Marco
A. Gandásegui
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La industria de los
juegos del azar – especialmente los casinos – se ha asociado históricamente al
crimen organizado, a la violencia y a la corrupción. En el caso de Panamá, en
el siglo XXI esta percepción no se ha superado. La industria fue analizada
recientemente en el “XVIII Congreso Hemisférico para el lavado de dinero y el
combate al financiamiento del terrorismo” realizado en la ciudad de Panamá.
Para el crimen organizado, la reunión fue mal vista porque sus actividades
fueron objeto de declaraciones públicas. Igualmente, para las autoridades nacionales
del hemisferio, su complicidad con la industria del vicio fue expuesta.
El presidente del
comité organizador del Congreso sobre ‘el lavado y el terrorismo’, Julio
Aguirre, aseguró que “los casinos son una actividad comercial normal con sus
características y sus vulnerabilidades y se están regulando”. En esta
declaración descansa la desconfianza en los banqueros que protegen actividades
económicas relacionadas con el crimen organizado.
En primer lugar, la
operación de casinos no es una actividad “normal”. Al contrario, el Congreso
reconoció que el método de pago en efectivo, le abre las puertas a las
organizaciones criminales que buscan insertar el dinero mal habido en el
sistema financiero.
En segundo lugar, las declaraciones de Aguirre descubren el hecho que en Panamá (y quizás en otros países como EEUU) los casinos no están debidamente regulados y se prestan para las actividades criminales. Recomendó que se tomaran medidas más estrictas para que el Estado ejerciera un control sobre los casinos. Aguirre, sin embargo, no tocó los problemas de salud pública, criminalidad o corrupción que representa la industria de los casinos.
Es lamentable la
situación de Panamá. Los gobiernos nacionales (desde la invasión militar
norteamericana en 1989), el sector empresarial e, incluso, organizaciones no
gubernamentales realizan sus actividades en armonía con el crimen organizado.
En casi 25 años la industria de los casinos ha crecido en forma exponencial.
Las apuestas se multiplican cada año, el número de establecimientos de ‘juego’
crecen sin parar y las enfermedades asociadas a este vicio hacen más estragos
en el tejido social de la familia panameña.
Hay varios mitos que se manejan relacionadas con los casinos. Primero, es una actividad turística. Falso. Segundo, los casinos forman parte de la ‘farándula’. Falso. Tercero, el ‘juego’ es parte de la idiosincrasia del panameño. Falso. Hay una sola realidad, según los especialistas: Los casinos son un brazo del crimen organizado.
En el caso de Panamá, todas las empresas que manejan los casinos son ilegales. La Constitución Política señala claramente que los juegos de azar son un monopolio del Estado. Sin embargo, los gobiernos han ignorado ese mandato y proceden a efectuar concesiones a empresas extranjeras para que exploten el negocio.
Panamá tiene uno de las tasas más altas de casinos del mundo. Hay una concesión por cada 50 mil habitantes. En total, el gobierno ha autorizado 66 concesiones. De este total, 18 son casinos completos. Otros 28 son establecimientos con ‘máquinas tragamonedas Tipo A”. También hay 19 agencias de apuestas. Entre las 66 concesiones hay un hipódromo y una sala de bingo. Del gran total de concesiones, hay 47 (69 por ciento) en la provincia de Panamá.
La empresa Alta Cordillera cuenta con casinos ‘completos’ en 11 hoteles de tres estrellas para arriba, en la ciudad capital, Chiriquí y Colón. La norteamericana Gaming & Services de Panamá tiene 26 concesiones para máquinas tragamonedas. Privilegia áreas urbanas de bajos ingresos económicos. Incluso, tiene máquinas adaptadas para que la gente juegue con sólo una moneda de un centavo de dólar. Estos centros de vicio se colocan en barrios de familias pobres como 24 de Diciembre, Calidonia, San Miguelito y Tocumen.
El gobierno panameño ha legalizado también las apuestas en los deportes. Mientras que algunos países han prohibido esta práctica para evitar la violencia en los campos de juego, especialmente en estadios, en Panamá se estimulan las apuestas en los deportes. La mano libre de los especuladores en el boxeo y la hípica se ha extendido peligrosamente hacia los equipos de fútbol profesional y el manejo de los contratos de los jugadores, en su mayoría con edades que fluctúan entre los 16 y 22 años de edad.
La ciudadanía exige el cumplimiento de la ley y el control por parte de un ente regulador estatal de todas las actividades asociadas al juego de azar, peligrosas para la salud, la economía y la paz social del país.
