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Guatemala es el segundo país del mundo con mayor proporción de población
indígena, por detrás de Bolivia. Según el Grupo Internacional de Trabajo sobre
Asuntos Indígenas, el número de habitantes estimado alcanza los 6 millones, lo
que equivale al 60% del total del país. “La empresa sólo deja coger agua desde
las siete de la mañana hasta las cinco de la tarde, pero el agua es fundamental
para la vida. No tiene horario”.
A pesar de constituir más de la mitad de la población, las comunidades indígenas ven a menudo vulnerados sus derechos básicos y los de sus
territorios al servicio de la práctica capitalista más ambiciosa. El ejemplo
más reciente es el caso del complejo
hidroeléctrico Renace, un proyecto promovido por el grupo guatemalteco
Corporación Multi-Inversiones (CMI) y construido por la española Cobra-ACS,
cuyo presidente y consejero delegado es Florentino Pérez y en la que la familia
March es uno de sus máximos accionistas.
La intervención se extiende a lo largo de 30 kilómetros del río Cahabón, en la región de Alta Verapaz, y está
llamada a convertirse en la mayor hidroeléctrica del país. Como consecuencia de la obra, el flujo del agua está
desapareciendo casi por completo, y con él las comunidades que desarrollan su
vida en torno a esta área fluvial. El problema actualmente está afectando a
alrededor de 29.000 indígenas quekchí a los que en ningún momento se ha
consultado para la puesta en marcha del proyecto, a pesar de la obligación
recogida en el Convenio Internacional 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales que Guatemala ratifica.
Ante esta situación, la ONG Alianza por la Solidaridad presentó este
jueves 16 de junio una campaña de recogida de firmas que busca sensibilizar y
presionar a la compañía por la masiva violación de derechos que esta acción
empresarial está suponiendo para la comunidad quekchí de Guatemala. La
iniciativa se enmarca dentro de TieRRRa, una campaña que vela por el desarrollo
empresarial ético y respetuoso con los recursos naturales y los derechos
humanos, y vigila que los intereses de las grandes corporaciones no se impongan
a ellos.
En la presentación, Almudena Moreno, responsable de la campaña, explicó
cómo descubrieron el caso de Renace. En un principio, la iniciativa se entendió
como un ejemplo de buena práctica empresarial, debido a la información falseada
que CMI facilitaba. Sin embargo, tras dos años de investigación se dieron de
cuenta de que se trataba de todo lo contrario. “El desastroso estado actual del
río Cahabón, la división social que ha generado en la zona el proyecto y la
falta de una consulta informada a los afectados y un estudio real de impactos
son algunos de los elementos que nos indican que no es una buena práctica y
debe por ello debe pararse”. Su objetivo es llegar a las 10.000 firmas y
hacerlas llegar a Florentino Pérez para exigir la paralización de las obras
hasta que no se haya realizado un informe independiente que evalúe el impacto
económico, social y ambiental global que este proyecto supone para el
territorio y sus habitantes.
El impacto ambiental y social
Bajo la visión empresarial más ambiciosa y agresiva, el potencial
natural que tienen muchos territorios de Lationamérica la convierte en un
destino perfecto para la instalación de grandes proyectos. “Para las empresas
no importa el territorio, si no lo que puedan sacar de él. Importa la
rentabilidad y la maximización de la producción”, explica Erika González, del
Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL). “Todo ello independientemente de la
destrucción de los ecosistemas y el impacto sobre la población que la obra pueda ocasionar”.
La puesta en marcha de estos proyectos tiene duras consecuencias sobre
la salud de las personas que viven en los territorios, derivadas de la
contaminación de las aguas y el ruido. El impacto se agrava todavía más cuando
se trata de territorios indígenas, como es el caso del río Cahabón, en los que
la tierra y los ríos desempeñan un papel central en el desarrollo de la vida de
las comunidades que lo habitan, además del fuerte valor simbólico, espiritual y
cultural que adquieren dentro de su cosmovisión.
Julio González, de la ONG Madre Selva de Guatemala, destacó durante la
presentación de la campaña la importancia que tiene el río para la comunidad
quekchí y cómo la instalación del complejo hidroeléctrico va a afectar a su día
a día: “La empresa sólo deja coger agua desde las siete de la mañana hasta las
cinco de la tarde, pero el agua es fundamental para la vida. No tiene horario”.
Así mismo, destacó la responsabilidad del Grupo Cobra-ACS en permitir que estas
violaciones de derechos sucedan: “Una empresa que elige contribuir a este
desastre, es cómplice de las muertes que se puedan producir, no puede lavarse
las manos respecto a lo que pasa en el territorio”.
El de Renace no es el único caso de violación de derechos indígenas
derivada de una decisión empresarial unilateral de estas dimensiones. La
campaña TieRRRa desveló otros dos casos similares, como el de la explotación de
un acuífero por parte de la embotelladora Coca-Cola en El Salvador; o el de la
apropiación para construir otra hidroeléctrica por parte de Hidro-Santa Cruz (Ecoener-Hidralia) del río Cambalan de
Guatemala, sagrado para las personas que viven en torno a él. Tampoco se puede
olvidar el Caso Quimbo, otra central hidroeléctrica emplazada en el río Huila
para cuya construcción el Grupo Endesa invirtió 837 millones de dólares; o los
numerosos proyectos de obra en Honduras que terminaron con el asesinato de
Berta Cáceres por defender su territorio frente a las multinacionales.
Erika González cuenta cómo el modo de proceder en la instalación de este
tipo de proyectos es muy similar en todos los casos: “Los gobiernos y las
empresas establecen acuerdos muy opacos para la población, que no sabe lo que
va suceder hasta que ve la maquinaria ya en funcionamiento. Es una clara
muestra de déficit democrático: no se les consulta ni se les proporciona toda
la información desde el primer momento, y por lo tanto no pueden alegar”.
La investigadora de OMAL habla también de los argumentos a los que
recurren los estados para justificar la cesión de los territorios a las
empresas. “Los gobiernos insisten en la cantidad de producción energética que
estas acciones van a traer al país, pero en la mayoría de los casos esta
producción no va destinada al abastecimiento de la ciudadanía, si no a los
intereses de la empresa que no repercuten para nada en la población autóctona”.
En la presentación de la campaña del Caso Renace, Karen Ramírez, de la
Asociación ProVida/ Foro del Agua de El Salvador, aseguró que “muchos gobiernos
de Centroamérica ponen por encima de los derechos humanos de los pueblos indígenas la ayuda a las transnacionales”.
En algunas ocasiones, los Estados sí llevan a cabo consultas para no
vulnerar lo dispuesto en el Convenio 169 de la OIT y justificar la
intervención. “Sin embargo, en la mayoría de los casos se realizan de manera
irregular, sin informar adecuadamente a la población e incluso recurriendo al
chantaje para conseguir firmas” asegura Erika González.
Cuando la oposición social se organiza contra estas violaciones del
territorio, tanto las compañías como los gobiernos responden con diferentes
medidas para frenarla y desarticularla. “Las empresas optan por la estrategia
de cooptación, mediante amenazas y otras acciones agresivas contra la población
para ganarse su apoyo. Por otra parte, el estado criminaliza a las personas más
visibles y activas de la oposición social, y se producen denuncias y
encarcelamientos de defensores de derechos humanos”, continúa Erika González.
Karen Ramírez también dedicó parte de su intervención al recuerdo de los
“presos políticos” en Centroamérica, arrestados por defender los derechos de la
población y del medioambiente.
