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En 1998, el Obispo Juan Gerardi fue brutalmente asesinado en la casa
pastoral que habitaba en el corazón de Ciudad de Guatemala. Su asesinato tuvo
lugar apenas dos días después de haber presentado públicamente un informe
crucial sobre los derechos humanos que abarcaba buena parte de los 36 años de
la guerra que asoló el país.
En este informe, el proyecto interdiocesano Recuperación de la Memoria
Histórica (REMHI) conocido como "Guatemala. Nunca más”, se documentan 54,
000 violaciones a los derechos humanos por parte de los gobiernos militares
entre 1960 y 1996.
Debido a la presión internacional y a la labor incansable de la Oficina
de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, se pudo capturar y juzgar a
algunos de sus principales asesinos. Uno de ellos, el capitán Byron Lima Oliva,
vinculado al Estado Mayor Presidencial, fue condenado a 20 años de prisión.
El capitán Byron Lima ha construido, durante todos estos años en
prisión, un enclave de lujo: ha creado y hecho prosperar varios negocios que lo
han convertido en un hombre rico; se ha vinculado con altas personalidades del
mundo diplomático (incluyendo al embajador de Taiwán) y gubernamental, quienes
lo han visitado en su emporio en la "cárcel” y, alardeando, se ha
fotografiado con ellos; se le ha pedido consejo y se han seguido sus
sugerencias por parte de personeros del gobierno para nombrar al director del
sistema carcelario en el que él purga su condena; cobra por autorizar
transferencias de reos de un penal a otro; lo visitan sus amigos de la escuela
militar y se toman fotos con sus ridículos birretes; organiza fiestas
multitudinarias. Quiere, también, ¿por qué no?, ser presidente de Guatemala.
Tanto poder y derroche de fastos le valieron encontrarse en el camino de
los negocios con algunos escollos y, tal como le sucedió cuando lo acusaron de
matar a Gerardi, los lobos del mismo monte que habita lo han delatado. En este
caso no fueron denuncias anónimas, como en 1998, sino una investigación de la
Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que le siguió
los pasos y lo ha acusado ante los tribunales guatemaltecos.
Lima Oliva tiene, sin embargo, muchas cosas para decir y a muchos a
quienes ensuciar. La tarde del miércoles pasado, al ser trasladado a la Torre
de Tribunales, aseguró que "todo era una venganza del Ministro de
Gobernación, y que las acciones emprendidas en su contra obedecen a un caso
político, y que presentaría pruebas (correos, documentos y llamadas) que
involucran al ministro Mauricio López Bonilla”.
En diarios guatemaltecos se han publicado fotografías del presidente
Otto Pérez Molina al lado suyo, cuando ambos eran militares activos, pero
también del presidente y de la vicepresidenta, Roxana Baldetti, con la esposa
de Byron Lima. López Bonilla, tal vez sintiéndose presionado ante toda esta
situación en la que el reo vocifera que demostrará fehacientemente que el señor
ministro es tan truhan como él, ha declarado a la prensa que Lima hizo negocios
con el Partido Patriota durante la campaña en la que llevó al poder al actual
presidente Otto Pérez Molina.
Es decir, un lío en toda regla entre bandas
de mafiosos enquistados en el poder del Estado que lo manejan a su antojo
incluso desde la cárcel.
El caso guatemalteco es patético. Mientras el país se cae a pedazos, la
mitad de los niños sufren desnutrición, 253.000 familias afectadas por la
sequía desfallecen de hambre en el campo, más de 50,000 niños migran
ilegalmente hacia los Estados Unidos, el crimen organizado asesina y muestras
cuerpos descuartizados todos los días y los feminicidios siguen creciendo,
estas bandas mafiosas de militares, ex-militares y sus allegados se reparten
negocios oscuros que ha hecho que Guatemala tenga, junto a Honduras y El
Salvador, 610 ultra-ricos que poseen 80 mil millones de dólares, que captan la
mayor parte de los 12 mil millones de dólares que cada año llegan de Estados
Unidos vía remesas.
Que Dios nos coja confesados.
