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La Primera
Conferencia Mundial estableció, entre otros puntos, que los Estados deben
lograr la aceptación de los pueblos indígenas en toda decisión que los afecte.
Salud, educación, vivienda, agua y, principalmente, respeto al territorio. Son algunos de
los ejes que los pueblos originarios
llevaron a la Primera Conferencia Mundial sobre Pueblos Indígenas en Naciones Unidas
(ONU).
El texto aprobado
por todos los gobiernos en la Asamblea General fija una agenda global y
contempla un punto fundamental: el derecho al consentimiento libre, previo e
informado, que implica que los Estados deben lograr la aceptación de los pueblos
indígenas en cualquier decisión que pudiera afectarlos. Entre los indígenas de
Argentina estuvieron Nilo Cayuqueo y Félix Díaz. “Es un paso más. Ahora todo
dependerá de la presión para que se implemente, y en cada país será diferente”,
afirmó Cayuqueo.
Más de 370 millones de personas en el mundo forman
parte de pueblos indígenas. Representan a más
de 5000 grupos étnicos diferentes, son los guardianes de la mayor parte de
la diversidad biológica y cultural del mundo, y dos tercios de ellos viven en países
de Tercer Mundo. En América latina viven
45 millones de indígenas, distribuidos
en 826 pueblos.
Tuvieron que pasar
69 años para que Naciones Unidas convoque a la primera Reunión Plenaria de Alto
Nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas”(más conocida como
Conferencia Mundial sobre Pueblos Indígenas –CMPI–). Implicó un trabajo durante
años de cientos de dirigentes indígenas.
Realizada en Nueva
York y con la presencia de un millar de indígenas, el lunes y martes fueron el
momento de talleres, plenarios y reuniones especiales para alcanzar el consenso
del documento, que finalmente fue aprobado en la Asamblea General por más de
190 gobiernos. El texto tiene 40 puntos, y el ítem tres ya deja explícito uno
de los objetivos de los pueblos indígenas: “Reafirmamos nuestro apoyo a la
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas
y los compromisos que hemos contraído al respecto de celebrar consultas y
cooperar de buena fe con los pueblos indígenas antes de adoptar y aplicar
medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin de obtener su
consentimiento libre, previo e informado”.
Nilo Cayuqueo forma
parte de la Mesa de Pueblos Originarios de Buenos Aires y es uno de los
dirigentes de Argentina con mayor experiencia en la diplomacia indígena
internacional. Participó de las jornadas junto al vocero del Consejo
Plurinacional Indígena y referente de la comunidad qom La Primavera, Félix
Díaz. “El documento aprobado recoge el clamor de los pueblos indígenas como es
el caso del consentimiento libre, previo e informado”, resaltó Cayuqueo, pero
también alertó sobre grises del documento que le generan desconfianza en cómo
lo aplicarán los gobiernos.
También recordó que
(al igual que la Declaración de la ONU de 2007) el documento aprobado no es
vinculante, por lo cual la dirigencia indígena reclama que sea elevado a
categoría de “convención” (de cumplimiento vinculante).
Cayuqueo y Díaz se
reunieron con la nueva Relatora Especial de la ONU sobre los Derechos de Pueblos
Indígenas, Victoria Tauli Corpuz. “Se mostró preocupada por la situación de los
pueblos indígenas en Argentina”, afirmó Cayuqueo. Y remarcó el vaso medio lleno
de la Conferencia: “En algunos países es tan crítica la situación que la
aprobación de este documento servirá para presionar y dar la pelea por el
cumplimiento de los derechos indígenas”.
La Declaración de la
ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas es una suerte de equivalente a
la Declaración de los Derechos Humanos pero específica para los pueblos
originarios. Fue aprobada en 2007 y es uno de los logros históricos de los
pueblos indígenas. Diversos países tomaron distancia de la Declaración y se
niegan a aplicar muchos de los derechos vigentes. Que en la reciente
Conferencia de la ONU se haya reafirmado de manera unánime la vigencia de la
Declaración es también un logro del activismo indígena.
El apartado veinte
del documento aprobado insiste: “Reconocemos los compromisos contraídos por los
Estados de celebrar consultas y cooperar de buena fe con los pueblos indígenas
a fin de obtener su consentimiento libre e informado antes de aprobar cualquier
proyecto que afecte a sus tierras o territorios”. El punto seis llama a respetar el Convenio 169 de la OIT sobre
Pueblos Indígenas y Tribales y el apartado 24 apunta a otro actor que avasalla
derechos indígenas: “Recordamos la responsabilidad de las empresas
transnacionales y otras empresas de respetar todas las leyes y todos los
principios internacionales aplicables”.
Una crítica común a
las resoluciones de la ONU es la gran brecha entre la letra escrita y el
incumplimiento en los territorios. El apartado 31 solicita al secretario
general de la ONU que ponga en marcha un “plan de acción” para todo el sistema
de Naciones Unidas que asegure “aumentar la coherencia” para lograr el
cumplimiento efectivo de los derechos indígenas.
Un gran paso
La relatora especial
de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli Corpuz,
evaluó que la declaración aprobada en la Conferencia Mundial es “un escalón y
un gran paso”. Su antecesor (hasta mayo pasado), James Anaya, afirmó que uno de
los principales obstáculos para el cumplimiento de los derechos indígenas es
“la ignorancia de los funcionarios nacionales”.
El mexicano Marco
Matías Alonso, ex miembro del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de
la ONU e investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en
Antropología Social, resumió el pasado, presente y futuro de los pueblos
indígenas: “La situación indígena contemporánea ha sido una historia de
agravios y vejaciones interminables. Hay millones de indígenas en el mundo con
pies descalzos, estómagos vacíos, sin escuelas, sin centros de salud, sin
trabajo, sin tierras, sin techo digno y con limitada esperanza de vida. La
pobreza y la miseria se han expandido en los territorios indígenas. Aliviar,
disminuir o anular la situación de pobreza indígena demanda políticas de Estado
y firme compromiso de los gobiernos”.
El alto comisionado
para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Zeid Ra’ad al Hussein, reclamó
que “los compromisos que se adopten en ONU deben aplicarse a nivel nacional” y
exigió que “termine la represión a los defensores de las tierras y derechos de
los pueblos indígenas”. Rigoberta Menchú, indígena guatemalteca y Premio Nobel
de la Paz, rindió homenaje a los “miles de indígenas que perdieron la vida” en
la lucha por sus derechos y llamó a una “lucha frontal contra el racismo y la
discriminación”.
El secretario
general de la ONU, Ban Ki-moon, destacó que los pueblos indígenas “son fundamentales para nuestro discurso de los
derechos humanos y el desarrollo global, y tienen un papel importante en el
impulso de un uso más sostenible de los recursos naturales”.
