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Los pueblos
indígenas de Guatemala vuelven a padecer una masacre en sus territorios,
la cual ha dado de nuevo lugar a la declaratoria del estado de prevención
por parte del Gobierno de Otto Pérez Molina.
Los hechos de violencia
comenzaron en la noche del 19 de septiembre, momento en el que -según denuncian
las comunidades- ingresaron a sus territorios actores armados, que
identifican como trabajadores de la empresa Cementos Progreso, los cuales
abrieron fuego contra la delegación comunitaria que había acudido al lugar,
causando la muerte de un comunitario. Se inició así una espiral de violencia
que ha causado ya once muertes y varias personas heridas, y que viene a agravar
de manera dramática la conflictividad que se vive en la región.
La cementera, fuente de
la conflictividad
Al día de hoy, la empresa no ha podido culminar
las instalaciones, debido a la resistencia comunitaria, pero tampoco abandona
un proyecto que cuenta con el apoyo explícito del Gobierno. El clima de
violencia en la región no ha cesado de aumentar desde que la citada empresa
-Cementos Progreso S.A.- anunció en el año 2006 su intención de construir en
territorios indígenas un gran proyecto cementero.
Dicho proyecto, que no
fue en ningún momento consultado con la población, se viene desarrollando desde
entonces en un marco de conflicto generalizado que está causando un enorme
impacto sobre sus derechos humanos. A día de hoy, la empresa no ha podido culminar
las instalaciones, debido a la resistencia comunitaria, pero tampoco abandona
un proyecto que cuenta con el apoyo explícito del Gobierno.
Entre los hechos de
violencia registrados, según ha podido
documentar Brigadas Internacionales de Paz (PBI), se han dado ataques
armados contra personas y bienes materiales (vehículos, iglesia, ...), amenazas
de muerte y agresiones físicas contra autoridades ancestrales y dirigentes
comunitarios, así como otros ataques contra activistas sociales que
acompañan a las comunidades. En la mayor parte de estos casos, la población
local identificó a los agresores como personal contratado de la empresa
cementera.
Esta relación de
causalidad entre la presencia empresarial y el aumento de la conflictividad no
es sólo señalada por las comunidades. El propio Relator Especial de las
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, James Anaya,
informaba tras su misión en el
país en 2011, que "la presencia de empresas en los
territorios indígenas ha generado una situación de grave conflictividad y ha
causado enormes divisiones en las comunidades".
Recientemente, Amnistía
Internacional iba más allá y alertaba
de que "el Gobierno guatemalteco está alimentando la llama del
conflicto al no consultar a las comunidades locales antes de otorgar licencias
de minería a las empresas; de esa manera, en la práctica está incrementando el
riesgo de que haya derramamiento de sangre y está arrasando los derechos de su
población".
Los Estados de
excepción, un arma del Gobierno contra los pueblos indígenas
Desde que tomó
posesión de su cargo en enero de 2012, el presidente Pérez Molina -general
retirado y alto cargo del Ejército durante los años en los que se perpetró el
intento de genocidio contra los pueblos mayas- ha declarado varios estados de
excepción. Todos ellos en territorios indígenas, y siempre cuando se veían
afectados intereses empresariales.
El Relator Anaya ya
alertaba en 2011 del "uso indiscriminado que se hace de los estados de
prevención por parte de los poderes públicos en Guatemala"
La primera de estas
declaratorias fue el estado de sitio de mayo de 2012, en el municipio de
Barillas (territorio q'anjobal, departamento de Huehuetenango), a raíz de
la resistencia comunitaria frente a la construcción de la Hidro Santa Cruz, por
parte de la empresa española Hidralia
Energía.
El segundo, el estado
de prevención en los departamentos de Jalapa y Santa Rosa, en mayo de 2013,
afectando entre otros, al territorio del pueblo xinka de Xalapán. En este caso,
se trataba de dar respuesta a la conocida como revolución de las flores frente
el ingreso de la empresa GoldCorp para la exploración de la mina El Oasis
(manifestaciones pacíficas en el pueblo de San Rafael Las Flores para impedir
el paso de los trabajadores de la minera).
En el informe antes
citado, el Relator Anaya ya alertaba del "uso indiscriminado que se
hace de los estados de prevención por parte de los poderes públicos en
Guatemala, la presencia creciente de las fuerzas de orden público en las
comunidades y el uso excesivo de la fuerza por su parte". Además,
denunciaba "la situación de impunidad en cuanto a los actos de
hostigamiento y violencia física, incluyendo violencia sexual, en contra de los
comunitarios, en un contexto marcado por la falta de acceso efectivo de los
pueblos indígenas a la justicia".
La resistencia pacífica
como respuesta comunitaria
Las comunidades
manifiestan "su solidaridad con las familias de los mártires caídos en la
defensa del territorio y reiteran su resistencia pacífica". En medio de
todo este clima de conflictividad, agresiones constantes y criminalización, las
comunidades maya kaqchikel de San Juan continúan haciendo valer el resultado de
la consulta popular celebrada en mayo del 2007, en la que 8.946 habitantes
expresaron su negativa a la construcción de la cementera frente a 4, que
votaron a favor.
Además, frente a los
últimos hechos de violencia registrados, plantean las siguientes exigencias:
1) Que se abra una
investigación objetiva y en profundidad para determinar
quiénes son las personas que provocaron la masacre en la comunidad de Los
Pajoques.
2) Que el Gobierno
detenga la construcción de los megaproyectos que están provocando
las muertes.
3) Que las fuerzas
públicas protejan y velen por la seguridad de la ciudadanía que está
defendiendo los recursos naturales de las comunidades.
Finalmente, las doce
comunidades manifiestan "su solidaridad con las familias de los
mártires caídos en la defensa del territorio y reiteran su resistencia pacífica,
como ha sido hasta hoy día, reiterando el rechazo a los megaproyectos
instalados en nuestro territorio".
