Giorgio
Trucchi
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"Son 14 años de
lucha y de exigir justicia ante la indiferencia del Estado. La transnacional
minera Goldcorp Inc. debe responsabilizarse por los daños que nos ha causado,
por haber quebrantado el tejido social de nuestras comunidades, por haber
robado la paz y la dignidad de nuestro pueblo, por el estado de desolación y
abandono en que vivimos”.
El desahogo es de Carlos Amador, miembro del
Comité Ambiental del Valle de Siria. Su voz se suma a las de miles de
pobladores que todavía se atreven a vivir en este rincón desahuciado del
departamento Francisco Morazán, en Honduras, y que se niegan a olvidar la
tragedia humana y ambiental que les ha tocado vivir.
El Valle de Siria
está conformado por los municipios de El Porvenir, San Ignacio y Cedros. El
proceso de exploración minera inició a mediados de la década de los 80 (Fisher
Watt Gold Company), pero fue hasta 1995 que la empresa Sociedad Minerales Entre
Mares Honduras S.A., subsidiaria del coloso canadiense Goldcorp Inc., solicitó
un permiso de explotación minera intensiva a cielo abierto -a base de cianuro-
de la mina San Martín.
El permiso fue
otorgado en enero del 2000 sobre un área de 23 mil hectáreas, y el proceso de
explotación duró hasta el año 2008, cuando la empresa comenzó la etapa de
cierre y post-cierre, en medio de un verdadero éxodo juvenil y una creciente
protesta de las comunidades que denunciaban graves afectaciones
socios-ambientales.
Minas a cielo
abierto
Cuando se aplica el
método de la minería a cielo abierto, lo primero que se hace es arrasar con los
árboles y todo lo que es vegetación. Luego se desecha la capa de tierra fértil
de la zona de donde se extrae el oro y, seguidamente, se cavan gigantescos
cráteres de unas 100 hectáreas y hasta 200 metros de profundidad, usando cargas
explosivas y maquinarias.
Una vez que se
extraen las rocas del subsuelo son transportadas por enormes camiones a una
planta de trituración, donde son convertidas en polvo y trasladadas a las
canchas de lixiviación (lavado). Finalmente se les agregan grandes cantidades
de agua cianurada para separar las partículas de oro (Informe Ejecutivo "La Mina San Martín en el Valle
de Siria”, 2013).
"Entre Mares
S.A. llegó al Valle de Siria con la teoría de darle empleo y desarrollo a miles
de personas. Lo que generó en realidad fueron unos 330 puestos de trabajo y más
pobreza para miles de familias campesinas que se quedaron sin ingresos. Todo
fue una gran mentira, y pasamos de ser el primer productor de granos básicos
del departamento Francisco Morazán a una de las zonas más afectadas y
envenenadas del país”, dijo Carlos Amador a Opera Mundi.
De acuerdo con
investigaciones realizadas por el Cehprodec (Centro Hondureño de Promoción para
el Desarrollo Comunitario), en el Valle de Siria vivían unas 7 mil familias, es
decir 42 mil personas que fueron embestidas por los impactos de la minería.
"Se removieron
más de 50 millones de toneladas de tierra para extraer oro, afectando la
producción agrícola que se redujo del 70%. Además, 19 de las 21 fuentes de agua
que existían ya se han secado y las que quedan están contaminadas con metales
pesados. Esto generó una emergencia hídrica sin precedentes”, explicó Pedro
Landa, especialista en minería y miembro de la Coalición de Redes Ambientales y
del Cehprodec.
Además, las comunidades nunca fueron consultadas,
ni informadas sobre los riesgos que la instalación de la minería metálica a
cielo abierto traería para la región. De igual forma, las leyes nacionales
y varios convenios internacionales ratificados por Honduras fueron violados. Ni
siquiera el aporte al Fisco nacional y municipal, que resultó ser
insignificante si lo comparamos con el jugoso negocio de la transnacional
minera canadiense, pudo justificar la magnitud de los impactos sobre las
comunidades, sus territorios y condiciones de vida.
Un pueblo enfermo
Según las diferentes
organizaciones que integran el Comité Ambiental del Valle de Siria, durante más
de 8 años de explotación minera los impactos socio-ambientales generados por
Entre Mares S.A. (Goldcorp), con el silencio cómplice de las autoridades
locales y nacionales, fueron devastadores. Además de romper el tejido social,
dividir y desplazar a las familias campesinas, dichas organizaciones denuncian
graves afectaciones a la salud de las personas.
"Se realizaron
varios estudios y confirmamos que la actividad minera ha provocado graves
problemas dermatológicos y de la vista, caída del pelo, partos prematuros,
malformaciones congénitas y abortos. También se detectaron niveles altísimos de
metales pesados en la sangre de las personas. Lo más preocupante es que este
tipo de contaminación permanecerá en el ambiente por más de cien años”, alertó
el doctor Juan Almendarez, director del CPTRT (Centro de Prevención,
Tratamiento y Rehabilitación de Victimas de la Tortura).
La investigación
"Contaminación de agua en el área de explotación minera del proyecto San
Martin y repercusiones sobre la salud humana”, realizada por Flaviano Bianchini
en 2006, revela que en una de las comunidades afectadas por la explotación
minera la mortalidad infantil alcanza el valor de 300‰ (por mil), es decir 12
veces mayor que la media nacional. Estos valores aumentan notablemente para los
hijos de los trabajadores de la mina. En este caso la tasa de mortalidad
alcanza el 833‰ o bien 33 veces la media nacional.
Además, todos los
valores de plomo y arsénico en la sangre de las personas analizadas resultaron
superiores a los valores considerados peligrosos por la OMS (Organización
Mundial de la Salud).
"Nuestras aguas
y los cultivos fueron contaminados. Hay decenas de personas con altos niveles
de metales pesados en la sangre, mientras otras sufren por las llagas en el
cuerpo y por un sinnúmero de enfermedades”, lamentó Ronald López, coordinador
del Comité Ambiental del Valle de Siria.
Según él, la empresa
cerró operaciones y ni siquiera restauró la parte forestal ancestral. Tampoco
se está responsabilizando por los drenajes ácidos que salen de las
instalaciones mineras, ni por la pérdida de cultivos y ganado. "Ante este
escenario dantesco, ni la empresa, ni las autoridades están haciendo algo para
apoyar a las víctimas, más bien tratan de minimizar lo que ha ocurrido”,
argumentó López.
Protesta social
A medida que se
fueron dando cuenta que las promesas de la empresa, no solo no eran reales,
sino que, en vez del desarrollo, traían grandes problemáticas, los pobladores
decidieron conformar el Comité Ambiental. De esta manera buscaban aglutinar a
los diferentes sectores sociales y organizar grupos en cada comunidad,
empoderándose de la problemática para contrarrestar la expansión del proyecto
San Martín.
Ante esta situación,
la respuesta de la empresa no se hizo esperar. "Me capturaron el 5 de
julio de 2011 junto con otros compañeros, acusándonos de haber obstaculizado un
plan de manejo forestal para despalar 1800 hectáreas de bosque en el cerro La
Torrecita. Estuvimos 18 meses con medidas cautelares sustitutivas y,
finalmente, logramos demostrar nuestra inocencia”, recuerda Carlos Amador.
De igual manera,
varios activistas del Comité Ambiental han venido sufriendo persecución,
hostigamiento y hasta amenazas de muerte. Sin embargo, la criminalización de la
protesta y el contexto de miseria, enfermedades, escasez de agua, desempleo,
así como la pérdida de soberanía alimentaria, del tejido social y de la tenencia
de la tierra, han generado anticuerpos en la población.
"Hoy en día la
inmensa mayoría de la población está en contra de cualquier tipo de presencia
minera en la zona y lucha por la defensa de los bienes comunes, porque ha
podido probar en su propia piel las consecuencias de esta actividad”, aseguró
Ronald López.
Sin embargo, el
Comité Ambiental del Valle de Siria no puede bajar la guardia ni tan siquiera
un segundo. "Los principios no se venden, ni se negocian y, por eso,
estamos en alerta roja y listos a declararnos en rebeldía ante cualquier
intento de Goldcorp de regresar a la zona. Seguiremos exigiendo que se reparen
los daños ambientales, que se indemnicen a las personas enfermas y a las que
fueron desplazadas de sus tierras”, concluyó Amador.
