revisar la política de desarrollo internacional por parte
del nuevo gobierno liberal, queda que la explotación minera no constituye un
medio sostenible para el desarrollo de las comunidades y para la lucha contra
la pobreza. Varias experiencias a nivel internacional muestran que, por el
contrario, para las comunidades afectadas por esta industria, los impactos
negativos son múltiples, acumulativos y persistentes: violaciones graves de
derechos humanos, pérdida de tierras fértiles y de medios de subsistencia,
contaminación y monopolización de fuentes de agua, problemas de salud,
condiciones laborales deplorables, etc.
Estos problemas ya
están presentes en Haití y podrían agravarse con la ejecución de proyectos
mineros. Teniendo en cuenta los riesgos asociados a estos proyectos,
corresponde al pueblo haitiano determinar si el “desarrollo” del país se hará
utilizando la explotación de sus recursos naturales y, en caso afirmativo, cómo
debe realizarse esta explotación.
Lo cierto es que
la actual situación política, combinada con las debilidades crónicas de sus
instituciones, no permite una decisión bien informada e iluminada. En este
contexto, el gobierno canadiense debería abstenerse de promover inversiones en
la industria minera en Haití, siempre y cuando el país no disponga de
mecanismos efectivos para informar y consultar a la población sobre estos
proyectos, proteger el medio ambiente y dotarse de un marco legal que integre y
aplique estos principios.
