Un nuevo rumbo
Exactamente una semana después de iniciar su presidencia, el 22 de
agosto de 2013, Horacio Cartes obtuvo en el Congreso la reforma de la Ley
1337/99 de Defensa Nacional y de Seguridad Interna. La modificación otorgaba al
nuevo presidente la posibilidad de militarizar zonas enteras del país, vía
decreto del poder ejecutivo y sin previo acuerdo del Parlamento Nacional, el
objetivo mencionado era “enfrentar cualquier forma de agresión externa e
interna que ponga en peligro la soberanía, la independencia y la integridad
territorial del país”.
La ley modificada inaugura el “estado de sitio blando”, nada más normal
en la década de la generalización de los golpes blandos, como el que vivió el
propio Paraguay en junio de 2012 y abrió la vía para que Cartes lleguara al
poder en abril del 2013.
El motivo declarado de la medida era el combate a un pretendido grupo
guerrillero denominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), que en casi una
década de existencia reivindicó varios sonados casos de secuestros extorsivos,
quemas de maquinarias de sojeros y de algunos puestos policiales del interior
del país, así como diversos enfrentamientos a tiros con fuerzas policiales y
militares.
En los días previos a la militarización también reivindicó el asesinato
de 5 guardias privados de una estancia, en un confuso episodio en Tacuatî,
ciudad situada a unos 350 km al norte de la capital. El hecho fue la base para
la aprobación de la medida.
El Presidente que prometía un nuevo rumbo para el país y se ufanaba de
que nadie le marcaría la agenda, con menos de un mes de gobierno ya estrenaba
el nuevo dispositivo enviando fuerzas militares a 3 departamentos del país:
Concepción, San Pedro y Amambay.
Guerrilla sin monte pero con sojales
El grupo armado mencionado opera en una zona bastante definida, las
propias fuentes policiales y militares los describen como un grupo que no
sobrepasaría las 50 personas y al menos en sus intervenciones más publicitadas
no dieron muestras de contar con un gran poder de fuego o de disponer de un
arsenal muy sofisticado.
La región en cuestión es una de las zonas más deforestadas del país,
consecuencia del cultivo intensivo de soja transgénica; vale decir, grandes
planicies sin masas boscosas importantes, un terreno que no parece muy propicio
para la implantación de una guerrilla rural o que en todo caso debería
facilitar la captura de sus integrantes.
En algunas semanas más se cumplirán 3 años de la presidencia de Horacio
Cartes y de la militarización de los mencionados departamentos, medida que
sigue vigente de forma ininterrumpida hasta hoy. En todo este tiempo su “lucha anti-subversiva” no erradicó el EPP. En
cambio, las comunidades campesinas sí que sintieron la presencia militar.
Abundan las denuncias por casos de maltrato, abuso de poder, violencia
policial, tortura y recurrentes escándalos de corrupción que involucran a las
Fuerzas de Tarea Conjunta (policías y militares) que opera en la zona [1],
cuyo financiamiento, dicho sea de paso, es sumamente costoso a las arcas
públicas [2] y se hace en desmedro de políticas sociales muy necesarias en
estos y otros departamentos.
Según denuncian organizaciones sociales y de defensa de los derechos
humanos [3], la llegada de la FTC creó un clima de terror en las comunidades
campesinas, una sensación propia de tiempos dictatoriales, un contexto en el
que cualquier persona en oposición a las políticas gubernamentales o a la
expansión del modelo sojero, es asimilado a un alzado en armas o cuándo menos
cómplice de los mismos y es tratado como tal.
No hace falta ser muy perspicaz para entender el efecto de este tipo de
métodos sobre un movimiento campesino particularmente fuerte y activo en la
región.
La frontera de la droga
La ciudad de Pedro Juan Caballero es la capital del departamento del
Amambay (uno de los 3 militarizados por decreto presidencial). Su ubicación en
la estratégica “frontera seca” con el Brasil, es un punto clave de la ruta del
tráfico de drogas en la región. Una de las puertas de entrada al gigantesco
mercado brasilero y atravesando este país puede circular a otros continentes
vía océano Atlántico.
Esto dio a la ciudad un sulfuroso prestigio que la situaba como la base
de operaciones de diversos capos de la droga del Brasil y de Paraguay y fue el
teatro de sonados crímenes. Pero lentamente fue dejando de ser centro del
interés mediático, hasta que esta semana los reflectores se enfocaron
nuevamente sobre ella. El motivo fue un espectacular atentado contra un capo
narco. El ataque se produjo en plena calle y fue ejecutado por un batallón de
100 sicarios - sí, leyó bien, ¡cien! [4] – con entrenamiento militar y un
impresionante arsenal que incluía una ametralladora antiaérea, que fue
utilizada para perforar el blindaje de la camioneta en la que circulaba el
mafioso, éste resultó muerto en el ataque con 16 impactos de bala en el cuerpo.
Se trataba de un brasileño de 56 años, de nombre Jorge Rafaat y apodado
“Sadam”, procesado por tráfico y lavado de dinero en el Brasil [5], pero que
vivía cómodamente instalado en el lado paraguayo de la frontera seca.
Es más, el propio titular de la SENAD (Secretaría Nacional Antidrogas)
confiesa que estaba al tanto de las actividades delictivas de Rafaat, pero
alega que como no tenían pruebas para llevarlo a prisión [6], seguía libre como
los pájaros y era conocido como un “exitoso empresario”. Quien sabe, si se
hubiese naturalizado a lo mejor hubiera podido pretender a un cargo electivo o
incluso a la presidencia.
Pero hablando más seriamente, el argumento de la falta de pruebas para
llevar a prisión a alguien resulta poco convincente mirando el actuar de la
justicia paraguaya y su fiscalía, que no se caracteriza por una gran pulcritud
en la materia, y que en estos días se
apresta a condenar con penas de hasta 40 años de cárcel a campesinos acusados
de participar en la masacre de Curuguaty [7], trágico suceso que sirvió de
coartada al golpe blando contra el gobierno de Fernando Lugo. En este caso, no
han aportado una sola prueba que incrimine formalmente a ninguno de los campesinos
encausados en un proceso judicial plagado de aberraciones y violaciones al
debido proceso. Es decir, cuando quieren, pueden.
La soja y la droga
Es difícil no hacer la comparación de la militarización y la acción
gubernamental en los 3 departamentos mencionados. Mientras que en Concepción y
San Pedro, departamentos fuertemente impactados por el avance del monocultivo
de soja transgénica y sus efectos sobre el ecosistema y la población, la
represión parece concentrarse sobre las comunidades rurales pobres y las
organizaciones campesinas que resisten, con la oportuna excusa del combate a
una desarrapada guerrilla; en el departamento de Amambay, donde el problema
fundamental es el cultivo y el tráfico de estupefacientes y en cuya capital,
están instalados poderosos y conspicuos narcotraficantes que desatan una guerra
abierta en las narices de las autoridades, la respuesta es un silencio bastante
parecido al omertá.
El presidente se negó a hacer declaraciones sobre lo sucedido. El
ministro de Defensa, Diógenes Martínez, dejó meridianamente claro que el
narcotráfico no representa un problema para la seguridad nacional o un peligro
para la integridad territorial y que los militares deben concentrarse en los
casos de “terrorismo” impulsado por grupos como el escuálido y fantasmagórico
EPP [8]. En cuanto al ministro del Interior, a pesar de su inoperancia completa,
sigue en el puesto sin que nadie se explique cómo o por qué.
Para coronar está caótica situación, el jefe de la secretaría de lucha
antidroga, acaba de renunciar a su cargo [9], presionado por la ciudadanía
luego de una criminal intervención de sus agentes que balearon a una familia,
asesinando a una niña de 3 años y dejando entre la vida y la muerte a un joven
pariente de la misma. Los agentes de la SENAD y el fiscal interviniente
emprendieron el asalto contra “peligrosos narcos” que resultaron ser miembros
de una conocida y tradicional familia del país, sin ningún vínculo con la
delincuencia.
Con este breve e incompleto balance, parece claro quiénes son los
enemigos de este gobierno.
Notas
[1] “Diputados investigarán corrupción en la FTC”, 25 de junio de 2015, Diario
ABC Color digital, http://www.abc.com.py/edicion-impresa/politica/diputados-investigaran-corrupcion-en-la-ftc-1380868.html, Ver también: “Polémica foto de un supuesto militar de la FTC”, 17 de
marzo de 2016, Diario Ultima Hora digital: http://www.ultimahora.com/polemica-foto-un-supuesto-militar-la-ftc-n975898.html
[2] “FTC gasta más de 3500 millones mensuales en la lucha contra grupos
armados”, 8 de agosto de 2015, Diario Última hora digital http://www.ultimahora.com/ftc-gasta-mas-g-3500-millones-mensuales-la-lucha-contra-grupos-armados-n920230.html
[3] “Campesinos resisten a la militarización en Paraguay”, 06 de
setiembre de 2013, Rebelión http://www.rebelion.org/noticia.php?id=173487
[4] “Más de cien sicarios tomaron las calles para liquidar a Rafaat”, 15
de junio de 2016, Diario Hoy digital: http://www.hoy.com.py/nacionales/terror-en-pjc-mas-de-100-sicarios-tomaron-las-calles-para-liquidar-a-rafaat
[5] “Citan a intendente de Ponta Porâ para declarar en favor de capo
narco fronterizo”, 30 de junio de 2005, Diario ABC Color digital http://www.abc.com.py/edicion-impresa/policiales/citan-a-intendente-de-punta-pora-a-declarar-en-favor-de-narco-fronterizo-840379.html
[6] “La SENAD arroja algunas hipótesis sobre el asesinato de Rafaat”, 16
de junio de 2016, Diario Última Hora Digital http://www.ultimahora.com/titular-la-senad-arroja-algunas-hipotesis-el-asesinato-rafaat-n1000212.html
[7] “Fiscalía pide condenas de 5 a 40 años para campesinos”, 15 de junio
de 2016, Periódico alternativo E’a http://ea.com.py/v2/caso-curuguaty-fiscalia-pide-condenas-de-5-a-40-anos-para-campesinos/
[8] “Ministro de defensa no ve necesaria una militarización”, 17 de junio
de 2016, Diario Última Hora digital: http://www.ultimahora.com/ministro-defensa-no-ve-necesaria-una-militarizacion-n1000430.html
[9] “Caso niña baleada: Luis Rojas confirma su renuncia a la Senad”, 20
de junio de 2016, Diario Última Hora digital http://www.ultimahora.com/caso-nina-baleada-luis-rojas-confirma-su-renuncia-la-senad-n1001137.html
Gustavo Zaracho, Periodista, miembro del Colectivo Paraguay en Francia.
