El 22 de junio se
cumple el tercer aniversario del golpe de Estado parlamentario contra Fernando
Lugo en el Paraguay. Al echar un vistazo hacia atrás, y ver qué fue lo que
cambió desde aquel gobierno que se presentaba como la esperanza de los
humildes, encontramos muchas diferencias.
En primer lugar, cambió América Latina. La elección de
Lugo en 2008 fue la enésima victoria de un frente progresista en todo el
continente que hoy está en franco deterioro. Era el momento dorado de los
proyectos continentales que se oponían al poder histórico de conservadores y
potencias extranjeras, y el gobierno del Frente Guazú, partido que llevó al ex
obispo al gobierno, fue uno de los primeros eslabones, quizás el más débil, en
caer.
Cambió la economía, cada vez más basada en la exportación de soja
transgénica en un país en vertiginoso crecimiento. Cambió la política, con un Paraguay en la actualidad muy lejos de
confiar el poder en otra propuesta que provenga de la izquierda.
Lo que no parece haber cambiado son la desigualdad y la pobreza en el
país guaraní, donde el campesinado y los trabajadores urbanos
siguen siendo los sectores más vulnerables y expuestos a la ya histórica
represión del Estado.
El “golpe blando”
La destitución de Lugo en 2012 fue el ensayo mejor realizado de lo que
se conoce como golpe blando, o golpe de guante blanco. Se trata de un
método para desbaratar un gobierno sin la intervención directa de las Fuerzas
Armadas o el empleo clásico de la violencia. Simplemente alcanza con generar un
clima político inestable, presentar al gobierno de turno como culpable de la
crisis y encontrar las formas de doblegar la ley para tumbarlo. Eso es lo que
sucedió hace tres años en Paraguay.
Para comprenderlo,
sin embargo, es necesario reconstruir la historia que llevó a ese golpe. Paraguay es la nación más desigual del
mundo en cuanto a la concentración de la tierra. Según datos oficiales, el 2,6% de los propietarios detienen el 85%
de la tierra cultivable, la base del poder político y económico en el país.
Muchos de estos campos constituyen lo que se llaman tierras mal habidas, es
decir que debían destinarse a la reforma agraria, prevista en la Constitución,
y terminaron en manos de simpatizantes de la dictadura Alfredo Stroessner
(1954-1989) o amigos de altas autoridades del Estado.
Entre 1954 y 2003 fueron adjudicadas de manera fraudulenta 7.800.000
hectáreas de tierra, que equivale al 32% del territorio cultivable del país. De esta
manera, millones de paraguayos quedaron históricamente alejados de la
posibilidad de obtener tierras propias, lo cual generó un conflicto social
profundo que aún sigue vigente.
Desde 1885, cuando
se aprobó la primera ley de venta de tierras fiscales, luego de que la guerra
de la Triple Alianza acabara con el proyecto del Paraguay Independiente del
doctor Gaspar Rodríguez de Francia y sus sucesores, la propiedad de la tierra
ha sido la principal causa de persecución y muerte contra el campesinado.
En 2014, la
Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY), publicó un informe
acerca de los asesinatos de campesinos cometidos en ese país desde la
restauración de la democracia en 1991 hasta agosto de 2013. Allí se revela que
115 campesinos fueron ultimados por fuerzas de seguridad o sicarios al mando de
grandes terratenientes con el fin de amedrentar las ocupaciones y la lucha por
la tierra. A estos hay que agregar dos casos más en el último año. Gobierno,
terratenientes e industriales fueron quienes mantuvieron el poder durante 61
años seguidos, representados por el Partido Colorado.
Esta norma se rompió
con la llegada de Lugo a la presidencia. En 2008, el Frente Guazú decidió armar
una alianza con una de las agrupaciones tradicionales del poder en Paraguay, el
Partido Radical Liberal Auténtico (PRLA), al no contar con la estructura
necesaria para enfrentar los comicios.
Resistido por los
sectores del poder más concentrado y por los movimientos sociales más
radicales, Lugo actuó con una política de doble vía. Si por un lado mantenía
invariada la estructura económica del país, con una fuerte impronta regresiva y
extractivista, por el otro, gracias a los precios favorables en el ámbito
internacional, benefició a millones de paraguayos. Universalizó el sistema de
salud que por primera vez en la historia se volvió público y gratuito. Entregó
netbooks a todos los estudiantes de primaria y sus maestros. Logró que el
entonces presidente de Brasil, Lula Ignacio Da Silva, aceptara triplicar el
monto que pagaba al Paraguay por la venta de energía eléctrica de la central de
Itaipú, y engordar así aún más las arcas del Estado.
En 2010, Paraguay llegó a su record histórico de crecimiento económico,
que alcanzó el 15% de su PBI. En total, entre 2008 y 2012 hubo 24 pedidos
de juicio político contra el presidente por su simpatía hacia los movimientos
de izquierda y sus reivindicaciones.
Para el año 2011, el
gobierno de Lugo empezó a enfrentar el problema de las tierras mal habidas.
Comenzó una extensa investigación, que se traduciría luego en un nuevo impulso
a la reforma agraria, ampliamente prometida pero nunca concretada. Las grandes
corporaciones nacionales y extranjeras, nucleadas en la Unión de Gremios de la
Producción (UGP), comenzaron entonces la campaña de desprestigio que terminó
con el juicio político que destituyó al presidente.
En octubre de 2011
se inició un importante conflicto mediático en torno a la negativa del Servicio
Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE) a autorizar el
cultivo de la semilla de algodón transgénico Bollgard BT, de la compañía
norteamericana de biotecnología Monsanto. El titular del SENAVE, Miguel Lovera,
fue acusado de incompetencia y hasta de corrupción, y varios medios nacionales
pidieron explícitamente su renuncia. Por otro lado, las organizaciones
campesinas ya habían expresado su inconformidad con la lentitud con la cual el
gobierno estaba llevando adelante la prometida reforma agraria.
En junio de 2012
ambos frentes entraron en acción. La UGP llamó a un tractorazo en Asunción para
el 25 de ese mes, una acción que tenía más un tinte destituyente que de
protesta. En Marina Kue, en el departamento de Curuguaty, unos 1000 campesinos
tomaron una finca que reivindicaban como terreno fiscal, y por lo tanto parte
de la redistribución de tierras prometida. Pero la propiedad era reclamada por
el empresario Blas Riquelme, ex presidente del Partido Colorado, que la había
obtenido en los años de repartición de tierras mal habidas.
El 15 de junio de
2012 unos 300 efectivos de la policía comenzaron el desalojo de los campesinos,
en lo que se conoció como la Masacre de Curuguaty. Si bien aún no hay una
definición judicial sobre lo que sucedió allí, varias investigaciones de
organizaciones de derechos humanos, nacionales y extranjeras, apuntan a que se
trató de una emboscada organizada por los grandes propietarios de la tierra
para culpar luego al gobierno de la masacre. Y así sucedió.
En ese desalojo
murieron 11 campesinos y 6 policías. De inmediato, Lugo fue acusado de “traer
el caos y la lucha de clases entre compatriotas”, como figura en las
acusaciones del juicio político que lo destituyó el 22 de junio. Su
vicepresidente, el liberal Federico Franco, tomó el poder hasta el 15 de agosto
de 2013, cuando asumió nuevamente un presidente colorado, Horacio Cartes.
La vuelta del
“orden”
Las primeras medidas
de Franco en el gobierno apuntaron a restablecer el orden tradicional.
Reemplazó y persiguió a todos los funcionarios puestos por Lugo, y abrió paso a
la “modernización” agrícola reclamada por los terratenientes a través de la
prensa. En agosto de 2012, se liberó para la siembra la semilla transgénica de
algodón MON531 y, en noviembre, las de 4 maíces, todas pertenecientes a las
empresas extranjeras Monsanto, Dow, Syngenta y Pioneer. Hasta ese momento, sólo
una semilla genéticamente modificada de soja, aprobada en 2004, podía ser
comercializada y sembrada.
Antes del final del
mandato de Franco, Monsanto logró obtener inclusive dos patentes exclusivas
para Paraguay, algo a lo que los funcionarios depuestos se habían opuesto
enérgicamente. Diferente fue la fuerza con la que se opusieron a la
destitución. Luego del juicio político, Lugo pronunció un débil discurso de
abandono de la presidencia, y la resistencia se trasladó a la Televisión
Pública del Paraguay ante los intentos de desmantelamiento desde las primeras horas
del gobierno de Franco.
La comunidad
internacional condenó la deposición de Lugo y suspendió a Paraguay de la Unasur
y el Mercosur, hasta que regresara un mandatario democráticamente elegido.
Además, varios países en el mundo desconocieron al nuevo gobierno y provocaron
un aislamiento internacional que perjudicó gravemente la situación del país.
Con un presidente liberal desacreditado dentro y fuera del país, envuelto en
continuos escándalos de corrupción, y una resistencia social anti-golpista en
franca disminución, el Partido Colorado comenzó a preparar su retorno al poder.
Para las elecciones
de 2013 presentó a un candidato joven, ajeno a las estructuras políticas
tradicionales, una cara nueva que renovara la imagen venida a menos del
histórico partido. Cartes, un empresario exitoso, presidente del tetracampeón
del fútbol paraguayo, el Club Libertad, ex director de selecciones de la
Asociación Paraguaya de Fútbol fue el elegido. Él mismo admitió que el 15 de
agosto de 2013, día en que ganó las elecciones presidenciales, fue la primera
vez que iba a votar.
Sus primeras medidas
se basaron en otorgar poderes especiales al Ejecutivo, especialmente en materia
de seguridad. Emanó la Ley de Seguridad Interna, que permite al gobierno, sin
aprobación del Parlamento, la militarización y declaración de Estado de Sitio
en enteras regiones del país con la excusa de la lucha contra la insurgencia
del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).
Los movimientos
campesinos denuncian que con esta ley, los militares efectúan desalojos, razzias,
y violaciones a los derechos humanos favoreciendo aún más la concentración de
la tierra. Logró la aprobación de la ley de Alianza Público Privada (APP), que
permite la intervención de empresas en los servicios que provee el Estado, como
infraestructura, salud o educación. Pero especialmente dio un estrepitoso
impulso a la producción transgénica en el sector agrícola.
Actualmente el 92% de la tierra cultivable en Paraguay
se usa para producir alimentos destinados sólo a la exportación. De estos,
el 20% están controladas por extranjeros, sobre todo brasileños (4,8 millones).
Aquí el producto estrella es indudablemente la soja del cual Paraguay es hoy el
cuarto productor y el sexto exportador mundial. Bajo el gobierno de Cartes se
liberaron otras seis variedades de semillas transgénicas, resistentes a los
pesticidas.
Gran conmoción causó
el año pasado la muerte de Adela y Adelaida Álvarez, de seis meses y tres años
de edad respectivamente, a causa de las fumigaciones en Huber Duré, departamento
de Canindeyú, y las denuncias por la contaminación debida al agronegocio se
multiplicaron en el último año. Los movimientos campesinos llevan adelante
desde hace tres años movilizaciones multitudinarias en defensa de la semilla
nativa y las formas de producción tradicional. Pero, como sucedió durante casi
toda la historia paraguaya, la alianza entre terratenientes, poderes públicos y
fuerzas de seguridad impiden que estos proyectos logren tener más fuerza.
Al amparo de un
evidente crecimiento económico, el nuevo gobierno llama a acabar con la
“cultura de la pobreza”, a “modernizar” gracias a los grandes proyectos
agroindustriales y a abrazar el libre comercio como política de Estado. Un
cuarto de la población sigue aún por debajo de la línea de pobreza, mientras
que la seguridad social está cada vez más imbricada con los intereses privados.
Los cambios que se
produjeron en los últimos tres años sólo aceleraron un proceso de concentración
de la riqueza que funciona desde hace ya 140 años. Hubo, sin dudas, algunos
frenos puestos al crecimiento de la desigualdad, que sin embargo pudieron ser
desbaratados sin demasiado esfuerzo. Y el futuro, en ese sentido, no parece ser
demasiado promisorio.
