Alejandro Teitelbaum
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Los ciudadanos –cada vez menos- creen todavía que sus respectivos países
son gobernados por medio de sus representantes (que en realidad –cualquiera sea
su color político- representan puntualmente al poder económico).
Pero esos mismos ciudadanos hace ya tiempo que mayoritariamente no se
tragan la píldora de que las instituciones de la Unión Europea los representan
de alguna manera y que se ocupan de la construcción de una Europa solidaria,
democrática y social.
Esa es la interpretación que cabe hacer del resultado del plebiscito
favorable al Brexit.
Veamos.
Las tres instituciones principales de la Unión Europea son el Consejo de
la Unión Europea, la Comisión y el Parlamento. Los miembros de este último son
elegidos por el voto directo de los ciudadanos de los estados miembros.
El Consejo de la Unión Europea (antes Consejo de Ministros) está
constituido por los primeros ministros o jefes de gobierno de los estados miembros
de la Unión Europea. Sólo en algunas ocasiones participan en las reuniones los
primeros ministros o jefes de gobierno, pues a sus reuniones periódicas asiste
el ministro correspondiente de cada uno de los gobiernos según sea el tema a
tratar (en temas de agricultura, asistirán los ministros de agricultura, etc.).
El Consejo tiene seis responsabilidades básicas:
1] Aprobar leyes europeas (directrices), en
muchos ámbitos legisla en común con el Parlamento Europeo. Pero, y esto es
importante, por regla general el Consejo no toma la iniciativa y solo actúa a
propuesta de la Comisión y previa consulta al Parlamento.
2] Coordinar las políticas económicas de los
Estados miembros. Tarea a cargo de los Ministros de Economía y Hacienda.
3] Concluir acuerdos internacionales entre la
UE y una o más organizaciones de Estados o internacionales. También puede
concluir convenios entre los Estados miembros de la UE en determinados campos
como el de impuestos, etc.
4] Aprobar el Presupuesto de la UE, junto con
el Parlamento. El Consejo tiene la última decisión sobre los gastos
obligatorios mientras que el Parlamento la tiene en los gastos no obligatorios,
si no se ponen de acuerdo en la aprobación del presupuesto.
5] Desarrollar la política exterior y de
seguridad común de la UE (PESC), basándose en las directrices decididas por el
Consejo Europeo.
6] Coordinar la cooperación entre los
tribunales nacionales y la policía en materia penal (Justicia y asuntos de
interior – CPJP).
El Consejo toma sus decisiones, según establezcan los tratados, por
unanimidad, por mayoría cualificada: se asigna a cada Estado miembro un número
de votos (voto ponderado), que es la forma en la que se toman las decisiones
más importantes y por mayoría simple para las decisiones de procedimiento.
El Parlamento, elegido por el voto directo de los ciudadanos, no tiene
sin embargo el poder de iniciativa en materia legislativa, que corresponde en
lo esencial a la Comisión Europea.
La Comisión Europea es algo así como el poder ejecutivo de la Unión
Europea, aunque también con amplias facultades legislativas (directrices),
espacio en el que tiene la iniciativa en las cuestiones fundamentales,
como ya se ha señalado.
El Consejo de la Unión Europea (reunión de los ministros o jefes de
Estado de los estados miembros) designa, por mayoría calificada, al presidente
de la Comisión Europea y dicha designación se somete a la aprobación del
Parlamento Europeo. El presidente designado de la Comisión nombra, en consulta
con el Consejo de Ministros, a los 27 Comisarios que componen la Comisión. El
conjunto de los miembros de la Comisión recibe la aprobación del Parlamento por
mayoría simple, tras una serie de comparecencias de cada comisario ante las
diferentes comisiones parlamentarias competentes. Al final de este proceso el Consejo
de Ministros nombra a la Comisión en su conjunto, por mayoría calificada. Buena
parte de los Comisarios siempre ostentan un currículo ostensiblemente ligado a
grandes empresas transnacionales.
La función principal de la Comisión es proponer y poner en práctica las
políticas de la Unión Europea, vigilar la aplicación de los tratados europeos y
tiene el cuasi monopolio del derecho de iniciativa en el llamado «primer pilar»
de la Unión Europea, que son sobre todo los temas económicos básicos, lo que le
permite pesar en las decisiones del Parlamento y del Consejo de Ministros.
Incluso el artículo 250 del Tratado Constitutivo de la Unión Europea requiere
un voto unánime para que el Consejo de Ministros modifique una propuesta de la
Comisión.
Pero, como pequeña compensación, el Parlamento y el Consejo de
Ministros pueden pedir a la Comisión que adopte normas en alguna materia.
En los llamados segundo y tercer pilar la Comisión comparte el derecho
de iniciativa con el Consejo de Ministros.
Existe lo que se llama el procedimiento de codecisión (Comisión, Consejo
y Parlamento) pero en los hechos quien orienta la política de la Unión Europea
es la Comisión, por razones institucionales y también porque las tendencias
neoliberales y privatizadoras son compartidas por los Gobiernos conservadores,
socialistas y de coalición conservadores-socialistas de los países de la Unión
Europea, que juntos tienen el control total de las instituciones europeas.
Prueba de ello es que desde que se introdujo el procedimiento de
codecisión en 1995, el Parlamento rechazó hasta 2004 dos proyectos sobre 420.
Los 418 restantes se aprobaron en primera o en segunda lectura o después de un
procedimiento de conciliación.
Así es como la política de la Unión
Europea es consecuentemente ultraliberal y al servicio del gran capital y su
ejecutante es la Comisión Europea.
Un periodista y sindicalista belga, Gérard de Selys, cuenta [1] cómo, mediante el trabajo en
equipo de la Comisión Europea y de la Mesa Redonda de los Industriales
Europeos ‑ERT (las transnacionales Volvo, Olivetti, Siemens, Unilever y otras),
ayudados por el Tribunal Europeo de Luxemburgo que interpreta a su manera las
reglas comunes sobre la competencia del Tratado de Roma de 1957 que instituyó
la Comunidad Económica Europea, está culminando el despojo al patrimonio
público de los países europeos de las industrias actualmente más dinámicas y
rentables: las telecomunicaciones y las comunicaciones electrónicas.
Más allá del círculo íntimo de la Comisión Europea y de la Mesa Redonda
de los Industriales Europeos está la UNICE -Unión de las Confederaciones
Industriales y de Empleadores de Europa- que controla estrechamente a la Comisión
europea. Los 39 miembros de la UNICE mantienen representaciones permanentes en
Bruselas y un verdadero ejército de «lobbystas» para influir sobre las decisiones
de la Comisión [2].
El libro de Selys es de 1995, pero desde entonces y hasta hoy la
ofensiva privatizadora de la Comisión Europea contra los servicios públicos
(con el respaldo activo de las sociedades transnacionales) no ha cesado: en su
punto de mira se halla ahora el correo, la salud, la educación y el medio
ambiente. En un artículo publicado en Le Monde Diplomatique de julio del
2000 (Susan George y Ellen Gould, Libéraliser, sans avoir l’air d’y toucher)
se cita un documento de la Comisión Europea en el que se afirma lo siguiente:
“la participación activa de las industrias de servicios en las negociaciones es
crucial para permitirnos alinear nuestros objetivos de negociación con las
prioridades de las empresas. El AGCS (Acuerdo general sobre el comercio de
servicios -OMC) no es solamente un acuerdo entre gobiernos. Es ante todo un
instrumento en beneficio del mundo de los negocios” [3].
El 4 de junio de 2003, el Parlamento Europeo, reunido en sesión plenaria
en Estrasburgo, acordó por amplia mayoría autorizar la liberalización de los
mercados de la electricidad y el gas, incluido el suministro a particulares, a
partir del 1º de julio de 2007.
Después del rechazo del proyecto Constitución Europea se elaboró un
nuevo texto que firmaron los gobiernos europeos en Lisboa el 13 de diciembre de
2007.
Salvo algunos cambios institucionales positivos (aumento de algunas prerrogativas,
más bien formales, del Parlamento Europeo, resguardo en algunos aspectos de las
facultades soberanas de los Estados nacionales), el nuevo tratado no modifica
en nada la orientación prevaleciente de una normatividad y una práctica de las
instituciones europeas poco democráticas y al servicio del gran capital.
En mayo de 2005 se realizó un referéndum en Francia para convalidar o no
la adhesión al nuevo Tratado. El 55% del electorado se pronunció en contra.
Pero en 2008 el gobierno francés –ignorando el resultado del referéndum- hizo aprobar
el Tratado de Lisboa por el Parlamento con el voto de los diputados de derecha
y de la mayoría de los diputados del Partido socialista.
La Unión Europea está negociando una serie de acuerdos regionales de
asociación económica, (Economic Partnership Agreements- EPA), con países
pobres. Los EPA son convenios de preferencias comerciales recíprocas en el
marco del llamado Pacto de Cotonou, entre la UE y el grupo de 77 países que
fueron enclaves coloniales europeos en África, el Caribe y el Pacífico (ACP).
La UE, en sus propuestas de acuerdos comerciales, exige a los países del Sur
que abran sus mercados a las empresas europeas, amenazando así empleos,
industrias y servicios públicos en las naciones más pobres.
La UE sostiene que los EPA integrarán a los países ACP a la economía
mundial, promoverán el desarrollo sustentable y contribuirán a la erradicación
de la pobreza.
Los convenios propuestos bajo el Pacto de Cotonou eliminarían los
aranceles a los productos de importación y facilitarían a los países de la UE
la venta de bienes subsidiados.
La UE negocia acuerdos similares con otros países pobres
Dos organizaciones no gubernamentales, Traidcraft de Gran Bretaña y
EcoNews Africa, de Kenia, señalaron en un informe titulado "Los EPA a través
de los lentes de Kenia", publicado en setiembre de 2005, que el
deteriorado sector manufacturero, la creciente pobreza y el desempleo en países
como Kenia deben ser seriamente considerados antes de firmar estos convenios,
agregando que la liberalización económica y comercial de los últimos años en
ese país africano produjo "situaciones extremas", incluyendo altos
índices de criminalidad y de prostitución, deterioro de la educación e incluso
suicidios y que el número de personas pobres aumentó de 11 a 17 millones",
más de la mitad de la población keniata [4].
Últimamente la Unión Europea se ha “ilustrado” con el feroz chantaje
ejercido contra Grecia (véase Feroz
chantaje sobre Grecia, http://www.alainet.org/es/articulo/169961) y el virtual genocidio que está cometiendo contra la inmigración
clandestina (véase La “solución final” de la Unión Europea para la inmigración
clandestina http://www.alainet.org/de/node/169163)
En cuanto a América Latina y el Caribe, la Declaración Final de la
Cumbre social de los pueblos, “Enlazando Alternativas” realizada en Lima del 13
al 16 de mayo de 2008, decía entre otras cosas:
...rechazamos el proyecto de Acuerdos de Asociación propuesto por la
Unión Europea y avalado por diversos gobiernos latinoamericanos y caribeños que
solo buscan profundizar y perpetuar el actual sistema de dominación que tanto
daño a hecho a nuestros pueblos. La estrategia de la Unión Europea "Europa
Global: Competir en el mundo", supone la profundización de las políticas
de competitividad y crecimiento económico que buscan implementar la agenda de
sus transnacionales y profundizar las políticas neoliberales, incompatibles con
el discurso sobre el cambio climático, la reducción de la pobreza y la cohesión
social. A pesar de que se pretende velar su naturaleza incorporando temas de
cooperación y diálogo político, la esencia de la propuesta es abrir los
mercados de capitales, bienes y servicios, proteger la inversión extranjera y
reducir la capacidad del Estado de promover el desarrollo económico y social”.
En conclusión, la Unión Europea es profundamente antisocial (con 20
millones de desocupados y donde las desigualdades no cesan de profundizarse),
atlantista y belicista (participación en la guerra del Golfo y en las
agresiones contra Yugoslavia, Irak y Afganistán) a las antípodas de lo que
tendría que ser: una potencia independiente y pacífica en el concierto mundial,
democrática y social y dispuesta a establecer relaciones mutuamente ventajosas
y en un pie de igualdad con otras regiones y países.
No debe sorprender entonces el resultado del referéndum en Gran Bretaña
y tampoco es de extrañar que la abstención en las elecciones para el Parlamento
Europeo sea cada vez más elevada. Los pueblos europeos tienen conciencia de que
la Unión Europea no representa sus intereses y que los Gobiernos que la integran
(de derecha y socialistas) evitan cuidadosamente una verdadera democratización de
sus instituciones y un giro hacia políticas sociales. Aunque tratan de
reconquistar a la opinión pública con algunas reformas gatopardistas luego de
cada rechazo popular en las urnas, cada vez más contundente.
Notas
[1] Gérard de
Selys, Privé de public. A qui profitent les privatisations?, Ediciones
EPO, Bruselas, 1995.
[2] Veamos qué
dice la UNICE de sí misma (http://www.unice.org/ Le porte-parole des entreprises en Europe).
La UNICE es la voz del mundo de los negocios ante las instituciones de
la Unión Europea. Sus 39 miembros son las organizaciones industriales multisectoriales
y las organizaciones de empleadores de 31 países europeos y representa más de
16 millones de empresas, sobre todo pequeñas y medianas. La UNICE es también un
interlocutor en el diálogo social europeo a nivel de la Unión Europea. La tarea
principal de la UNICE es informar e influenciar los procesos de decisión en la
Unión Europea, a fin de que las políticas y las propuestas legislativas
con un efecto sobre la actividad económica en Europa tengan en cuenta las
necesidades de las empresas. La primera prioridad de la UNICE es promover la
competencia en el medio económico y la inversión a escala europea, el único
camino para alcanzar un desarrollo más elevado y un empleo duradero. El mundo
de los negocios necesita una Comisión eficaz.
[3] Un grupo de
investigadores, que forma parte del Corporate Europe Observatory (CEO) ha
publicado un estudio muy completo sobre el papel de las sociedades
transnacionales en el seno de la Unión Europea: Belén Balanya, Ann Doherty,
Olivier Hoedeman, Adan Ma’anit y Erik Wesselius, Europe Inc. Liaisons dangereuses entre institutions et milieux d’affaires européens, Agone
Editeur, Marseille, 21 trimestre del 2000. Edición original en inglés: Europe
Inc. Regional and Global Restructuring and the Rise of Corporate Power,
Pluto Press and CEO, 1999.
[4] Reports exposes impact of free trade deals. http://www.traidcraft.co.uk/template2.asp?pageID=1867
