¿Tiene responsabilidad Estados Unidos en la violencia de la que huyen?

José Luis Rocha

www.envio.org.ni/agosto2014

Las más crueles manifestaciones de violencia de las que huyen los centroamericanos están asociadas a la relación de Estados Unidos con la región: deportaciones de pandilleros, dinámico mercado de drogas en el Norte, empoderamiento de los militares, creación y entrenamiento de cuerpos represivos, mercado de armas que abastece al crimen corporativizado. Los organismos humanitarios no han explicado y apelado a estos antecedentes. Han despojado de historia las solicitudes de asilo y se han concentrado en “los menores no acompañados” para vender compasión a la opinión pública.

Los centroamericanos tienen una larga historia como refugiados en Estados Unidos. Los menores que en grandes números cruzan la frontera mexicano-estadounidense han captado la atención del mundo y suscitado pronunciamientos de organismos internacionales, iglesias, medios de comunicación, ONG, funcionarios políticos de distintos países. Atención merecida y pronunciamientos apremiantes.

Pero no olvidemos que los 20,805 menores de Guatemala, Honduras y El Salvador detenidos por la patrulla fronteriza en 2013 sólo representaron el 19.5% del total de detenidos oriundos de esos tres países. A eso sumemos los muchos no detenidos, algunos menores y muchos más adultos, que se distribuyen a lo largo y ancho de la Unión Americana, engrosando las cifras de indocumentados y dinamizando la economía de una nación que a ratos los trata como enemigos indispensables, como criminales o como médula viva del credo nacional.

SE CUMPLE EL PRONÓSTICO

La población “irregular” crece en Estados Unidos con dos nuevos indocumentados por cada deportado. Con el consentimiento estatal a regañadientes o vadeando patrullas, sensores y helicópteros del Immigration and Customs Service, menores y adultos han dado continuidad a una tradición que, para los centroamericanos, se remonta a los años 80.

Están escenificando el pronóstico que Susan George puso en boca de los expertos a quienes se les encomienda salvar el capitalismo en la ficción factual del Informe Lugano II: “Vamos a asistir a un incremento de las presiones migratorias, pues millones de personas intentarán escapar de su entorno cuando les resulte imposible vivir en él. La mayoría se desplazará a otra región de su propio país, pero muchos intentarán llegar a los países ricos del Norte”.

Por ahora, Europa y América del Norte han reaccionado a las migraciones con contundencia, con recursos exclusivamente militares y policiales. Estos esfuerzos han resultado infructuosos, a juzgar por los cálculos del número de inmigrantes que han cruzado sus fronteras de forma clandestina: al menos once millones de personas en Estados Unidos, procedentes de México y del resto de América Latina, y decenas de millares en la Unión Europea”.

POCA APERTURA PARA CONCEDER ASILO

Muchos de los migrantes capturados aplican al “asilo defensivo”, que solicitan durante las audiencias con los jueces de inmigración. Es la estrecha puerta al asilo para los que son aprehendidos. Por las circunstancias maleadas en que se pide tiene menores tasas de aprobación que las del “asilo afirmativo”, el que se solicita yendo por pie propio a las oficinas de asilo. Los abogados de inmigración, incluso aquellos que prestan sus servicios de forma gratuita y sobre los que cabe barruntar las mejores intenciones, saben que hay muy poca apertura para conceder el asilo a las víctimas de las maras, a los perseguidos por los narcos o a los acosados por la delincuencia callejera.

Clonando el primer artículo de la Convención sobre el estatus de los refugiados de Naciones Unidas, la ley estadounidense de refugio les exige demostrar que son perseguidos o tienen un miedo bien fundado de persecución debido a su raza, religión, nacionalidad, membresía en un grupo social particular u opinión política.

Lilia Velásquez, catedrática en la California Western School of Law y abogada de inmigración en San Diego sabe de las dificultades que presentan incluso los casos revestidos de múltiples cicatrices: “Desde la cárcel me escribe un muchacho de 37 años. Es transgénero, no tiene dinero, es pobre, la familia no lo quiere y cuenta cómo ha sido violado desde que tenía siete años por sus primos. Y a los 12 años por oficiales de policía. Es VIH positivo, tiene el virus. Pidió el asilo y se lo negaron. Y lo deportaron. Después se regresó y fue secuestrado. Ahora está detenido y no califica para fianza. Tiene arrestos por todos lados. Como hay tortura en su país de origen, lo cual se ha podido documentar, entonces no lo pueden regresar. Los casos de deportación y de asilo son increíblemente complicados”.

Los casos son muy difíciles de argumentar porque los recursos jurídicos son entidades flotantes. El sistema del Common Law multiplica los trabajos y desvelos de los abogados. Oriundo de Inglaterra y luego exportado a sus colonias, este sistema concede un peso enorme al precedente judicial como fuente formal de creación del derecho. Los abogados migratorios tienen que estar al tanto de los nuevos fallos que, al sentar precedentes, inclinan la balanza en una u otra dirección. Como consecuencia de los resultados de algunos juicios, ser perseguido por pandillas es cada vez menos un motivo admisible para obtener el asilo. En algunos casos, ser víctima de la homofobia sí lo es. Pero no hay garantía de éxito y menos aún de premura. Un año de intervalo entre dos comparecencias ante un juez de inmigración es moneda corriente.

CENTROAMERICANOS: NO REFUGIABLES

Las cifras son el elocuente síntoma de la complicación de los casos. En el año 2013, 11,598 centroamericanos solicitaron refugio en Estados Unidos: 4,649 salvadoreños, 4,314 guatemaltecos y 2,635 hondureños. Sus países de origen ocuparon los lugares cuarto, quinto y séptimo en solicitudes de asilo. Estados Unidos es el refugio “natural”, el destino prioritario de los centroamericanos. Concentra el 95% de las 12,197 solicitudes de refugio que gentes de esas nacionalidades presentaron ante países industrializados. En el caso de salvadoreños y guatemaltecos, tenemos cantidades de aplicantes muy cercanas a las de mediados de los años 90, cuando la guerra apenas había finalizado oficialmente.

Los hondureños están enfrentándose a un fenómeno relativamente nuevo y en explosión, pues en 1996 sólo hubo 1,266 nuevos solicitantes de asilo procedentes de Honduras y entre 2000 y 2005 las solicitudes apenas oscilaron entre 236 y 373. El parteaguas en la búsqueda de asilo de los hondureños fue el año 2011, con 1,351 solicitudes nuevas que duplicaron con creces a las del año anterior, pero de monto moderado comparadas con las 2,066 de 2012. Sin embargo, solamente 141 hondureños obtuvieron asilo por la vía afirmativa y 93 por la vía defensiva.

En 2012, guatemaltecos, salvadoreños y hondureños presentaron 11,598 peticiones. Ese año sólo 1,097 solicitantes fueron beneficiados. Explorando una ruta menos aleatoria, algunos centroamericanos solían pedir refugio antes de llegar a Estados Unidos: el asilo se pide una vez dentro del país, el refugio se solicita desde fuera. Las casillas de refugiados centroamericanos en Estados Unidos lucen desangeladas. A priori, los centroamericanos no son refugiables. Por eso lo intentan a posteriori.

LOS DERECHOS HUMANOS DEPENDEN DE LOS ESTADOS-NACIÓN

Un firme espaldarazo de ACNUR a esas solicitudes quizás hubiera servido de recomendación nada despreciable. Pero las palabras de este organismo de la ONU tuvieron la tibieza de quien no pone la carne en el asador. ACNUR recomienda reconocer las necesidades de protección internacional que tienen los menores centroamericanos y asegurar que se les proporcione seguridad a su arribo, detectando sus necesidades internacionales de protección. No imputa compromiso “nacional” alguno para esas necesidades “internacionales”. Y así se mantiene fiel al espíritu y a la letra del artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que reza así: “En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar y disfrutar asilo en otros países”. El inquietante detalle es que la declaración no proclama el deber de otorgar ese asilo.

El humanitarismo universal resulta inoperante si no aterriza en compromisos de los Estados-nación. Por eso sigue siendo válido lo que Hannah Arendt escribió hace más de seis décadas en “Los orígenes del totalitarismo”, cuando señaló que la multitud de apátridas y refugiados que la Primera Guerra Mundial dejó como ominoso sedimento había disuelto la ilusión de los derechos humanos, pues sólo de los Estados-nación depende permitir o impedir que esos derechos se ejerzan, no obstante su presunta independencia de todos los gobiernos, inscrita en el adjetivo “inalienables”. Los refugiados apátridas mostraron que la pérdida de los derechos nacionales es idéntica a la pérdida de los derechos humanos, una suerte de amargo homenaje a Edmund Burke, detractor de la Revolución Francesa y de su declaración de derechos.

LOS OBISPOS HICIERON EXIGENCIAS DIRECTAS AL GOBIERNO DE OBAMA

A esos derechos humanos vagos, abstractos y especulativos, Burke oponía los derechos de los ingleses, constatables, concretos y tangibles. Ese limbo legal se presume anulado por la Convención sobre el estatus de los refugiados, cuyos artículos 31 y 33, sobre los “refugiados que no están legalmente en el país de refugio”, establece que los Estados firmantes “no penalizarán su entrada o presencia ilegales ni los expulsarán hacia territorios donde sean amenazadas sus vidas o su libertad”.

Sin embargo, no es con base en este compromiso que Estados Unidos no realiza una expulsión expedita de los menores, sino por la aplicación del estatuto anti-trata que concitó el acuerdo de republicanos y demócratas en 2008 y obliga a revisar sus casos en las cortes migratorias. Una vez más, sólo un tangible acuerdo nacional dio concreción a un derecho abstracto.

El documento de la Conferencia de Obispos de Estados Unidos contiene advertencias más atrevidas y explícitas: “Negarles el asilo y enviarlos de regreso a las pandillas y narcotraficantes que los persiguen podría asegurar su muerte”.

Ocurriría así literalmente lo que el filósofo político Giorgio Agamben postula como analogía: “Cuando sus derechos humanos ya no son derechos del ciudadano, el hombre se hace verdaderamente sagrado, en el sentido que tiene este término en el derecho romano arcaico: consagrado a la muerte”.

Para evitar esa consagración, los obispos hicieron exigencias directas al gobierno estadounidense: fortalecer las medidas de protección para los niños no acompañados, incluyendo el rastreo de sus familias y la búsqueda de una reunificación. Pero es un hecho que el gobierno ya estaba haciendo mucho de lo que la Conferencia pidió, como se puede inferir del hecho de que el 96% de los menores no acompañados esté actualmente con sus familiares, de acuerdo a las declaraciones de Kenneth J. Wolfe, vocero del Department of Health & Human Services.

LA JUVENTUD NO ES MÁS QUE UNA PALABRA

El talón de Aquiles de la estrategia de los organismos humanitarios ha sido optar por una vía minimalista, con la plausible intención de proteger a los más débiles: abogar por los niños y no por los adultos, que también cruzan huyendo de idénticas violencias.

Buscan proteger a los más desprotegidos. Pero, en la evitación de la suma injusticia hacia los menores, por aquello de summum ius summa iniuria, recuestan a los migrantes en el lecho de Procusto. Eliminan lo que sobra, lo que se sale del conmovedor retrato que muestra rostros infantiles clamando por asilo. Lo que no cabe en la lacrimógena tarjeta postal que pueden vender a sus donantes.

Es cierto que los organismos humanitarios libran la lucha por los adultos en muchos otros frentes. Es sabido que la causa de los infantes tiene la -real o potencial- ventaja de concitar más apoyo. Y es constatable que algunos instrumentos legales han abierto para los menores -aunque no de par en par- ventanillas de acceso al sueño americano. Pero la mutilación de la realidad migratoria desplaza la argumentación desde el eje “violencia” hacia el eje “niñez”. Y el asilo es un tema que se juega y ha jugado históricamente en el eje “violencia”.

La mayoría de los “niños” de los que se está hablando tienen entre 15 y 17 años. Los que son llamados “menores” por los organismos humanitarios no son siempre considerados como tales por los funcionarios del ICE. Quizás por una voluntad de aplicación indiscriminada de la ley. Quizás porque saben que esos menores ya no son culturalmente menores, pues tienen años de trabajar e incluso hijos a quienes mantener. O tal vez porque intuitivamente saben lo que Bourdieu, en una entrevista conocida como “La juventud no es más que una palabra”, nos recuerda: “El reflejo profesional del sociólogo es señalar que las divisiones entre las edades son arbitrarias. Es la paradoja de Pareto, cuando dice que no se sabe a qué edad empieza la vejez igual que no se sabe dónde empieza la riqueza”.

¿EL RASGO “NIÑEZ”O EL PROBLEMA “VIOLENCIA”?

Bourdieu también sostuvo que “la representación ideológica de la división entre jóvenes y viejos otorga a los más jóvenes ciertas cosas que hacen que dejen a cambio otras muchas a los más viejos. Parece que uno de los efectos más fuertes que tiene la situación del adolescente proviene de esta especie de existencia separada, que le deja socialmente fuera de juego”. En el caso que nos ocupa, esa distinción arrebata a los más viejos las concesiones que el aparato estatal está dispuesto a conceder a -y unos organismos humanitarios a demandar para- los más jóvenes.

Pero los defensores de los menores no sólo han jugado con esa arbitrariedad refrendada en la ley. Emprendieron también una lucha que se concentra en el rasgo “niñez” -que tienen muy pocos de los que migran- y no en el monumental problema “violencia” y sus raíces, que afectan a la mayoría: niños, jóvenes y adultos. Podemos -y debemos- ampliar el rango para abarcar a quienes son más afectados por la violencia. Hasta llegar al menos a los 30 años de edad. Pues, ¿quién le pone límites de edad a la violencia? Como no se le pueden imponer límites a la violencia, se trazan líneas de edades para contener la mezquindad del asilo.

UNA DICOTOMÍA MANIQUEA: NIÑOS INOCENTES, ADULTOS DELINCUENTES

Sin duda inspirados en un honesto interés por los niños, los organismos humanitarios han insistido en que sean beneficiados con el asilo… aunque a ACNUR le basta con que sean asistidos. Pero ese minimalismo, junto al desplazamiento del problema “violencia” hacia el rasgo “minoría de edad”, conduce a esta idea: Para los centroamericanos como niños, todo. “Para los centroamericanos como pueblo, programas de retención y disuasión migratoria”, una variante del probadamente nefasto “Para los judíos como individuos, todo. Para los judíos como pueblo, nada”.

Asumiendo las reglas de la economía política de la compasión eso significa reforzar una dicotomía que va directamente contra los esfuerzos pro-inmigrantes. En esa dicotomía maniquea, los niños son inocentes, forzados a migrar y expuestos a abusos. Los adultos aparecen como delincuentes por ilegales, alevosamente migrantes y abusadores.

La fetichización de un rango de edad no es en absoluto inocua. 18 años: antes y después. Ahí se sitúa la delgada línea que separa a los dignos de compasión de aquellos a quienes debe aplicarse la ley con todo su rigor. ACNUR habla del desplazamiento de niños “y de otros”, sin mencionar que esos otros no niños constituyen la inmensa mayoría de los desplazados.

ACNUR apela al humanitarismo que puede mover a compadecerse más -o exclusivamente- de los niños que del resto de desplazados, entre los cuales también pueden estar personas muy vulnerables y vulneradas, como mujeres violadas o vapuleadas por sus maridos, homosexuales asediados por homofóbicos, ex-guerrilleros huyendo de viejas vendettas, vivanderas acosadas por extorsionistas… La niñez es el mínimo común al que los organismos apuestan para que se multiplique el asilo. Pero la violencia es el máximo común denominador que respalda sus solicitudes.

ESTADOS UNIDOS TIENE MUCHA RESPONSABILIDAD

El enfático estribillo de la defensa de una niñez que huye de la violencia caótica tiene el efecto de que Estados Unidos aparezca únicamente como un oasis casual, relacionado con esta dramática situación únicamente por ser una nación próspera y un remanso de paz. Pero no se puede eludir que la violencia en Centroamérica tiene un vínculo con Estados Unidos.

El gobierno de Estados Unidos tiene una responsabilidad directa en la producción de aquellos polvos anti-insurgentes de los que vinieron estos lodos delincuenciales que atizan y protagonizan la violencia, según se desprende del testimonio de los migrantes y de cualquier esfuerzo serio por historizar la violencia y sus instrumentos: las armas y los recursos humanos. La violencia debe ser historizada para que aparezcan sus líneas de continuidad. El eje “menores” escamotea esa historización y sus razones políticas. Permite que los nuevos refugiados sean tratados como gente sin historia, a quienes no se pregunta de qué polvos vienen los lodos de los que huyen ahora.

Esta historización tropieza con los diques del optimismo de postguerra, una visión teleológica de la historia, y de la inducida convicción de que estamos en una era novedosa. Por eso la violencia actual suscita tanto desconcierto. La perplejidad ante la violencia actual en Centroamérica se basa en el supuesto de que la violencia epidémica es una situación anómala reservada a los períodos de guerra, de colapso económico y de extrema anomia estatal.

Los acuerdos de paz de Nicaragua (1990), El Salvador (1992) y Guatemala (1996) -con la concomitante jubilación de Honduras como plataforma de tres ejércitos extranjeros- atizaron la esperanza de que la región le estuviera dando el esquinazo a la inveterada violencia. Al menos cuatro cambios se avizoraban: las décadas de militarismo habían tocado a su fin, la opción por la violencia como medio predilecto para dirimir las diferencias políticas sería una curiosa pieza de museo, el bono de la paz liberaría recursos productivos y la inversión extranjera fluiría a cantaradas.

Todas estas previsiones se realizaron, pero no en la medida y dirección esperadas. La reducción de los ejércitos abonó al crimen organizado, con el que militares activos y retirados pudieron consolidar un poder soterrado y homicida, por todos conocido, aunque tildado de “poder oculto”.

La opción por la violencia se diseminó más al desaparecer su monopolio en manos estatales. El bono de la paz fue una quimera porque los mecenas de la guerra empezaron a soltar a cuenta gotas las dádivas que antes repartían a manos llenas.

La inversión extranjera se concentró en la compra de empresas existentes, en el comercio de artículos importados y en la generación de empleos de subsistencia en las maquilas, reforzando la dependencia externa, la exportación de los beneficios y la precariedad laboral.

En lugar de la bonanza anunciada, los países centroamericanos siguen siendo escenarios de violencia y base del crimen transnacional organizado. Están expuestos a los cuatro peligros enunciados por el sociólogo Edelberto Torres-Rivas: la reversión de las democracias aún no consolidadas, la ubicuidad de la violencia, la trivialización del horror y el terrorismo de Estado.

VIOLENCIA, INJUSTICIA, CORRUPCIÓN, IMPUNIDAD

El optimismo del bono de paz -financiero y social- se basa en el supuesto de que la violencia corresponde a etapas primitivas de la evolución histórica y que, a medida que una sociedad avanza hacia estadios superiores de civilización, se va distanciando de las altas tasas de homicidio intencional y otras manifestaciones de violencia. Éstos son supuestos ideológicos carentes de sustento empírico. Son mero pensamiento colmado de deseo, wishful thinking, como dicen en el Norte.

Los pogromos, el holocausto nazi y, para citar un hecho que la memoria tiene más fresco, la guerra de Kosovo, han mostrado la realidad de la teóricamente impensable convivencia de modernidad y barbarie, civilización y holocausto, democracia e incremento de los asesinatos. Aquellos que investigan la violencia -recomienda el sociólogo Hans Joas- no sólo han de mantener una distancia metódica de la fe en el progreso, sino que también deben procurar una inmersión en la historia de la violencia, “que permita ver lo tortuoso e inseguro que es cualquier camino hacia el progreso y cómo la construcción retrospectiva de líneas rectas que van del pasado a un presente bueno, o a un futuro aún mejor, las más de las veces sólo representa una ilusión óptica del observador”.

De la misma opinión es el filósofo político John Gray: “Al ampliar el poder humano, la ciencia ha generado la ilusión de que la humanidad puede cargar sobre sus espaldas su propio destino. Surgiendo como consecuencia de un torrente de invenciones, el mundo moderno cree que ha dejado atrás el pasado”. Y añade: “Las diferencias étnicas y religiosas, la escasez de recursos naturales y la colisión de valores contrarios constituyen constantes fuentes de división. Esos conflictos no pueden ser superados, sólo pueden moderarse”.

Los países centroamericanos están padeciendo la paradoja de la democracia brasileña, tal y como la desmenuza James Holston: precisamente cuando la democracia intenta echar raíces, la violencia, la injusticia, la corrupción y la impunidad han crecido dramáticamente. Como resultado, muchos brasileños -y centroamericanos- se sienten menos seguros bajo la democracia representativa, tan difícilmente alcanzada, y sus cuerpos están más amenazados por la violencia de cada día que por la represión de las dictaduras y sus regímenes militares. Un ominoso signo de los tiempos proviene de una semejanza que parece fuera de época: en 1982-1984, durante pleno fogueo del conflicto bélico, los jóvenes varones de El Salvador eran asesinados a razón de 249.3 por cada 100 mil. Dos décadas después, en 2005, la tasa llegó a 223 por cada 100 mil.

HAY QUE HISTORIZAR NUESTRAS VIOLENCIAS

Según Holston, al mismo tiempo que una generación de ciudadanos insurgentes democratizaron el espacio urbano y aspectos claves de su planificación -creando un acceso a los recursos sin precedentes-, un clima de miedo e incivilidad vino a permear los encuentros públicos, produciendo abandono de los espacios públicos, fortificación residencial, criminalización de los pobres y apoyo a la violencia policial.

La mayor parte de este planteamiento aplica a Centroamérica, con la salvedad de que en el istmo no se ha producido una democratización del espacio urbano ni una insurgencia ciudadana que gane derechos, sino lo que Dennis Rodgers llama “la rebelión de las élites”, perceptible en el reacondicionamiento de la ciudad para que las élites puedan desplazarse por espacios seguros entre sus zonas residenciales, sus locales de trabajo y los centros donde buscan esparcimiento.

La versión extrema de esa desimbricación de las élites está en Guatemala -quizás pionera a la que otros países seguirán- y se llama Paseo Cayalá, una ciudad privada de 14 hectáreas protegidas por un muro perimetral, donde los opulentos escenifican el artificioso aislamiento que dramatiza La Zona (2007), el film mexicano de Rodrigo Plá. En ese apacible útero hay viviendas, clínicas, barberías, tiendas, 47 restaurantes, cuatro sucursales bancarias, oficina municipal, cines, un Partenón, campanario, parques y una reserva para hacer canopy en un país donde el metro cuadrado de terreno se cotiza como si estuviera tapizado con tisú. “Para mí, Cayalá le brinda una nueva oportunidad al guatemalteco sin el miedo de fracasar frente la violencia”, dijo Diego Algara, director general de una empresa que posee dos restaurantes y una discoteca. “Yo me mudé aquí por la conveniencia y porque no me siento seguro en otras partes de la ciudad”.

Las principales manifestaciones de la violencia, de las que huyen las élites hacia sus ciudadelas con barrotes de marfil y los sectores populares hacia Estados Unidos, son muy intrincadas. Se resisten a los retratos economicistas, moralistas y desarrollistas. En un mundo secularizado las motivaciones materiales para dar razón de actos sociales han ganado relevancia. Se menciona la pobreza, el interés por un lucro desmedido, la inequidad, las luchas por recursos escasos y otros elementos presentes en sociedades violentas. Pero esas causas no suelen tener un valor explicativo del cómo y del sentido que dan los protagonistas. Ni de cómo la experimentan y enfrentan sus víctimas.

LAS RAÍCES DE TANTA VIOLENCIA

Decir que la violencia proviene de la voracidad de los oligarcas, como hace Joaquín Villalobos en “Niños inocentes y oligarcas voraces”, amén de olvidar la dieta pantagruélica del capital transnacional y la transnacionalización de las élites locales con su concomitante menor involucramiento en la política local, sólo repite un viejo estribillo y no añade un gramo a la comprensión del fenómeno.

Su aserto puede ser tan “técnicamente” plausible como en la Edad Media era “teológicamente” verosímil que todos los males provenían de la manzana que Adán y Eva devoraron ávidamente a contrapelo de la advertencia divina. Pero quedarse en esas “raíces” del mal no tiene mucho valor explicativo porque no da cuenta de la polimorfa gama de violencias, no la historiza y tampoco atiende a sus rasgos actuales. Y, lo que es más importante para el asunto en cuestión, no puede servir de argumento para respaldar las demandas de asilo.

LA DEMOCRATIZACIÓN DE LA VIOLENCIA

Tanto como las motivaciones importan los rasgos de la violencia. Uno de los más significativos es la democratización de la violencia como secuela del armamentismo y del declive estatal. Los académicos holandeses Dirk Kruijt y Kees Koonings han sostenido que a las postguerras siguió en América Latina un período en el que el Estado perdió el monopolio de la violencia y entramos a una etapa en que los medios y el ejercicio de la violencia se encuentran ampliamente diseminados. La guerra dejó los medios y el “saber-cómo”. La postguerra trajo el menor papel del Estado como proveedor de empleo. Y disminuyó tanto su vertiente dura-patriarcal como la veta asistencialista-maternal: debilitó su capacidad coercitiva y redujo su cartera social.

Éste es un rasgo que pone en evidencia precisamente la falta de “motivos” que puedan ser presentados para solicitar asilo en términos racionales. Por eso escapa a las explicaciones materialistas. Así lo cuenta el salvadoreño Chepe Melgar: “Antes, si no había un muerto, no había alegría. Porque la gente, cada vez que se oía de un muerto, decía que era carne fresca. Hay tamales, hay café en el velorio, decían. Ésa era la alegría de la gente ahí en ese pueblo. ¿Usted cree que esa gente tenía temor a Dios? No tenían amor a la vida. Iban antes con bombas los militares. ¡Bum! Tiraban una bomba en una fiesta: sin ojos, sin pieses la gente, muertos sin tripas. Hay unos que ahí están con sus tripas añadidas. Hay un cantón que le llaman El Palón (en Lolotique, San Miguel), donde hace pocón que llegaron a matar como a cinco personas con AK-47. Bolitos. De los bolitos que juegan naipes ahí en la calle. Usted sabe que hacen redondeles. Hay gente que se acostumbra a buscar un lugarcito donde haya unas piedras, se sientan y dicen a jugar naipes. Pasó un grupo de esos mareros y con un AK-47 mataron a cinco personas. Ése es todo el lema de ellos: matar gente. Y no supieron quién fue. Ni por qué”.

Así lo percibe también Sergio Argueta: “Viví un año en la capital de Guatemala. Una vez yo estaba platicando con un amigo. Vino alguien en una moto y le disparó. Así nomás. Por nada”. “Porque se puede”, podría haber dicho. O porque sobran los medios con qué hacerlo.

Cuando yo mismo viví tres años en el Valle del Aguán, en Honduras, asesinaron a una de mis mejores amigas. Alba era coordinadora de un grupo juvenil de la iglesia católica en Quebrada de Arena. Un mal día, al billar de la familia entró un conocido y, sin apenas mediar palabra, le disparó un tiro certero al corazón. ¿Podría ella haber solicitado asilo con alguna probabilidad de éxito? ¿Qué podía aducir para respaldar esa solicitud? El asesino buscaba una pistola, de ésas que pasan de mano en mano y que el hermano de Alba se había negado a venderle. Una vida truncada por un asunto tan baladí.

LA MUERTE SIN IDEOLOGÍA

La democratización de la violencia no deja siquiera la dignidad de dar un sentido a la muerte porque, a diferencia de la violencia que predominó en los años 80, es una violencia desideologizada. Y la desideologización es, como dijo el sociólogo polaco Zygmunt Bauman, una bendición dudosa.

Esta democratización tiene consecuencias para el refugio. Los migrantes son “inocentes”. Pero lo son en el sentido de Arendt: carencia total de responsabilidad, marca de la falta de derechos y sello de su pérdida de estatus político. No sólo no se han involucrado en actividades políticas que ameriten su persecución. Su problema de cara a la actual legislación de asilo es que no pueden esgrimir la pertenencia a grupos que sean objetos específicos de persecución.

La democratización de la violencia, ese rasgo que la hace tan impredecible y ubicua, exhibe la aterradora particularidad de que golpea sin distinción. Lo que Arendt denominó “la imprevisibilidad absolutamente penetrante” de la violencia se observa aquí bregando a pleno pulmón. Ningún grupo religioso, político o étnico, puede aducir convincentemente estar en el ojo de la espiral de la violencia. Por eso los casos se debaten individualmente. El requerimiento de persecución grupal bloquea a priori cualquier intento de asilo en masa.

Muchos de los testimonios que escuché durante mis entrevistas en Estados Unidos son como el de Sofía Villatoro de Quetzaltenango, relatos de la huida de una violencia despolitizada, democratizada y ubicua, indicios también de una communitas en recomposición. O en descomposición: “Vine en el año 99. Tenía 9 años. Mi abuelita fue la que me envió con un coyote. Pensó que era muy peligroso seguir en Guatemala y que yo estaba muy grande. Más que todo, yo siempre estaba en la casa porque mi abuelita tenía mucha pena de que me fueran a secuestrar sabiendo que mis papás estaban acá en Estados Unidos. Nos habían entrado a robar a la casa como cinco veces ya a punta de armas. Por eso mi abuelita estaba muy preocupada por mí”.

De momento, Sofía está amparada por la Convention Against Torture (CAT), recurso con el que la juez cerró su caso de deportación: no por ser menor, sino en atención a la violencia de su entorno en Guatemala y posiblemente también porque su caso había sido publicitado en un importante medio local.

UNA DISEMINACIÓN MASIVA DE ARMAS

La violencia “siempre necesita herramientas”, sentenció Arendt. La condición de posibilidad de la democratización de la violencia es la diseminación de armas. Castellanos y Godnick han sostenido que los acuerdos de paz en Centroamérica y el subsiguiente desarme no anticiparon el grado en que el armamento fluiría desde los grupos rebeldes, los paramilitares y las instituciones militares hacia las manos de ciudadanos particulares. El resultado es un cúmulo indefinido de armas privadas no registradas. Muchas de las armas que actualmente circulan entre delincuentes, mareros, sicarios y ciudadanos comunes son parte de los residuos del período de guerra.

Este remanente explica, según Jon Wolseth -especialista en maras hondureñas-, por qué los grupos criminales pueden complementar el recurso a las omnipresentes pistolas, revólveres y chimbas con el uso de armas pesadas automáticas o semiautomáticas como AK-47 y Uzi, granadas e incluso bazucas. Pero lo cierto es que las armas no sólo son un remanente de la guerra. Existe un robusto y afanoso mercado ilegal de armas que desafía la regulación pública y drena municiones y armas de los arsenales de las fuerzas públicas hacia manos civiles.

El periodista mexicano Diego Enrique Osorno nos explica que “los Gun Shows, las ferias de armas en ciudades fronterizas son las principales fuentes de abastecimiento de cuernos de chivo (AK-47), rifles AR-15 y pistolas Beretta. Aquí no hay ningún secreto. No se trata de grupos clandestinos. A lo largo de la frontera hay más de cien mil permisionarios que la venden con la bendición de la ley”. Desde allí las armas fluyen hacia los narcos y hacia el sur.

ARMAS DE ESTADOS UNIDOS QUE SE VENDEN EN MÉXICO

En “Tráfico de armas en México”, Magda Coss Nogueda nos cuenta que “cerca de la frontera con México, en Texas, es más fácil comprar un arma que surtirse de gasolina”, que “casi 2 mil armas de fuego entran diariamente a México procedentes principalmente de Estados Unidos” -entre 2000 y 2008 entraron 5 millones de armas ilegales- y que muchas de las armas rastreadas han sido encontradas en Guatemala.

El Cártel de Tepito tiene al menos 35 puntos de venta de armas, procedentes de Estados Unidos o de los robos de armas a la Secretaría de Defensa Nacional -la Sedena-, que llegan al 60% de las armas decomisadas. De hecho, en 1994 “40 toneladas de armamento adquirido por la Sedena a los Estados Unidos, transportadas en aviones militares, habían sido entregadas a narcotraficantes”.

El 40% de las armas rastreadas, después de haber sido introducidas ilegalmente a México, provienen de Texas: Houston, Dallas y McAllen. Pero también vienen de Asia y Europa y llegan a Centroamérica: “Guatemala y Nicaragua son los dos países en los que se han encontrado más vacíos en la vigilancia”. Estados Unidos también tiene un peso notable y creciente en el mercado legal de armas en la región, notorio en El Salvador, que pasó de gastar en pertrechos bélicos estadounidenses 473 mil dólares en 2006 a 3.3 millones en 2013, el 47% del total de sus compras de armas y municiones.

¿LAS MARAS SON LA PRINCIPAL AMENAZA?

Explotando esa disponibilidad de armas, las maras han cultivado fama de temibles y a sus detractores les han facilitado la tarea de construirles una leyenda negra que recorre el mundo en documentales, reportajes de la BBC, aterradoras semblanzas del History Channel y libros como “De los maras a los Zetas”, donde plumíferos inescrupulosos aseguran que miembros de las maras han estado en Afganistán recibiendo entrenamiento terrorista y están construyendo un corredor desde Colombia a Los Ángeles para el tráfico de drogas e indocumentados.

Las maras han sido oficialmente presentadas a la opinión pública como la principal amenaza a la seguridad ciudadana en la región e incluso como nuevos insurgentes urbanos capaces de hacerse con el control del Estado. La construcción de estos imaginarios tienen una pretensión deliberadamente hiperbólica y conducente a una criminalización de los jóvenes, que no guarda proporción con su participación real en la violencia, y que, sobre todo, está intrínsecamente ligada a ciertos mitos nacionales, a la producción de estereotipos organizadores del discurso y a una voluntad de volver al Estado artillado de un pasado no tan lejano. También eluden la profundización en un fenómeno del que muy poco sabemos y carga las tintas inyectando combustible al populismo punitivo que allana o hunde carreras políticas.

¿DÓNDE NACIERON LAS MARAS?

Tal y como las conocemos en la actualidad, las maras se formaron de la hibridación de pandillas criollas con una vertiente transnacional. La denominación “mara” fue inicialmente aplicada a la Mara Salvatrucha, compuesta por salvadoreños y oriunda de Los Ángeles. Esa pandilla se convirtió en una plataforma institucional de reafirmación para una cohorte de salvadoreños que migraron en los últimos años de la guerra civil en su país y encontraron hostilidad en grupos de latinos ya establecidos en Pico-Union, Los Ángeles. Eventualmente, esa mara adquirió el control territorial de la calle 13 y pasó a ser conocida como Mara 13 y a sostener enfrentamientos con los pandilleros de la calle 18 (Barrio 18, que existía desde los 60), en una rivalidad que trocó el eje nacionalista por un eje territorial.

Siguiendo una trayectoria que no ha sido suficientemente elucidada, esas maras fueron absorbiendo a las pequeñas pandillas previamente existentes en Guatemala, Honduras y El Salvador. Hasta que su marca corporativa transnacional se impuso a la miríada de pandillas locales y dio paso a las que acaso sean las primeras pandillas “glocales”: funcionan más como una red de clicas donde los vínculos transnacionales no han ahogado la autonomía local.

Esa fusión fue posible por la masiva deportación de algunos de los mareros, que iban incluidos entre los centroamericanos expulsados desde Estados Unidos con cargos criminales entre 1993 y 1998: 7,223 salvadoreños, 4,274 hondureños y 3,638 guatemaltecos. Representaron el 41, 25 y 24% de los deportados de esas nacionalidades. Este origen dejó vestigios en un cordón umbilical que siguió uniendo a las maras centroamericanas con sus homólogas de Los Ángeles mediante una activa circulación de miembros, reglas, directrices, respaldo internacional y fondos para compra de armas.

LAS MARAS RECHAZAN CON VIOLENCIA A QUIENES LOS RECHAZAN

Con esta reorganización glocal, los estigmatizados hicieron del estigma un emblema. Bauman explica algunos aspectos de la violencia como reacción de los excluidos ante los cambios en una posmodernidad que los discrimina y que mantiene al marginado “en su forma de forastero. Se lo despoja de su singularidad individual, personal, de lo único que impide los estereotipos y supera o mitiga el impacto reduccionista de la ley, incluso del derecho criminal”. Puesto que el rechazo y la exclusión del Estado-comisario buscan “que el rechazado-excluido acabe por aceptar su imperfección e inferioridad social, no es casual que las víctimas se defiendan. Antes que aceptar sumisamente el rechazo y convertir el acto oficial en un autorrechazo, prefieren rechazar a quienes los rechazan”.

El rechazado hace del rechazo un emblema y “recurre al único medio a su alcance que contiene un cierto grado de violencia”: reincide y se torna más violento. En esa suerte de populismo punitivo que intercambia votos por palo y fuego, a falta de pan y circo, los gobiernos centroamericanos se impusieron la tarea de señalar nuevos enemigos públicos, siempre entre los jóvenes, cambiando el discurso de la seguridad nacional por el de la seguridad ciudadana, pero reproduciendo sus viejos hábitos homicidas en forma de operativos de limpieza social en calles y cárceles. Incendios “accidentales” y armas misteriosamente introducidas en las prisiones diezmaron a los mareros y atizaron su rabia.

En “El dolor de la ausencia”, el periodista Manuel Torres da cuenta de la cruzada sin tregua, contra mareros y no mareros, que produce crímenes como el caso de los Cuatro Puntos Cardinales, que culminó con la condena del Estado de Honduras por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (21 septiembre 2006) por “la ejecución de cuatro jóvenes adolescentes que habían sido detenidos (como presuntos mareros) por fuerzas de seguridad del gobierno en un 15 de septiembre de 1995…

Los cuerpos de los infortunados jóvenes aparecieron posteriormente en cuatro puntos diferentes de la ciudad, con signos inequívocos de ejecución, señales de tratos crueles y torturas y asegurando su muerte certeros disparos en la cabeza, utilizando la misma arma en todos los crímenes”. Operativos del mismo tenor produjeron en Honduras 1,068 ejecuciones extrajudiciales de menores de 23 años en 2011, 911 en 2012 y más de 300 hasta abril de 2014, de acuerdo a denuncias de Casa Alianza, que la policía hondureña cobró a su director con una paliza a cielo abierto y torturas durante su detención.

DIMENSIONAR LA VIOLENCIA DE LAS MARAS

Los organismos humanitarios no mencionan que las maras actúan en este denso caldo. Uniéndose al coro que busca un chivo expiatorio, no fue “peccata minuta” de sus informes machacar con tanta insistencia sobre la violencia proveniente de las extorsiones, palizas y reclutamiento forzoso de las maras, aun cuando esa insistencia esté motivada por el deseo de establecer de una vez por todas que la persecución de las maras es causa suficiente para obtener asilo.

Apelando a la leyenda negra diseminada por los medios de comunicación, mencionaron reiteradamente que los niños huyen de las maras. Y por amor a los niños, pero dejando de lado que también muchos de los mareros son menores, echaron granos y carretadas de arena a la criminalización de los jóvenes y a la agenda del terror que infla soluciones y presupuestos policíacos.

Existe una clara desproporción entre los testimonios que recabé durante mi reciente gira por la frontera entre México y Estados Unidos y el protagonismo atribuido a las maras en los reportes. Celvin Paguada y Zacarías Orellana, cobradores de bus en Tegucigalpa, me dijeron: “Salimos de ahí porque no aguantábamos más las extorsiones de los mareros”. Pero su testimonio no es prototípico. La mención de las maras debe guardar proporción con la violencia que cabe atribuirles -no todos los delitos son de pandilleros ni el pandillerismo consiste en la comisión de delitos-, debe atender a su origen -como señaló la investigadora Sonja Wolf, Estados Unidos buscó “deshacerse de un problema de cosecha propia a través de las deportaciones”- y debe tener presente que las pandillas son tan violentas como el contexto en el que operan: la represión del gobierno, el emprendedurismo altamente competitivo y las técnicas de mercadeo de los narconegocios han acicateado su belicosidad.

LOS TENTÁCULOS DE LA VIOLENCIA DEL NARCO

El uso que el crimen organizado hace de la violencia es una herramienta selectiva para regular el mercado en una industria etiquetada como ilícita por el Estado. En términos más simples: donde hay un monopolio de la plaza o un equilibrio de su distribución, la violencia es considerablemente menor.

La violencia relacionada con la droga no es inevitable ni imprevisible. Obedece a un patrón relativamente fácil de discernir: lucha por la plaza, lo que deja como secuela el descabezamiento de cárteles y sus coyunturales y recurrentes cambios en la correlación de fuerzas.

Ésa es una poderosa razón por la cual la Nicaragua de la postguerra, donde un sólo grupo monopoliza hoy la plaza y cobra el peaje a los distintos cárteles, no ha sido tan sacudida por la violencia como lo están siendo sus vecinos. Los territorios donde impera la narcoviolencia suelen ser plazas en disputa.

LO DICE EDUARDO BUSCAGLIA Y LO SABE CHEPE MELGAR

El experto en narcotráfico Eduardo Buscaglia sostiene que la narcocracia mexicana ha extendido sus tentáculos y sus disputas allende sus fronteras.

“Cuando grupos criminales mexicanos como Los Zetas pisan territorio guatemalteco y van a lugares como Zacapa, lo primero que hacen es comprar a las autoridades. Además de comprar a las autoridades locales, debido a que es un país con muy poca gobernabilidad política, llegan incluso hasta la oficina de Álvaro Colom para comprar a sus asesores y funcionarios cercanos; además colocan micrófonos en la oficina presidencial. Eso significa generar inestabilidad política. Al presidente Colom le han intentado hacer un golpe varias fuerzas políticas que fueron compradas por Los Zetas o alternativamente por el cártel de Sinaloa, dos grupos que desde hace tiempo tienen una pugna en Guatemala”, dice Buscaglia.

En esas arenas letales y movedizas, con la vida pendiente de un hilo, se han jugado y juegan el pan de cada día muchos centroamericanos. Como Chepe Melgar, que ahora vive en Virginia, pero que en su pueblo natal fue aterrado testigo del ingenio de los narcos: “Por trenes viajaba por México la droga. Hay otro narcotraficante dueño de toda esa zona. A ése no le hacen nada. Tiene una flota de taxis para repartir la droga. Piensan que gentes andan, y mera droga andan. Ahí en La Unión está. Ha hecho una atunera. Pero a esa atunera llega la droga. Son de esas latas de atún. Meten la droga en lata y la transportan. Eso todavía existe”. Es el mismo ardid del Chapo Guzmán: exportar cocaína embutida en latas de chiles jalapeños e introducirla a Estados Unidos por ferrocarril. Melgar también fue testigo de matanzas durante la guerra civil y sabe que unas experiencias y otras están asociadas.

NARCOS: UNA HERENCIA DE LOS AÑOS 80

A diferencia de Buscaglia, Melgar sabe que la narcocracia no es reciente. La narcocracia no es un fenómeno nuevo en la región. Nuevas son las sangrientas disputas y el protagonismo mexicano, que parece haber sustituido a otro actor más prominente. La actual narcoviolencia -de la que hoy escapan los centroamericanos- se asienta históricamente en el trípode que en los años 80 formaron la Central de Inteligencia norteamericana, los militares de la región y los narcotraficantes.

Anabel Hernández, una de las más acuciosas investigadoras sobre este tema, nos muestra la impunidad que la colaboración con los operativos contrarrevolucionarios aseguraba a los narcos: “El 6 de julio de 1990, Lawrence Víctor Harrison hizo la siguiente declaración en el estrado de la corte federal de Los Ángeles, California, ante una sala vacía: ‘Miguel Ángel Félix Gallardo (el jefe de jefes en los 80) me dijo que él pensaba que sus operaciones de tráfico de drogas eran seguras porque él suministraba armas a la Contra nicaragüense”’. Proveedor de aparatos de radio para el ahora extinto -o reciclado- cártel de Guadalajara, Harrison también declaró que en el rancho de Rafael Caro Quintero -liberado en 2013 después de 28 años de prisión por el asesinato del agente encubierto de la DEA Enrique Kiki Camarena- hubo un campo de entrenamiento de la Contra. “Mi impresión es que la operación era ahí por orden del gobierno americano”, testificó Harrison.

El agente de la DEA Héctor Berrelles, responsable de la Operación Leyenda, también constató los vínculos entre la CIA y el tráfico de drogas. Cuando denunció ante sus superiores las bases donde los aviones de la CIA trasegaban droga, le espetaron: “Manténgase alejado de esas bases. Son campos de entrenamiento, operaciones especiales”. Un poco más al sur, el cofundador del cártel de Medellín, Carlos Lehder Rivas, confesó que su “empresa” le había entregado 10 millones de dólares a la Contra a cambio de que la CIA le diera acceso al aeropuerto de Mena, en Arkansas.

Recordemos que cuando el ahora Secretario de Estado John Kerry era senador, encabezó una comisión que en 1989 mostró la afilada y blanquecina punta del iceberg: bajo juramento, el narcotraficante colombiano Jorge Morales contó al senador Kerry que en 1984, mientras estaba siendo procesado por tráfico de drogas, dos agentes de la CIA le ofrecieron su libertad a cambio del depósito de 250 mil dólares mensuales en las arcas de la Contra. Cuando la guerra terminó, Morales dijo haberles donado 3 millones de dólares. Kerry constató la veracidad de esta afirmación. Los pilotos de Morales realizaron repetidos vuelos con armas hacia Centroamérica y con drogas hacia Estados Unidos, con un lucro no menor a los 40 millones de dólares para la Contra.

En El Salvador, el Pulgarcito de América, el Hangar 4 del aeropuerto militar de Ilopango era el punto de partida de los níveos fletes rumbo a Gran Caimán y luego al sur de Florida. La CIA le pidió a la DEA detener las investigaciones sobre el Hangar 4, donde tenían lugar operaciones cuya legitimidad garantizaban.

La conclusión del informe Kerry de 1989 fue lapidaria: “Hay evidencia sustancial de tráfico de drogas a través de las zonas de guerra en el que participaron individuos, suplidores y pilotos de la Contra; mercenarios que trabajaron con los contras; y apoyos de la Contra en la región… Oficiales estadounidenses en Centroamérica no solucionaron el problema de las drogas por temor a poner en riesgo los esfuerzos de guerra contra Nicaragua… Y los altos mandos estadounidenses que diseñaban las políticas no fueron inmunes a la idea de que el dinero de la droga era una solución perfecta a los problemas financieros de la Contra”.

Una década después, el informe Hitz de la CIA estableció que esa agencia supo que tres compañías involucradas en narcotráfico fueron contratadas para apoyar a la Contra entre 1984 y 1988. En ese informe hay numerosos detalles sobre la función de bisagra entre la CIA y los narcos que jugó Edén Pastora, hoy lugarteniente del FSLN en el estratégico y fronterizo río San Juan.

EMPRESAS MADE IN USA: KAIBILES AND CÍA., ATLACATL INC., ESCUADRONEROS S.A.

El nexo entre la política anti-insurgente de los Estados Unidos, el militarismo y los narcos son el eslabón perdido que conecta el pasado y el presente del narcotráfico en Centroamérica. Los escuadrones de la muerte y fuerzas élite (Kaibiles y Batallón Atlacatl) entrenados por el ejército estadounidense para ejecutar operativos contra las fuerzas rebeldes son actualmente piezas esenciales del narcorompecabezas regional.

Como el crecimiento del militarismo vino de la mano del crecimiento de la presencia militar estadounidense, Robert Holden prefiere hablar del poder militar estadounidense-centroamericano y así mostrar las verdaderas dimensiones y alcance del poder militar de Estados Unidos en la región, con el que el imperio apoyó y animó la contraofensiva de las oligarquías centroamericanas.

Estados Unidos dio a El Salvador una ayuda militar de 1.2 mil millones de dólares en la década de los 80 y la mitad a la vecina Honduras. A Guatemala le transfirió desde los años 60 casi todas las pistolas y rifles que tenían en uso antes de que Israel se convirtiera en el principal proveedor de ese país. En total, dio 2.3 mil millones de dólares de ayuda militar directa.

Este apoyo creó una aleación Estado-militarismo: “En una perspectiva de largo plazo, el Estado guatemalteco ha sido un poder militar” y durante “treinta años de represión antipopular sistemática (1954-1985) y menos años de conflicto armado… se redefinió el papel de los militares como guardianes pretorianos del orden burgués”.

SOMOS ESTADOS MILITARIZADOS

Tanto el conflicto armado como el proceso de paz fueron posibles por factores no sólo endógenos, sino porque así convenía a los intereses de Estados Unidos. América Latina fue primero bastión contra la penetración comunista. Con la caída del muro de Berlín, dejó de ser campo de batalla de la Guerra Fría. Por eso, Torres-Rivas concluye que “la democratización no fue una transición, sino el resultado de pactos acordados entre fracciones de la élite militar, empresarial y política guiadas por las iniciativas de “la Embajada”.

Pero esa dinámica bélica no pudo ser extinguida por decreto. Los ejércitos centroamericanos habían crecido. El de Guatemala, que a finales de los años 70 tenía 27 mil efectivos, a mediados de los 80 había alcanzado los 55 mil, sin contar los efectivos de la policía militarizada o de las fuerzas paramilitares. Su reducción a 15,500 soldados en 2004 era una bomba de tiempo. ¿Qué hacer con los “reducidos”?

Y si los militares llegaron a ser 55 mil o más, los paramilitares alcanzaron 1.2 millones y se componían, según el cientista social holandés Dirk Kruijt, “en su mayoría de tropas indígenas auxiliares con licencia para matar, violar, quemar y destruir”. ¿Qué hacer con la aún más incontrolable fuerza paramilitar y con las secuelas de resentimientos y potenciales vendettas? Kruijt calcula que más o menos una tercera parte de los combatientes de ambos lados -soldados, fuerzas paramilitares y guerrilleras- se fueron a Estados Unidos como inmigrantes legales o indocumentados para escapar de una situación desesperada.

GUERREROS QUE NO QUIEREN REPOSO

Otros quedaron como parte de una herencia no pedida. Esta herencia, vista desde la segunda década del siglo 21, no parece tan nítida.

Sí lo era a mediados de los 90, cuando Edelberto Torres-Rivas escribió: “Una de las formas más expresivas del desorden en varias sociedades de la región viene de las diversas manifestaciones violentas de guerreros que no quieren el reposo porque son víctimas, en los límites de la subjetividad, de un heroísmo sin gratificación. Decenas de jóvenes hicieron la guerra a la espera de recompensas ciertas. Los desmovilizados de la “Contra” nicaragüense, los ex-soldados sandinistas, la tropa salvadoreña dada de baja como resultado de los Acuerdos de Paz, que también incluye a ex-guerrilleros del FMLN retirados, forman un grupo homogéneo que se define por la negativa: son ex-campesinos, fueron jóvenes, carecieron de oportunidad para alguna calificación profesional. Son el resultado humano de la negación del sistema, que defendieron/amenazaron y que ahora no los puede incorporar. Constituyen, a contrapelo de sus derechos, un factor de desorden reiterado”.

Para muchos de los desalzados, la tabla de salvación económica se las lanzó el narcotráfico. Funcionarios guatemaltecos reconocen que “desde que inició su colaboración con los capos guatemaltecos, el Chapo Guzmán reclutó a desertores kaibiles, la fuerza especial del ejército de Guatemala”, otrora promovida por el actual presidente Otto Pérez Molina.

El nexo kaibiles-narcos mexicanos ha sido corroborado por varios prestigiosos periodistas, como Anabel Hernández, Ricardo Ravelo (“Aunque el brazo armado del cártel del Golfo surgió de las entrañas del gobierno mexicano... en los últimos años se ha fortalecido con desertores del ejército de Guatemala, los llamados Kaibiles”), Malcolm Beith (“antiguos soldados guatemaltecos convertidos en Zetas”), Diego Enrique Osorno (“instructores kaibiles venían desde Guatemala a dar dos cursos anuales para los nuevos soldados de la banda”), Ana Lidia Pérez (“Con ayuda de los kaibiles, (Otto Roberto) Herrera convirtió el Petén en bodega del cártel de Sinaloa”) y Francisco Goldman (“el FBI informó que treinta antiguos kaibiles del ejército de Guatemala habían sido reclutados como asesinos a sueldo e instructores por Los Zetas. Las decapitaciones, decían los informes, eran perpetradas de una manera especial asociada a los kaibiles, que usaban bayonetas muy afiladas”).

MILITARES – CIA – NARCOS

La herencia es más ominosa por el hecho de que la colaboración narcos-militares no se reduce a los militares en retiro. Francisco Goldman señaló el mellizaje de militares y crimen organizado: “Los guatemaltecos del ejército se habían hecho ricos por medio de actividades ilícitas, como el narcotráfico, el secuestro, el robo de vehículos, el contrabando, las extorsiones, entre otros”.

Según los reporteros de la revista mexicana “Proceso”: “Inalcanzable para el gobierno mexicano, Joaquín el Chapo Guzmán se ha movido a sus anchas en Guatemala y Honduras, bajo la protección de un cerco ‘militar’ para dirigir personalmente el trasiego de drogas desde Centroamérica hasta México y Estados Unidos”. Amparado en ese confortable apadrinamiento, el Chapo pudo establecerse por temporadas en la capital de Guatemala: “En febrero y marzo de 2010 se le ubicó en el complejo residencial Majadas, donde tenía dos o tres casas”. La misma fuente confidencial denunció que “los cuidan militares mexicanos, guatemaltecos y hondureños, además de la protección que recibe de los policías de las zonas por donde se mueve. En la frontera con El Salvador, al sureste de Guatemala, también se han localizado equipos de escuchas que trabajan para él”.

El Chapo se movía en helicópteros y una de sus empresas predilectas era Transportes Aéreos de Guatemala (TAG), propiedad del General retirado Francisco Ortega Menaldo, de inimitable CV: veterano de la guerra civil de los 70 y 80, casado con la hija del ex-General y ex-Presidente Carlos Manuel Arana Osorio (1970-1974), pieza vital en el lavado de dinero del ex-presidente Álvaro Portillo, vinculado a la CIA cuando dirigió la inteligencia militar en los 80, miembro de “La Cofradía” (banda de la cúpula militar dedicada al narcotráfico y al contrabando de armas desde los 80) y formado en 1976 en la Escuela de las Américas de Fort Benning, Georgia. Es decir, un magnífico ejemplar del sólido y fecundo contubernio entre narcos, militares y agencias estadounidenses.

LA RE-MILITARIZACIÓN REGIONAL: APAGAR EL FUEGO CON GASOLINA

La reducción numérica de los aparatos militares centroamericanos no supuso un desmontaje concomitante de su influjo político y de su cultura. La sombra de las bayonetas es alargada. Wolseth sostiene que la presencia de consejeros militares estadounidenses en Honduras creó un ambiente en el cual las tácticas autoritarias y armamentistas fueron la norma entre los militares y policías hondureños, entidades que, de hecho, fueron separadas hasta los años 90.

Información recientemente desclasificada de la CIA reveló que John Negroponte -embajador de Estados Unidos en Honduras en los años 80- había urgido a los militares al uso de las llamadas tácticas militares sucias contra la población hondureña. Negroponte hizo arreglos con militares argentinos para que entrenaran a las fuerzas militares hondureñas. Ese entrenamiento y guerra sucia -insiste Wolseth- son moneda corriente en la Honduras de hoy, en forma de ejecuciones extrajudiciales de jóvenes y niños pobres y sin techo.

Las políticas de cero tolerancia y el uso de los Cobras son el espaldarazo formal a ese legado de autoritarismo y ejercicio del poder por medios violentos. La violencia es, desde esta óptica, una herencia y extensión del período de guerra. Los violentos reproducen una cultura basada en el saber hacer que absorbieron en los años 70 y 80. Los poderes fácticos pueden aceptar un lugar en la sombra, pero no una renuncia a sus métodos y una pérdida total del timón que los conduce hacia una continua acumulación originaria de recursos.

Un curioso efecto de la creciente violencia y narcoactividad -paradójico a la luz de toda esta información- es el reforzamiento del poderío militar que, como en los viejos tiempos, también cuenta ahora con la bendición y el mecenazgo del Tío Sam. Todo ocurre bajo el paraguas de la ideología de la seguridad ciudadana, que hunde sus raíces en la mixofobia, el miedo líquido y el prurito desbocado de la vigilancia que deviene en un declive en la autonomía de la justicia penal, ahora supeditada al populismo punitivo.

El Atlas Comparativo de la Defensa en América Latina y Caribe (2010) nos dice que de 2006 a 2010 El Salvador experimentó un incremento de casi un 20% en su presupuesto de defensa, Guatemala casi el 16% y en Honduras fue del 64%. Durante 2011, el Pentágono incrementó su gasto militar en Honduras en 71% con respecto al año anterior, aportando 53.8 millones de dólares. Según datos del Departamento de Estado, entre 2008 y 2012, la ayuda financiera anual que Washington ha destinado a la región centroamericana para la lucha contra el narcotráfico ha aumentado el 75%, alcanzando un total de 496 millones de dólares. O más de 600 millones, si añadimos los 107 millones de 2013. Sobre estos cimientos financieros se asienta un proceso de remilitarización de la región. Una opción por apagar el fuego con gasolina, pues fortalece los bastiones de la peste que dicen se quiere curar.

LOS SÍNTOMAS EN GUATEMALA

En Guatemala abundan los síntomas de que el pasado de cañón, canana y bayoneta quiere regresar. O se resiste a irse. Las normas de la justicia transicional nunca fueron internalizadas por los actores clave de los Acuerdos de Paz.

El asesinato del obispo Juan Gerardi en abril de 1998 mostró la resistencia de la cúpula militar guatemalteca a esos acuerdos y al esclarecimiento de los crímenes y sus responsables. La exhaustiva investigación de los fiscales, y la del periodista Francisco Goldman, establecieron que las órdenes y los ejecutores emanaron del Estado Mayor Presidencial y que “el asesinato del obispo Gerardi y sus repercusiones coincidieron con una feroz campaña conducida por el gobierno contra organizaciones de derechos humanos y contra la Iglesia católica en particular. En septiembre, en un discurso dedicado a cadetes graduandos, el presidente Arzú llamó a los activistas de derechos humanos ‘casi traidores de la patria’”.

Esa etiqueta obró como una patente de corso para los represores, cuyos abusos no tardaron en verse: el allanamiento intimidatorio de la Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala (AVANCSO) en marzo de 2002, las amenazas de muerte contra Monseñor Ramazzini, obispo de San Marcos, y contra los antropólogos forenses que trabajan en exhumaciones en cementerios clandestinos, y contra religiosos católicos que trabajan en el Quiché y San Marcos, el asesinato de testigos clave en casos de corrupción, el incendio de la casa parroquial de Nebaj que consumió documentos originales de la investigación Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI) que dan cuenta de las espantosas carnicerías que fueron los operativos de tierra arrasada, la masacre -cometida por soldados- de ocho indígenas kichés que en octubre de 2012 -en Totonicapán- se manifestaban por mejoras en los servicios de energía eléctrica y contra reformas constitucionales y educativas.

También, el asesinato del empresario Edgar Ordóñez Porta, que competía con los militares en el negocio de la refinación del petróleo, la ejecución extrajudicial de la campesina quekchí Rosa Pec Chub y la desaparición del campesino quekchí Carlos Coc Rax a manos de terratenientes invasores, la desaparición de Mayra Gutiérrez por sacar a la luz las redes de adopción ilegal, las numerosas víctimas de la limpieza social y otras epidémicas manifestaciones del Estado de mafia corporativa, esa “nefasta alianza entre sectores tradicionales de la oligarquía, algunos “nuevos empresarios”, elementos de la policía y el ejército y delincuentes comunes.

Todo esto fue denunciado por Amnistía Internacional en un informe significativamente titulado “El legado mortal de Guatemala: el pasado impune y las nuevas violaciones de derechos humanos”. Son una muestra homeopática en el siglo 21 de las curas anti-insurgentes de los años 70 y 80.

SÍNTOMAS EN TODA LA REGIÓN

En Honduras tenemos fresco el asesinato de Carlos Mejía Orellana, gerente de mercadeo de Radio Progreso, como colofón de una ola de amenazas, allanamientos y otros actos de asedio que arreciaron tras el golpe de Estado contra Zelaya, un sangriento ritual en el que los militares confirmaron la persistencia de su dominio con una cadena de asesinatos extrajudiciales.

Ese retorno del militarismo tras un estado larvario puede trastocar lo que Torres-Rivas llama “Estado artillado”, un artillamiento que acaba por tragarse al Estado. Ese artillamiento queda consagrado y fortalecido con el apoyo financiero del gobierno estadounidense. Ha recibido confirmaciones en el gobierno de Alfonso Portillo en Guatemala, cuando hubo tres ex-militares presidiendo ministerios que a su vez saturaron de militares retirados.

Confirmado también en el acceso a la Presidencia del General Otto Pérez Molina, en el golpe de Estado en Honduras, en el control sin fisuras que el FSLN reloaded ejerce hoy sobre la Policía y el Ejército de Nicaragua, -con la concomitante disolución de su neutralidad partidaria-. Se confirma también en el nombramiento como Ministro de Justicia y Seguridad Pública y luego de Defensa Nacional en El Salvador del General David Munguía Payés, Orden de Santa Bárbara, concedida por el Ejército de Venezuela (1993) por formar parte de la “Legión de Honor de la venerable Cofradía Universal de Hombres descendientes de indomables, flecheros, ballesteros, catapulteros y cañoneros”.

Las políticas anti-maras, cuyo garfio desguaza a mareros y no mareros, son otra vertiente de la remilitarización de Centroamérica. En El Salvador son un síntoma de que la Policía Nacional Civil -que emerge de los Acuerdos de Paz, pero que desde sus orígenes fue penetrada por los viejos militares que combatieron a la guerrilla con torturas y masacres- se inscribe en una tradición marcada por el autoritarismo y el desprecio por los derechos humanos, la carencia de capacidades investigativas y los abusos. Las leyes draconianas y el patrullaje militar obedecen a la lógica del populismo punitivo y por eso forman parte de la dinámica que transmuta la democracia electoral en lo que Sonja Wolf llama “autoritarismo electoral”.

LOS TRES SALDOS QUE NOS DEJARON

Tres saldos resumen los resultados de esta dinámica.

Primer saldo: el militarismo gana terreno. No consigue tomar de nuevo la sartén por el mango, pero su lógica y sus métodos -apenas remozados con el barniz conceptual de la seguridad ciudadana- se imponen como la ruta más expedita para poner orden en la inestable y convulsa Centroamérica de postguerra.

Segundo saldo: Atenazados por múltiples miedos, muchos centroamericanos recurren a la seguridad privada, un negocio siempre boyante, administrado, asesorado y/o detentado por militares y ex-militares. En 2008 en Guatemala había 120 mil guardias privados versus 19,974 policías. En Honduras eran 60 mil versus 12,301. En El Salvador, 21,146 versus 16,737. Con 611 guardias privados por cada 100 mil habitantes, en 2008 Centroamérica destacó como una de las áreas del continente con mayores ventas privadas de seguridad. Se colocó por encima de los 435 de México, los 427 de Colombia y los 240 de Venezuela.

Tercer saldo: el terreno ganado en esas dos áreas deja a los militares en mejor posición para fortalecer sus narconegocios. Y la violencia continúa. La búsqueda de asilo también.

ESTA CRISIS SALPICA A ESTADOS UNIDOS

Con todo este recuento de dramas, que acaso luce como un dilatado excurso, intento explicar que las más crueles manifestaciones de violencia en Centroamérica están asociadas a la relación de los Estados Unidos con la región y a los eventos que la han marcado: las deportaciones de pandilleros, el mercado de drogas (en Estados Unidos están los consumidores y hubo madrinazgo de la CIA), el empoderamiento de los militares, la creación y entrenamiento de cuerpos represivos, primero ocupados en crímenes “legítimos” y luego dedicados al crimen ilegal, y un mercado de armas que abastece al crimen corporativizado y tiene un efecto de copa de champán sobre el crimen de tenderete y canasto.

Si el derecho al asilo se reclamara con base en algún tipo de responsabilidad moral y de trayectoria histórica, el destacado papel de Estados Unidos como mercado de la droga, abastecedor de armas y educador de narcomilitares lo convertirían en refugio casi exclusivo y obligatorio, pues ni antes ni ahora pueden las grandes potencias producir un problema en un punto del planeta y pretender que el problema y sus consecuencias se queden embotellados ahí, sin que les salpique. Los organismos humanitarios no han explicado y apelado a estos antecedentes. Han deshistorizado las solicitudes de asilo y se han concentrado en los niños, el segmento de población que mejor pueden vender a la compasión de la opinión pública.

MIEMBRO DEL CONSEJO EDITORIAL DE ENVÍO. INSTITUTO DE SOCIOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD PHILIPPS, MARBURG.