El legado del gobierno de
Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti Elías a los pueblos indígenas de Guatemala
Irma
A. Velásquez Nimatuj
www.elperiodico.com.gt/310515
Este es un análisis
general, enfocado en cómo las políticas del gobierno de Otto Pérez Molina y
Roxana Baldetti Elías afectaron a los Pueblos Indígenas de Guatemala. Tomando
en cuenta que se refiere a poco más del 60 por ciento de la población total, es
por ende, un análisis de país.
La necesidad de esta
reflexión radica en la situación de incertidumbre política, en el fracaso del
sistema democrático, la inoperancia de los partidos políticos reflejado en el
accionar corrupto y delincuencial de la dirigencia del Partido Patriota. Para
trazar la nueva senda de país, tenemos que ser conscientes del pasado. En ese
marco, los últimos tres años y medio de este gobierno requieren de una seria
reflexión desde los pueblos, para entender los errores que, luego de superada
esta crisis, se traten de evitar.
1. Funcionarios indígenas sin responder a sus mandatos
Cuando agonizaba el
2011 fue electo Presidente de Guatemala el general Otto Fernando Pérez Molina
(1950) y como Vicepresidenta Ingrid Roxana Baldetti Elías (1962), postulados
por el Partido Patriota, quienes tomaron posesión el 14 de enero de 2012.
El gobierno se
caracterizó porque, nuevamente, al asumir el poder, redujo la participación de
los pueblos indígenas al Ministerio de Cultura y Deportes, asignándosela a
Carlos Batzín, un activista kaqchikel que renunció en septiembre de 2014 y
quien fue interpelado por más de un año en el Congreso de la República, sin que
recibiera el respaldo del Presidente, más bien fue utilizado como chivo
expiatorio. El Ejecutivo también nombró a cuatro viceministros indígenas, dos
en el Ministerio de Cultura, una en el Ministerio de Gobernación –que fue
cesada diez meses después de tomar posesión– y uno en el Ministerio de
Educación. Y en diciembre de 2014 nombró a una mujer k’iche’ como Viceministra
de Relaciones Exteriores.
Contrario a lo que
parece, la participación de las mujeres indígenas en este gobierno se redujo
cuando se comparan los datos con los primeros cien días del gobierno anterior,
en el 2008, cuando, entonces, se nombró a 21 mujeres indígenas en cargos de
Ministerios, Viceministerios, Secretarías o Gobernaciones Departamentales,
mientras que durante los primeros cien días de este gobierno, el número de
mujeres indígenas en cargos similares fue de 12, reduciéndose la presencia en
un 43 por ciento.
En lo que se refiere
a las instituciones indígenas, la Comisión Presidencial contra la
Discriminación y el Racismo, Codisra, y la Defensoría de la Mujer Indígena,
Demi, en los primeros años se mantuvieron sumergidas en crisis por luchas
internas y externas, lo que facilitó la intervención del Ejecutivo en el
nombramiento de las y los representantes. Tanto los funcionarios indígenas del
Ejecutivo como de las instituciones indígenas, se caracterizaron porque se
dedicaron a obedecer órdenes o a ponerse de alfombra, especialmente frente a
Baldetti, y no respondieron al mandato institucional que debían cumplir y menos
a las necesidades orgánicas de los pueblos indígenas de donde provienen.
Lo que sí creó
Pérez-Baldetti, mediante el Acuerdo Gubernativo 117-2014, fue la burla
denominada: Gabinete de Pueblos Indígenas e Interculturalidad, que nunca
cumplió con su mandato que era deliberar y consultar a las comunidades
indígenas, quedando en una simple inauguración folclórica.
2. El retroceso de los Derechos de los pueblos indígenas
Durante el gobierno
del Patriota el ejercicio de los Derechos Humanos y el respeto a los derechos
individuales y colectivos de los pueblos indígenas se paralizó –por no decir
que retrocedió–. Una de las primeras acciones de Pérez-Baldetti fue la
pretensión de una reforma constitucional que incluía la reducción de los
derechos indígenas a tres artículos. Esto intentó ser una imposición
neocolonial que estrechaba derechos reconocidos. Las reformas en materia
indígena deben, como mínimo, superar o equipararse a lo logrado en los marcos
internacionales sobre pueblos indígenas.
El gobierno de Pérez
y Baldetti a través del acuerdo Gubernativo 370-2012 –que posteriormente
derogó– buscó impedir la competencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos durante la época álgida del conflicto armado, cuando el Estado cometió
genocidio en contra del pueblo maya.
Además, con absoluta
arrogancia ignoraron la legislación internacional y nacional que reconoce los
derechos de los pueblos indígenas, en cambio, impulsaron el discurso de la
guatemalidad, mientras acusaron a lideresas y líderes indígenas –que no se
alinearon a ellos– de ser comunistas, terroristas o delincuentes que impulsaban
la fragmentación territorial y la balcanización de Guatemala –el exministro de
Gobernación Mauricio López Bonilla usaba frecuentemente en sus declaraciones
estas categorías para acusar a quienes protestaban–.
Igualmente,
Pérez-Baldetti impunemente solaparon y permitieron el impulso de campañas
mediáticas amenazantes en contra de defensores de Derechos Humanos, lideresas y
líderes indígenas y comunitarios. Y lograron criminalizar las demandas
indígenas con el apoyo de un amplio sector de la prensa nacional escrita,
radial y televisada, así como de columnistas a sus servicios, quienes con pluma
rentada se dedicaron a publicar sendos reportajes, noticias o columnas que ahora
son evidencia histórica.
3. Masacres y ejecuciones extrajudiciales
En el primer año de
gobierno, el 4 de octubre de 2012, cometieron uno de los hechos deleznables, la
masacre de ocho hombres k’iche’ de Totonicapán y más de 30 heridos, en la Ruta
Interamericana, kilómetro 171, en la Cumbre de Alaska, cuando cientos de
k’iche’ de los 48 cantones de Totonicapán protestaban, primero, por el alto
precio de la tarifa de energía eléctrica, segundo, por la cancelación de la
carrera de magisterio y tercero, por las reformas constitucionales que
anularían el poder de las autoridades comunitarias.
Previo a
manifestarse solicitaron audiencia a Pérez Molina pero nunca obtuvieron
respuesta. Hasta el día de hoy, los deudos aún esperan el resarcimiento pero el
gobierno no ha cumplido. Entonces, ninguna cabeza rodó por esta masacre, todo
se justificó y el Presidente dijo: “siento muchísimo lo ocurrido y garantizo
que no volverá a pasar”. Este es un ejemplo de la deplorable política ciudadana
y de la represión que Pérez impulsó en contra de los indígenas que levantaron
su voz.
Frente a la
conflictividad agraria Pérez y Baldetti tomaron partido por el capital nacional
y extranjero y accionaron en contra de los campesinos. Uno de los casos
paradigmáticos ocurrió el 14 y 15 de agosto de 2014, cuando fueron destacados
alrededor de mil policías entre civiles, antimotines y soldados, en más de cien
vehículos, para desalojar a solo 15 familias de la comunidad 9 de Febrero en
Alta Verapaz. El resultado fueron violaciones y destrucción en tres
comunidades: Monte Olivo, 9 de Febrero y Semococh, en esta última fueron
ejecutados Sebastián Rax Caal, Luciano Can Cujub y Oscar Chen Quej quienes
estaban
desarmados. Asimismo, detuvieron a 22 hombres, capturaron a cuatro mujeres, un anciano, un menor de edad y quedaron decenas de heridos por los efectos de las bombas lacrimógenas.
desarmados. Asimismo, detuvieron a 22 hombres, capturaron a cuatro mujeres, un anciano, un menor de edad y quedaron decenas de heridos por los efectos de las bombas lacrimógenas.
En la región del
Polochic, durante este gobierno, se recrudeció el asedio y los ataques a las
poblaciones, sin que existiera el mínimo interés en comprender y menos en
solucionar alguno de los históricos despojos que enfrenta el pueblo q’eqchi’.
Por el contrario, el gobierno en la región alentó los enfrentamientos,
secuestros, detenciones y ejecuciones ilegales entre policías, Ejército y
pobladores con cauda de muertos y heridos. Y mantuvo una permanente llama de
confrontación que no se apaga.
4. Funesto manejo de la conflictividad social
De las acciones de
este gobierno sobresalen el funesto manejo de la conflictividad social en
territorios indígenas. Se mantuvo el otorgamiento, sin consulta previa, libre e
informada de licencias de exploración y explotación minera –plomo, cobre,
antimonio, zinc, plata, oro, cadmio, hematita, magnetita, ilmenita, cromita,
titanio, volframita, tungsteno, galena, calcopirita, cobalto, níquel, entre
otros metales–. Defendieron con violencia, la construcción de hidroeléctricas,
geotérmicas, extracción petrolera, paso de energía de alta tensión y las
concesiones de otros recursos del suelo y subsuelo a empresas nacionales y transnacionales,
sin escuchar a los habitantes.
Cabe mencionar la
inconformidad que no cesa en San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa, San Marcos, en
donde continuó contaminando, a pesar de las medidas cautelares de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, una de las minas de oro más grandes
de Guatemala, que por Ley deja un mezquino 0.5 por ciento de regalías a cada
una de las dos municipalidades, mientras la minera incrementó sus ingresos en
un 40 por ciento, con un total de US$3.8 mil millones en un solo año, ante el
alza de la onza de oro en el mercado internacional que superó los US$1,400.
Igualmente, el
ambiente, se mantuvo tenso en Santa Cruz Barrillas, Huehuetenango, pasando por
San José del Golfo, San Pedro Ayampuc y San Juan Sacatepéquez departamento de
Guatemala y llegando a El Estor, Izabal.
En este marco de
conflictividad, lo positivo ha sido el renacimiento identitario del Pueblo
Xinca alrededor de la defensa de sus territorios en Santa María Xalapán,
Mataquescuintla, San Rafael Las Flores y otras comunidades.
Por la complicidad
del gobierno con las empresas extractivas, Guatemala superó los mil conflictos,
mientras las comunidades sobrepasaron la realización de más de 70 consultas
comunitarias de buena fe, cuyos resultados no fueron respetados, como lo
garantiza el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Pueblos Indígenas de la
ONU.
También generó
conflicto y malestar en las comunidades la militarización de las carreteras,
municipios y colonias urbanas pobres y marginales. Sobre todo, exasperó a los
habitantes los Estados de Sitio en Santa Cruz Barrillas, Huehuetenango y San
Rafael Las Flores, Jalapa, y el Estado de Excepción en San Juan Sacatepéquez,
Guatemala, como una forma de controlar a las y los dirigentes y a las
protestas.
5. Legitimación de la criminalización de la defensa de los derechos
indígenas
Pérez y Baldetti
tienen el crédito de haber legitimado la criminalización de la defensa de los
derechos indígenas. Durante este gobierno aumentó la represión, amenazas,
detención de líderes, emisión de órdenes de captura. Por ejemplo, la lideresa
k’iche’, Lolita Chávez, integrante del Consejo de Pueblos del K’iche’, sumó más
de 20 demandas en su contra y en enero de 2015, sin aviso, el gobierno le
retiró parcialmente las medidas cautelares ordenadas por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.
Uno de los casos
recientes, es el del líder q’anjob’al, Rigoberto Juárez, quien fue capturado
por oponerse a las 41 licencias mineras autorizadas en su territorio y sobre
quien pesan más de diez delitos. Todas las acciones legales en contra de
Rigoberto Juárez fueron accionadas por representantes, trabajadores o personas
afines a las empresas instaladas en esa región q’anjob’al con el apoyo de un
sistema de justicia al servicio de las empresas transnacionales.
Precisamente, el
Grupo Garante G4 –integrado por la Iglesia católica, Alianza Evangélica,
Procuraduría de los Derechos Humanos y la Universidad de San Carlos de
Guatemala– en su informe de noviembre 2014, reconoce que parte de las tensiones
nacionales, se concentró en áreas indígenas, a causa de la reticencia del
aparato estatal en su conjunto a reconocer y adecuarse a la realidad
multiétnica, pluricultural y plurilingüe de la sociedad guatemalteca. Esto a
causa de la indiferencia ante sus formas de organización y prácticas
ancestrales, y la negativa a admitir su derecho a ser consultados sobre las
modalidades de las actividades económicas, sobre el uso de los recursos
naturales y el destino de los territorios que habitan.
Por el contrario,
las estrategias de abordaje a la conflictividad, no se basaron en aprendizajes
de los errores cometidos en 2012, en la masacre de Alaska. La Unidad de
Protección a Defensoras y Defensores de Derechos humanos de Guatemala,
Udefegua, reportó un aumento en el número de represiones a manifestaciones, de
657 registradas en 2013 a 791 en 2014. La mayoría, fueron manifestaciones de
comunidades indígenas.
6. Mediatización con prebendas a organizaciones y liderazgos
Pérez y Baldetti se
caracterizaron porque pactaron y compraron el apoyo de una coordinadora y
algunas comunidades indígenas, a cambio de la reducción individual de la deuda
agraria, asignación de fertilizantes, construcción de algunas aulas, unas
cuantas viviendas, transferencias monetarias o humillantes bolsas con
alimentos.
Con estas prebendas
obtuvieron sendos comunicados de respaldo y servilismo dignos de colección.
Frenaron la articulación y fragmentaron las demandas indígenas. O sea, lo que
sí lograron Pérez-Baldetti fue mediatizar a los pueblos dándoles a unos pocos
profesionales indígenas y a otros activistas puestos en donde tienen poco por
hacer, mientras lograron que los representantes indígenas a nivel nacional no
pudieran articularse, negociar o conjugar de manera incluyente las complejas
demandas rurales, urbanas y nacionales en defensa de tierras y territorios, y
el derecho a una vida comunitaria digna.
El gobierno operó
premiando a unos y castigando a otros, por ejemplo, se opuso a lo largo de su
mandato a la reparación de los derechos vulnerados de la población achí que
enfrentó exterminio durante el proceso de construcción de la hidroeléctrica
Chixoy en Baja Verapaz, en las décadas de 1970 y 1980, argumentando que el
gobierno carecía de fondos. Y solo aceptó sentarse con representantes de la
Coordinadora de las Comunidades Afectadas por la Hidroeléctrica Chixoy,
Cocahich, luego que el Senado de los Estados Unidos condicionara la ayuda
militar y económica al gobierno de Guatemala en enero de 2015.
Además, hay que señalar
que Pérez-Baldetti y la bancada oficial en el Congreso de la República
engañaron a los sectores campesinos porque nunca apoyaron la aprobación de la
Ley de Desarrollo Rural Integral 40-84, a pesar de que públicamente se
comprometieron con las comunidades pero les mintieron a los campesinos –a
quienes permanentemente acusaron de pertenecer a organizaciones indígenas
extremistas– mientras siguieron las órdenes del CACIF. Esto a pesar, de que se
trata de una ley que apenas impulsaría la modernización del campo. El Congreso
no volvió a discutirla y la engavetó.
7. Mantenimiento de los peores indicadores
La vida de la
población indígena de acuerdo al G4 (noviembre 2014) mantuvo los peores
indicadores socioeconómicos. Sobre estos puntos la Universidad Rafael Landívar
publicó que la cobertura en educación primaria disminuyó drásticamente en 2014,
pasando del 98.5 por ciento en 2011 al 85 por ciento en 2013, como consecuencia
de la terminación de la gratuidad de la educación. Con este retroceso Guatemala
no cumplirá con el Objetivo del Milenio de 2015 de lograr el cien por ciento de
cobertura en educación primaria. Mientras que la Educación Bilingüe
Intercultural, EBI, no fue una prioridad sino fue colocada en un rincón del
Ministerio de Educación. Esto solo profundiza la brecha en materia educativa
entre área urbana y rural, en términos de cobertura y calidad.
En lo que respecta
al derecho a la salud, la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional,
SESAN, hasta el 20 de octubre de 2014, registró 12 mil 577 casos por
desnutrición aguda en menores de cinco años de edad a nivel nacional y el
deceso de al menos 103 por desnutrición crónica –55 niñas y 48 niños–.
De acuerdo a cifras
de la SESAN, el gobierno asignó el mismo presupuesto de 2013 en 2014, Q500
millones destinados a las acciones del programa la Ventana de los Mil Días,
implementado en 166 de los 213 municipios priorizados por el Plan del Pacto
Hambre Cero. Según la URL, el procedimiento utilizado en 2013, para determinar
la causa de la muerte de un menor era responsabilidad del médico que atendía y
lo enviaba al Renap.
Sin embargo, el
proceso cambió y el trámite se complicó, el análisis del médico que diagnostica
una muerte por desnutrición ahora pasa a una Mesa Técnica local, luego a la Mesa
Técnica para el Análisis de la Mortalidad por Desnutrición Aguda del Ministerio
de Salud, MSPAS, y termina con un comité integrado por el MSPAS y la SESAN. De
acuerdo a información del Diario La Hora (Octubre 30.2014) Guatemala,
con un Producto Interno Bruto de más de US$2 mil 800, apenas invierte el cuatro
por ciento en programas de infancia.
Mientras la Alianza
Nacional de Organizaciones de Mujeres Indígenas por la Salud Reproductiva,
Nutrición y Educación, Alianmisar, planteó que hasta la semana 21 del 2014 se
registraron 89 casos de embarazos de niñas menores de 14 años en el
departamento de Guatemala, 47 casos en Escuintla, Alta Verapaz registró 34,
mientras que Huehuetenango y San Marcos registraron 39 casos cada uno. Sin
embargo, las acciones de Pérez-Baldetti para implementar estrategias
preventivas, de asesoría y asistencia técnica para atender los casos de
embarazos en niñas fueron débiles y en algunas regiones nulas.
A lo anterior hay
que agregar que del total del presupuesto del Ministerio de Salud y Asistencia
Social, el 95 por ciento se destinó a gastos de funcionamiento y solamente el
cinco por ciento a inversión. Con una baja inversión en salud no es extraño que
los municipios más pobres del país, que son mayoritariamente indígenas, vivan en
pobreza, enfermedad y sin acceso al conocimiento.
Epílogo
En materia de
pueblos indígenas el gobierno de Pérez-Baldetti fue de fracaso en fracaso,
evidenciando el racismo de sus asesores y la poca o nula influencia de los
indígenas que llegaron al gobierno.
La vida de los
pueblos maya, xinca y garífuna pobres, rurales o urbanos, especialmente de
sectores vulnerables como los ancianos, mujeres embarazadas o en etapa de
lactancia y de los niños de 0 a 10 años puede resumirse de calamitosa,
desatendida, brutalmente reprimida y despreciada. Esta desestimación fue
ejercida con conocimiento de causa porque desde que tomaron posesión el
Presidente y la Vicepresidenta tenían identificadas las temáticas y las líneas
que debían priorizarse en las regiones indígenas.
Mientras en el
Polochic los q’eqchi’ eran reprimidos a tiros y el único centro de salud del
asentamiento Pacux, de Rabinal, Baja Verapaz, que atiende a los sobrevivientes achí
de las masacres de Río Negro, era cerrado por falta de presupuesto e insumos,
Pérez, Baldetti y su gabinete se enriquecían ilícitamente.
La comunidad
internacional que ha acompañado a Guatemala sabe que el problema fundamental es
el modelo de país existente, que fue construido bajo un imaginario blanco, que
colocó a los pueblos y a las mujeres indígenas en el último escalón de la
pirámide social y que permitió, bajo marcos legales, convertir a los pueblos
indígenas en mano de obra obligatoria legalmente hasta 1945 pero en las
Verapaces y otras regiones esa esclavitud se sostuvo hasta 1985, esto permitió
la concentración de la riqueza en pocas manos, la cual se mantiene hasta el
presente.
Si bien la tierra ha
sido lentamente distribuida, no han sido las mejores extensiones las que han
llegado a manos de comunidades indígenas y campesinas. Por el contrario, han
accedido a las peores tierras. Hoy el 45
por ciento de la riqueza de Guatemala se concentra en el diez por ciento de la
población total del país, esto coloca a Guatemala como uno de los países
más inequitativos y corruptos del mundo. En este escenario no es extraño que
los pueblos y las mujeres indígenas enfrenten múltiples exclusiones. A pesar de
racismo estructural en que se vive, los indígenas organizados han demandado y
propuesto de múltiples formas una participación política en condiciones de
igualdad, han pedido limpiar el Congreso y llevar a la hoguera al sistema de
justicia, porque juntos: Ejecutivo, Legislativo y Judicial nos han condenado a
vivir como miserables en nuestra propia tierra.
Esta es la
oportunidad para cortarle, definitivamente, las cabezas a las bestias y no
permitir que vuelvan a revivir. Por eso ¡el Presidente debe renunciar! y todos
los corruptos tienen que enfrentar la ley y devolver lo robado a Guatemala.
Es el momento para
que las nuevas promociones del Ejército –que también son parte del pueblo– se
reivindiquen, que los pueblos indígenas dejen detrás las divisiones, que la
izquierda suelte los protagonismos, que el puñado de millonarios conscientes
permitan nacer el nuevo proyecto y que la comunidad internacional apoye la pacífica refundación de un Estado Nación
plural, en donde por primera vez en la historia de Guatemala participen los
mejores representantes orgánicos de las 25 comunidades lingüísticas en el
diseño de la nueva institucionalidad. ¡Urge
diseñar una nueva Constitución Política a la medida de nuestra nación,
tejida por todas y todos, y no por un mesías ni sus lacayos!
Ya no podemos seguir
postergando la fuerza de la historia, ya no podemos seguir sosteniendo a un
Estado causante de tanta opresión, miseria, privilegios y corrupción. ¡Basta ya
de seguir permitiendo el enriquecimiento ilícito a costa de la vida y el hambre
de los de abajo!
¡Esta será nuestra
Revolución!
Xelajuj Noj, Oxib’
Aq’ab’al
